Opinión
Una oportunidad para Colombia
Por Juan Bolívar Díaz
El tiempo ha demostrado que la guerrilla no tiene posibilidad alguna de ganar la guerra. Tampoco puede ya encontrar solidaridad ni apoyo internacional significativo.
En este continente latinoamericano de tantas ignominias y violencia institucionalizada, no hay un país que merezca más una oportunidad para la paz como Colombia. No es que la guerra comenzó con el asesinato de Gaitán que generó la indignación del Bogotazo con su devastación y tres mil muertos en 1948, como se pretende. No, la guerra data del origen mismo de la gran nación y se extendió como un fantasma inextinguible a lo largo del millón 142 mil kilómetros cuadrados de montañas, selvas, llanos y acuíferos donde cabe 24 veces la República Dominicana, a través de los dos últimos siglos, como cuenta Gabriel García Márquez en sus memorias Vivir para Contarla.
No fueron los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ni los del Ejército Revolucionario del Pueblo, ni el Ejército Popular de Liberación los que iniciaron la guerra. Tampoco el Ejército de Liberación Nacional, el Frente Unido de Acción Revolucionaria ni el Movimiento 19 de Abril (M-19). Todas esas y otras nomenclaturas de tendencias soviéticas, chinas, cubanas o de orientación nacionalista fueron reacciones a dos siglos de violencia institucionalizada, a la guerra de los mil días, a la masacre de las bananeras de 1928, al asesinato de Eliezer Gaitán en 1948, al exterminio y el despojo oligárquico, del ejército, de grupos paramilitares, de la dominación bipartidista de liberales y conservadores, de la corrupción sin tregua ni límites y del asesinato selectivo que se llevó a una decena de candidatos presidenciales a cientos de dirigentes políticos y a miles de militantes de partidos y grupos que se aferraron al juego de la legalidad.
No se puede hablar superficialmente de devolver la paz a una nación que nunca la ha tenido, donde la violencia es endémica. De lo que debería escribirse es de construir la paz para los 48 millones de colombianos que viven en su país y otros dos millones dispersos por el mundo, especialmente para los millones de desplazados, exiliados internos, para los despojados de la tierra y los herederos de la violencia.
Si larga ha sido esta ignominiosa cadena de genocidios, persistente también ha sido la búsqueda de la paz, una y otra vez fallida en las últimas cuatro décadas. Ningún observador honrado puede ignorar lo ocurrido con el M-19 que, tras el acuerdo de paz y desmovilización al caer los ochenta, se constituyó en Unión Patriótica, recibió el asesinato con su candidato presidencial Carlos Pizarro en 1990, cuando era un fuerte candidato a la presidencia. La misma suerte corrieron más de cinco mil exguerrilleros y militantes que se acogieron a la ley, exterminados selectivamente por los organismos de seguridad del Estado, los paramilitares y los sicarios de toda laya.
No hay dudas que la terrible suerte corrida por el desmovilizado M-19, el mismo que ocupó la embajada dominicana el 27 de febrero de 1980, con siete de sus diez miembros de su directorio nacional asesinados, ha dificultado en extremo todos los intentos de paz posteriores, especialmente con las FARC, la mayor organización guerrillera latinoamericana de todos los tiempos, que llegó a integrar entre 12 y 15 mil combatientes y dominó territorios más grandes que el dominicano. Manuel Marulanda Vélez, el legendario Tirofijo, prefirió extinguirse en su territorio liberado a dejarse matar en campaña electoral con un tiro en la frente como Carlos Pizarro, Jaime Pardo o Bernardo Jaramillo.
Tampoco hay dudas que la FARC se institucionalizó en la violencia de todo género, llegando al paroxismo del secuestro indiscriminado (se le cuentan hasta 27 mil), del asesinato atroz y la crueldad de las ergástulas, que no perdonó ni siquiera a mujeres que enarbolaban la paz y denunciaban la corrupción y la violencia institucionalizada como Ingrid Betancurt y Piedad Córdova, humilladas hasta lo inverosímil. Perdieron hasta la capacidad para interpretar el clamor internacional por la liberación de sus rehenes.
Ahora que llevan dos años de esfuerzos constructivos de paz, que han encontrado un interlocutor tan firme y decidido como el presidente Juan Santos, la sobreviviente jefatura de la FARC no puede encontrar el menor justificativo para el secuestro del general Rubén Darío Alzate y varios acompañantes que no estaban en combate. El tiempo ha demostrado que la guerrilla no tiene posibilidad alguna de ganar la guerra. Tampoco puede ya encontrar solidaridad ni apoyo internacional significativo. Pero por encima de todo, y ahora que hasta los familiares de las víctimas lo claman y se muestran dispuestos a perdonar, Colombia merece una nueva oportunidad para la paz. –
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
.
La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.