Editorial
Un Día del Padre que es Más Comercial que Emocional
Este domingo se celebra en la República Dominicana «El Día del Padre«, el cual se queda más que nada en el ámbito comercial, porque la crisis que padecen las familias en el país supera todas las referencias
La expresión “felicidades papá” no es más que una frase para cumplir con la formalidad, con la apariencia de un aparente amor hacia el padre que en el fondo no existe, aunque esta afirmación no es válida para todos los casos.
La crisis que viven las familias dominicanas es realmente dramática, pese a que los valores familiares, incluido el amor hacia el padre y hacia la madre, era algo con una fuerza que cualquiera podía percibirla a leguas.
Hoy en día los padres, no importa que buenos y responsables hayan sido, son golpeados emocional y físicamente por los hijos, lo cual parece estar asociado a varios factores, como son su poca formación espiritual y cultural y a los efectos de un neo-liberalismo que se lleva todo de paro, ya que en esta corriente sólo importa el mercado, no el ser humano.
Por esta razón muchos hijos no sienten ningún respeto por sus padres, sobre todo si éstos no cuentan con alguna riqueza, porque al final de la jornada el cuido hasta un punto del progenitor no tiene otro propósito que garantizar su herencia.
La repetición de esta valoración no es válida para todos los casos, porque, sin lugar a dudas, hay hijos ejemplares que cumplen con su responsabilidad de cuidar y amar a sus padres, máxime cuando éste pasa por momentos difíciles, ya sean económicos o de salud.
Lo propio habría que decir también que hay padres que no merecen ser llamados como tales, porque han tenido una conducta muy irresponsables con sus hijos, pero en estos tiempos es mucho más común la ingratitud de los vástagos que de los progenitores, ya que el fenómeno tiene que ver con la crisis de valores que se traga a la sociedad.
Se escucha mucho la afirmación, como una forma de justificar la conducta de los hijos, que el padre cosecha lo que siembra, cuya expresión no está totalmente en lo cierto, porque hay progenitores que siempre estuvieron al acecho del bien de sus vástagos y trabajaron como burros para que a ellos nunca les faltara nada y repartieron amor en todos los rincones de su hogar.
Lo que sí es válido es valorar hasta dónde la influencia de la calle impacta a los hijos mucho más que la educación que reciben en el seno de la familia y generalmente cuando es así, éstos terminan desestimando los consejos del padre.
Los factores que generan el fenómeno son múltiples, pero de lo que sí se puede estar plenamente seguro es que la crisis y el resquebrajamiento familiar ha creado una descomposición social en la que es común escuchar que un hijo mató a su padre o lo contrario, lo cual era motivo de escándalo hace algunas décadas, pero que ya se ve como algo normal.
Este domingo “Día del Padre” es un gran motivo para motivar a la gente a acudir en masas a los centros comerciales, pero al final de la celebración pesa mucho más la crisis de valores que involucra de manera importante detalles como el poco amor y respeto de los hijos hacia los padres.
Son épocas de grandes tristezas porque la gente no siente ningún respeto hacia el otro y los padres en muchos casos son tratados a patadas y con atropellos inmerecidos de los hijos, quienes como parte de la sociedad también son impactados por una conducta violenta y amante sólo de lo material, del dinero.
¿Será que sólo importa la herencia y si ésta no existe los padres pasan a ser un vagazo que debe ir al zafacón como la naranja que luego de exprimirse no sirve para nada más?.
Responda este cuestionamiento, amigo lector, sin ningún tipo de apasionamiento y con la suficiente experiencia que da la realidad.
Así son las cosas!!
Durante décadas, República Dominicana ha hablado con orgullo de sus ciudadanos residentes en el exterior.
Los llamamos diáspora. Reconocemos sus sacrificios. Celebramos sus éxitos.
Y cada mes observamos atentamente cuánto dinero enviaron al país.
Pero ha llegado el momento de preguntarnos si el reconocimiento que República Dominicana ofrece a sus dominicanos en el exterior está realmente a la altura de lo que ellos representan para la nación.
Los números hablan con claridad.
En 2025 ingresaron al país US$11,866.3 millones en remesas, mientras que entre enero y julio de 2026 ya se habían recibido US$7,316.4 millones. Estados Unidos continúa siendo, con enorme diferencia, el principal origen de esos recursos.
Pero La República entiende que medir a nuestros emigrantes exclusivamente por las remesas constituye una visión incompleta de la diáspora.
Detrás de esas cifras existen ciudadanos.
Existen familias.
Existen décadas de trabajo y sacrificio.
Muchos dominicanos tuvieron que construir su futuro lejos de su tierra sin abandonar nunca completamente el país que dejaron.
Han sostenido padres, hijos y hermanos. Han financiado viviendas, educación, alimentación y pequeños negocios. Han invertido sus ahorros en República Dominicana y han promovido nuestra cultura fuera de nuestras fronteras.
Nueva York constituye probablemente la expresión histórica más poderosa de ese fenómeno.
Allí los dominicanos han pasado de trabajadores inmigrantes a comerciantes, profesionales, empresarios, dirigentes comunitarios y representantes políticos.
Ahora esa comunidad está cambiando.
Investigaciones recientes muestran una reducción de la población dominicana residente dentro de la ciudad de Nueva York y sugieren un desplazamiento hacia otras zonas de Estados Unidos.
Eso significa que República Dominicana también deberá cambiar la manera en que piensa su diáspora.
No podemos continuar diseñando nuestra relación con el dominicano del exterior como si todos permanecieran concentrados en los mismos barrios de Nueva York.
El Estado dominicano necesita conocer dónde están sus ciudadanos, qué necesitan, cómo están evolucionando sus nuevas generaciones y de qué manera pueden participar más activamente en el desarrollo nacional.
También necesitamos construir una relación que vaya más allá de pedir inversión, promover turismo o celebrar el volumen de las remesas.
La segunda y tercera generación dominicana en Estados Unidos representa un patrimonio extraordinario.
Son jóvenes que pueden dominar dos idiomas, comprender dos culturas y desenvolverse profesionalmente dentro de una de las economías más importantes del mundo.
Mantenerlos vinculados a República Dominicana debe convertirse en una política de Estado.
Eso requiere programas educativos y culturales, oportunidades de inversión transparentes, fortalecimiento de los servicios consulares y mecanismos efectivos para incorporar conocimientos, emprendimientos y capacidades profesionales de la diáspora.
El dominicano residente en Nueva York no debe sentirse importante para su país únicamente cuando envía dinero.
Debe sentirse parte de él.
La República considera que nuestra diáspora constituye una extensión humana de la nación dominicana.
Reconocerla verdaderamente significa escucharla, proteger sus vínculos con el país y crear condiciones para que sus nuevas generaciones puedan seguir sintiendo que República Dominicana también les pertenece.
Porque los dominicanos que un día salieron buscando oportunidades no abandonaron necesariamente la patria.
En muchos casos, simplemente ampliaron sus fronteras.
El motoconcho forma parte de la cotidianidad dominicana. Está presente en los barrios, municipios, comunidades rurales, mercados, hospitales, centros educativos y alrededores de las principales estaciones y paradas del transporte colectivo.
Negar su importancia sería desconocer una realidad social y económica construida durante décadas.
Para miles de ciudadanos representa una fuente de ingresos. Para muchos otros constituye una alternativa rápida para trasladarse hacia lugares donde el transporte público resulta insuficiente o inexistente.
Por eso, criminalizar indiscriminadamente al motoconchista sería un error.
Pero igualmente irresponsable sería ignorar las consecuencias negativas asociadas a la falta de regulación y al incumplimiento de las normas de tránsito.
República Dominicana cerró 2025 con 3,846,694 motocicletas registradas, equivalentes al 57.9 % del parque vehicular nacional. La motocicleta dejó hace mucho tiempo de ser un elemento marginal del tránsito para convertirse en protagonista de la movilidad nacional.
Y precisamente por eso debe preocuparnos otra cifra: de las 2,992 personas fallecidas en siniestros viales durante 2025, más del 65 % eran motociclistas, según datos divulgados por el INTRANT.
No todos eran motoconchistas. Sería incorrecto afirmarlo. Pero la estadística demuestra que quienes se desplazan sobre dos ruedas constituyen uno de los grupos más vulnerables de nuestras vías.
Frente a esta realidad, el país necesita superar dos posiciones extremas: la persecución indiscriminada del motoconchista y la tolerancia absoluta frente al desorden.
Ni prohibición ni anarquía. Regulación.
Todo conductor dedicado al transporte de pasajeros debe estar identificado, poseer la licencia correspondiente, utilizar una motocicleta debidamente registrada y cumplir rigurosamente las normas de seguridad vial.
El casco protector debe ser obligatorio tanto para quien conduce como para quien utiliza el servicio. Las paradas tienen que estar organizadas y ubicadas de manera que no obstaculicen calles, aceras ni entradas de establecimientos. Y las autoridades deben establecer mecanismos que permitan identificar con facilidad al conductor que presta el servicio.
La formalización también beneficia al motoconchista.
Un trabajador registrado y capacitado adquiere legitimidad frente al ciudadano. Deja de ser visto como parte de una actividad desorganizada para convertirse en prestador reconocido de un servicio de transporte.
Los operativos realizados durante 2026 muestran que las autoridades han comenzado a avanzar en esa dirección. En junio fueron intervenidas 488 paradas en distintos puntos del país dentro del proceso nacional de regularización, mientras la emisión de nuevas licencias categoría 1 para motocicletas aumentó 107.5 % entre marzo y junio.
Es un avance, pero la solución no puede depender exclusivamente de fiscalizaciones temporales.
Hace falta una política permanente.
El Estado debe combinar autoridad con educación, organización con oportunidades de formalización y fiscalización con prevención.
También corresponde responsabilidad a los propios motoconchistas. Quien transporta pasajeros no solamente conduce una motocicleta: lleva consigo una vida humana. Respetar un semáforo, utilizar casco, evitar una maniobra peligrosa o reducir la velocidad puede marcar la diferencia entre terminar un viaje o terminar una vida.
Y existe igualmente una responsabilidad ciudadana. El pasajero debe comenzar a exigir seguridad. No debería aceptar como normal abordar una motocicleta sin casco o viajar con alguien que conduce de manera temeraria.
El motoconchismo ofrece beneficios evidentes: genera ingresos, facilita la movilidad, conecta comunidades y complementa el transporte colectivo. Pero también produce desafíos que no pueden seguir posponiéndose: accidentalidad, informalidad, desorden vial y dificultades de identificación y control.
La solución sensata no consiste en acabar con una actividad de la que dependen numerosas familias.
Consiste en dignificarla.
República Dominicana necesita un motoconcho organizado, seguro y profesional. Un servicio donde trabajar no signifique arriesgar la vida y donde llegar rápido nunca sea más importante que llegar vivo.
La República Dominicana tiene razones para valorar cualquier avance que permita ampliar las oportunidades de trabajo. Pero las estadísticas laborales también obligan a observar una realidad que no debe ser normalizada: durante el primer trimestre de 2026, el 54.1 % de los ocupados se encontraba en la informalidad, frente a un 45.9 % de ocupación formal.
El dato merece atención precisamente porque la economía ha comenzado a recuperar dinamismo. En junio, la actividad económica creció 6.4 % interanual y el primer semestre acumuló una expansión de 4.5 %, según el Banco Central.
El país necesita crecimiento, inversión y empresas capaces de competir. Pero necesita igualmente que el progreso económico pueda sentirse en la estabilidad de los hogares.
Un trabajador no deja de ser productivo porque sea informal, ni un pequeño comerciante debe ser visto automáticamente como alguien que pretende incumplir la ley. En muchos casos, la informalidad es consecuencia de barreras económicas, administrativas y estructurales que el Estado tiene la obligación de comprender y reducir.
Por eso, formalizar no puede significar simplemente aumentar controles. Debe significar abrir puertas.
Las micro y pequeñas empresas necesitan procesos sencillos, financiamiento accesible, capacitación y condiciones que les permitan asumir gradualmente sus responsabilidades. Los trabajadores independientes necesitan mecanismos de protección compatibles con la realidad de sus ingresos. Y los jóvenes necesitan una ruta clara hacia su primer empleo formal.
También corresponde al sector empresarial asumir su responsabilidad. La competitividad no puede construirse sobre la precariedad permanente de la fuerza laboral. Una economía moderna necesita productividad, innovación y capital humano, pero también relaciones laborales capaces de ofrecer seguridad y perspectivas de progreso.
El crecimiento económico debe convertirse en una herramienta para ampliar oportunidades y no solamente en una estadística macroeconómica favorable.
Reducir significativamente la informalidad laboral debe ser una prioridad nacional que trascienda gobiernos y coyunturas. Para conseguirlo será necesario coordinar políticas laborales, tributarias, educativas, productivas y de protección social.
La República considera que el país debe avanzar hacia una nueva etapa en la que la pregunta no sea solamente cuántos empleos se crean, sino qué calidad tienen esos empleos y cuánto contribuyen al bienestar de quienes los desempeñan.
Porque detrás de cada porcentaje existe una persona, una familia y una expectativa de futuro.
El desarrollo será verdaderamente exitoso cuando crecimiento, productividad, oportunidades y dignidad laboral avancen en una misma dirección.