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Medida ilegal que no es justificable con la no ejecución presupuestaria ni por la mala calidad del gasto en Educación.
Por Elba García
El cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) es un logro de los sectores organizados de la sociedad dominicana y muy especialmente de la Marcha Verde, cuya conquista involucró a gente de la clase media y baja que consideraban una gran necesidad mejorar el presupuesto del Ministerio de Educación.
Este mismo diario en su momento advirtió que la lucha por el cuatro por ciento tenía sus cosas buenas y malas, ya que los precarios niveles de fiscalización del Estado y el clientelismo crearían grandes distorsiones con el logro de ese propósito e iban a provocar que el que tuviera el control de ese órgano se vería mucho más tentado por la gran cantidad de dinero que circularía por esa institución.
El tiempo se ha encargado de darnos la razón, aunque siempre promovimos el 4 por ciento, porque en estos momentos los recursos que recibe Educación, han servido para lo mismo que ha sido utilizado el presupuesto nacional, cuyo propósito principal es enriquecer a personas físicas y jurídicas que se aprovechan del trafico de influencia y de la corrupción administrativa que campea por doquier en el Estado.
Los escándalos van y vienen y todo el que llega al Ministerio de Educación, de buenas a primeras, se convierte en aspirante presidencial, porque tiene bajo su control tanto dinero que llega a creerse cuando menos un príncipe o un jeque árabe.
En los últimos años son muchos los que han querido convertirse en candidatos presidenciales luego de pasar por el Minerd, como por ejemplo Carlos Amarante Baret, Andrés Navarro, entre otros, quienes nadie puede negar que entraron pobres a ese ministerio y salieron ricos.
El último que se vio contagiado con el afán de acumular fortuna en Educación fue Roberto Fulcar, quien se consideró intocable en ese puesto por los vínculos establecido con el presidente Luis Abinader.
Después de todos estos dolores de cabeza con el cuatro por ciento, al presidente Luis Abinader se le ocurre someter un presupuesto complementario que despojaría a Educación de cuatro mil millones de pesos para ser distribuidos entre otros órganos del Estado, incluido el Poder Ejecutivo, ya que una partida de esa suma está destinada a una cuenta que maneja discresionalmente el mandatario.
Estos errores del Gobierno generan criticas legitimas de aquellos que también han sido beneficiarios de la forma alegre como se maneja el dinero del cuatro por ciento, como por ejemplo el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Ese error de Abinader se convierte en caldo de cultivo para una serie de personajes que han pasado por el Estado y lo menos que han tenido es pudor y honestidad en el manejo del patrimonio público, pero que además nunca vigilaron desde sus funciones públicas para que se cumpliera con el 4 por ciento.
Lo que mucha gente no entiende es que desde la aprobación del 4 por ciento tras una larga lucha en ese sentido de la sociedad dominicana, nunca se ha cumplido con ese mandato y que lo aplicado desde el año 2013 hasta ahora no supera el 3.8, lo cual indica que en lo respecta a este logro también los políticos han sabido engañar al pueblo dominicano.
Ahora el Gobierno da una explicación que aunque parece lógica, la cual consiste en que Educación no ejecutaría alrededor de unos ocho mil millones de pesos de lo asignado y que lo que ha buscado con el presupuesto complementario es transferir a otros órganos del Estado ese dinero, pero entonces las autoridades caen en lo ha sido una norma en su gestión, que no es otra cosa que violar la legislación sobre la materia, la Ley 66-97 y el artículo 63, literal 10, de la Constitución de la República, porque la propia Carta Magna prohíbe que haya alguna transferencia de fondos desde esta instancia a otras de la administración pública.
Una cosa que no se entiende es por qué el presidente en vez de querer desviar parte de los fondos del 4 por ciento, que es una asignación por ley, no busca mejorar la calidad del gasto en el Ministerio de Educación, aunque no se puede negar que ello es algo aparentemente quimérico en virtud de que el problema del Estado es integral y que no se soluciona sólo con buenas intenciones, si es que existieran.
Muy difícilmente los amplios sectores de la vida nacional van a apoyar al Gobierno en semejante contrasentido, ya que si bien es cierto que el 4 por ciento ha servido de poco para mejorar la educación dominicana, lo cierto es que no hay nada que justifique que ese logro desaparezca cuando lo que se exige es que las autoridades fiscalicen y supervisen mejor el dinero que se maneja por ese concepto en Educación.
El Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se la pasan cometiendo errores que luego quieren enmendar, pero que en realidad los mismos son tan graves que en vez de proyectar la idea de que las autoridades escuchan y toman en cuenta la reacción de la gente, las medidas revelan un nivel de improvisación que da miedo, porque demuestran que no saben cómo debe manejarse el Estado.
Ya hay quienes atribuyen la intención del Ejecutivo con desviar cuatro mil millones del cuatro por ciento a otros órganos del Estado, incluida una partida de cuatrocientos millones a la cuenta que maneja discrecionalmente el presidente de la República, a las pretensiones reeleccionistas de Luis Abinader, lo cual no deja de tener asidero.
El proyecto de ley de presupuesto complementario modifica el Presupuesto General del Estado para el año 2022, que contempla una reducción de alrededor de 4 mil millones de pesos a las partidas del Ministerio de Educación.
La iniciativa fue depositada en la Cámara de Diputados el pasado mes de agosto y en la actualidad es conocida por una comisión especial, pero son pocos los que consideran que este plan no se ejecute si es a partir del comportamiento que ha tenido el Congreso Nacional en la presente gestión, cuyos senadores y diputados ha sido realmente, como siempre se ha dicho, un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el gran dique de contención para que se convierta en un hecho el contrasentido del Gobierno es, principalmente, el empoderamiento ciudadano y el papel que juegan ahora en la gobernanza las redes sociales.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.