Análisis Noticiosos
Los mexicanos más ricos se están vacunando en Estados Unidos
San Pedro Garza García es el municipio más rico de Latinoamérica y se encuentra cómodamente cerca de los Estados Unidos. Por eso, y por desesperación, muchos residentes viajan para buscar la vacuna contra la covid-19
Es más que un secreto a voces, es el tema de todos los chats. Algunos de los mexicanos más ricos del país pasan el día pidiendo y compartiendo información a sus amigos y conocidos sobre dónde se pueden vacunar contra el coronavirus en Estados Unidos. En su mayoría, son personas de población vulnerable, de 60 años para arriba, aunque no exclusivamente. En San Pedro Garza García, el municipio más rico de Latinoamérica, todos parecieran conocer a alguien que logró vacunarse en alguna ciudad de Texas o Florida.
Uno de ellos es Mauricio Fernández, de 70 años de edad, exalcalde de San Pedro, exsenador del país y accionista de algunas de estas grandes empresas. Fernández compartió en sus redes sociales que logró vacunarse en Los Fresnos cuando viajaba con un grupo de amigos a una playa texana. A través de las páginas web de los condados y pueblos cercanos, se informaron de dónde se habían liberado vacunas. En algunos lugares requerían registrarse primero en línea, en otros ir en persona por un váucher con la siguiente fecha de vacunación y en otros, simplemente probar suerte haciendo fila fuera de los centros de vacunación.
“Simplemente te decían que los que estuvieran en la fila mayores de 65 años los iban a vacunar”, dice al teléfono desde San Pedro. Fernández presentó su pasaporte mexicano como identificación y fue vacunado. “Muy generoso que los americanos pueden incluir a todos los que estuvieran en la fila, indocumentados, mexicanos, lo que fuera, no lo estaban diciendo ‘este sí, este no’”.
Un hombre recibe la vacuna contra la covid-19 en Florida, EE UU.MARCO BELLO / REUTERS
El flujo de extranjeros vacunándose en Texas es tal que generó frustración entre los residentes que esperan su turno. El director general del sistema local de hospitales en Houston declaró a la televisora KPRC 2 que “si algunos han pasado desapercibidos, ese no es el mayor problema con el que estamos lidiando”. Los medios también cuestionaron al Gobernador Greg Abbott sobre el tema, quien respondió en un video mensaje a la cadena KRGV Chanel 5 diciendo solamente: “Las vacunas de Texas son para los residentes de Texas”.
San Pedro es un municipio muy cercano y muy conectado a Estados Unidos y a Texas en particular, explica el actual alcalde de San Pedro Miguel Treviño. “No solamente geográficamente conectado, sino también culturalmente y en lazos familiares y de amistades. Es un municipio donde, incluso hay un número importante de gente con nacionalidad americana o con residencia americana, entonces todos esos vínculos hacen parte de la comunidad se plantee la posibilidad de ponerse la vacuna en Texas, como de hecho ha sucedido ahora”, asegura Treviño.
Este es un lujo que pocos en el país pueden darse. En San Pedro, el producto interno bruto (PIB) per cápita es de 50.935 dólares y, de acuerdo con la firma de riesgo financiero Fitch Ratings en un reporte publicado el año pasado, tiene el ingreso mayor en comparación con otras entidades en América Latina. Fue aquí en donde se reportaron unos de los primeros contagios en México. Sampetrinos que viajaron a Colorado para esquiar, regresaron infectados, razón por la cual el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo en junio que la enfermedad “fue importada a partir de grupos sociales de alta capacidad económica, financiera, de grupos sociales adinerados del país”.
La necesidad ha empujado a los sampetrinos a buscar la vacuna en EE UU, dice Fernández. El plan de vacunación del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador avanza con lentitud devino a cortes de suministro de la farmacéutica Pfizer y, además, ha sido criticado por la falta de transparencia en torno a quienes han sido vacunados primero. López Obrador dijo que los “siervos de la nación”, un grupo de 30.000 personas que promueven los programas sociales del Gobierno, deben ser entre los primeros en vacunarse ya que participarán en la campaña de inmunización en los lugares más remotos del país, una decisión que causó polémica.
Esta semana, el Gobierno lanzó una página web para que los mayores de 65 años se registraran para recibir la vacuna, a pesar de no contar todavía con las vacunas en el país, pero la página presentó muchos problemas de acceso. “Yo lo que estoy viendo es que aquí les vale madre, no hay nadie con las pilas puestas para resolver el problema ni local, ni nacional”, dice Fernández, quien buscará reelegirse como alcalde este año.
Treviño, por su parte, dice que entre los sampetrinos “hay un poco de desesperanza con respecto a la falta de organización y de celeridad que ven por parte del Gobierno federal. Eso es algo que por un lado entendemos, pero que a nosotros como municipio nos toca coordinarnos, sobre todo reconociendo que las autoridades en materia salud son la Federación y y el Estado”.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.