Análisis Noticiosos
Urge concertación para las elecciones que se espera puedan celebrarse en julio
Por Juan Bolívar Díaz
El país encabeza Latinoamérica en expansión del coronavirus y en su tasa de letalidad, mientras asoma el tráfico de influencia al otorgarse el 53% de compras estatales a una empresa de $100 mil que acaba de acreditarse para suplir mercancías de emergencia
Con el inicio de la Semana Santa se llega al límite de tiempo razonable para que la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos dominantes reconozcan que no hay condiciones para que las elecciones presidenciales y congresuales puedan celebrarse el 17 de mayo, y ya otros proponen que sean aplazadas hasta julio próximo.
De hecho la solicitud del gobierno para que el Congreso extienda por otros 25 días el estado de emergencia aprobado en principio hasta el 13 de abril, para prolongarlo hasta el 8 de mayo, tiene implicaciones políticas al mantener limitadas las reuniones, manifestaciones públicas y la libre circulación.
Una semana santísima
La que se inicia mañana Domingo de Ramos será una Semana Santa especial, sin cultos para los fieles en los templos, por decisión de sus jerarquías y del gobierno, que además prohibió la concurrencia a los balnearios y congregaciones, con el país sometido, por otras dos semanas a partir a un toque de queda de 5 de la tarde y 6 de la mañana, fundamental para tratar de contener la expansión de la pandemia del coronavirus.
Esta semana comenzó con 719 contagiados y 28 fallecimientos, y ayer acumuló 1488 y 68, con incrementos del 107 y 143 por ciento, respectivamente. Ayer temprano RD encabezaba América Latina en tasa de letalidad del Covid-19, con 4.7% de fallecimientos por contagiados, seguida por Brasil y Ecuador con 3.5 y 3.4% respectivamente. Estos dos con más contagiados, 6,836 y 2,758, y fallecimientos, 241 y 95, pero con poblaciones muy superiores, 210 millones de brasileños y 17 millones de ecuatorianos.
Con casi todas las actividades paralizadas y prohibición de las interrelaciones sociales, mientras la curva de la pandemia sigue ascendiendo, sin visos todavía de que se detendrá en el país y la región, ni en naciones de estrechos vínculos como Estados Unidos y España, no hay perspectivas de que las elecciones presidenciales y congresuales puedan efectuarse el 17 de mayo. Bolivia, que tenía también presidenciales el 3 de mayo, las suspendió sin fecha fija hace más de una semana, aunque allá hasta ayer sólo registraban 132 contagios y 9 decesos.
No tendrían legitimidad
Si el sistema político persiste en realizar las elecciones en las circunstancias que se prevén para las próximas semanas, podrían abocarse a un nuevo Gobierno y un Congreso Nacional de escasa legitimidad porque una alta proporción de la ciudadanía no estaría en condiciones de acudir a las urnas, por temor al contagio de la pandemia. Sería grave por la crisis económica que tendrían que enfrentar, que demandará importantes reformas fiscales y grandes sacrificios para recuperar el crecimiento económico, atender la salubridad, y enfrentar el desempleo y el incremento de la pobreza que se prevén.
La JCE tiene la responsabilidad constitucional de organizar los procesos eleccionarios, garantizando el derecho de la ciudadanía a elegir y ser elegida, pero en estas circunstancias dejaría fuera el 8 por ciento que representan los casi 600 mil dominicanos empadronados en el exterior, 67% en Estados Unidos, 14% en España, 6% en Puerto Rico, y 2% en Italia, en los países más asolados por la pandemia, que no permiten concentraciones. En el exterior se elige no sólo al presidente, sino también 7 diputados.
Aunque la JCE ha proseguido su calendario organizativo, tal vez esperando que sean los partidos quienes tomen la iniciativa de aplazamiento, por sus propias condiciones laborales sus ejecutivos deben ser conscientes de las dificultades que tendrían para echar a andar una maquinaria de 143 mil 484 operadores, de los que 80 mil tendrían la misión de habilitar los colegios electorales, sin contar los delegados de los partidos políticos.
Con el país cerrado y los vuelos internacionales suspendidos, tampoco podría contarse con las misiones de observadores ni los asesores del exterior considerados fundamentales. Pero si ni siquiera los fieles pueden ir a las iglesias en Semana Santa, cómo se podrá convencer a toda la ciudadanía de que acuda a los centros de votación.
Iniciativa de los pequeños
A falta de iniciativa de los partidos mayoritarios, los pequeños, agrupados en el Foro Permanente de los Partidos Políticos de RD, han presentado una propuesta de aplazamiento de las elecciones, hasta el domingo 12 de julio, dejando abierta la posibilidad de una segunda votación el 26 de julio. Plantean reabrir las posibilidades de alianzas para reducir las opciones desde la primera vuelta, extender el horario de votaciones y limitar a la mitad la cantidad de electores por colegio para reducir los acercamientos humanos. Pero eso se anularía al requerirse el doble de locales, que serían en los mismos centros, y porque también duplicaría los operarios y delegados de los partidos.
En los diversos sectores políticos y sociales se ha discutido la posibilidad de aplazar las elecciones, y en general se ven imposibles para mayo, pero ninguno de los grandes quiere tomar la iniciativa, esperando que el tiempo lo dictamine, o que la JCE reconozca las dificultades y convoque a consulta. Convienen en que entre mayo y agosto la pandemia estaría en retroceso. Podrían evaluarlo el lunes de resurrección, 13 de abril, a 34 días de la fecha programada y justo cuando se ha programado imprimir las boletas electorales.
Debe asumirse que los agrupados en el Foro Permanente de Partidos llevarán su propuesta a la JCE, con petición de que convoque a consulta. Pero también pudiera hacerlo la Comisión de Acompañamiento a la JCE creada tras la crisis electoral de febrero, con representantes de la sociedad civil. En cualquier caso tendría que predominar el más amplio consenso político-social, para que en agosto se pueda instalar el nuevo gobierno que prevé la Constitución, pues en caso contrario habría un vacío de poder, porque la carta magna no contempla la posibilidad de que no se elijan las autoridades cada cuatro años.
A quien favorece seguir
En principio se calculaba que al gobernante Partido de la Liberación Dominicana le convenía el aplazamiento de las elecciones, buscando ganar tiempo, a la luz de las encuestas que han llegado a dar posibilidad de triunfo en primera vuelta al opositor Partido Revolucionario Moderno y 6 partidos aliados que postulan al economista Luis Abinader. Los resultados de las elecciones municipales ratificaron sus preferencias.
Sin embargo, de las mismas encuestas y de los resultados aparece otra lectura, que Abinader domina en los grandes centros urbanos y los ámbitos de clases medias, mientras el poder gobernante del PLD y su candidato Gonzalo Castillo tienen mucho mayores recursos para incentivar la votación en las medianas y pequeñas comunidades y los sectores sociales bajos.
En los grandes municipios la votación de marzo quedó en torno al 40%, sobre todo en el gran Santo Domingo, Santiago, La Vega y Puerto Plata, que concentran sobre el 40% de los electores. En los pequeños predominó sobre 60%. En los grandes centros urbanos los riesgos y el temor al contagio del Covid-19 son mayores, lo que habría influido el 15 de marzo, cuando comenzaba la grave crisis. Sin el voto del exterior, la oposición perdería una gran ventaja que se le atribuye allí, donde el poder gubernamental del PLD queda anulado.
Con el panorama de necesidad en que estaría la población pobre en mayo, crecen las las posibilidades de ser incentivada a votar. El PLD por lo menos forzaría la segunda vuelta, contando con seguir sacando ventaja de los repartos sociales, multiplicados por la emergencia, con un candidato que gasta por millones y todo el apoyo del Estado.
Aprovechamiento sin tregua
Las primeras adjudicaciones de contrataciones para adquirir instrumentos y materiales para afrontar la crisis del Covid-19, publicadas por el Servicio Nacional de Salud (SNS), muestran la falta de escrúpulos y la disposición a aprovecharse de toda circunstancias de que se acusa a los gobernantes. En el primer paquete de compras, por 2 mil 879 millones de pesos, se le otorgó el 53%, $1,515.7 millones, a la empresa Tools & Resources Enterprises Toreen SRL, que apenas tiene un capital de 100 mil pesos, registrada como propiedad de Efraín Santiago Báez Fajardo, a su vez gerente, y de José Andrés Familia.
Hasta hace dos semanas, esa empresa se dedicaba a diseños, planeación y financiación de proyectos de arquitectura e ingeniería, en sus múltiples renglones, pero el 19 de marzo, el mismo día en que el presidente Danilo Medina decretó el Estado de Emergencia que, entre otras cosas, libera de trámites las contrataciones, notificó al registro de la Cámara de Comercio que también se dedicaría al “Suministro general de equipos médicos, productos quirúrgicos y para examen y control de pacientes y suministro para tratamiento y cuidado de enfermos”. Sólo le faltó mencionar el coronavirus.
Y una semana después, sin tener almacén, ni representar alguna distribuidora de productos de la emergencia, sin la menor experiencia en ese negocio, la Tools & Resources recibió la mayor parte de las contrataciones para entrega en 6 días. Y en la notificación se hace contar que tiene que actualizar su especialidad ante la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado. Lo mismo ocurrió con otra empresa beneficiaria del 12% del monto contratado, la Gedco Inversuply.
Cuando se comparan los precios de la contratación con los ofertados hace poco por empresas acreditadas en esos suministros, se encuentra una enorme sobrevaluación, en su mayoría entre 65 y 200% en materiales como termómetros digitales, desinfectantes, mascarillas, guantes, overoles y cubre caras y lentes de protección. Pero alcanza hasta 1,500% en botas de gomas. .
El director del SNS, Chanel Rosa, un funcionario bien reputado, admitió ayer por televisión que esas empresas pudieron haber aprovechado la escasez para elevar precios, y al mismo tiempo indicó que al concluir el plazo de entrega parece que no podrían cumplir y ahí terminaría el negocio. La Tools está vinculada a un consorcio de construcciones beneficiario de contratos millonarios del Ministerio de Obras Públicas, cuando era su titular el actual candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Mientras tanto, los médicos y enfermeras seguirán pagando con decenas de contaminados por carecer de la debida protección.
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.