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Los principales retos del país son profesionalizar, independizar y despolitizar justicia dominicana.
Es recurrente en el sistema de justicia de la República Dominicana que el querellante también se convierta en víctima de fiscales y jueces que no hay forma de que se acojan el mandato de la ley, sobre todo de la normativa procesal.
Cuando una persona es víctima de cualquier delito o crimen y se querella en el Ministerio Público sus principales enemigos son los propios fiscales, quienes regularmente se inclinan por acogerse al artículo 281 del Código Procesal Penal, pero que también incurren en la violación del 282 y el 283 del mismo.
Peor aun cuando la víctima o querellante interpone un recurso de objeción del archivo definitivo, pero lamentablemente el juez de instrucción no es más que una caja de resonancia del ministerio público, los cuales nunca ven los ilícitos penales y para colmo actúan como si fueran cómplices de los victimarios.
Lo que se ve es que el juez de Instrucción no tiene la capacidad ni para manejar casos que están en el marco de su responsabilidad como es examinar hasta dónde el ministerio público viola las leyes en el supuesto proceso de investigación que desarrolla.
Lo primero es que un ministerio público que no puede identificar muy bien lo que es la usurpación de funciones, la estafa, la suplantación de identidad y algo que casi cae en lo que se conoce como el sentido común y es atribuirle responsabilidad civil a un tercero que no ha firmado ningún documento que lo identifique como garante de un deudor.
La cuestión se vuelve más compleja cuando el fiscal y el juez incurren en el error de atribuirle responsabilidad a una persona que no sabe sobre cualquier titulo ejecutorio con que cuenta un supuesto acreedor.
Para evitar problemas como este el legislador acaba de aprobar y el Poder Ejecutivo de promulgar la Ley 396-19, la cual establece en su artículo 28 que perseguir a un tercero que no es civilmente responsable de una deuda constituye un delito y podría implicar hasta de 3 a 10 años de cárcel.
Sin embargo, esta nueva legislación aunque no puede aplicarse en los casos que ocurrieron antes de su promulgación por el principio de la no retroactividad de la ley, la misma sirve de referencia para determinar si se está o no en un caso que tiene implicaciones penales.
Pero ni eso sirve para poner a pensar a los fiscales y jueces que le hacen tan mal servicio al sistema de justicia y al estado de derecho, por lo que la sociedad está frente a un gran peligro y desconocimiento de lo que establece el articulo 69 de la Constitución de la República.
Son muchas las personas que no se imaginan como se manejan los fiscales y jueces, principalmente en el Distrito Judicial de Santiago, donde los adefesios jurídicos son el pan de cada día, mientras la gente sufre hasta más no poder.
Es preocupante el nivel de ignorancia que existe en los fiscales y jueces, quienes por negligencia, ineptitud o complicidad se niegan a ver los ilícitos penales y todo lo quieren transferir a lo civil.
Las violaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público son tan flagrantes que mandan las querellas a archivo definitivo y no siguen la normativa procesal y lo consignado en el Código de procedimiento penal de notificar a las víctimas cuando se toma una medida como esa.
Lo peor del caso es que los jueces de instrucción se suman a esas violaciones y no se circunscriben a su función de examinar si el Ministerio Público no ha respetado el mandato de la ley y en cambio muchas veces se dedican a ventilar el fundo del caso cuando no es parte de su competencia.
Podría decirse que se está frente a un problema tan grave que ello podría derivar en la total falta de credibilidad de la justicia, cuyas consecuencias serian definitivamente un camino muy peligroso para la estabilidad social y hasta política de la República Dominicana.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.