Análisis Noticiosos
Urge concertación para las elecciones que se espera puedan celebrarse en julio
Por Juan Bolívar Díaz
El país encabeza Latinoamérica en expansión del coronavirus y en su tasa de letalidad, mientras asoma el tráfico de influencia al otorgarse el 53% de compras estatales a una empresa de $100 mil que acaba de acreditarse para suplir mercancías de emergencia
Con el inicio de la Semana Santa se llega al límite de tiempo razonable para que la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos dominantes reconozcan que no hay condiciones para que las elecciones presidenciales y congresuales puedan celebrarse el 17 de mayo, y ya otros proponen que sean aplazadas hasta julio próximo.
De hecho la solicitud del gobierno para que el Congreso extienda por otros 25 días el estado de emergencia aprobado en principio hasta el 13 de abril, para prolongarlo hasta el 8 de mayo, tiene implicaciones políticas al mantener limitadas las reuniones, manifestaciones públicas y la libre circulación.
Una semana santísima
La que se inicia mañana Domingo de Ramos será una Semana Santa especial, sin cultos para los fieles en los templos, por decisión de sus jerarquías y del gobierno, que además prohibió la concurrencia a los balnearios y congregaciones, con el país sometido, por otras dos semanas a partir a un toque de queda de 5 de la tarde y 6 de la mañana, fundamental para tratar de contener la expansión de la pandemia del coronavirus.
Esta semana comenzó con 719 contagiados y 28 fallecimientos, y ayer acumuló 1488 y 68, con incrementos del 107 y 143 por ciento, respectivamente. Ayer temprano RD encabezaba América Latina en tasa de letalidad del Covid-19, con 4.7% de fallecimientos por contagiados, seguida por Brasil y Ecuador con 3.5 y 3.4% respectivamente. Estos dos con más contagiados, 6,836 y 2,758, y fallecimientos, 241 y 95, pero con poblaciones muy superiores, 210 millones de brasileños y 17 millones de ecuatorianos.
Con casi todas las actividades paralizadas y prohibición de las interrelaciones sociales, mientras la curva de la pandemia sigue ascendiendo, sin visos todavía de que se detendrá en el país y la región, ni en naciones de estrechos vínculos como Estados Unidos y España, no hay perspectivas de que las elecciones presidenciales y congresuales puedan efectuarse el 17 de mayo. Bolivia, que tenía también presidenciales el 3 de mayo, las suspendió sin fecha fija hace más de una semana, aunque allá hasta ayer sólo registraban 132 contagios y 9 decesos.
No tendrían legitimidad
Si el sistema político persiste en realizar las elecciones en las circunstancias que se prevén para las próximas semanas, podrían abocarse a un nuevo Gobierno y un Congreso Nacional de escasa legitimidad porque una alta proporción de la ciudadanía no estaría en condiciones de acudir a las urnas, por temor al contagio de la pandemia. Sería grave por la crisis económica que tendrían que enfrentar, que demandará importantes reformas fiscales y grandes sacrificios para recuperar el crecimiento económico, atender la salubridad, y enfrentar el desempleo y el incremento de la pobreza que se prevén.
La JCE tiene la responsabilidad constitucional de organizar los procesos eleccionarios, garantizando el derecho de la ciudadanía a elegir y ser elegida, pero en estas circunstancias dejaría fuera el 8 por ciento que representan los casi 600 mil dominicanos empadronados en el exterior, 67% en Estados Unidos, 14% en España, 6% en Puerto Rico, y 2% en Italia, en los países más asolados por la pandemia, que no permiten concentraciones. En el exterior se elige no sólo al presidente, sino también 7 diputados.
Aunque la JCE ha proseguido su calendario organizativo, tal vez esperando que sean los partidos quienes tomen la iniciativa de aplazamiento, por sus propias condiciones laborales sus ejecutivos deben ser conscientes de las dificultades que tendrían para echar a andar una maquinaria de 143 mil 484 operadores, de los que 80 mil tendrían la misión de habilitar los colegios electorales, sin contar los delegados de los partidos políticos.
Con el país cerrado y los vuelos internacionales suspendidos, tampoco podría contarse con las misiones de observadores ni los asesores del exterior considerados fundamentales. Pero si ni siquiera los fieles pueden ir a las iglesias en Semana Santa, cómo se podrá convencer a toda la ciudadanía de que acuda a los centros de votación.
Iniciativa de los pequeños
A falta de iniciativa de los partidos mayoritarios, los pequeños, agrupados en el Foro Permanente de los Partidos Políticos de RD, han presentado una propuesta de aplazamiento de las elecciones, hasta el domingo 12 de julio, dejando abierta la posibilidad de una segunda votación el 26 de julio. Plantean reabrir las posibilidades de alianzas para reducir las opciones desde la primera vuelta, extender el horario de votaciones y limitar a la mitad la cantidad de electores por colegio para reducir los acercamientos humanos. Pero eso se anularía al requerirse el doble de locales, que serían en los mismos centros, y porque también duplicaría los operarios y delegados de los partidos.
En los diversos sectores políticos y sociales se ha discutido la posibilidad de aplazar las elecciones, y en general se ven imposibles para mayo, pero ninguno de los grandes quiere tomar la iniciativa, esperando que el tiempo lo dictamine, o que la JCE reconozca las dificultades y convoque a consulta. Convienen en que entre mayo y agosto la pandemia estaría en retroceso. Podrían evaluarlo el lunes de resurrección, 13 de abril, a 34 días de la fecha programada y justo cuando se ha programado imprimir las boletas electorales.
Debe asumirse que los agrupados en el Foro Permanente de Partidos llevarán su propuesta a la JCE, con petición de que convoque a consulta. Pero también pudiera hacerlo la Comisión de Acompañamiento a la JCE creada tras la crisis electoral de febrero, con representantes de la sociedad civil. En cualquier caso tendría que predominar el más amplio consenso político-social, para que en agosto se pueda instalar el nuevo gobierno que prevé la Constitución, pues en caso contrario habría un vacío de poder, porque la carta magna no contempla la posibilidad de que no se elijan las autoridades cada cuatro años.
A quien favorece seguir
En principio se calculaba que al gobernante Partido de la Liberación Dominicana le convenía el aplazamiento de las elecciones, buscando ganar tiempo, a la luz de las encuestas que han llegado a dar posibilidad de triunfo en primera vuelta al opositor Partido Revolucionario Moderno y 6 partidos aliados que postulan al economista Luis Abinader. Los resultados de las elecciones municipales ratificaron sus preferencias.
Sin embargo, de las mismas encuestas y de los resultados aparece otra lectura, que Abinader domina en los grandes centros urbanos y los ámbitos de clases medias, mientras el poder gobernante del PLD y su candidato Gonzalo Castillo tienen mucho mayores recursos para incentivar la votación en las medianas y pequeñas comunidades y los sectores sociales bajos.
En los grandes municipios la votación de marzo quedó en torno al 40%, sobre todo en el gran Santo Domingo, Santiago, La Vega y Puerto Plata, que concentran sobre el 40% de los electores. En los pequeños predominó sobre 60%. En los grandes centros urbanos los riesgos y el temor al contagio del Covid-19 son mayores, lo que habría influido el 15 de marzo, cuando comenzaba la grave crisis. Sin el voto del exterior, la oposición perdería una gran ventaja que se le atribuye allí, donde el poder gubernamental del PLD queda anulado.
Con el panorama de necesidad en que estaría la población pobre en mayo, crecen las las posibilidades de ser incentivada a votar. El PLD por lo menos forzaría la segunda vuelta, contando con seguir sacando ventaja de los repartos sociales, multiplicados por la emergencia, con un candidato que gasta por millones y todo el apoyo del Estado.
Aprovechamiento sin tregua
Las primeras adjudicaciones de contrataciones para adquirir instrumentos y materiales para afrontar la crisis del Covid-19, publicadas por el Servicio Nacional de Salud (SNS), muestran la falta de escrúpulos y la disposición a aprovecharse de toda circunstancias de que se acusa a los gobernantes. En el primer paquete de compras, por 2 mil 879 millones de pesos, se le otorgó el 53%, $1,515.7 millones, a la empresa Tools & Resources Enterprises Toreen SRL, que apenas tiene un capital de 100 mil pesos, registrada como propiedad de Efraín Santiago Báez Fajardo, a su vez gerente, y de José Andrés Familia.
Hasta hace dos semanas, esa empresa se dedicaba a diseños, planeación y financiación de proyectos de arquitectura e ingeniería, en sus múltiples renglones, pero el 19 de marzo, el mismo día en que el presidente Danilo Medina decretó el Estado de Emergencia que, entre otras cosas, libera de trámites las contrataciones, notificó al registro de la Cámara de Comercio que también se dedicaría al “Suministro general de equipos médicos, productos quirúrgicos y para examen y control de pacientes y suministro para tratamiento y cuidado de enfermos”. Sólo le faltó mencionar el coronavirus.
Y una semana después, sin tener almacén, ni representar alguna distribuidora de productos de la emergencia, sin la menor experiencia en ese negocio, la Tools & Resources recibió la mayor parte de las contrataciones para entrega en 6 días. Y en la notificación se hace contar que tiene que actualizar su especialidad ante la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado. Lo mismo ocurrió con otra empresa beneficiaria del 12% del monto contratado, la Gedco Inversuply.
Cuando se comparan los precios de la contratación con los ofertados hace poco por empresas acreditadas en esos suministros, se encuentra una enorme sobrevaluación, en su mayoría entre 65 y 200% en materiales como termómetros digitales, desinfectantes, mascarillas, guantes, overoles y cubre caras y lentes de protección. Pero alcanza hasta 1,500% en botas de gomas. .
El director del SNS, Chanel Rosa, un funcionario bien reputado, admitió ayer por televisión que esas empresas pudieron haber aprovechado la escasez para elevar precios, y al mismo tiempo indicó que al concluir el plazo de entrega parece que no podrían cumplir y ahí terminaría el negocio. La Tools está vinculada a un consorcio de construcciones beneficiario de contratos millonarios del Ministerio de Obras Públicas, cuando era su titular el actual candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Mientras tanto, los médicos y enfermeras seguirán pagando con decenas de contaminados por carecer de la debida protección.
Más de 800 incendios forestales que están activos en muchas partes de Canadá han generado alertas por mala calidad del aire en ese país y varios estados de Estados Unidos.
Canadá.-La situación afecta a Nueva York, donde el domingo se juega la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Pero hasta el momento no hay ninguna restricción para el partido.
Según el programa Índice de Calidad del Aire de EE.UU., la situación es «peligrosa» en gran parte de los estados de Michigan y Minnesota, en el norte del país, por lo que se recomienda a la población permanecer en interiores.
Las alertas abarcan la región del Alto Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y el noreste de EE.UU., según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés) en una actualización publicada este jueves.
En Canadá, un incendio en el norte de Ontario obligó a evacuar a los residentes de los pueblos nativos locales, mientras que la jefa de uno de ellos afirmó que su comunidad quedó «reducida a cenizas».
Actualmente hay 858 incendios activos en Canadá, incluyendo 30 nuevos registrados este jueves, según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales. La gran mayoría están fuera de control.
El gran conjunto de fuegos que afectan a las zonas noroccidentales de Ontario es responsable de que densas columnas de humo y una mala calidad del aire se extiendan por Thunder Bay y Toronto.
Esta última ciudad registró en un momento la peor calidad de aire del mundo este jueves, según el monitoreo de la firma suiza IQAir. Pero en el ránking también están entre las primeras cinco las estadounidenses Chicago, Detroit y Nueva York.
En Ontario, Canadá, se esperan tormentas eléctricas bastante generalizadas durante los próximos días, pero es posible que la lluvia no sea suficiente para marcar una gran diferencia.
Fuente de la imagen,Getty Images
Nueva York afectada previo a la final del Mundial
En tanto, concentraciones más bajas de humo en las capas altas de la atmósfera se desplazan sobre los Grandes Lagos y sobre Nueva York, con cielos brumosos y amaneceres y atardeceres probablemente más rojizos.
En las regiones occidentales del estado de Nueva York, la calidad del aire este jueves se consideraba «muy insalubre», mientras que en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York la calidad del aire es «insalubre».
Nueva York ha ampliado sus planes de emergencia por calor y ha activado sus protocolos de emergencia por la calidad del aire, poniendo a disposición de toda la ciudad cientos de centros de refrigeración y mascarillas KN95.
El partido de la final del Mundial 2026 está programado para el domingo a las 15:00 hora local, un momento de mucha radiación solar. Pero aún no hay indicaciones de que la situación de este jueves pueda prolongarse hasta el día del partido.
Los vientos del noroeste seguirán arrastrando el humo hacia los estados del norte de Estados Unidos durante el resto de esta semana y hasta el fin de semana, lo que genera preocupación de que el humo llegue a Nueva Jersey, donde está el estadio sede de la final.
Un cambio en la dirección del viento para el lunes significa que el humo tenderá a desplazarse a través de Quebec, con una mejora en la calidad del aire más al sur, en Estados Unidos.
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Los legisladores republicanos del estado de Michigan han escrito una carta abierta al primer ministro de Canadá, Mark Carney, solicitando una mejor gestión de los incendios forestales del país y expresando su frustración por tercer año consecutivo.
«Ha pasado un año, la temporada ha vuelto y nada ha cambiado, salvo que nuestra paciencia se ha agotado», decía la carta, firmada por cuatro legisladores de la Cámara de Representantes estatal.
Pete Hoekstra, embajador de Estados Unidos en Canadá, adoptó un tono más diplomático en un comunicado emitido el miércoles, en el que elogió los esfuerzos de ambos países para combatir los incendios forestales.
En respuesta a las críticas de los legisladores estadounidenses, Carney declaró el jueves que ambos países tienen la responsabilidad de luchar contra el cambio climático.
Añadió que su gobierno está «en estrecha comunicación» con las provincias y las comunidades locales.
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Incendios cada vez más frecuentes
Los incendios forestales forman parte del ciclo natural de la vasta selva boreal de Canadá, pero se han vuelto más frecuentes desde 2015, afirmó Laura Chasmer, profesora de geografía y medio ambiente en la Universidad de Western Ontario.
«Esto está relacionado con algunos de los casos de calentamiento climático extremo que hemos estado observando y con el secado de la superficie atmosférica», indicó.
Según Chasmer, en el pasado los incendios eran más frecuentes en el oeste de Canadá, pero en los últimos años esa tendencia se ha desplazado hacia el este, con grandes incendios que ahora arden en Ontario, Quebec y las provincias atlánticas, lo que hace que el humo sea más visible en ciudades densamente pobladas como Toronto y Nueva York.
La profesora añadió que esto ha puesto a prueba los esfuerzos de extinción de incendios en Canadá, cuyo principal objetivo es evitar que las llamas se propaguen a las poblaciones cercanas.
Extinguir los incendios por completo es «muy difícil», señaló la experta, debido a su magnitud e intensidad.
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Mientras tanto, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, desestimó las críticas a la gestión de su gobierno ante los incendios, señalando que más de 150 equipos de bomberos se encuentran sobre el terreno combatiendo las llamas.
«Gastaremos lo que haga falta», dijo Ford.
Además del humo peligroso, los incendios forestales en el norte de Ontario han obligado a decenas de personas de las comunidades indígenas locales a evacuar, y algunos videos han mostrado a personas huyendo de la remota zona en embarcaciones.
La jefa de la Primera Nación Namaygoosisagagun, Helen Paavola, declaró al medio de comunicación local CityNews en una entrevista que un sobrevuelo aéreo mostró que su comunidad ha quedado «reducida a cenizas».
«Todas las casas han desaparecido», dijo este jueves. «No queda nada».
Fuente de la imagen,Reuters
Por José Cabral
Se ha vuelto un cliché en los tribunales de la República Dominicana las decisiones que toman los jueces referentes a las acciones de amparo, cuya figura casi siempre tiene como destino la inadmisibilidad.
Regularmente los jueces se acogen a lo que dispone el artículo 70 de la Ley 137-11 para declarar inadmisible las acciones de amparo.
Pero el destino de esta figura jurídica, que sirve para restablecer la violación de derechos fundamentales por parte de funcionarios públicos o particulares, es el de renegar de las razones que los originaron.
La tendencia con la acción de amparo ha creado la impresión en el ciudadano de que la misma sirve de poco, porque sea por el argumento que ahora se ha hecho muy general de que el sistema de justicia está saturado de tantas demandas de este tipo o porque es más fácil inclinarse por la inadmisibilidad para los juzgadores.
El artículo 72 de la Constitución de la República habla muy claro de las características del amparo y de igual modo la Ley 137-11, que es por la que se rige la figura jurídica, pero como se puede observar ya el mismo no cumple ni se ajusta espíritu de la figura, dado que más que proteger los derechos fundamentales se ha vuelto una vía para negar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
La inadmisibilidad del amparo crea tanta decepción en el justiciable que apoyarse en esta figura implica perder el tiempo, porque es la opcion más común de los jueces, aunque no haya razon para ello, tanto a nivel de primera instancia o de la jurisdiccion contenciosa administrativa y lo propio debe decirse del Tribunal Superior Electoral.
Lo que ocurre con el amparo también pasa con los recursos de casación, cuyos jueces después de la entrada en vigencia de la Ley 2-23 se inclinan por la vía mas fácil que es declarar inadmisible el mismo, a los fines de eliminar la desgraciada mora judicial.
La acción de amparo recorre el mismo camino de la crisis que se produce en todo el sistema de justicia nacional, en el que los jueces se van regularmente por la vía más fácil, porque de ese modo no tienen que ponderar el fondo de la demanda.
Lo que ocurre con la acción de amparo en la República Dominicana es sólo una muestra de un sistema de justicia en crisis, cuyo derecho constitucional existe sólo en el papel, pero no en la realidad.
La acción de amparo, una figura que crea sueños para el que busca que se restablezcan los derechos fundamentales violados, pero la verdad es que se trata de una quimera que genera descredito y desconfianza en el sistema de justicia nacional.
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.