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Usuarios acusan a AMET de “inventarse” multas

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Caos. Decenas de ciudadanos molestos hacen las filas y reclamaban por el aumento de las multas, clamor que era ignorado por las autoridades

Santo Domingo,-Acumular hasta siete multas de tránsito sin tener licencia de conducir ni vehículo; violar un semáforo, acogerse a la sanción y encontrarse con la “multiplicación” por cinco de esa violacion, sin que haya ninguna razón, es una realidad que de acuerdo con decenas de personas consultadas, se repite cada día en la sede Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET).

Los rostros molestos de la mayoría de las personas que se encontraban antes de ayer retirando el documento de verificación en la sede de AMET, en la avenida Expreso V Centenario, para confirmar la cantidad de multas que tienen acumuladas y el total a pagar en el Banco de Reservas, demostraba que algo estaba mal.

El área de verificación de multas de AMET parecía un centro de peleas de gallos. Las quejas de los ciudadanos eran en voz alta, pero eran totalmente ignoradas por las autoridades presentes.

Testimonios de afectados
Marlon Yorro, quien está desempleado, explicó que fue a sacar un papel de buena conducta y que en el reporte salió que tiene tres infracciones.

“Comencé a preguntar por qué esas multas, porque no sé cuándo me las pusieron y además tengo mucho tiempo sin trabajar. Ellos ni me explicaron y no me quedó de otra, tuve que venir a pagar”, expresó.

Dijo que en el país “tienen sacrificados a los más pobres” y que el dinero que tuvo que pagar se lo prestaron, porque él no tiene.

Richard Durán expresó que apareció con cinco multas en el 2009, sin que en ninguna ocasión lo hayan detenido por alguna infracción, pues no tiene licencia.

“Yo nunca he tenido licencia, primera vez que voy a sacar y salgo con todas esas multas. Si las tengo yo lo entiendo y voy las pago, pero sin haber hecho nada es un abuso, uno se siente impotente”, aseguró.

La situación de Teófilo Martínez es que le pusieron una multa, pero a la misma se le sumaron cuatro.

“Tenía una multa y ahora tengo cinco. De esas me dijeron que me iban a rebajar dos, o sea, como quiera es un abuso, no entiendo qué es lo que pasa”, dijo Martínez.

El empleado privado Santo Rosario contó que en el 2006 le incautaron su motocicleta y le pusieron una multa por violar la ley de tránsito, y cuando la pagó le devolvieron su vehículo, pero resulta que ahora aparece con tres infracciones.

“En ese tiempo yo pagué mi multa, pero ahora, cuando voy a sacar la licencia de conducir a Obras Públicas, me dijeron que tengo tres multas que debo pagar obligatoriamente”, indicó.

Asegura que en el 2006 pagó RD$1,300 y que ahora le han puesto dos multas más que indican que fueron por conducir hablando por celular.

Asimismo, Ramón Ventura dijo que en el 2009 le pusieron una multa por trasladarse en una motocicleta sin casco protector.

“Yo pagué esa multa, y desde ese momento hasta la actualidad no me han puesto multas de ninguna forma y renové licencia en el 2013 y no me salió nada, pero ahora, cuando fui a buscar un papel de buena conducta, me salieron siete multas desde el 2006 hasta el 2009”, expresó Ventura.

Reveló que cuando fue a pagar le quitaron cuatro y tuvo que pagar más de RD$3,000, algo que como quiera se lo encuentra injusto, porque no cometió ninguna infracción “y tuve que tomar ese dinero prestado, porque no estoy trabajando ahora”.

En tanto, la abogada Johanna Cedeño dijo que tuvo su primera infracción en el 2013, pero que le pusieron una en el 2014 por supuestamente estar conduciendo hablando por celular.

“Me la pusieron sin yo estar haciendo nada, pero bueno, la tuve que pagar, porque no hay de otra”, dijo.

Jorge Durán dijo que del 2008 al 2010 estuvo fuera del país, y que recientemente fue a sacar un papel de buena conducta y le dijeron que para obtenerlo debe estar en regla y aparece con una multa de más de RD$1,600, por lo que no entiende la razón de la misma, porque no estaba aquí.

“Según ellos debo pagarla, pese a que a partir del 2011 por ahí, ya no cuentan. El caso es la incomodidad, el mal servicio que dan, lo mal que tratan a uno en esa fiscalía. De verdad es un abuso y un desastre. No encuentran como quitarnos lo que con tanto esfuerzo nos ganamos. Este país hay que cerrarlo”, expresó molesto.

Dijo que no “hay orden, no hay respeto, no hay autoridad, pero sí mucho maltrato y abuso”.

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QUEJAS LLUEVEN EN EL TRIBUNAL DE AMET
Llamado del vocero

El vocero de la AMET llamó a todas las personas que estén en esa situación a acudir el Tribunal de Tránsito y explicar su tema.

“Nosotros tenemos conocimiento de algunos casos, pero en su mayoría son personas que han sido fiscalizadas a través de la placa, y han sido fiscalizados muchas veces que prestan el vehículo”, dijo.

Aseguró que en la AMET están en la mejor disposición a través del Tribunal de Transito para conocer todas las situaciones y darles respuestas, para de esa menera evitar cualquier tipo de inconveniente.

Al ser preguntado sobre la situación de poner la multa según la placa, dijo que es responsabilidad de cada dueño de vehículo si lo vende transferirlo.

“Esa es una recomendación que nosotros hacemos, pero además de eso, si usted se estaciona encima de la acera por irrumpir el paso peatonal, se la colocan a la placa”, dijo.

Indicó que si un conductor viola la luz roja y un agente de la AMET lo ve y toma la placa, esa multa irá al dueño del vehículo.

Expresó que las personas que hacen la denuncia deben demostrar la situación que tienen.

Añadió que están trabajando en un proceso de modernización del sistema de aplicación de multas para eficientizar el servicio.

listindiario,com

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Obispos se reunen con Abinader en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.

Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.

“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.

El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.

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Garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa”.

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Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.

La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.

Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.

Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma
Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma

La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.

Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.

El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.

El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.

De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.

Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.

El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.

«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».

  • En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
  • Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.

El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.

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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega

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Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público  en las próximas horas la imposición  contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.

El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.

Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.

Instrumentos odontológicos en un consultorio, vinculados al caso de un falso odontólogo acusado de causar lesiones
Instrumentos dentales en un consultorio, en el contexto de la solicitud de prisión preventiva contra un falso odontólogo.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.

Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.

La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.

La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.

“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.

Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.

  • El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
  • Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.

El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.

Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.

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