Opinión
Unas primarias pervertidas y un CONEP que las bendice
Por Narciso Isa Conde
La realidad es más tozuda que el poderoso coro -que desde la JCE, el CONEP, la Comisión Electoral del PLD, facciones de la partidocracia corrompida y ciertas jerarquías eclesiales- falsifica o remplaza lo acontecido en las elecciones primarias por una fantasía convenientemente ajustada a sus espurios intereses.
La verdad comprobada es que, a pesar de ese concierto de mentiras, la competencia pre-electoral del pasado 6 de octubre, resultó corrompida en alto grado por quienes la ganaron y por quienes la perdieron.
En esa competencia inter-mafias político-empresariales, a los vencidos por las vagabunderías de la asociación delictiva estatal-privada dominante dentro del partido morado, les ha resultado imposible ocultar su pasado reciente abarrotado de fechorías y solo le queda desplegar una simulación propia de victimas sin credibilidad.
Las maromas de Leonel Fernández y su “leonelismo”, podrían incluso basarse o no en verdades o medias verdades “templarias”; pero ciertamente no lucen confiables en labios de quienes desde el 1996 se lanzaron al fango de la corruptela, el neoliberalismo, las trampas y los abusos de poder.
A una oposición conservadora y de parecida calaña histórica, menos necesitada de tantas malas artes en sus pugnas y un patrón de votantes mucho más reducido, no le fue necesario llegar a esos extremos; aunque ciertamente las primarias del PLD muestran lo que le espera a la pugna Abinader-Gonzalo de cara al 20-20.
Esto así, porque en esa competencia facinerosa que se anuncia para el año próximo, ese tipo de oposición electoralista tendrá que asumir como propia mucha basura agregada y colocarse en tesitura parecida a la del oficialismo, dada que esa es la dinámica inexorable de un sistema y un escenario electoral podrido.
En realidad los hechos acaecidos y las sucias reglas de juegos aceptadas previamente por el leonelismo y el perremeismo (objetadas con energía solo después de palo dado en el curso del pataleo), indican que lo peor es lo que falta de cara a los comicios del 2020, más aun con el aliento que le ha dado el CONEP a toda esta degradación política.
- CONEP Y ENTIDADES DEL PODER PERMANENTE OCULTAN LO INOCULTABLE.
La complicidad de los híper-millonarios que controlan el CONEP está siendo develada por su afán de sustituir está realidad con sus alabanzas a la JCE y a las referidas primarias:
-Compra de votos y cédulas.
-Sobornos de todo tipo y montón de, precandidatos en procura de impunidad.
-Uso de dinero acumulado en las pasadas fiestas de la corrupción, negociaciones con narcos, repartos ron, pica-pollos y hasta de punto de drogas.
-Uso de los presupuestos y recursos materiales de alcaldías, congreso y gobierno.
-Inversiones empresariales espurias.
-Traslado compulsivo de votantes.
Cierto que lo mucho en la corrupción del Partido de la Liberación Dominicana-PLD y del gobierno que encabeza sobresalieron y arroparon hasta la saturación. Pero el tema es propio de gran parte del sistema de partidos y sus facciones.
En el seno del PLD se potenció la degradación porque en su seno se produjo un fuerte choque entre dos facciones graduadas “suma cum laude” en delitos de Estado y trampas: una, la leonelista, bajo el mando del ex-presidente Leonel Fernández), empleando lo que se robó durante sus tres anteriores gobiernos corruptos y neoliberales; y la otra, la danilista, liderada por el propio Presidente Danilo Medina), de igual calaña, ahora con más poder estatal, disponiendo del dinero atracado durante su gestión de Estado, junto a las ventajas que da poder volcar impunemente el aparato estatal y sus recursos frescos contra su adversario interno.
En el seno de PRM, Luis Abinader -nuevo pupilo de la política gringa, comprometido con las agresiones a Venezuela- se impuso por amplio margen a otro conservador, el veterano ex-presidente Hipólito Mejía, dentro de una competencia aburrida y caracterizada por una baja concurrencia.
Los resultados, por tanto ameritan, ser tratados sin contemplaciones en los siguientes términos, si no se opta por encubrir lo acontecido:
-La primera facción del PLD postuló a Fernández y la segunda al Ministro de Obras Públicas y comunicaciones Gonzalo Castillo, quien se impuso con un 1% de ventaja, en una competencia caracterizada por los fraudes a cargo de ambas partes.
-A la facción del Presidente Medina le favoreció finalmente su control del sistema electoral, de sus mecanismos de conteo, propagandización, fiscalización, reglas de juego y arbitraje de las votaciones; y su previa gravitación en la confección de las leyes de partidos y electoral; previa captura de las demás instituciones con cartas en ese y otros asuntos: Ministerio Público, Poder Judicial, Altas Cortes, Poder Ejecutivo y Gobierno Central.
Por todo esto es ilusorio hablar de transparencia en cualesquiera de las variantes de conteo (manual o automático), como en la puesta en práctica de cualquier mecanismo de fiscalización revisión y auditoría, porque todo fue contaminado. Y se quedó así.
Corrupción e impunidad, nueva vez, evidenciaron que se han tornado sistémicas y endémicas; conformando todo un gran mecanismo o sistema, del cual forman parte el conjunto de partidos que han dominado en este país la institucionalidad establecida durante más de medio siglo.
- .PERSPECTIVAS OMINOSAS HACIA EL 2020.
Engañan incluso quienes reconocen el fraude para no confrontar e insisten en que dentro de esta institucionalidad, con la actual Junta Central Electoral-JCE de Castaños, vigente el Gobierno de Danilo-PLD y este sistema de corrupción e impunidad imperantes, será posible corregir los fraudes y la podredumbre desplegados en estas primarias.
Vivimos solo el prólogo de lo que viene. El 20-20 pinta para peor porque el partido-Estado, la corporación mafiosa, con Leonel o sin él dentro, se apresta a de repetir en grande lo acontecido, por imperiosa necesidad. Y para que no sea así habría que desplazar ese poder desde las calles, porque las elecciones y el Estado pudrieron.
Y si eventualmente dentro de ese cuadro sistémico-institucional se diera una derrota electoral de un PLD dividido, la contrapartida opositora, encabezada por el Partido Revolucionario Moderno-PRM, sería de esencia parecida.
- BALANCE Y CONSECUENCIAS PUNTUALES.
El balance y las consecuencias de ese de ese prologo traumático puede resumirse de esta manera:
–Un mayor descredito del sistema, de sus votaciones, su JCE y sus instituciones.
-Una mayor desconfianza en el sistema de partidos.
-Una votación, con una gran parte lograda a base de clientelismo, sobornos y múltiples modalidades de corrupción y perversión política.
-Una concurrencia precaria en relación con los padrones electorales empleados: alrededor de un 27% en las primarias cerradas del PRM y de menos aun en las primarias abiertas del PLD.
-Un proceso despreciado por el 75% de los votantes inscritos.
-Una pre-campaña pervertida por las facciones en pugna hasta niveles indignantes: más de 3 mil millones de pesos gastados del dinero de los /as contribuyente, buena parte robado al Estado, invertido en unas primarias corrompidas y fraudulentas
-Numerosas pre-candidaturas en busca de impunidad.
-Prostitución de la competencia entre el danilismo y el leonelismo.
-Total ausencia de un arbitraje imparcial y descalificación de la JCE.
-Tolerancia de las violaciones a las leyes y reglamentos, y extensión de la impunidad al escenario electoral.
-Acentuación de la tendencia mafiosa del danilismo y del conservadurismo corrupto del leonelismo, articulado al neofascismo vinchista.
-Un PLD brutalmente dividido.
-Un PRM disminuido, aunque con posibilidades de sacar provecho de la división (orgánica o no) del PLD y del deseo de mucha gente de salir de los 20 años del nefasto reinado peledeista.
-Un proceso electoral cada vez más intervenido y pendiente de las decisiones del Departamento de Estado-USA.
-Una profundización de la tendencia a la marginalidad y debilitamiento extremo de las opciones que no se subordinen a los polos hegemónico (PLD y PRM) bajo tutela de EEUU, sus Trump y Pompeo. Una llamada de Pompeo obligó al Presidente Medina a desistir de su re-postulación.
-Serias dudas sobre la idoneidad del voto automático por las evidencias de fraudes sofisticados.
-Una tendencia más pronunciada a la desaceleración de la economía camino al desplome.
-Anuncio de calamidades mas graves para el 20-20 y tendencia a la repetición en grande de las prácticas fraudulentas y las fechorías electorales.
-Reforzamiento de la convicción en amplios sectores de que no hay vía institucional para ponerle fin al sistema de corrupción e impunidad. Se ha fortalecido la idea de el remiendo de lo podrido es una gran estafa. De que solo la rebeldía a lo Ecuador, Haití y Honduras podría crear lo nuevo y distinto.
-Mayor pertinencia, por tanto, del ejercicio de la democracia de calle para producir los cambios constitucionales e institucionales y las transformaciones estructurales que abrirían las compuertas para superar este lodazal.
- COLOFÓN:
Esas consecuencias y esas perspectivas podrían determinar en lo adelante mejores condiciones para crear, desde el pueblo movilizado, poder constituyente transformador; y para situar en la agenda nacional la propuesta de Proceso Constituyente, la quiebra de un poder constituido altamente desacreditado y la transición hacia una democracia real vía una Asamblea Constituyente Popular y Soberana, que permitan crear una nueva institucionalidad y organizar elecciones sobre bases democráticas y mecanismos invulnerables a diversos fraudes.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.