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JCE con muchas nebulosas que se deben despejar, incluidas acciones al margen de la ley.
El nuevo presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, está compelido a despejar muchas de las nebulosas que todavía cubren el panorama político nacional por el manejo dado a las pasadas elecciones generales de la República Dominicana por el pleno que sale de tan importante instrumento de la democracia nacional, con acciones y comportamientos al margen de la ley, entre cuyos actores estuvieron los partidos políticos dominicanos, incluidos los de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM).
Fue una gran demostración de ineptitud, negligencia y complicidad de una JCE a la que se le denunciaron una serie de irregularidades que nunca ese órgano enfrentó, no sólo con transparencia y rectitud, sino con por menos acogerse a ley sobre la materia, lo cual puso en una peligrosa situación la democracia dominicana.
En el proceso electoral hubo un comportamiento antiético y cuestionable de ambas partidos mayoritarios, los cuales iban desde imponer candidaturas al margen de la ley con la complicidad de algunos funcionarios electorales, hasta convencer a miembros de la JCE para que se hicieran de la vista gorda de irregularidades sumamente graves.
Sin embargo, el lastre más pesado que cae sobre el nuevo presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez, es transparentar, entre otras situaciones, el manejo dado a los fondos que aporta el Estado dominicano a los partidos políticos, cuya mayoría falsifica documentos para justificar gastos que nunca hacen.
La JCE nunca ha manejado como manda la ley el problema planteado y esa forma mafiosa de administrar los recursos públicos, fruto de políticas impositivas implementadas sobre la base de la misma filosofía, que mancha a la clase política nacional, ya que incluso los llamados partidos alternativos y de izquierda se llevan ese dinero a sus bolsillos, lo cual constituye un robo de los tantos que se cometen en contra del patrimonio público.
El nuevo Pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por el recién escogido presidente de este órgano comicial, tiene la responsabilidad de exhibir su vocación de respeto a la ley con someter a todos los partidos políticos a un nivel de fiscalización lo suficientemente minuciosa para determinar cómo es que manejan el dinero público una gran cantidad de organizaciones políticas controladas con un criterio mafioso por dos o tres dirigentes sin rendirles cuenta a los demás que conforman su órganos de dirección.
Por ahí hay un gran caldo de cultivo que podría contribuir a mejorar una democracia de papel, en la que prevalecen, más que nada, una serie de actitudes tramposas y negadoras de los derechos que tiene el pueblo dominicano de saber hacia dónde van los recursos económicos que se canalizan a través del Estado para lograr una mejor sociedad.
No parece haber un solo partido que pueda tirar la primera piedra, aunque en toda regla hay su excepción y probablemente ésta esté representada por Alianza País, que ha sido la única que incluso devolvió parte de los fondos recibidos de la Junta Central Electoral.
Este problema es tan grave que algunos de esos partiditos han enriquecido a algunos de sus dirigentes mediante los fondos que otorga la JCE, ya que el asunto se maneja con un criterio tan mafioso que los fundadores de los mismos actúan a partir de lo que ha sido en el país la cultura patrimonialista y corrupta de la clase política nacional.
Si Román Jáquez logra transparentar lo que ocurre con los fondos que se les otorgan a los partidos políticos sobre la base de lo establecido en la ley, tal y como se condujo en su función de presidente del Tribunal Superior Electoral, otro gallo cantará en la República Dominicana, porque aquella organización que no pueda justificar ningún gasto del dinero entregado tendrá que devolverlo al órgano comicial.
No basta con venderse la imagen de independiente, sino de tomar acciones dirigidas a transparentar todo el quehacer político nacional, pero principalmente hacia dónde van los fondos que reciben los partidos políticos por tratarse de un barril sin fondo que se traga cualquier economía, no importa que grande sea.
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Pretensiones imperiales toman tanto impulso con la era trompista que prácticamente borra del mapa el derecho internacional
El mundo atraviesa por grandes tensiones como resultado de las no disimuladas acciones de la administración Trump de retornar el planeta a una selva en la que no se respetan derechos, no sólo de las personas físicas, sino también de los Estados.
Hablar después de lo ocurrido en Venezuela con la incursión militar de EE.UU. para la aparente aprehensión de Maduro, cuyo real trasfondo es apropiarse de sus riquezas naturales, principalmente del petróleo, lo que ha tomado un curso que implica una conducta al margen de la ley sirve para justificar otras que tienen la misma característica.
Es decir que un Estado ocupar el territorio de otro es una medida al margen del derecho internacional contenido en tratados y convenciones y muy concretamente en la Carta de la ONU.
Y ello crea una situación que pone en peligro los territorios soberanos que conforman el mundo y que justificarlo o tolerarlo mínimamente conlleva que las diferentes sociedades se rijan por la Edad de Piedra en la que el más grande se traga al más chiquito, cuya opción parece predominar en los Estados Unidos, donde se impone la irracionalidad y la falta de razonabilidad.
La vulneración de las fronteras toma tanta fuerza que ahora la administración Trump habla de que por razones de seguridad debe tomar por la fuerza a Groenlandia, isla autónoma de Dinamarca, sino que igual manera amenaza el imperio en contra de Colombia y México mediante la excusa de combatir el narcotráfico.
Lo preocupante del fenómeno es que los medios de comunicación y una serie de gobiernos justifiquen el apresamiento de Maduro y en consecuencia den luz verde de intervención de un Estado en contra de otro que se supone que debe tener sus propios mecanismos de solución de cualquier distorsión del Estado Social Democrático y de Derecho.
Las acciones ilegales del imperio del norte toman tanta fuerza que ya el tema se aborda como si se hablara de una acción legal y legítima, lo cual a Trump a decir que sus funcionarios tendrán el control de Venezuela.
Este peligro no sólo se observa en los actuales momentos en que Maduro, un presidente seriamente cuestionado por la comunidad internacional, pero cuyo apresamiento es ilegal desde cualquier perspectiva que se vea.
De manera que una o varias acciones ilegales, no puede generar otras que se apoyen en derechos, porque entonces se entra en una contradicción con el derecho internacional.
Hay una famosa expresión muy popular que dice que se camufla cuchillo para su propia garganta, lo que pone en una situación muy difícil a los gobiernos que se prestan a ese juego como la República Dominicana y otras naciones de los hemisferios occidental y orientar, cuyas soberanías están muy mancilladas.
Son de tanto peso los controles imperiales, que la sola amenaza de violar su soberanía y su territorio surten unos efectos que no se habían logrado mediante la presión mediática y a través de organismos de concertación pública de carácter internacional.
Inexplicablemente este comportamiento hegemónico se empodera, mientras el derecho internacional muere sin que los países víctimas den una respuesta en bloque como una forma de sustentarse en la herramienta que lo salvaría de la barbarie como lo constituye el derecho internacional.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.