Opinión
Urge la suspensión del genocidio civil
Por Juan Bolívar Díaz
La República Dominicana seguirá siendo condenada en los organismos internacionales por el genocidio civil que se ejecuta contra miles de nacionales descendientes de haitianos despojados de sus actas de nacimiento
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a conocer esta semana en Washington las denuncias contra el Estado dominicano por negarse a expedir copias de sus actas de nacimiento a miles de nacionales de ascendencia haitiana, lo que condenó el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Lo que se ha denominado como genocidio civil contra miles de personas tiene un agravante en la reciente decisión de la Junta Central Electoral, que traspasó a la Dirección de Migración 19 mil 15 expedientes de personas que ha considerado de forma retroactiva que no tenían derecho a la nacionalidad dominicana.
Otra vez en Washington
Una vez más la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesionó en su sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, el martes 12 de marzo, para conocer una solicitud de amparo incoada por 48 de los miles de ciudadanos dominicanos a quienes desde el 2007 la Junta Central Electoral reusa expedirles copias de sus actas de nacimiento porque sus padres no tenían residencia legal cuando los declararon hace hasta más de medio siglo.
Agobiado por las críticas y condenas internacionales el Estado, en la persona del embajador dominicano ante la OEA, doctor Roberto Saladín, pidió a la CIDH que no convoque más audiencias sobre esta temática considerando que “ha sido suficientemente debatido en más de cinco oportunidades”. La última audiencia había sido el 24 de octubre del 2011. Los impetrantes constituyen una alianza de unas 35 organizaciones y grupos defensores de derechos humanos, de entidades religiosas y de personas afectadas, incluyendo instituciones de Estados Unidos y Europa.
La intervención del embajador Saladín fue contestada por Rosa María Ortiz, una paraguaya relatora de la CIDH que visitó el país en febrero, así como por el señor Felipe González, quienes expresaron que “la desnacionalización de dominicanos de ascendencia haitiana ha empeorado” y denunciaron hostigamiento a los grupos que reclaman sus derechos. Justo la noche antes de lo audiencia el padre Mario Serrano, del Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes, y un grupo que hacía vigilia frente a la JCE reclamando sus actas de nacimiento, fueron detenidos una hora por la Policía.
Las audiencias de la CIDH pretenden conciliar conflictos por ejercicio de derechos humanos. El organismo formula recomendaciones y en ocasiones llega a solicitar a los estados miembros del Sistema Interamericano la adopción de medidas cautelares hasta que un expediente sea conocido en todos los órganos judiciales nacionales, para poder traducirlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que opera como la última instancia de los países que, como República Dominicana, han reconocido esa jurisdicción.
No habrá escapatoria
Al país le esperan múltiples condenas de organismos de derechos humanos, incluso de la Corte Interamericana cuando finalmente le llegue el expediente, por
La decisión de la JCE del 2007 que prohíbe emitir copias de actas de nacimiento a ciudadanos dominicanos cuyos padres no tenían residencia legal cuando los registraron. Hace poco tiempo, de manera confidencial, un funcionario del sistema interamericano alentó a persistir en recomendar a las autoridades que rectifiquen esa práctica.
Con amplio conocimiento de causa, se refirió al hecho de que la Constitución proclamada en enero del 2010, modificó el jus solis justo para crear un nuevo marco jurídico en el que la nacionalidad pasa a ser un derecho de origen sanguíneo, no de suelo, pero especificó que “en ninguna instancia de derecho internacional se aceptará que pueda aplicarse retroactivamente”. Entre los 19 mil casos registrados hay personas con más de medio siglo de nacidas en el país, y declaradas como dominicanas, que viven aquí. La mayoría son pobres que nunca han salido del país, jóvenes, porque son los que más necesitan copias de sus actas de nacimiento para fines escolares, obtener cédula o pasaporte, casarse o divorciarse. Estos, a su vez están impedidos de declarar a los hijos que les están naciendo. Los mayores que tienen cédulas de identidad y viven en la pobreza, no son afectados porque casi nunca necesitan acta de nacimiento.
El funcionario internacional recordó que ya en octubre del 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que el Estado inscribiera como ciudadanas a las niñas Yean y Bósico, tras considerar que les correspondía. Dio por indudable que con más razón dictaminará a favor de quienes ya habían sido inscritos como dominicanos al amparo de los mismos preceptos constitucionales y legales que favorecían a las dos menores descendientes de haitianas pero declaradas dominicanas.
Otra condena en la ONU
Es relevante que hasta hace poco los reclamos internacionales eran para que el Estado dominicano reconociera a los descendientes de haitianos nacidos en el país, ahora es para que no despoje de la nacionalidad a quienes ya había reconocido. Los sistemas jurídicos son lentos y pasarán varios años antes de que un expediente de esta naturaleza llegue a la Corte Interamericana. Pero una condena no sólo será una nueva humillación internacional, sino que podría conllevar reparaciones y dar paso a demandas previstas en el sistema constitucional y legal.
Pero mientras tanto habrá que prepararse para seguir recibiendo sanciones de organismos internacionales como la contenida en un documento del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial que exhortó a restituir sus documentos de identidad a los descendientes de haitianos a quienes “les han sido confiscados, anulados o destruidos”.
El documento se refiere a audiencias celebradas por el organismo en febrero pasado con participación del director de Migración, de un embajador ante la ONU y dos legisladores dominicanos, quienes defendieron o explicaron el asunto como decisión migratoria soberana y no de nacionalidad. Pero el Comité responde que “el alcance de soberanía nacional en materia de nacionalidad tiene sus límites en el respeto a a los derechos humanos, específicamente en el principio de no discriminación”.
Diplomáticos dominicanos se han visto en verdaderos apuros al tener que defender ante colegas una causa tan absurda como la aplicación retroactiva de una normativa en materia tan sensible como el derecho a una nacionalidad que condena a los afectados a vivir segregados civil y jurídicamente en el medio donde han nacido y se han reproducido y del que no podrían escapar por carecer de recursos para emigrar e iniciar una nueva identidad. Entre los afectados dominicanos ya ha habido intentos de suicidios y jóvenes que han perdido oportunidades de trabajo y becas de estudios.
La JCE saca el bulto
El empecinamiento del ahora presidente de la JCE, Roberto Rosario, desde que presidía la desaparecida Cámara Administrativa de la institución que adoptó la resolución 12-07 restringiendo la expedición de copias de sus actas a los ciudadanos de ascendencia haitiana, ha metido el país en un callejón sin salida en los ámbitos del derecho internacional.
Consciente de la insostenibilidad de sus argumentos pretenden confundir alegando cuestiones migratorias en un conflicto de nacionalidad. Por eso en octubre del 2011, en vísperas de la anterior audiencia temática de la CIDH se puso a la directora del Registro Civil a emitir una circular autorizando a entregar copias de sus actas a los ciudadanos bajo investigación “hasta tanto el pleno de la JCE determine si las mismas son válidas… y proceda a suspenderlas provisionalmente, a demandar su nulidad ante un tribunal o a reconocer su regularidad”. Esa circular, que después de la audiencia fue ignorada, implicaba una rectificación, al reconocer el imperio del artículo 31 de la Ley 659 Sobre Actos del Estado Civil. De hecho varios jueces ya han dictado resoluciones disponiendo entregas de las actas, pero la JCE las ha apelado e ignorado.
El 21 de febrero pasado, por decisión de tres a dos votos, el pleno de la JCE quiso sacar el bulto al problema remitiendo a la dirección de Migración 19 mil 15 expedientes de “personas con situaciones especiales” para que sean depuradas al amparo del artículo 9 de la Ley de Migración. En un voto disidente razonado”, el miembro titular Eddy Olivares Ortega calificó de inconstitucional e ilegal esa resolución en virtud de que ese artículo se refiere a materia migratoria y no a registros del estado civil y porque el organismo no puede delegar sus facultades constitucionales.
Olivares ratificó la posición que desde la emisión de la circular 12-07 ha sostenido junto a la doctora Aura Celeste Fernández. Ex titular de la JCE, de que se ese organismo carece de facultad para anular actas de nacimiento debidamente registradas. Volvió a citar el artículo 45 del Código Civil y el 31 de la Ley 659 que establecen que “Cualquier persona podrá pedir copia de las actas sentadas en los registros del Estado Civil. Estas copias libradas conforme a los registros legalizados por el juez de paz de la jurisdicción o por el que haga sus veces se tendrán por fehacientes mientras no sea declarada la falsedad de dichas actas”. Citó también jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que las actas debidamente asentadas por los oficiales del estado civil “constituyen documentos con enunciaciones de carácter irrefragable hasta inscripción en falsedad”.
Más allá de cualquier alegato, es relevante la persistencia en crear un cementerio de muertos civiles en el país con miles de almas en pena y la indiferencia generalizada ante un atropello a un derecho fundamental de miles de personas.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por Isaías Ramos
«Este gobierno se ha caracterizado por presentar como ‘éxitos’ lo que en realidad son fracasos. El presidente, en su rendición de cuentas, nos pinta el país como una Suiza en América. Para vender sus ilusiones y crear falsas percepciones, se gastan recursos y tiempos valiosos que podrían dedicarse a lo que es verdaderamente importante.
A veces, pienso que esto es simplemente la excusa perfecta para encubrir su fracaso en cumplir las promesas que cada cuatro años venden al pueblo en las elecciones: que se haría justicia contra los corruptos y que los recursos robados serían recuperados. Sin embargo, no ha sucedido ni una cosa ni la otra.
Una partidocracia caracterizada como corrupta jamás combatirá la corrupción y, mucho menos, propiciará una justicia independiente.
En esta partidocracia, nunca han sido capaces de venderle un proyecto de nación al pueblo que nos lleve por un camino de desarrollo y progreso, con ideas claras sobre el país que queremos construir. Mucho menos la patria que aspiramos dejarle a nuestros hijos, ni los hijos que queremos dejar a nuestra patria.
El sistema utiliza diferentes métodos de manipulación y engaño, mientras nos lleva de manera silente y constante a la pobreza, inestabilidad y miseria. Vemos cómo han ideado diversas formas de timar al pueblo, donde el Estado cede, transfiere o hipoteca de manera desordenada los bienes o patrimonios públicos al sector ‘privado’ o ‘financiero’. A estos últimos se les garantizan ganancias y lucros exorbitantes y sin riesgo, mientras se imponen cargas tributarias enormes a las clases media y trabajadora del país, junto con endeudamiento a las futuras generaciones, para así poder garantizar las ‘ganancias’ a los ‘inversionistas’.
Fruto de esa desacertada política pública, de cada 100 pesos que ingresan al Estado, 25 pesos son para pagar solo intereses de la deuda acumulada; igual sucede con los famosos fideicomisos, siendo el mejor ejemplo Vial RD, donde de cada 100 pesos que ingresan, 50 son para el pago de intereses al sector financiero. Mientras tanto, la deuda social acumulada se convierte en una bomba de tiempo a punto de estallar.
Pareciera que ya no solo estamos ante una doctrina del ‘dejar hacer’. Estamos ante un sistema que se impone de manera sutil, pero que lleva una agenda oculta. Dicha agenda acelera el proceso de transformación del sistema hacia un tipo de neo-feudalismo, en el que la distancia entre los que ‘tienen’ y los que ‘no tienen’ no hace más que aumentar cada día.
Es tanto el abuso de poder y la opresión a los que este sistema ha sometido al pueblo, que el mismo sistema podría colapsar. El sistema está sustentado sobre bases muy débiles, como son la especulación del capital, el lavado de dinero, la opresión y los privilegios de unos pocos, ignorando el mérito, la producción, la productividad, los principios y los valores.
El pueblo está cansado de ser gobernado por una clase política que solo se preocupa por garantizar el estatus quo y los beneficios de una élite político-económica que es egoísta, insaciable y avariciosa.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que ha llegado el tiempo de trabajar para la liberación, la inclusión y la cooperación. Es el tiempo de que gobiernen los que piensan y actúan en favor de las mayorías, de una manera organizada y productiva, con igualdad de derechos y oportunidades, en una economía liberada al servicio de la vida y del pueblo.
Desde el Frente Cívico y Social, hacemos un llamado a todos los dominicanos conscientes y comprometidos con el futuro de nuestra nación a estar vigilantes y participativos en el debate que se avecina en el Congreso sobre las regulaciones que se impondrán a las candidaturas independientes. Es crucial que cada uno de nosotros comprenda y se involucre en este proceso para asegurar que las regulaciones apoyen y no limiten la viabilidad de las candidaturas independientes.
Tan pronto como se establezcan las regulaciones para las candidaturas independientes, lanzaremos plataformas para ofrecer apoyo logístico y asesoría. Esta plataforma no solo facilitará logística y orientación, sino que también promoverá activamente los principios de un Estado Social y Democrático de Derecho, donde la justicia, la igualdad y la libertad no sean solo ideales, sino realidades palpables.
Pronto les estaremos invitando a unirse a esta plataforma, a participar en nuestros talleres y reuniones, y a utilizar nuestras herramientas de educación cívica. Juntos, podemos hacer historia y transformar nuestro sistema político en uno que verdaderamente represente los intereses y las aspiraciones de todos los dominicanos.
¡Levantemos nuestras voces, tomemos acción y hagamos que nuestra Constitución sea una realidad viva en cada rincón de nuestra querida República Dominicana!
¡Despierta RD!»
Por: Edgard Paniagua Miguel
El logro del reconocimiento y aceptación de las Candidaturas Independientes plasmado en la Constitución de la República no será suficiente para ponerlas en condiciones iguales a las Candidaturas de los Partidos Políticos.
Hay que seguir legislando y cambiando y modificando leyes y aspectos administrativos que envuelven todo el Sistema.
Hay un paso, tanto o más necesario, como el logrado con las Candidaturas Independientes, y es el del manejo de los recursos y la publicidad que provee la JCE.
Entiendo que el Estado no debe proveer dinero a los Partidos en aras de sostener el sistema democrático del País. Para mi, nada tiene que ver una cosa con la otra; y segundo, es harto conocido el mal uso que se le dan a esos fondos. Desde quedarse en manos de dos o tres líderes, hasta la compra de votos y cédulas. Aberraciones del sistema.
Las Candidaturas Independientes estarían en desventaja permanente si eso siguiera el mismo esquema.
Mi propuesta es que:
1. La JCE maneje esos fondos
2. La JCE use esos fondos para desarrollar las campañas electorales de forma igualitaria para todas las candidaturas
3. La JCE pondría publicidad en todos los medios y sus vertientes en donde aparecerían todos los candidatos y sus fotos igualitariamente para que el elector los vea a todos en las mismas condiciones.
4. Se persiga y condene la compra de votos, y hasta las anulaciones de candidaturas que en el acto mismo se sorprendan comprando votos o cédulas.
De esa manera,
1. El Estado se ahorraría millones de pesos.
2. Todos las candidaturas estarían en el mismo plano. Y los recursos no perjudicarían a unos o beneficiarían a otros.
3. El pueblo tendría la oportunidad de elegir a candidatos independientes y no a los impuestos (a veces corruptos) propuestos e impuestos por los Partidos.
4. Tendríamos un modelo más democrático e igualitario que el actual.
Y si han dado el grito al cielo por la aprobación de as CI, no me imagino lo que harán para impedir la propuesta antes descrita.
Las Candidaturas Independientes ha sido un gran logro; pero no será suficiente si no seguimos modificando el Sistema corrupto que nos han impuesto.
Por Rommel Santos Díaz
De conformidad con el Estatuto de Roma el Estado de ejecución de la pena no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte Penal Internacional.
Solo la Corte Penal Internacional podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.
Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte Penal Internacional examinará la pena para determinar si esta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.
Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:
- a)Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional en sus investigaciones y enjuiciamientos;
- b)Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte Penal Internacional en otros casos, en particular ayudando a esta en la localización de los bienes sobre los cuales recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o
- c)Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.
Finalmente, la Corte Penal Internacional, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.