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Una Ley de Extinción de Dominio que está por verse si será otra pieza de museo en el sistema de justicia nacional.
Por Elba García
Esta ley tiene como propósito establecer un procedimiento para despojar de bienes ilícitos a todo aquel que no pueda demostrar el origen de sus propiedades o fortunas, la cual no impacta sólo al sector público, sino también al privado.
Esta legislación fue motivo de intensos debates en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, donde está más que demostrado que hay una serie de legisladores comprometidos con los intereses de los que precisamente serian perseguidos por tener bienes que no pueden justificar, principalmente aquellos casos vinculados con la corrupción administrativa y el bajo mundo.
El voto favorable a unanimidad explica la fuerte presión de algunos sectores nacionales, incluido el propio presidente Luis Abinader, quien es el receptor de las exigencias de los Estados Unidos y de la comunidad internacional para que en el país se creen mecanismos de persecución en contra de los que acumulan fortunas sobre la base de lo que no se debe hacer.
Ahora la nueva ley, que es una propuesta que proviene de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de los Estados Unidos, que ha asumido la defensa de las leyes de extinción de dominio que se han aprobado en una serie de países latinoamericanos y que en la República Dominicana no pasaba de ser una quimera, en virtud de los vínculos del sistema de partidos nacional con la corrupción, cuyos dirigentes ven la política como instrumento para la acumulación originaria y para asociarse con algunos sectores empresariales que buscan aumentar sus fortunas a la sombra del Estado.
La extinción de dominio fue aprobada con una abrumadora mayoría en un Senado de la República, el cual intentó sancionar la nueva pieza legislativa con una mayoría simple y como una ley ordinaria, cuando se entiende que la misma no tiene asidero si no es a partir de que sea orgánica por afectar un derecho fundamental como es el de propiedad.
Otro esfuerzo de los legisladores, sobre todo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), hoy en el poder, quienes tenían la tesis de que la ley de extinción dominio debía aprobarse a partir de lo que intentaron pasar como la retrospectividad en sustitución de la figura universal del derecho como es la no retroactividad de la ley, cuyo argumento sólo procuraba cambiar el término por otro de igual significado.
La comisión bicameral que estudiaba la pieza se reunió 29 veces para tratar de ponerse de acuerdo con puntos que su principal escollo consistía en que hay legisladores que querían proteger sus propios pellejos porque su principal meta cuando llegan al Congreso Nacional es diligenciar la consecución de dinero por la vía que sea, incluida la de defender los intereses del que proviene del bajo mundo y que paga muy bien, pero la Cámara Diputados, que le hizo al proyecto más de 36 modificaciones, le puso la tapa al pomo, porque ya era un tema muy recurrente y asfixiante para los que presionan para que convirtiera en ley.
Todavía la nueva ley no está exenta de modificaciones que la mutilen, ya que en la misma se ha consignado el llamado año sabático que otorga la posibilidad de que se inroduzcan cambios que puedan hacerla más eficiente o deficiente para inhabilitarla y evitar que cumpla con su rol.
La ley de “extinción de dominio” persigue despojar de cualquier propiedad, control, disposición o posesión sobre bienes que hayan sido adquiridos a través de actividades ilícitas o contrarias a las normas jurídicas.
Las actividades susceptibles a la extinción de dominio son el tráfico ilegal de drogas, sustancias controladas, humanos, personas, órganos y armas, así como infracciones relacionadas al terrorismo, la pornografía infantil, secuestro, extorsión, falsificación de monedas, entre otros.
Una de las modificaciones que se produjo bajo el nivel de la controversia en torno a la nueva ley, fue la eliminación de retrospectividad, un invento de los legisladores del PRM, para buscar evitar hablar de la conocida retroactividad de la ley, el cual es un principio universal del derecho, pero lo más grave del asunto es que quienes recurrían a esa sofisma eran precisamente abogados con muchos años de ejercicio profesional, como Pedro Catrain, sin importar que esa era un motivo para que la pieza muriera en el Tribunal Constitucional.
Otro elemento que fue modificado para aclarar el concepto de extinción de dominio, fue la sustitución del derecho de propiedad, ya que se habló mucho de las consecuencias que podría sufrir el tercero comprador de buena fe.
En el conocimiento del proyecto se insistió en que la misma se aprobara como una ley orgánica, no como ordinaria, cuyos elementos constituyeron un motivo suficiente para que los diferentes partidos se dieran banquete con la politiquería y la doble moral, algunos de los cuales decían una cosa aunque desearan lo contrario.
En el curso de las discusiones hubo algunos legisladores, sobre todo de la Fuerza del Pueblo, que pedían más tiempo para estudiar las modificaciones al proyecto, ya que si la ley se aplicara como fue aprobado sus garras podrían alcanzar a algunas personas de los que actúan bajo la sombrilla del aspirante presidencial Leonel Fernández.
Ahora la Ley de Extinción de Dominio debe ser promulgada a partir de cuando se inicia el segundo capítulo de esta novela de mala muerte en razón de que su aplicación depende de un sistema de judicial lleno de debilidades, cuyos jueces recurren a argumentos sin sentido para el rechazo de cualquier recurso o abusar de los procesos que se puedan derivar de esta nueva legislación.
Diariamente se ve que el sistema de justicia incurre en la violación de su propia legalidad, ya que los jueces no tienen como ser atacados, a menos que no venga de la voluntad de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, cuya cabeza es también el resultado de la politiquería que promueven los partidos en todos los estamentos de la sociedad.
De antemano, la embajada de los Estados Unidos en el país ha mostrado su satisfacción con la aprobación de la Ley de Extinción de dominio, pero la verdad es que los vientos democráticos que soplan en el mundo ya permiten colegir que los norteamericanos no constituyen una garantía de que esta norma jurídica tenga una cabal aplicación en el país.
Sólo falta ver quién tiene mayor fuerza para que la ley de extinción de dominio sea realmente aplicada, si los que están departe del bajo mundo y la ilegalidad o Estados Unidos, la comunidad internacional o los diputados, senadores, jueces y los que conforman el Poder Ejecutivo, que han mostrado interés en esta pieza o los amplios sectores de la vida nacional que son una especie de contrapeso en contra de los que se inclinan por lo mal hecho.
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Baja calidad de educación no garantiza desarrollo cognitivo en el país pese inversión del 4% del PIB.
Por Elba García
Las quejas han sido constantes y permanentes del bajo nivel de la educación dominicana a pesar de la relativa alta inversión económica hecha en el sector.
Más de un billón de dólares ha invertido el país en un sistema educativo que cada día se degrada y en el que prevalece una corrupción que avergüenza a todos y cada uno de los dominicanos decentes.
Desde 2013 cuando se acordó destinar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana a la educación, el país ha destinado una buena parte de estos recursos para alimentar y estimular el principal flagelo de que adolece la nación, que no es otra cosa que la corrupción administrativa.
El Ministerio de Educación (Minerd) en el 2023 ejecutó el 3.88% del 4% del PIB, lo que equivale a unos 226 mil 232 millones de pesos, la cual es la segunda inversión más alta desde 2013.
En el 2020 fue el año en que se cumplió con el 4%, debido a la pandemia de COVID-19. En ese año, el gasto fue de RD$201,501,223,632.
En cuanto al gasto público per cápita en educación, en 2022 fue de 383 euros por habitante, un aumento del 41,85% respecto a 2021.
En el ranking de países por importe invertido en educación, República Dominicana subió del puesto 70 en 2021 al 63 en 2022. Sin embargo, sigue estando entre los países con un bajo gasto público en educación.
Está demostrado que la educación es el instrumento más ideal y eficiente para lograr un verdadero desarrollo nacional.
Estudios hechos por psicólogos han dado como resultado que el coeficiente intelectual más alto se produce en aquellas naciones donde hay una alta inversión en educación.
Entre todos los países latinoamericanos Uruguay es el que aparece con un más alto coeficiente de inteligencia con 96 puntos, seguido por Argentina con 93 y Chile con 90, pero el nombre de la Republica no figura por ningún lado, lo cual también habla de la poca inversión en esta materia.
El cociente intelectual (CI) ha sido por años un indicador clave para medir las capacidades cognitivas de las personas y un estudio global al respecto, liderado por los psicólogos Richard Lynn y Tatu Vanhanen, destaca a Uruguay como el país con el promedio más alto en América Latina, seguido por Argentina.
En este renglón es importante preguntarse sobre los factores detrás de este desempeño y las implicaciones para el desarrollo socioeconómico de la región.
El caso uruguayo, uno de los países más pequeños del hemisferio, ha captado la atención en el mundo, no solo por su desempeño, sino también por las posibles políticas y condiciones que podrían haber permitido el nivel de desarrollo cognitivo.
El estudio presenta un ranking con los puntajes promedio de CI en los países latinoamericanos, evidenciando una considerable brecha entre las naciones.
Según el análisis de Lynn y Vanhanen, Uruguay tiene un promedio de CI de 96 puntos, ubicándose a la cabeza de América Latina (Archivo)Nicolás Janowski – Lugares
- Uruguay: 96
- Argentina: 93
- Chile: 90
- Costa Rica: 89
- Ecuador y México: 88
- Bolivia y Brasil: 87
- Cuba y Perú: 85
- Colombia, Paraguay y Venezuela: 84
- Honduras: 81
En la investigación quedan claras diferencias sustanciales que podrían estar influenciadas por factores como la inversión en educación, la estabilidad económica y el acceso a recursos básicos.
Los autores del estudio, identifican variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación, y factores socioeconómicos como determinantes en los niveles promedio de CI.
Países con políticas que priorizan la educación, programas de nutrición infantil y acceso a tecnología suelen tener mejores resultados en el desarrollo cognitivo de su población.
Por ejemplo, la exposición a entornos que estimulan la creatividad y el pensamiento crítico desde la infancia es crucial. En contraste, los países que enfrentan desigualdades económicas y educativas tienden a registrar promedios más bajos de CI.
En este tema Singapur saca la cabeza con (108), Corea del Sur (106) y Japón (105), cuyas naciones no solo se destacan por sus inversiones en educación de calidad, sino también por sus avanzados sistemas de investigación, tecnología y políticas públicas orientadas a potenciar el capital humano.
De acuerdo con los autores, variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación y factores socioeconómicos son determinantes en los niveles promedio de CI.
El estudio también subraya la relación entre el CI promedio de un país y su capacidad de desarrollo económico. Países con mayores índices de inteligencia suelen ser más innovadores y eficientes en la resolución de problemas, lo que les permite mantener economías más avanzadas. En este sentido, América Latina tiene una oportunidad significativa: priorizar políticas educativas y sociales que fomenten el desarrollo intelectual como una estrategia para potenciar su crecimiento económico.
El liderazgo de Uruguay en el ranking de CI en América Latina no es casualidad. Su enfoque en políticas públicas inclusivas y su inversión en educación de calidad han sido factores clave para este logro, destaca el estudio. Este ejemplo puede servir como un modelo para otros países de la región que buscan mejorar sus índices de inteligencia y, con ello, su proyección económica a largo plazo.
Sin embargo, el caso de la República Dominicana radica en un problema integral, donde la inversión en educación no es una prioridad y el hecho de que se destinen más recursos al sector no implica una mejoría en la misma, sino un mayor aprovechamiento para el enriquecimiento ilícito.
El 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación, aunque todavía es uno de los más bajos de la región, el monto no deja de ofrecer una buena oportunidad para que el país ocupe otros niveles mundiales en este renglón.
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El “talón de Aquiles” del TC es la revisión de acciones de amparo, vía para reponer derechos fundamentales.
Por Elba García
El Tribunal Constitucional decide con celeridad algunos casos que, si bien envían el mensaje de una cierta fortaleza del Estado de Derecho, hay otros que son manejados mediante lo que se conoce como denegación de justicia.
Es evidente que todos aquellos procesos que tienen una mayor importancia política, el TC los falla en un tiempo relativamente corto, mientras que los recursos de revisión de las acciones de amparo de extrema urgencia duermen el sueño eterno sin que se determine claramente la razón de ello.
Resulta inconcebible que un recurso de revisión de una acción de amparo sea fallado por el Tribunal Constitucional hasta dos años después de haber sido sometido en violación de su propia legalidad, cuya Ley 137-11 habla de 30 días para que se produzca una decisión, pero, además, es como que, si se tratara de la violación del principio de igualdad, el cual ha sido el más trabajado por la referida alta corte.
El criterio con que el TC maneja estos casos deja la impresión de que sus decisiones son retrasadas cuando se trata de examinar jurídicamente la conducta de los partidos políticos, cuyas sentencias no surten el efecto esperado.
No se sabe con claridad cuál es el criterio que la Presidencia del Tribunal Constitucional aplica en los casos que son depositados en su secretaria, pero se entiende que el lugar de mayor preponderancia debía tenerla la revisión de los recursos de amparo porque son asuntos que se refieren a los derechos fundamentales, los cuales son sumarios y se caracterizan por la celeridad.
El tema parece ser una de las principales razones para que mucha gente entienda que el TC tiene la tendencia a no priorizar aquellos casos que tienen que ver con los derechos fundamentales, sobre todo cuando están involucrados los partidos políticos.
La explicación que muchos ciudadanos ven es que los obstáculos para conocer los recursos de revisión de las acciones de amparo electorales provienen de que los partidos políticos juegan un papel fundamental para que se tome una decisión al respecto porque son los que controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que tiene la responsabilidad de escoger a los jueces, incluidos a los del Tribunal Constitucional.
Y ciertamente no parece haber otra razón para que el TC viole en estos casos el articulo 102 de su propia ley orgánica, la 137-11, que manda que los recursos de revisión de amparo sean fallados en un plazo de 30 días.
El Tribunal Constitucional con la facultad que le otorga la Constitución de la Republica y su ley orgánica, la 137-11, debía cuidar su imagen para que no se contamine como ocurre con todo el sistema de justicia, el Congreso Nacional y el propio Poder Ejecutivo.
El desbalance temporal que se observa en el conocimiento de casos que no tienen la misma prioridad que la violación de un derecho fundamental, que generalmente es planteado a través de una acción de amparo, causa preocupación de que el TC caiga en la misma deficiencia que se observa en prácticamente todo el sistema de justicia dominicano.
En los últimos días se ha observado que el Tribunal Constitucional le da prioridad a la acción directa de inconstitucionalidad frente a los recursos de amparo, pese que éste último trata cuestiones que tienen mayor urgencia.
En los actuales momentos hay recursos de revisión de acciones de amparo que tienen depositados en el TC hasta dos años y que no han sido fallados, lo cual pone en tela de juicio en el principal tribunal del país el principio que dice que sentencias tardías es denegación de justicia.
El problema con relación a los recursos de revisión de las acciones de amparo puede ser una causa para el sometimiento de los casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual puede derivar en comprometer civil y penalmente al Estado dominicano.
Pese a que juristas y otros doctrinarios del país no conciben lo ocurrido con el TC en lo que respecta a los recursos de revisión de las acciones de amparo falladas por jurisdicciones especializadas, como el Tribunal Superior Electoral, lo cierto es que parece que todavía pesa mucho la escogencia de los primeros jueces de la alta corte a través del llamado pacto de las corbatas azules.
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Basura y dinero tratados con el mismo criterio en alcaldía de Santiago, cuya carta de presentación es el dispendio.
Son preocupantes las sumas que supuestamente ha invertido la alcaldía de Santiago en recogida de basura, cuyo monto alcanza los tres mil cincuenta y dos millones cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con dos centavos (3,052,144,930.72) para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, según lo ha denunciado un regidor de la oposición.
Sólo en el mes de septiembre del corriente año hubo una licitación con la autorización y firmada por la directora financiera del cabildo, Rosa Morel, por la astronómica suma de dos mil millones cuatrocientos cuarenta y un millones quinientos quince mil doscientos sesenta y cinco pesos (2,441,515,00, lo cual revela las peligrosas andanzas del alcalde Ulises Rodríguez.
El dinero destinado sólo en el mes de octubre del 2024 para los fines indicados, según lo establece la ejecución de ingresos y fuentes de financiamiento correspondientes al referido periodo, llega a los doscientos noventa y siete millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos con sesenta y dos pesos (297,688,538.72.
Pero los gastos excesivos no se paran ahí, sino que en el mes de noviembre se dispuso de la suma de trescientos doce millones novecientos diecisiete pesos (312,941,117 pesos, lo cual advierte que, con la política de compromisos asumidos por el ayuntamiento de Santiago para el pesaje, control y de mantenimiento de las instalaciones y gestión interna de la disposición final de los residuos sólidos en el ecoparque de Rafey Santiago, lleva a una quiebra segura a la ciudad.
El periódico Listín Diario en una investigación realizada al respecto pudo comprobar que los montos establecidos en documentos consultados alcanzan un total de DOP$3,052,144,930.72 (Tres mil cincuenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con setenta y dos centavos), destinados por los trabajos concernientes a la recolección y disposición de los desechos sólidos del municipio en los últimos tres meses del año.
Las alertas al respecto han sido dadas, mientras el municipio de Santiago camina hacia una situación financiera insostenible, todo como resultado de la improvisación y la incapacidad que caracteriza a los funcionarios de la actual administración, encabezada por Ulises Rodríguez.
Además, está sobre la mesa que la mayoría de los contratos de las compañías recolectoras de basura están vencidos, pero que se les paga normalmente. La pregunta que está en el aire y que se espera que alguien pueda responder es por qué los acuerdos de recogida de basura han subido a casi mil millones de pesos, sin que haya una reacción de los regidores del cabildo de Santiago.
Históricamente el ayuntamiento ha sido una fuente de empleos parasitarios utilizados por el partido político en el poder para satisfacer las aspiraciones que se crean a través del llamado clientelismo político, pero además de promover un nivel de corrupción que se expresa a través del principal problema de la ciudad como es la recogida de basura.
Sin embargo, lo que ocurre en la actualidad con la recogida de basura parece ser el nivel más alto de corrupción por parte del actual incumbente, Ulises Rodríguez, lo cual se veía venir por tratarse de un funcionario con una conducta que deja mucho que desear.