Opinión
Una afrenta difamatoria en democracia
Por Oscar López Reyes
Ángel Martínez:
(y parte II)
En un memorable acto de honor por no probar una denuncia sobre corrupción, Eduardo Chibás se pegó un tiro mortal mientras producía su programa radial (Cuba, 1951). A la inversa, en el 2025 el dominicano Angel Martínez ha dado tumbos por cárceles y tribunales, donde olímpicamente reconoce sus difamaciones y pide perdón a los vilipendiados, que no estarían seguros que si retiran las querellas muy pronto volverá por su fuero con otras delaciones morbosas e intimidaciones.
Aprovechando lucrativamente la vulnerabilidad de las audiencias mediáticas sin sentido crítico ni capacidad de rechazo, especificada en la comunicativa Teoría de la Aguja Hipodérmica (o Teoría de la Bala Mágica), un obsesivo con visibles alteraciones emocionales ensombrece como una patana sin freno, en un firmamento en que el tuerto es Rey. Encapota cual aborto de la democracia.
El presunto investigador privado Angel Ramón de Jesús Martínez Jiménez (Nacido en Santiago en 1954) tiene abierto procesos judiciales por utilizar plataformas digitales para formular imputaciones sin fundamento real, y luego exigir recursos financieros para retirar sus contenidos, así como por delitos tecnológicos, estafa y lavado de activos.
Visualicemos ocho siluetas biopsicosociales del protagonista -peyorativamente denominado La Guinea- devenido en un fenómeno de las redes sociales:
1.- Espionaje
Se vanagloria en proclamar que ha trabajado en operaciones clandestinas y encubiertas para la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, el Servicio Secreto, la Policía de New York y otros organismos de inteligencia de Estados Unidos. La DEA aseguró que Ángel Martínez no ha laborado para esa ni para otra agencia del Departamento de Justicia de esa nación. Más, no se descarta que, en algunos periquetes, por paga individualmente haya ofrecido informaciones a uno que otro oficial de estas instituciones.
2.- Secuestro
Pregona, como cartulina de triunfo, que ha sido secuestrado en tres ocasiones, y que ha salido victorioso por el rescate espectacular de la Fuerza Delta de Contrainteligencia.
3.- Libros publicados
En su comprobado ingenio e inventiva para concatenar ideas y manipular conceptos e imágenes, ha escrito y publicado más de una docena de libros: La Historia de Todos, La Cocaína al Desnudo, ¿Quién se ha robado mi identidad?, Psicología Criminal: Manual de Estudio, La Mujer del Sicario, El Narcotráfico como Forma de Vida, Alzheimer: Más allá de los Recuerdos, Manual del Detective Privado, La CIA. Hombre Marcado: Historia Basada en Hechos Reales, Narcocultura: Diario de un Latino en New York y La Doble Cara del Narcotráfico.
4.- Conferencia:
Por su creatividad y chispa se estribó en escuelas, colegios, clubes e instituciones privadas, donde dictó conferencias, antes de la aparente gravitación de su variación conductual y escandaleras.
5.- Arrestado en EE. UU.
El 16 de agosto de 2013 fue arrestado en Miami-Dade County, Florida, por el delito de estafa en tercer grado, conforme el expediente registrado con el número 13-019119. Según su contenido, a parientes de víctimas o encarcelados prometía ayudarlos en los procesos judiciales a cambio de recursos monetarios, y desaparecía sin dejar rastro.
6.- Redes Sociales
Desde el 2015 ha diseminado su canal de YouTube “Detective Angel”, y en esta y otras redes sociales ha embrujado a más de un millón de seguidores, atraídos por las controversias, las acusaciones sobre supuestas actividades ilícitas contra dirigentes políticos, empresarios, funcionarios, legisladores y otras personalidades públicas.
Aplica, sabedor o inconscientemente, la Teoría de la Aguja Hipodérmica (o Teoría de la Bala Mágica), que plantea que los mensajes mediáticos poseen la capacidad para manipular efectivamente a montones de personas que no son selectivas con la información, y que reciben pasivamente y sin postura crítica. O sea, que los argumentos son como una inyección que se introduce directamente en la mente humana, impactando y condicionando sus pensamientos y comportamientos.
7.- Demandas
Acumuló un récord por haber sido sometido a la Justicia como 20 veces por difamación y delitos tecnológicos, extorsión, estafa, lavado de activos y otros, a través de plataformas digitales. Los acusadores han sido Guido Gómez Mazara (2020), Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, Serio (Gory Moya, 2021), Sandra Eugenia de la Rosa, Milagros Germán, Roberto Fulcar, Gregorio Dominguez, Arismendy Almonte y otros.
8.- Arrestos y coerciones
El lunes 26 de mayo de 2025 fue detenido en alta mar por la Armada Dominicana en Puerto Plata, a bordo del crucero MSC World America, en cumplimiento a una orden de captura emitida por la Novena Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que el 10 de junio de 2021 lo declaró en rebeldía por no acudir a una audiencia para que enfrentara cargos por el quebrantamiento a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Jueces le han rechazado acción de amparo e impuesto medidas de prisión, el pago de sumas económicas, presentación periódica a juzgado e impedimento de salida del país. Miami notará su ausencia.
Como colofón, Eduardo Chibás ni Ángel Martínez estudiaron periodismo en centros universitarios, y sus imputaciones temerarias y lastimeras, sus melodramas y tragedias encuadran, prioritariamente, en un paraje antagónico con la verdad. Cautivaron por la formulación de denuncias en expectativas, con mentiras pronunciadas con absoluta seguridad.
El dominante neoliberalismo comunicacional facilita el acceso a la radio, la televisión, las redes sociales y otras plataformas digitales, para denigrar en la impudicia. Jamás apelaron a la investigación, a los formatos de redacción con objetividad, a la ética profesional, el derecho a la información, el derecho constitucional ni a otras leyes de comunicación. Dejaron de ser metódicos, concienzudos y meticulosos.
Durante un mínimo de cuatro años, en las escuelas universitarias de comunicación social se enseñan y practican más de 50 asignaturas, que versan sobre la búsqueda de datos, su comprobación y verificación por un superior; el respeto tanto a las fuentes como a los receptores de los mensajes, y cuándo y cómo preferir con responsabilidad el periodismo informativo, interpretativo y de opinión. Y es que cada día el periodismo contornea con más complejidad y exige más rigurosidad.
Además del lance del chantaje y la extorsión, ciertos comentaristas de radio, televisión y redes sociales no profesionalizados en comunicación social aparentan estar abrumados por una anormalidad psíquica o un desgaste cognitivo. Son mercenarios de la difamación y descarrilamiento de la pluralidad digital. Acalambran como un cisne negro de la democracia.
Expresidente Colegio de Periodistas (CDP) y
Presidente Asoc. de Relaciones Públicas (Asodoprep).
Por Oscar López Reyes
Los cuerpos, objetos y dispositivos muy óptimos y virtuosos cobijan en sus entrañas, como ley del pensamiento lógico, sus bemoles. En ese prisma se entroniza, con su dualidad, la Inteligencia Artificial (IA), que parangona la filosófica tradición china del Yin (oscuridad/pasividad) y el Yang (luz/dinamismo).
Tocante a la IA, los planificadores del actual y el próximo gobierno jamás deben dejarse atrapar por el pregonado absolutismo y la saturación de un bombo que agobia. El poderío de las tecnológicas transnacionales apabulla en perspectiva del déficit de equilibrio y la subjetividad valorativa de los técnicos gubernamentales de naciones de las periferias, en la marginalidad filosófica.
El exceso de positividad y la aireada bondad coloca a la IA, inadvertidamente, en una pendiente enjabonada. Para robustecer este criterio, imperioso es estudiar la historia de la ética, fundado en las apreciaciones de filósofos de la estatura de Aristóteles (384-322 a.C), Sócrates (469-399 a.C.) y Friedrich Nietzsche (1844-1900), quienes advirtieron que la superabundancia perjudica y despoja valor, son insostenibles y procrean dependencia emocional.
Concerniente a los gobiernos y la IA, focalicemos apenas tres componentes, que voy a denominar las tres D: Deshumanización, desprotección y desplazamiento. Divisemos:
1.- Deshumanización de la administración pública.
La automatización de los servicios gubernamentales, la gestión de expedientes y la toma de decisiones administrativas mediante algoritmos inteligentes entraña riesgos para la transparencia, la equidad y la responsabilidad institucional. Derrumbaría tanto empeño y valentía por la penalidad de la conducción estatal 2020-2028.
En la República Dominicana, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), presentada el 12 de octubre de 2023, procura modernizar los servicios ciudadanos y transformar los modelos de trabajos productivos. Empero, delegar decisiones sensibles a sistemas automatizados, sin suficiente vigilancia humana, podría reproducir sesgos, vulnerar derechos y dificultar la identificación de los responsables de actuaciones perjudiciales.
¿Quién respondería ante una determinación o disposición algorítmica que niegue injustamente un servicio público o comprometa informaciones confidenciales?, y ¿cómo el Estado garantizaría derechos constitucionales y administrativos si estas son transferidas a la IA?
¿Debe aceptarse la sentencia de un software por encima del juicio humano? ¿Existe la presunción de la inocencia tecnológica, más cuando puede tomar decisiones devastadoras en microsegundos? En la primacía de las “cajas negras” (nadie sabe de dónde salen las informaciones de la IA), ¿quién explica y dónde se apelan los dictámenes?
El progreso tecnológico exige, terminantemente, controles éticos, auditorías independientes y mecanismos de rendición de cuentas que impidan sustituir el juicio humano por la opacidad de las máquinas.
2.- Desprotección ante el cibercrimen
El acelerado perfeccionamiento de la inteligencia artificial multiplica las posibilidades de sofisticación del fraude electrónico, la suplantación de identidades, la falsificación de voces y los ataques contra sistemas informáticos. Bancos, hospitales, instituciones públicas y empresas privadas quedan expuestos a modalidades delictivas capaces de comprometer informaciones confidenciales y perturbar servicios esenciales.
En la República Dominicana, el Decreto núm. 313-22 aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030, orientada a fortalecer la protección del ciberespacio y la resiliencia de los sistemas digitales. La amenaza se torna más inquietante ante algoritmos que pueden facilitar engaños personalizados y acelerar determinadas operaciones maliciosas.
¿Están las instituciones y los ciudadanos suficientemente preparados para reconocer y enfrentar ataques cada vez más difíciles de detectar? La seguridad tecnológica deja de ser una cuestión exclusivamente informática para convertirse en una exigencia de protección económica, institucional y nacional.
3.- Desplazamiento educativo y laboral
La irrupción de la IA en las aulas escolares y universitarias, dependencias gubernamentales y centros productivos amenaza con profundizar las desigualdades entre quienes dominan las nuevas herramientas tecnológicas y aquellos que permanecen rezagados. Un estudio conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial, publicado en julio de 2024, estima que entre el 26 % y el 38 % de los empleos de América Latina y el Caribe podrían verse expuestos a la inteligencia artificial generativa, mientras que entre el 2 % y el 5 % enfrentarían riesgos de automatización completa.
Estas proyecciones regionales plantean interrogantes para la República Dominicana, donde la formación docente, la actualización curricular y la capacitación de los trabajadores adquieren creciente relevancia.
El peligro no reside únicamente en la sustitución de determinadas tareas, sino también en la ampliación de la brecha entre los ciudadanos preparados para aprovechar la revolución tecnológica y quienes carecen de competencias y recursos digitales. ¿Podrán los sistemas educativos formar profesionales para ocupaciones que se transforman a una velocidad superior a la actualización de sus conocimientos?
Además de la ampliación de estas brechas, en la esfera profesional (periodistas, abogados, médicos, ingenieros, profesores, etc.) estos riesgos laborales y profesionales son conocidos como “opacidad laboral” y “atrofia cognitiva”. Dejan de pensar y actúan como robot humano. Sin trabajo, porque fueron desplazados por la IA, ¿habrá menos empleo remunerativo? ¿se reducirá el poder adquisitivo de obreros y profesionales? ¿bajará el cobro de impuestos?
A fin de cuentas y como la IA aporta y añade valor y, sin capacidad aún para testificar ante un juez, bajo la sutil persuasión está siendo impuesta por los poderes hegemónicos, la alfabetización digital, el pensamiento crítico y la reconversión laboral se encadenan como desafíos impostergables para evitar nuevas modalidades de exclusión económica y social.
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Fuentes utilizadas:
1. Deshumanización de la administración pública
Fuente 1. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA)
Institución: Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). 2023.
Documento: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de la República Dominicana.
Utilidad: Sustenta los esfuerzos nacionales de incorporación de la IA, modernización del Estado y transformación digital de los servicios públicos.
Fuente 2. Ley núm. 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales
Institución: Congreso Nacional de la República Dominicana. 2013.
Documento: Ley núm. 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales.
Utilidad: Fundamenta la necesidad de proteger la información ciudadana frente al procesamiento automatizado de datos.
2. Desprotección ante el cibercrimen
Fuente 3. Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030.
Institución: Presidencia de la República Dominicana. 2022.
Documento: Decreto núm. 313-22, que establece la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030.
Utilidad: Respalda el análisis sobre protección de infraestructuras críticas, prevención de ataques informáticos y fortalecimiento de la seguridad digital del país.
3. Desplazamiento educativo y laboral.
Fuente 4. La inteligencia artificial generativa y los empleos en América Latina y el Caribe
Instituciones: Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Banco Mundial. 2024.
Documento: La inteligencia artificial generativa y los empleos en América Latina y el Caribe: ¿La brecha digital es un amortiguador o un cuello de botella?
Utilidad: Fundamenta las estimaciones regionales sobre exposición laboral a la IA generativa, transformación de tareas y riesgos de automatización.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
Por Isaias Ramos
El ministro de Turismo afirmó, según las crónicas publicadas el 24 de octubre de 2026, que el turismo vive su mejor momento y sostiene cerca del 50 % del crecimiento económico nacional. También sostuvo que la riqueza debe llegar a las comunidades. Esa promesa merece una evaluación concreta: ¿cuánto bienestar recibe la población por el patrimonio que compromete el Estado?
El Gobierno debe demostrar cuánto llega a los trabajadores, cuánto recupera el Estado y qué derechos conserva la población. Cabo Rojo permite examinar esas preguntas con cifras y documentos. Sus cuentas no representan todo el turismo dominicano, pero sí permiten evaluar las condiciones de este proyecto y el beneficio público que se promete.
Los estados financieros no auditados de Pro-Pedernales al cierre de 2025 registran RD$40,167.5 millones en aportes acumulados: RD$35,900.9 millones en terrenos, RD$3,806.6 millones en efectivo y aproximadamente RD$460 millones en mejoras, informes, tasaciones y diseño. La construcción en proceso alcanza RD$19,869.8 millones, incluidos intereses capitalizados. Son categorías contables que no deben sumarse como inversiones independientes.
El fideicomiso adeudaba RD$14,000 millones de principal al Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I y RD$1,808.9 millones de intereses. El préstamo contempla una tasa variable con mínimo anualizado del 16 % y pago al vencimiento, originalmente fijado para enero de 2027. La deuda corresponde al fideicomiso; su repercusión sobre el Gobierno central depende de las garantías y compromisos aplicables.
Aplicado a ese principal, el mínimo equivale a RD$2,240 millones anuales: RD$186.7 millones mensuales. No son pagos mensuales acreditados, sino una equivalencia que permite dimensionar la carga financiera.
Para visualizar la magnitud, planteemos un escenario: distribuir esa equivalencia mensual entre 6,750 puestos, cifra de referencia del anuncio de más de 6,750 empleos directos estimados. El resultado sería RD$27,654 por puesto, un 27 % más que el mínimo de RD$21,840 vigente desde junio de 2026 para la categoría superior de hoteles y casinos. Es una comparación ilustrativa, no el costo observado por empleo: deuda y meta laboral pueden abarcar actividades y plazos distintos. La conveniencia del proyecto requiere evaluar todos sus costos y beneficios.
La evaluación debe acreditar cuántos empleos permanentes se crean, con qué salarios y protección social, y qué ingresos generan para las familias. La falta de alternativas no justifica cualquier condición. Pedernales merece oportunidades para superar la pobreza.
En enero de 2026 se anunció que el consorcio liderado por Grupo Puntacana, AFI Reservas y AFI Popular asumiría la gestión del destino. El comunicado de Grupo Puntacana menciona una inversión privada futura de una “suma significativa”, sin desglosar capital pagado ni remuneraciones por administrar. Las fuentes aquí citadas no incluyen el contrato completo con sus anexos. Eso no prueba que no exista o no se haya divulgado por otra vía; obliga a exigir acceso sencillo y verificable.
Tampoco basta con exhibir marcas financieras. SIPEN registró en junio de 2025 RD$16,049.2 millones invertidos en Desarrollo Reservas I desde fondos previsionales. No todo ese monto financia Pro-Pedernales. Sí corresponde explicar la exposición de los beneficiarios: administrar dinero ajeno no convierte ese patrimonio en capital propio.
La participación estatal mínima del 51 % prevista en la Ley 36-24 es una salvaguarda cuyo resultado depende de los contratos y derechos efectivos del Estado. Deben conocerse los votos, vetos, honorarios, operaciones con vinculados y condiciones de salida. También debe verificarse la fiscalización aplicable. El fideicomiso y la corporación son entidades distintas: sus cuentas y transferencias requieren identificación precisa.
Hay además una prueba que ningún récord turístico sustituye: el acceso a nuestras playas. El artículo 15 constitucional reconoce su dominio público y libre acceso, respetando la propiedad privada en los términos legales. Ninguna promesa de empleo justifica desconocer ese derecho. Las comunidades deben participar del desarrollo sin convertirse en extrañas en su propio territorio.
Nuestra propuesta parte de los artículos 7 y 8 constitucionales: dignidad humana, trabajo y bienestar general. Queremos turistas en nuestras calles, campos, pueblos y ciudades, generando oportunidades para comerciantes, productores y comunidades. Un turismo democrático debe pagar salarios dignos, contribuir mediante tributos y respetar el patrimonio público. Proponemos metas verificables de compras locales, formación laboral y empleo permanente; evaluar los incentivos fiscales según sus resultados, y exigir una contraprestación justa por el aprovechamiento privado de bienes públicos. El crecimiento debe ampliar oportunidades y fortalecer el patrimonio colectivo.
Ningún cargo coloca a sus titulares por encima del juicio ciudadano. Construir una imagen de éxito no responde a las preguntas sobre quién aporta el patrimonio, quién asume la deuda y quién recoge los beneficios. Proponemos un informe trimestral público con contratos, aportes efectivos, garantías, remuneraciones, auditorías y resultados sociales y fiscales, acompañado de seguimiento con participación comunitaria. La propaganda no sustituye la rendición de cuentas; la prosperidad debe poder comprobarse.
La patria no se administra como una campaña publicitaria. Se gobierna con principios, cuentas claras y respeto a quienes sostienen el país con su trabajo. La ciudadanía tiene derecho a exigir responsabilidades y decidir un rumbo distinto. Servir al pueblo es un deber; tratar el patrimonio colectivo como propiedad personal jamás será un derecho.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma establece que una vez el Estado designado acepta ejecutar la condena de la Corte Penal Internacional, esta pena será inalterable. Salvo algunas condiciones previamente detalladas por el Estatuto, el Estado no puede modificar la condena ex oficio.
Sin embargo, en el caso de que surjan nuevas circunstancias que no existieren en el momento de aceptar la ejecución y que afectan sustancialmente los términos o duración de la pena, el Estado deberá notificar a la Corte para que esta revise la situación y, de ser necesario, transferir a la persona condenada a otro Estado.
También permite que la Corte Penal Internacional transfiera a la persona condenada a otro Estado en cualquier momento que lo considere necesario.
En resumen, se podría determinar que la ejecución de la pena de prisión es inalterable para el Estado Parte que acepta la persona condenada y esta sujeta a ser modificada solo por la Corte Penal Internacional, o consultando con la Corte de conformidad con el Estatuto de Roma.
Con relación a la fiscalización de la ejecución de las condenas y las condiciones de detención el Estatuto de Roma claramente establece que la CPI tiene primacía y es el ente con la autoridad para tomar decisiones significativas relacionadas con la ejecución de una condena.
El Estatuto también dispone que las condiciones de detención deberán regirse por el derecho interno del Estado que ejecute la condena y ¨deberá ser conforme con los estándares de los tratados internacionales sobre el tratamiento de los privados de liberta¨¨.Adicionalmente, las condiciones no podrán ni mas ni menos favorables que aquellas de los condenados nacionales.
El Estatuto de Roma confirma que la Corte Penal Internacional esta a cargo de supervisar los términos de detención, declarando inequívocamente que ¨las comunicaciones entre la persona condenada y la CPI deberán ser procuradas y confidenciales¨. El Estado deberá permitir la comunicación entre el condenado y la Corte con el fin de asegurar la implementación de esta obligación.