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Una iniciativa de un gran valor político, electoral y para la democracia nacional que está llena de fallas y deficiencias.
Por José Cabral
La Junta Central Electoral (JCE) acaba de lanzar una campaña que lleva como título ¨Empadrónate por la Patria que Llevas Dentro¨, la cual persigue motivar a los dominicanos que viven en el exterior a registrarse para votar en las elecciones generales que tendrán lugar en el país en el año 2024.
Mucha gente no entiende todavía que los dominicanos que viven en el exterior son, sin lugar a dudas, el mayor capital social con que cuenta el país para no sólo fortalecer la economía a través de las remesas, la cual es el segundo renglón más importante del Producto Interno Bruto nacional, después del turismo, sino también para contar con una democracia más fuerte y vigorosa.
El dominicano que tiene que irse del país y ser acogido en una nación como los Estados Unidos, la cual cuenta con un Estado muy fuerte institucionalmente hablando, permite que ese inmigrante criollo no sólo esté dotado del espíritu de superación que caracteriza a toda o a la mayoría de las personas en tierras extranjeras, sino también que asimile una serie de valores cívicos, éticos y democráticos que ya se han perdido en la sociedad dominicana.
El criollo que emigra del país se dota de un amor patrio y en consecuencia está mucho más apegado a los anhelos de tener una democracia que al cabo de los años se traduzca en una superación de los atrasos y las deficiencias que afectan al ordenamiento institucional del país.
De ahí que la campaña de la JCE revista una extraordinaria importancia, sobre todo porque en el marco de la Constitución de la República Dominicana la comunidad en el exterior ha pasado a ser una especie de provincia de ultramar que incluso tiene el privilegio de colocar en las curules del Congreso Nacional a siete diputados de la diáspora, pese a que los mismos no han jugado su rol en función de los intereses de sus compatriotas que están fuera del país.
En la actualidad oficialmente se habla que los dominicanos del exterior ya llegan a la cantidad de más de dos millones de personas, pero si a ellos se les agregaran los que no son contados por carecer de documentos que les permite tener un status de legalidad, entonces podría hablarse tal vez de cerca de tres millones de criollos radicados en toda la unión americana.
Es decir, que estos dominicanos cuantitativamente hablando tienen no sólo la fuerza para incidir en la política estadunidense, sino también de cambiar el rumbo equivocado y trágico que vive la democracia dominicana, ya que los partidos que le sirven de soporte y los órganos que conforman el Estado están profundamente corrompidos y que debido a esta realidad la sociedad está permanentemente amenazada.
El gran valor que tiene enamorar a los dominicanos del exterior para que voten es que de entrada éstos no son impactados por la cultura del clientelismo electoral que prevalece en el país, donde a la mayoría de los ciudadanos le compran su voto por cantidades que son un bochorno para cualquier persona que se respete, aunque si lo pagado fuera una cantidad mayor tampoco tiene justificación y esa acción de por sí lesiona y corrompe todo el sistema electoral nacional.
Entonces, el hecho de que no haya ningún precio con el que se pueda comprar el voto de los dominicanos del exterior tiene un gran valor político, jurídico e institucional y a partir de esa premisa se puede decir que ellos, los que viven fuera, son el pilar principal para salvar la democracia que hoy luce peligrosamente amenazada por la corrupción generalizada que impacta a la sociedad dominicana.
Podría afirmarse que los dominicanos del exterior son una especie de recurso que puede salvar la democracia nacional a partir de la extrapolación de una serie de valores cívicos, éticos y democráticos que los asimilan de una sociedad altamente institucionalizada y donde no se tolera que el que quiera acumular fortunas no lo haga a través del libre juego de la oferta y la demanda sin tomar para sí lo que no es de ellos, sino del pueblo en general.
Resultan fortificante las palabras del presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, quien puntualizó que la conquista del voto será fortalecida más que nunca en la historia, al destacar que el Pleno se ha propuesto como meta duplicar la cifra del padrón del exterior de 2020, que contempló la cantidad de 595 mil 879 electores, y llevarlo a 1 millón 191 mil 758 personas empadronadas para el 2024.
Explico el funcionario más importante del órgano comicial dominicano que “Hemos dividido este trabajo en 5 períodos de 4 trimestres y un cuatrimestre: el primer período, inicia precisamente este 1ro. de octubre hasta diciembre de este año; el segundo, de enero a marzo 2023; el tercero, de abril a junio; el cuarto, de junio a septiembre; y el quinto, de octubre a enero de 2024. En cada período la meta a lograr es de 99,794 personas”, resaltó.
La campaña fue inaugurada este lunes en las instalaciones del Aeropuerto Internacional del Cibao (AIC) y contó con la presencia del presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, los miembros titulares Rafael Armando Vallejo, Dolores Fernández, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa; Teófilo Gómez, administrador general del AIC, así como funcionarios y colaboradores de ambas entidades.
El presidente de la JCE destacó que la institución cuenta con 23 oficinas de servicios con sus respectivas OCLEE que equivalen a las Juntas Electorales en el exterior y aprovechó la ocasión para puntualizar que en cada una se priorizará el empadronamiento de los dominicanos y dominicanas, teniendo un día en la semana de horario extendido para que los que trabajan puedan asistir.
“Adicional a esto, viernes, sábado y domingo, en este trimestre tendremos 98 operativos móviles y tendremos 14 puntos fijos a nivel mundial y a nivel local cuatro lugares estratégicos que son los tres aeropuertos y la Dirección de Pasaportes”, manifestó.
El funcionario agregó que, para lograr el objetivo de la JCE, es necesario el involucramiento activo, democrático y justo de los partidos políticos acreditados en cada oficina u OCLEE en el exterior, como también de cada dominicano y dominicana residente en el exterior, de las entidades y organizaciones de la dominicanidad por todo el mundo: “Es necesario el empuje de la Junta, el empuje de todos y de todas porque la democracia no se hace sola, se empuja en conjunto”.
“Corran la voz porque la mayor conquista de los dominicanos y dominicanas en el exterior, que es poder ejercer el derecho al sufragio activo y pasivo, no se puede retrotraer. Al contrario, la meta es fortalecer y priorizar como antes nunca se haya visto el voto en el exterior. Dominicanas y dominicanos, para poder votar en las elecciones presidenciales y de diputación de ultramar en las elecciones del 2024: ¡Empadrónate por la Patria que Llevas Dentro!”, finalizó.
Finalmente, se invitó a quienes deseen tener más detalles sobre los operativos móviles y los puntos fijos, a que visiten la página web de la institución.
Como se ve la campaña va en serio y no pudo ser más idóneo el momento porque todavía falta un buen tiempo para las elecciones del 2024, lo cual permite que los dominicanos del exterior a través de su voto hagan valer su influencia y soporte de la sociedad por sus aportes en remesas que hoy se puede decir que cerca de un 50 por ciento de las familias criollas reciben envíos de dinero del exterior para su manutención diaria y para construir un techo donde vivir.
La Republica Dominicana si no contara con la mejor exportación que ha hecho el país su situación fuera realmente insostenible y peligrosamente explosiva que podría generar un caos generalizado, tal vez de la misma magnitud de lo que ocurre en la hermana nación de Haití.
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Baja calidad de educación no garantiza desarrollo cognitivo en el país pese inversión del 4% del PIB.
Por Elba García
Las quejas han sido constantes y permanentes del bajo nivel de la educación dominicana a pesar de la relativa alta inversión económica hecha en el sector.
Más de un billón de dólares ha invertido el país en un sistema educativo que cada día se degrada y en el que prevalece una corrupción que avergüenza a todos y cada uno de los dominicanos decentes.
Desde 2013 cuando se acordó destinar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana a la educación, el país ha destinado una buena parte de estos recursos para alimentar y estimular el principal flagelo de que adolece la nación, que no es otra cosa que la corrupción administrativa.
El Ministerio de Educación (Minerd) en el 2023 ejecutó el 3.88% del 4% del PIB, lo que equivale a unos 226 mil 232 millones de pesos, la cual es la segunda inversión más alta desde 2013.
En el 2020 fue el año en que se cumplió con el 4%, debido a la pandemia de COVID-19. En ese año, el gasto fue de RD$201,501,223,632.
En cuanto al gasto público per cápita en educación, en 2022 fue de 383 euros por habitante, un aumento del 41,85% respecto a 2021.
En el ranking de países por importe invertido en educación, República Dominicana subió del puesto 70 en 2021 al 63 en 2022. Sin embargo, sigue estando entre los países con un bajo gasto público en educación.
Está demostrado que la educación es el instrumento más ideal y eficiente para lograr un verdadero desarrollo nacional.
Estudios hechos por psicólogos han dado como resultado que el coeficiente intelectual más alto se produce en aquellas naciones donde hay una alta inversión en educación.
Entre todos los países latinoamericanos Uruguay es el que aparece con un más alto coeficiente de inteligencia con 96 puntos, seguido por Argentina con 93 y Chile con 90, pero el nombre de la Republica no figura por ningún lado, lo cual también habla de la poca inversión en esta materia.
El cociente intelectual (CI) ha sido por años un indicador clave para medir las capacidades cognitivas de las personas y un estudio global al respecto, liderado por los psicólogos Richard Lynn y Tatu Vanhanen, destaca a Uruguay como el país con el promedio más alto en América Latina, seguido por Argentina.
En este renglón es importante preguntarse sobre los factores detrás de este desempeño y las implicaciones para el desarrollo socioeconómico de la región.
El caso uruguayo, uno de los países más pequeños del hemisferio, ha captado la atención en el mundo, no solo por su desempeño, sino también por las posibles políticas y condiciones que podrían haber permitido el nivel de desarrollo cognitivo.
El estudio presenta un ranking con los puntajes promedio de CI en los países latinoamericanos, evidenciando una considerable brecha entre las naciones.
Según el análisis de Lynn y Vanhanen, Uruguay tiene un promedio de CI de 96 puntos, ubicándose a la cabeza de América Latina (Archivo)Nicolás Janowski – Lugares
- Uruguay: 96
- Argentina: 93
- Chile: 90
- Costa Rica: 89
- Ecuador y México: 88
- Bolivia y Brasil: 87
- Cuba y Perú: 85
- Colombia, Paraguay y Venezuela: 84
- Honduras: 81
En la investigación quedan claras diferencias sustanciales que podrían estar influenciadas por factores como la inversión en educación, la estabilidad económica y el acceso a recursos básicos.
Los autores del estudio, identifican variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación, y factores socioeconómicos como determinantes en los niveles promedio de CI.
Países con políticas que priorizan la educación, programas de nutrición infantil y acceso a tecnología suelen tener mejores resultados en el desarrollo cognitivo de su población.
Por ejemplo, la exposición a entornos que estimulan la creatividad y el pensamiento crítico desde la infancia es crucial. En contraste, los países que enfrentan desigualdades económicas y educativas tienden a registrar promedios más bajos de CI.
En este tema Singapur saca la cabeza con (108), Corea del Sur (106) y Japón (105), cuyas naciones no solo se destacan por sus inversiones en educación de calidad, sino también por sus avanzados sistemas de investigación, tecnología y políticas públicas orientadas a potenciar el capital humano.
De acuerdo con los autores, variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación y factores socioeconómicos son determinantes en los niveles promedio de CI.
El estudio también subraya la relación entre el CI promedio de un país y su capacidad de desarrollo económico. Países con mayores índices de inteligencia suelen ser más innovadores y eficientes en la resolución de problemas, lo que les permite mantener economías más avanzadas. En este sentido, América Latina tiene una oportunidad significativa: priorizar políticas educativas y sociales que fomenten el desarrollo intelectual como una estrategia para potenciar su crecimiento económico.
El liderazgo de Uruguay en el ranking de CI en América Latina no es casualidad. Su enfoque en políticas públicas inclusivas y su inversión en educación de calidad han sido factores clave para este logro, destaca el estudio. Este ejemplo puede servir como un modelo para otros países de la región que buscan mejorar sus índices de inteligencia y, con ello, su proyección económica a largo plazo.
Sin embargo, el caso de la República Dominicana radica en un problema integral, donde la inversión en educación no es una prioridad y el hecho de que se destinen más recursos al sector no implica una mejoría en la misma, sino un mayor aprovechamiento para el enriquecimiento ilícito.
El 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación, aunque todavía es uno de los más bajos de la región, el monto no deja de ofrecer una buena oportunidad para que el país ocupe otros niveles mundiales en este renglón.
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El “talón de Aquiles” del TC es la revisión de acciones de amparo, vía para reponer derechos fundamentales.
Por Elba García
El Tribunal Constitucional decide con celeridad algunos casos que, si bien envían el mensaje de una cierta fortaleza del Estado de Derecho, hay otros que son manejados mediante lo que se conoce como denegación de justicia.
Es evidente que todos aquellos procesos que tienen una mayor importancia política, el TC los falla en un tiempo relativamente corto, mientras que los recursos de revisión de las acciones de amparo de extrema urgencia duermen el sueño eterno sin que se determine claramente la razón de ello.
Resulta inconcebible que un recurso de revisión de una acción de amparo sea fallado por el Tribunal Constitucional hasta dos años después de haber sido sometido en violación de su propia legalidad, cuya Ley 137-11 habla de 30 días para que se produzca una decisión, pero, además, es como que, si se tratara de la violación del principio de igualdad, el cual ha sido el más trabajado por la referida alta corte.
El criterio con que el TC maneja estos casos deja la impresión de que sus decisiones son retrasadas cuando se trata de examinar jurídicamente la conducta de los partidos políticos, cuyas sentencias no surten el efecto esperado.
No se sabe con claridad cuál es el criterio que la Presidencia del Tribunal Constitucional aplica en los casos que son depositados en su secretaria, pero se entiende que el lugar de mayor preponderancia debía tenerla la revisión de los recursos de amparo porque son asuntos que se refieren a los derechos fundamentales, los cuales son sumarios y se caracterizan por la celeridad.
El tema parece ser una de las principales razones para que mucha gente entienda que el TC tiene la tendencia a no priorizar aquellos casos que tienen que ver con los derechos fundamentales, sobre todo cuando están involucrados los partidos políticos.
La explicación que muchos ciudadanos ven es que los obstáculos para conocer los recursos de revisión de las acciones de amparo electorales provienen de que los partidos políticos juegan un papel fundamental para que se tome una decisión al respecto porque son los que controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que tiene la responsabilidad de escoger a los jueces, incluidos a los del Tribunal Constitucional.
Y ciertamente no parece haber otra razón para que el TC viole en estos casos el articulo 102 de su propia ley orgánica, la 137-11, que manda que los recursos de revisión de amparo sean fallados en un plazo de 30 días.
El Tribunal Constitucional con la facultad que le otorga la Constitución de la Republica y su ley orgánica, la 137-11, debía cuidar su imagen para que no se contamine como ocurre con todo el sistema de justicia, el Congreso Nacional y el propio Poder Ejecutivo.
El desbalance temporal que se observa en el conocimiento de casos que no tienen la misma prioridad que la violación de un derecho fundamental, que generalmente es planteado a través de una acción de amparo, causa preocupación de que el TC caiga en la misma deficiencia que se observa en prácticamente todo el sistema de justicia dominicano.
En los últimos días se ha observado que el Tribunal Constitucional le da prioridad a la acción directa de inconstitucionalidad frente a los recursos de amparo, pese que éste último trata cuestiones que tienen mayor urgencia.
En los actuales momentos hay recursos de revisión de acciones de amparo que tienen depositados en el TC hasta dos años y que no han sido fallados, lo cual pone en tela de juicio en el principal tribunal del país el principio que dice que sentencias tardías es denegación de justicia.
El problema con relación a los recursos de revisión de las acciones de amparo puede ser una causa para el sometimiento de los casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual puede derivar en comprometer civil y penalmente al Estado dominicano.
Pese a que juristas y otros doctrinarios del país no conciben lo ocurrido con el TC en lo que respecta a los recursos de revisión de las acciones de amparo falladas por jurisdicciones especializadas, como el Tribunal Superior Electoral, lo cierto es que parece que todavía pesa mucho la escogencia de los primeros jueces de la alta corte a través del llamado pacto de las corbatas azules.
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Basura y dinero tratados con el mismo criterio en alcaldía de Santiago, cuya carta de presentación es el dispendio.
Son preocupantes las sumas que supuestamente ha invertido la alcaldía de Santiago en recogida de basura, cuyo monto alcanza los tres mil cincuenta y dos millones cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con dos centavos (3,052,144,930.72) para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, según lo ha denunciado un regidor de la oposición.
Sólo en el mes de septiembre del corriente año hubo una licitación con la autorización y firmada por la directora financiera del cabildo, Rosa Morel, por la astronómica suma de dos mil millones cuatrocientos cuarenta y un millones quinientos quince mil doscientos sesenta y cinco pesos (2,441,515,00, lo cual revela las peligrosas andanzas del alcalde Ulises Rodríguez.
El dinero destinado sólo en el mes de octubre del 2024 para los fines indicados, según lo establece la ejecución de ingresos y fuentes de financiamiento correspondientes al referido periodo, llega a los doscientos noventa y siete millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos con sesenta y dos pesos (297,688,538.72.
Pero los gastos excesivos no se paran ahí, sino que en el mes de noviembre se dispuso de la suma de trescientos doce millones novecientos diecisiete pesos (312,941,117 pesos, lo cual advierte que, con la política de compromisos asumidos por el ayuntamiento de Santiago para el pesaje, control y de mantenimiento de las instalaciones y gestión interna de la disposición final de los residuos sólidos en el ecoparque de Rafey Santiago, lleva a una quiebra segura a la ciudad.
El periódico Listín Diario en una investigación realizada al respecto pudo comprobar que los montos establecidos en documentos consultados alcanzan un total de DOP$3,052,144,930.72 (Tres mil cincuenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con setenta y dos centavos), destinados por los trabajos concernientes a la recolección y disposición de los desechos sólidos del municipio en los últimos tres meses del año.
Las alertas al respecto han sido dadas, mientras el municipio de Santiago camina hacia una situación financiera insostenible, todo como resultado de la improvisación y la incapacidad que caracteriza a los funcionarios de la actual administración, encabezada por Ulises Rodríguez.
Además, está sobre la mesa que la mayoría de los contratos de las compañías recolectoras de basura están vencidos, pero que se les paga normalmente. La pregunta que está en el aire y que se espera que alguien pueda responder es por qué los acuerdos de recogida de basura han subido a casi mil millones de pesos, sin que haya una reacción de los regidores del cabildo de Santiago.
Históricamente el ayuntamiento ha sido una fuente de empleos parasitarios utilizados por el partido político en el poder para satisfacer las aspiraciones que se crean a través del llamado clientelismo político, pero además de promover un nivel de corrupción que se expresa a través del principal problema de la ciudad como es la recogida de basura.
Sin embargo, lo que ocurre en la actualidad con la recogida de basura parece ser el nivel más alto de corrupción por parte del actual incumbente, Ulises Rodríguez, lo cual se veía venir por tratarse de un funcionario con una conducta que deja mucho que desear.