Análisis Noticiosos
Una democracia muy costosa
Por Juan Bolívar Díaz
Los economistas y especialistas en administración deberían dedicar esfuerzos a calcular siquiera aproximadamente el costo que ha tenido para los dominicanos y dominicanas el último proceso electoral. Si lo hicieran se reafirmaría el criterio de que tenemos una democracia insoportablemente cara, además de frágil y primitiva.
En uno de sus informes de la observación del pasado proceso electoral, el movimiento cívico Participación Ciudadana, siguiendo los parámetros de mediciones internacionales, sostuvo que las elecciones dominicanas son las más costosas de América Latina y de las más caras del mundo. Estimando los gastos de la organización electoral, desde el año anterior más el financiamiento del presupuesto nacional a los partidos políticos, concluyó que los comicios salieron a razón de 30.4 dólares por elector.
Esa cifra es desproporcionadamente alta si se compara con los casos de Chile y Costa Rica, donde el costo es de 1.3 y 1.8 dólares por elector, o aún con los 2.3 dólares que le cuesta a cada brasileño. En México el diario El Universal publicó el 3 de julio que las elecciones presidenciales de este año salieron a 118 pesos mexicanos por elector, que a la tasa actual de 12.99 por dólar, equivalen a 9 dólares, menos de la tercera parte del costo dominicano. Si se quiere comparar con países más parecidos a la República Dominicana verifiquemos los 4.1 y 3.7 dólares por elector que cuestan las elecciones en El Salvador y Paraguay. No cabe duda que en este renglón negativo también lideramos, sino en el mundo como en la corrupción, por lo menos en América Latina.
Participación Ciudadana no incluyó en su cálculo el déficit de 700 millones de pesos en que incurrió una ostentosa Junta Central Electoral que regaló computadoras de última generación a los observadores internacionales. Aún así el costo real es mucho mayor si se suman los aportes privados a las campañas, de empresas y contribuyentes individuales, en dinero y especie, y el derivado del asalto político al Estado, en sus múltiples formas, de personal, dietas, vehículos, combustibles, pago clandestino de publicidad, en nominillas y quién sabe cuántas marrullerías adicionales.
El otro costo, aún más descomunal, es el derivado del déficit fiscal, que en los comicios del 2008 y 2010 había sobrepasado los 50 mil millones de pesos, pero que en la primera mitad de este año por lo menos se duplicó. Sin contar con lo que ya había comenzado el año pasado.
Ese déficit fiscal ya lo han pagado los dominicanos en deficiencias de servicios. Y se seguirá pagando con nuevos gravámenes y ajustes de cinturones. Nunca sabremos por completo su soto total, ya que los gobernantes tienen un pacto de silencio sobre el particular, para proteger la buena fama del principal responsable de esa barbaridad, quien acaba de recibir en Canadá el título de Estadista del Año, entre otras razones por su “asombroso” manejo de la economía nacional, de parte de una fundación empresarial sostenida por agradecidas empresas con multimillonarios intereses en el país, como la Barrick Gold.
De cualquier forma, siempre habrá algunas “indiscreciones”, por lo que sabemos que el déficit del sector eléctrico estatal es de 1,800 millones de dólares, unos modestos 72 mil millones de pesos. También que a los hospitales de los pobres los dejaron tres y cuatro meses sin recibir su presupuesto, que Salud Pública debe mil millones de pesos, que a Promese para medicinas populares les deben 600 millones de pesos, que la Procuraduría General le retuvieron 282 millones del subsidio a las cárceles, que a los contratistas del Metro les deben 500 millones de pesos y que la OPREP no tiene ni con que tapar las filtraciones de esa monumental obra.
¿Cuándo le pondremos límites a este primitivismo político, a esta burla a la ley de presupuesto, a estos despojos? ¿Cuándo sancionaremos el delito político? ¿Cuándo dejaremos de ver como “normal” que quienes administren el Estado puedan disponer a su antojo del patrimonio nacional?
Son preguntas que laceran el alma de cualquiera y dejan un gran desafío a todos los que sueñan con una nación civilizada, democrática e insertada en la globalidad y la modernidad de que tanto nos hablan nuestros líderes políticos.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.