Opinión
Tucanos, Odebrecht, Punta Catalina: todo es lo mismo
Por: Melvin Mañón
Con la coincidente presencia en el país de Joao y Odebrecht, aventajados vendedores de servicios al Gobierno y al propio Danilo, ese cambio de una licitación por otra, tan extraño como contraproducente, fue el inicio de los cuestionamientos al proyecto de Punta Catalina.
Los siguientes párrafos no los escribí yo; reproducen publicaciones previas.
“Un asesor de ventas expresó a la justicia brasileña la posibilidad de que altos funcionarios de la empresa fabricante de aviones Embraer SA, entre ellos el presidente ejecutivo Frederico Curado, tenían conocimiento de los pagos ilegales para la venta de aviones militares en República Dominicana (aviones super Tucanos), según datos suministrados por el diario The Wall Street Journal.
Elio Moti Sonnenfeld, en los informes oficiales que recoge sus declaraciones, recibió un pago de US$ 3,4 millones de dólares de Embraer por un trabajo que él no realizó, y que le pasó el dinero como un soborno a un funcionario público en República Dominicana, informó el diario estadounidense el miércoles”.
Osirís de Leon escribió: ” En octubre de 2007 advertimos públicamente que los 57 vagones metrópolis de la línea 1 del metro de Santo Domingo se habían comprado a la empresa francesa Alstom a razón de 1.6 millones de euros por cada vagón; mientras Shanghái había comprado los mismos vagones, a la misma empresa Alstom, a 850 mil euros, es decir que la Opret compró los vagones al doble del precio, con una sobrevaluación total de 2,283 millones de pesos.
El país debe saber que Shaghái pagó a la Alstom 210 millones de euros y recibió 246 vagones, mientras la Rep. Dominicana pagó a la misma empresa Alstom 194 millones de euros por tan solo 102 vagones, y eso no tiene una explicación convincente de parte de la Opret y los dirigentes del PLD”.
La gran diferencia entre China y Rep. Dominicana es que quien sobrevalúa una obra pública en China es castigado con la pena de muerte, mientras quien sobrevalúa una obra pública en el gobierno del PLD es premiado con el apoyo y la distinción del gobierno, y por eso Shanghái compró los vagones al precio real y Rep. Dominicana pagó el doble del precio por los vagones de la línea 1, y casi el triple del precio por los vagones de la línea 2.
Diario Libre publicó: ”La sentencia que condena a 19 años de prisión a Marcelo Odebrecht, expresidente del Grupo Odebrecht, detalla dos créditos por US$2,749,980 cada uno desde la cuenta de la Constructora en el Banco Popular Dominicano, realizados los días 3 y 17 de agosto de 2009.
“Los recursos utilizados para el pago de sobornos a los agentes de Petrobras y que transitaron en cuentas abiertas en nombre de off-shore, provienen de diferentes cuentas abiertas en el extranjero directamente a nombre de empresas del Grupo Odebrecht”, indica la sentencia.
Varios de los créditos transferidos desde la cuenta en la República Dominicana, así como de las que tiene la Constructora en Angola, fueron a parar a off-shores, algunas de ellas estaban a nombre de Joao Santana, exasesor de la pasada y actual campaña presidencial del gobernante dominicano Danilo Medina, y de su esposa Mónica Moura. Tanto Santana como su esposa guardan prisión en la cárcel de la Policía Federal en Curitiba”.
Antonio Almonte publicó en ACENTO.COM: ”Entonces, las autoridades están obligadas a despejar dudas sobre el origen del dinero con que se está pagando a Joao en una cantidad que ni el mismo sabe, según declaró hace poco en Brasil.
Segundo, Joao Santana está siendo investigado por lavado y porque servía a Odebretch en la mecánica de soborno a presidentes y funcionarios en Brasil y otros países para conseguir contratos de grandes obras de infraestructuras.
En el interrogatorio practicado a Joao y publicado en los diarios brasileños esta semana, se menciona a la Republica Dominicana como una de sus bases de operaciones y fuente de pagos a Polis Caribe, empresa hermana de otras Polis creadas en Argentina, Panamá, Venezuela, etcétera; todas hijas de Polis Propaganda, brasileña.
Como, según la justicia brasileña, la pareja Joao-Odebrecht ha dejado una estela de contratos y sobornos que se extiende desde Angola, Colombia, Brasil, El Salvador, Venezuela, Perú y Panamá, entonces nadie debe extrañarse si – como el virus Zika – el contagio llega hasta la Republica Dominicana.
“No olvidemos que en abril del 2012, seis empresas extranjeras habían precalificado en la licitación No.01-11 CDEEE,19/12/2011 para construir varias plantas eléctricas hasta totalizar 1000 MW; esas plantas serian construidas con recursos o préstamos a cargo de las propias empresas y sin que el Estado tuviera que endeudarse y gastar un centavo, solo firmar contratos de compra de energia a traves de las distribuidoras.
Pero, para sorpresa de todos, poco tiempo después de su ascenso al poder en agosto del mismo año, el presidente Medina dispuso la anulación de esa licitación, y ordenó otra en el 2013 que terminó otorgando un contrato por 2 mil 40 millones de dólares a Odebrecht a cuenta del presupuesto nacional.
Con la coincidente presencia en el país de Joao y Odebrecht, aventajados vendedores de servicios al Gobierno y al propio Danilo, ese cambio de una licitación por otra, tan extraño como contraproducente, fue el inicio de los cuestionamientos al proyecto de Punta Catalina.
Por José Cabral
En un país donde la politiquería lo ha dañado todo, absolutamente todo, hay que apelar a una herramienta que puede servir de mucho y se trata del voto en blanco como una forma de llamar a la atención silenciosa a unos partidos que nada les sirve de escarmiento.
En las pasadas elecciones municipales hubo un ensayo que, aunque no se trató exactamente del voto en blanco, sino del nulo, cuya última no parece ser la mejor opción, porque no son contabilizados y en consecuencia no surten ningún efecto, todavía requiere de una acción más contundente.
En cambio, el voto en blanco luce como una herramienta que como ya se ha planteado en diferentes lugares del mundo, representa una forma de protesta ante la conducta depravada y corrupto de los actores de la vida política nacional e internacional y sirve como una expresión democrática.
Sin lugar a dudas, que el voto en blanco puede ser la clave para darle una nueva vida y mayor credibilidad al sistema electoral dominicano y como vía de consecuencia a la democracia.
El alto nivel de abstención electoral es un espejo de la falta de estímulo del votante porque sufre desde hace décadas el mismo proceder de todas las organizaciones que conforman la odiosa partidocracia.
El voto en blanco podría constituirse en un instrumento útil para evitar que el desacreditado sistema político dominicano caiga en la ilegitimidad, aunque no necesariamente en la ilegalidad, pero que este paso, sin duda, haría reflexionar a los que no les importa los intereses de la mayoría, sino los propios, de grupos y de otros particulares.
Sería como una especie de desaprobación constructiva como ya lo planteo alguien en una reflexión sobre este mismo tema.
En algunos países del hemisferio el voto en blanco es un mecanismo de cambio, ya que si esta opción logra la mayoría podrían repetirse las elecciones, pese a que para que esto ocurra en la República Dominicana habría que modificar las leyes del régimen electoral.
Pero de cualquier modo no deja de ser útil el voto en blanco para enviarles un contundente mensaje a todos los «vividores» de la política vernácula, sobre todo porque el país no está muy lejos de tener un total colapso institucional.
Se imaginan los dominicanos preocupados con el sendero que lleva el país enviar un mensaje en las urnas de que ninguno de los candidatos merece su voto y la repercusión que esto podría tener en el ámbito nacional e internacional.
Como ya se ha dicho el voto en blanco no es una expresión de apatía, sino de inconformidad, es una forma de dejar claro que no se quiere ninguna de las opciones presentadas.
A votar en blanco el próximo 19 de mayo y la mayoría de la gente verá como las cosas comienzan a cambiar, incluso el burocratismo que caracteriza a las instituciones públicas, las cuales en el marco de la concepción de los partidos políticos que controlan el Estado, son un patrimonio particular de cuyas acciones no tienen que rendirle cuenta a nadie.
Por Isaías Ramos
El discernimiento es esa capacidad esencialmente humana que nos permite analizar, evaluar y comprender profundamente las encrucijadas que la vida nos presenta. Reflexionamos críticamente, balanceando aspectos racionales y emocionales, buscando esa chispa de claridad en cada decisión.
Pero, ¿qué sucede cuando el discernimiento parece fallar ante decisiones cruciales cuyas opciones parecen, todas, llevar a consecuencias negativas?
En esos momentos de incertidumbre, cuando el corazón pesa y el camino hacia adelante se nubla, es fundamental mantenernos fieles a nuestros principios. No podemos permitirnos el lujo de engañar a nuestra conciencia o justificar pequeñas traiciones por conveniencia o desesperación.
Actualmente, nuestra nación se encuentra inmersa en la recta final de una campaña electoral insulsa. Nos enfrentamos a una alarmante escasez de candidatos que realmente encarnen los valores y principios que nuestros padres de la patria instauraron. ¿Dónde están esos líderes capaces de trazar un camino claro hacia el futuro que deseamos? Las elecciones se acercan, y la oferta política parece más desalentadora que nunca.
Esta crisis de liderazgo es un claro desafío al poder del discernimiento individual. Nos vemos obligados a elegir en un panorama desolador donde predominan las promesas vacías y las estrategias populistas, más enfocadas en el engaño y la manipulación que en ofrecer soluciones reales. Las mismas caras, desgastadas por escándalos y fracasos, siguen ocupando el escenario político, insistiendo en que merecen otra oportunidad.
El discernimiento, sin embargo, debe ir más allá de la simple elección entre las opciones presentadas. Debe implicar una búsqueda activa de alternativas, un impulso hacia la creación de nuevas posibilidades que reflejen nuestros ideales más elevados. En estos momentos de crisis, es donde más se prueba la resiliencia de nuestra democracia y la integridad de nuestro compromiso con los valores fundacionales.
¿Cómo podemos confiar en aquellos que han sido parte del sistema corrupto que tanto ha dañado a nuestro país? La falta de visión política, la ausencia de transparencia y la escasez de propuestas innovadoras solo refuerzan la percepción de que la mayoría de los candidatos carecen del compromiso genuino necesario para liderar verdaderos cambios.
Es imperativo recordar que somos herederos de una nación forjada con principios y valores trascendentales. Frente a esta encrucijada crítica, debemos recordar nuestra responsabilidad como ciudadanos informados y conscientes. Cada voto que emitimos refleja nuestra dignidad y respeto por nosotros mismos. Vender o traicionar nuestros principios más íntimos equivale a despojarnos de nuestra propia humanidad.
Sucumbir a la tentación del egoísmo y la falta de integridad nos aleja de nuestra verdadera esencia y nos sumerge en un camino oscuro, impulsados por intereses mezquinos en lugar de valores profundos y duraderos. En este contexto, el discernimiento por sí solo no basta.
En el Frente Cívico y Social, entendemos que solo unidos podemos superar este desafío crucial y abrir paso a una nueva era política fundada en valores auténticos y proyectos transformadores. El tiempo es esencial y nuestra nación merece lo mejor.
No permitamos que la falta de visión y principios nos condene al estancamiento perpetuo. Juntos, podemos redescubrir el significado de la política como servicio verdadero al pueblo, redefiniendo así el futuro de nuestra nación.
El cambio está en nuestras manos. Es hora de reclamar nuestro futuro, de construirlo sobre los cimientos de nuestra integridad. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional requerirá en ciertas ocasiones que un Estado Parte entregue a sus propios nacionales, cuando la persona sea sospechosa de haber cometido un crimen de la competencia de la CPI. No obstante, esto podría representar dificultades para aquellos Estados en los cuales su constitución expresamente prohíba la extradición de sus nacionales, y podría requerir de soluciones creativas.
Los Estados deberían tomar en cuenta el ¨carácter específico de la Corte¨ al decir sobre la mejor manera de asegurar que la nacionalidad de la persona requerida no afecte su entrega a la Corte Penal Internacional.
Los Estados Parte del Estatuto no podrán alegar bajo ninguna circunstancia que la nacionalidad del acusado, o una disposición constitucional que prohíbe la extradición de nacionales impida su entrega.
Para muchos Estados, la posibilidad de entregar sus nacionales a la CPI no necesita la implementación de una ley particular más que aquella que prevea la entrega de cualquier persona a la CPI.No obstante algunos Estados poseen una constitución que expresamente prohíbe la extradición de los nacionales. Estos Estados deben de escoger entre estas dos opciones:
- a)Algunos Estados podrían distinguir en su legislación entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la CPI, lo cual permitiría la entrega de nacionales a la CPI a pesar de la restricción a la ´´extradición¨ de nacionales a tribunales extranjeros, sin obstaculizar la habilidad del Estado de cooperar plenamente con la CPI.
La ventaja de esta medida consiste en el procedimiento simple a seguir para la entrega de una persona acusada a la CPI. También reconoce el carácter específico de la competencia de la CPI , la cual no puede considerarse como una jurisdicción extranjera , y prevé una manera más eficiente de proceder con la cooperación.
- b)La reforma podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio, asegurando que la constitución no sea violada por la entrega de un nacional a la CPI. La ventaja de una enmienda constitucional con una referencia específica a la CPI yace en el hecho de que elimina cualquier posibilidad de que surja un conflicto normativo a escala nacional.
Lo planteado anteriormente garantiza que los tribunales nacionales dicten sentencias de conformidad con sus obligaciones legales respecto al Estatuto de Roma, pese al posible dilema de entregar a un ciudadano a otro sistema judicial.