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Opinión

Un País en Tinieblas

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Por Isaías Ramos

El país  se encuentra nuevamente al borde de un abismo que amenaza no solo con oscurecer nuestras calles, sino con apagar la esperanza de un pueblo que lucha por un futuro mejor. Desde octubre de 2024, el sistema eléctrico nacional ha entrado en un estado de colapso programado, reviviendo los fantasmas de tragedias pasadas como las de 1984 y 2002. Apagones de hasta 16 horas diarias no solo paralizan nuestra vida cotidiana, sino que exponen la desgarradora realidad de un modelo energético corrupto, negligente y diseñado para el lucro de unos pocos a costa de la dignidad de muchos.

Mientras la paciencia de los ciudadanos se agota, el gobierno, incapaz de asumir su responsabilidad, recurre a la excusa de que 800 mil usuarios son «ilegales». Pero esta narrativa no solo es ofensiva, sino que oculta el verdadero problema: estamos atrapados en un sistema diseñado para el saqueo y la explotación, un sistema donde la energía, un derecho humano fundamental, se ha convertido en un negocio para las élites.

Esta crisis no es casualidad ni un accidente. Es el resultado de décadas de decisiones políticas equivocadas que comenzaron con la Ley de Capitalización 141-97. Bajo la promesa de «eficiencia» y «estabilidad», el Estado entregó el sistema eléctrico a manos privadas, prometiendo tarifas justas y un servicio estable. Sin embargo, lo que ocurrió fue el despojo del patrimonio nacional.

Desde entonces, s de 30 mil millones de dólares en “subsidios han sido transferidos a estas empresas eléctricas, una cifra que hoy pesa como una carga insoportable sobre el endeudamiento nacional. Con esos recursos, podríamos haber instalado 20 mil megavatios de energía solar o 15 mil de energía eólica, garantizando nuestra soberanía energética y dejando atrás este modelo obsoleto. En cambio, seguimos pagando tarifas abusivas, soportando apagones interminables y viendo cómo las ganancias de unos pocos crecen mientras el pueblo vive en la penumbra.

La privatización no solo nos arrebató el control de nuestra energía; nos convirtió en rehenes de un sistema donde la dignidad del pueblo es la moneda más barata.

En lugar de asumir su responsabilidad, el gobierno ha optado por criminalizar al pueblo. Etiquetar a miles de familias como «ladrones» de energía no solo es una muestra de desprecio, sino también una estrategia que intenta desviar la atención de la verdadera raíz del problema.

El pueblo dominicano no es ladrón. Es víctima de un sistema roto y de un liderazgo incapaz de garantizar soluciones reales. Si existen usuarios irregulares, el Estado tiene la obligación de regularizarlos con dignidad y justicia. Ir casa por casa, instalar contadores y garantizar un servicio digno y accesible. Pero lo que vemos es lo contrario: un castigo colectivo que penaliza incluso a quienes cumplen con sus obligaciones.

No podemos ignorar los paralelismos con eventos pasados. En 1984, las decisiones erradas llevaron a un estallido social que dejó más de 100 muertos. En septiembre del 2002, el descontento popular derivó en protestas masivas con resultados de más de una docena de muertos  y cientos de heridos que sacudieron al país.

Hoy, la situación es alarmantemente similar. La indignación popular crece, las protestas aumentan y la frustración se siente en cada rincón del país. Las voces de los ciudadanos se alzan en un grito colectivo, exigiendo justicia y soluciones reales. Estas no son señales que se deban ignorar. Hacerlo sería abrir la puerta a un nuevo estallido social que podría superar las tragedias del pasado.

En pleno siglo XXI, la energía no es un lujo ni un privilegio. Es un derecho humano fundamental. Así lo reconoce la ONU en su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, que establece: «Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos».

Nuestra nación  no puede seguir siendo esclava de un modelo que prioriza el lucro sobre las personas. Es momento de recuperar lo que nunca debimos perder: el control de nuestra energía y el compromiso con el bienestar colectivo.

Debemos construir un sistema energético basado en la sostenibilidad, accesible para todos y gestionado con justicia. Pero esta transición debe ir acompañada de un enfoque que respete la dignidad del pueblo.

El futuro de nuestro país está en juego. Cada día que pasa sin soluciones es un paso más hacia el colapso, pero también cada acción, por pequeña que sea, puede encender una luz. Una luz que nos guíe hacia un futuro donde la energía sea un derecho garantizado, no una mercancía para el lucro.

Desde el Frente Cívico y Social (FCS), estamos convencidos de que el país necesita un liderazgo renovado, uno que priorice al pueblo sobre los intereses privados, que construya un sistema energético digno y que transforme la crisis en oportunidad.

La pregunta es clara: ¿Seguiremos siendo esclavos de las tinieblas o nos levantaremos para construir el país que merecemos?

¡Despierta, RD!

 

 

 

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Opinión

Estados Unidos se queda sin moral para exigir a otros respeto por la ley.

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Por José Cabral.

Este pasado 5 de noviembre se celebraron elecciones en los Estados Unidos en las que fue escogido como presidente de la nación más poderosa del mundo un criminal convicto.

Donald Trump ha sido condenado por una serie de delitos civiles y penales y todavía tiene otros pendientes, los cuales de seguro serán sobreseídos hasta que ocupe la jefatura del Estado.

Pero poca importa que las cosas ocurran de ese modo, porque ya Trump tiene un sello como un criminal convicto que desde cualquier perspectiva que se vea impacta negativamente a los Estados Unidos.

Es la primera vez que en este país se escoge un presidente condenado por la comisión de delitos comunes, lo cual deja mucho que decir.

Esta elección tiene dos aristas a analizar, la primera es que la alta votación del ciudadano norteamericano en su favor no deja dudas de que este hombre recibe todo el apoyo de su pueblo, lo que quiere decir que aplaude y aprueba sus andanzas.

Lo otro es que, con la elección de un criminal convicto, los Estados Unidos no pueden pedirles a los demás países una conducta diferente a la que ha tenido Trump.

Presionar y exigir que los actores políticos, por ejemplo, de Latinoamérica que usan la corrupción administrativa en el manejo del Estado, sería como pedir lo que no se puede dar, es decir, demandar una conducta moral que difiere de la que ha exhibido el jefe del Poder Ejecutivo en la potencia de norte.

Se puede decir, entonces, que de ahora en adelante no se le puede tolerar a los Estados Unidos que publique informes sobre la corrupción que se produce desde los gobiernos en Latinoamérica y el mundo, porque no tiene la moral para ello.

Cómo pedirle, por ejemplo, a los haitianos que no involucren el Estado con acciones al margen de la ley cuando su presidente está metido hasta los tuétanos en esos asuntos.

Lo otro es que los ciudadanos de los Estados Unidos deben sentirse orgullosos de su presidente electo, pese a sus condenas por la comisión de una serie de actos que riñen con la ley.

Las cosas son así de sencillas, pero también de complejas.

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Opinión

Reavivando la Indignación

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Por Isaías Ramos

En una era marcada por el caos y la desilusión, la fatiga de la indignación se ha infiltrado profundamente en nuestras vidas, amortiguando la llama de la empatía y la acción colectiva.

Nos rodeamos de injusticias que, aunque nos afectan diariamente, a menudo no logran despertar nuestra indignación. Este adormecimiento emocional no solo amenaza nuestra moralidad individual, sino también el tejido de nuestra sociedad democrática.

La indignación, lejos de ser un sentimiento negativo, es un catalizador poderoso para el cambio y una respuesta vital ante la injusticia. En el corazón de cada movimiento significativo que ha cambiado el curso de la historia, ha estado la indignación convertida en acción.

Así fue con nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, cuya respuesta a las provocaciones despectivas fue transformar su indignación en una fuerza constructiva que desafió el status quo y forjó un camino hacia la democracia y la justicia social.

Juan Pablo Duarte, enfrentado a desafíos y provocaciones, encarnó la respuesta más fértil a la injusticia. Su experiencia es emblemática; durante una ocasión notable, un capitán español, en un acto de desprecio flagrante, le espetó a Duarte y a sus compatriotas: «Ustedes no tienen nombre, porque ni ustedes ni sus padres merecen tenerlo, porque son cobardes y serviles, inclinan la cabeza bajo el yugo de los esclavos». Estas palabras, lejos de quebrantar el espíritu de Duarte, encendieron una chispa de indignación que se transformó en un impulso revolucionario.

Hoy, nos enfrentamos a una encrucijada crítica: podemos seguir siendo testigos pasivos de la erosión de nuestros principios y valores fundacionales, o podemos optar por reavivar nuestra capacidad de indignarnos.

Cada uno de nosotros posee el poder de efectuar cambios significativos. Las grandes olas de reforma social siempre han comenzado con el despertar de la conciencia colectiva, tal como lo demostró Duarte.

Es hora de rechazar la resignación y la apatía que han calado en nuestras vidas. Debemos conectar con nuestros sentimientos más profundos de justicia y equidad para reclamar un sistema en el que la corrupción y la opresión  no sean las normas, sino la excepción; un sistema donde la igualdad de oportunidades no sea un lema vacío, sino una realidad palpable.

Este cambio comienza con la educación y la información. Debemos estar informados sobre las acciones de aquellos en el poder y ser críticos con la información que consumimos. Participar activamente en los procesos cívicos y sociales es crucial. El derecho a elegir y ser elegibles para los cargos, consagrado en nuestra Constitución y reafirmado por sentencias judiciales, es un faro de luz que no debemos desperdiciar.

La pasividad nos convierte en cómplices del deterioro de nuestro entorno. Pero al optar por la indignación activa, nos convertimos en arquitectos de nuestro futuro. Desde el Frente Cívico y Social, te invitamos a indignarte no solo por ti, sino por aquellos que han perdido su voz en el estruendo de la indiferencia. Transformemos esa indignación en un movimiento imparable hacia un futuro donde prevalezca el orden, la justicia y la igualdad de oportunidades bajo un Estado profundamente comprometido con el bienestar de todos sus ciudadanos.

Estamos convencidos de que este es nuestro momento para actuar y redefinir el curso de nuestra historia, tal como hizo Duarte en su tiempo. La fatiga de la indignación puede ser superada; solo requiere que cada uno de nosotros decida despertar y actuar. La esperanza de un mañana mejor está en nuestras manos.

¡Despierta, RD!

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Opinión

Derechos de las personas durante la investigación  de la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Diaz

En las investigaciones  realizadas de conformidad con el Estatuto de la Corte Penal  Internacional  nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

De acuerdo con el Estatuto de Roma nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

En el proceso de investigación de la Corte Penal  Internacional , quien haya de ser interrogado  en un idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un intérprete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad.

De conformidad con el Estatuto de Roma nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.

Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional y esa persona haya de ser  interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, o en cumplimiento de una solicitud hecha de acuerdo las disposiciones del Estatuto de Roma tendrá  el derecho a ser informada.

Dentro de los derechos que tiene  una  persona  en el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional  el Estatuto de Roma señala el de ser informada  de que existen motivos para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte.

Antes del interrogatorio  la persona  también deberá ser informada  de que tiene derecho a guardar silencio , sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia.

Cabe destacar que en  el  proceso de investigación de la Corte Penal Internacional la persona tiene derecho a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre fuere necesario en interés de la justicia y , en cualquier caso, sin cargo si careciere de medios suficientes.

Finalmente, la persona tendrá  el derecho  a ser interrogada en presencia de un abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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