Análisis Noticiosos
Los mexicanos más ricos se están vacunando en Estados Unidos
San Pedro Garza García es el municipio más rico de Latinoamérica y se encuentra cómodamente cerca de los Estados Unidos. Por eso, y por desesperación, muchos residentes viajan para buscar la vacuna contra la covid-19
Es más que un secreto a voces, es el tema de todos los chats. Algunos de los mexicanos más ricos del país pasan el día pidiendo y compartiendo información a sus amigos y conocidos sobre dónde se pueden vacunar contra el coronavirus en Estados Unidos. En su mayoría, son personas de población vulnerable, de 60 años para arriba, aunque no exclusivamente. En San Pedro Garza García, el municipio más rico de Latinoamérica, todos parecieran conocer a alguien que logró vacunarse en alguna ciudad de Texas o Florida.
Uno de ellos es Mauricio Fernández, de 70 años de edad, exalcalde de San Pedro, exsenador del país y accionista de algunas de estas grandes empresas. Fernández compartió en sus redes sociales que logró vacunarse en Los Fresnos cuando viajaba con un grupo de amigos a una playa texana. A través de las páginas web de los condados y pueblos cercanos, se informaron de dónde se habían liberado vacunas. En algunos lugares requerían registrarse primero en línea, en otros ir en persona por un váucher con la siguiente fecha de vacunación y en otros, simplemente probar suerte haciendo fila fuera de los centros de vacunación.
“Simplemente te decían que los que estuvieran en la fila mayores de 65 años los iban a vacunar”, dice al teléfono desde San Pedro. Fernández presentó su pasaporte mexicano como identificación y fue vacunado. “Muy generoso que los americanos pueden incluir a todos los que estuvieran en la fila, indocumentados, mexicanos, lo que fuera, no lo estaban diciendo ‘este sí, este no’”.
Un hombre recibe la vacuna contra la covid-19 en Florida, EE UU.MARCO BELLO / REUTERS
El flujo de extranjeros vacunándose en Texas es tal que generó frustración entre los residentes que esperan su turno. El director general del sistema local de hospitales en Houston declaró a la televisora KPRC 2 que “si algunos han pasado desapercibidos, ese no es el mayor problema con el que estamos lidiando”. Los medios también cuestionaron al Gobernador Greg Abbott sobre el tema, quien respondió en un video mensaje a la cadena KRGV Chanel 5 diciendo solamente: “Las vacunas de Texas son para los residentes de Texas”.
San Pedro es un municipio muy cercano y muy conectado a Estados Unidos y a Texas en particular, explica el actual alcalde de San Pedro Miguel Treviño. “No solamente geográficamente conectado, sino también culturalmente y en lazos familiares y de amistades. Es un municipio donde, incluso hay un número importante de gente con nacionalidad americana o con residencia americana, entonces todos esos vínculos hacen parte de la comunidad se plantee la posibilidad de ponerse la vacuna en Texas, como de hecho ha sucedido ahora”, asegura Treviño.
Este es un lujo que pocos en el país pueden darse. En San Pedro, el producto interno bruto (PIB) per cápita es de 50.935 dólares y, de acuerdo con la firma de riesgo financiero Fitch Ratings en un reporte publicado el año pasado, tiene el ingreso mayor en comparación con otras entidades en América Latina. Fue aquí en donde se reportaron unos de los primeros contagios en México. Sampetrinos que viajaron a Colorado para esquiar, regresaron infectados, razón por la cual el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo en junio que la enfermedad “fue importada a partir de grupos sociales de alta capacidad económica, financiera, de grupos sociales adinerados del país”.
La necesidad ha empujado a los sampetrinos a buscar la vacuna en EE UU, dice Fernández. El plan de vacunación del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador avanza con lentitud devino a cortes de suministro de la farmacéutica Pfizer y, además, ha sido criticado por la falta de transparencia en torno a quienes han sido vacunados primero. López Obrador dijo que los “siervos de la nación”, un grupo de 30.000 personas que promueven los programas sociales del Gobierno, deben ser entre los primeros en vacunarse ya que participarán en la campaña de inmunización en los lugares más remotos del país, una decisión que causó polémica.
Esta semana, el Gobierno lanzó una página web para que los mayores de 65 años se registraran para recibir la vacuna, a pesar de no contar todavía con las vacunas en el país, pero la página presentó muchos problemas de acceso. “Yo lo que estoy viendo es que aquí les vale madre, no hay nadie con las pilas puestas para resolver el problema ni local, ni nacional”, dice Fernández, quien buscará reelegirse como alcalde este año.
Treviño, por su parte, dice que entre los sampetrinos “hay un poco de desesperanza con respecto a la falta de organización y de celeridad que ven por parte del Gobierno federal. Eso es algo que por un lado entendemos, pero que a nosotros como municipio nos toca coordinarnos, sobre todo reconociendo que las autoridades en materia salud son la Federación y y el Estado”.
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.