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Usuarios acusan a AMET de “inventarse” multas

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Caos. Decenas de ciudadanos molestos hacen las filas y reclamaban por el aumento de las multas, clamor que era ignorado por las autoridades

Santo Domingo,-Acumular hasta siete multas de tránsito sin tener licencia de conducir ni vehículo; violar un semáforo, acogerse a la sanción y encontrarse con la “multiplicación” por cinco de esa violacion, sin que haya ninguna razón, es una realidad que de acuerdo con decenas de personas consultadas, se repite cada día en la sede Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET).

Los rostros molestos de la mayoría de las personas que se encontraban antes de ayer retirando el documento de verificación en la sede de AMET, en la avenida Expreso V Centenario, para confirmar la cantidad de multas que tienen acumuladas y el total a pagar en el Banco de Reservas, demostraba que algo estaba mal.

El área de verificación de multas de AMET parecía un centro de peleas de gallos. Las quejas de los ciudadanos eran en voz alta, pero eran totalmente ignoradas por las autoridades presentes.

Testimonios de afectados
Marlon Yorro, quien está desempleado, explicó que fue a sacar un papel de buena conducta y que en el reporte salió que tiene tres infracciones.

“Comencé a preguntar por qué esas multas, porque no sé cuándo me las pusieron y además tengo mucho tiempo sin trabajar. Ellos ni me explicaron y no me quedó de otra, tuve que venir a pagar”, expresó.

Dijo que en el país “tienen sacrificados a los más pobres” y que el dinero que tuvo que pagar se lo prestaron, porque él no tiene.

Richard Durán expresó que apareció con cinco multas en el 2009, sin que en ninguna ocasión lo hayan detenido por alguna infracción, pues no tiene licencia.

“Yo nunca he tenido licencia, primera vez que voy a sacar y salgo con todas esas multas. Si las tengo yo lo entiendo y voy las pago, pero sin haber hecho nada es un abuso, uno se siente impotente”, aseguró.

La situación de Teófilo Martínez es que le pusieron una multa, pero a la misma se le sumaron cuatro.

“Tenía una multa y ahora tengo cinco. De esas me dijeron que me iban a rebajar dos, o sea, como quiera es un abuso, no entiendo qué es lo que pasa”, dijo Martínez.

El empleado privado Santo Rosario contó que en el 2006 le incautaron su motocicleta y le pusieron una multa por violar la ley de tránsito, y cuando la pagó le devolvieron su vehículo, pero resulta que ahora aparece con tres infracciones.

“En ese tiempo yo pagué mi multa, pero ahora, cuando voy a sacar la licencia de conducir a Obras Públicas, me dijeron que tengo tres multas que debo pagar obligatoriamente”, indicó.

Asegura que en el 2006 pagó RD$1,300 y que ahora le han puesto dos multas más que indican que fueron por conducir hablando por celular.

Asimismo, Ramón Ventura dijo que en el 2009 le pusieron una multa por trasladarse en una motocicleta sin casco protector.

“Yo pagué esa multa, y desde ese momento hasta la actualidad no me han puesto multas de ninguna forma y renové licencia en el 2013 y no me salió nada, pero ahora, cuando fui a buscar un papel de buena conducta, me salieron siete multas desde el 2006 hasta el 2009”, expresó Ventura.

Reveló que cuando fue a pagar le quitaron cuatro y tuvo que pagar más de RD$3,000, algo que como quiera se lo encuentra injusto, porque no cometió ninguna infracción “y tuve que tomar ese dinero prestado, porque no estoy trabajando ahora”.

En tanto, la abogada Johanna Cedeño dijo que tuvo su primera infracción en el 2013, pero que le pusieron una en el 2014 por supuestamente estar conduciendo hablando por celular.

“Me la pusieron sin yo estar haciendo nada, pero bueno, la tuve que pagar, porque no hay de otra”, dijo.

Jorge Durán dijo que del 2008 al 2010 estuvo fuera del país, y que recientemente fue a sacar un papel de buena conducta y le dijeron que para obtenerlo debe estar en regla y aparece con una multa de más de RD$1,600, por lo que no entiende la razón de la misma, porque no estaba aquí.

“Según ellos debo pagarla, pese a que a partir del 2011 por ahí, ya no cuentan. El caso es la incomodidad, el mal servicio que dan, lo mal que tratan a uno en esa fiscalía. De verdad es un abuso y un desastre. No encuentran como quitarnos lo que con tanto esfuerzo nos ganamos. Este país hay que cerrarlo”, expresó molesto.

Dijo que no “hay orden, no hay respeto, no hay autoridad, pero sí mucho maltrato y abuso”.

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QUEJAS LLUEVEN EN EL TRIBUNAL DE AMET
Llamado del vocero

El vocero de la AMET llamó a todas las personas que estén en esa situación a acudir el Tribunal de Tránsito y explicar su tema.

“Nosotros tenemos conocimiento de algunos casos, pero en su mayoría son personas que han sido fiscalizadas a través de la placa, y han sido fiscalizados muchas veces que prestan el vehículo”, dijo.

Aseguró que en la AMET están en la mejor disposición a través del Tribunal de Transito para conocer todas las situaciones y darles respuestas, para de esa menera evitar cualquier tipo de inconveniente.

Al ser preguntado sobre la situación de poner la multa según la placa, dijo que es responsabilidad de cada dueño de vehículo si lo vende transferirlo.

“Esa es una recomendación que nosotros hacemos, pero además de eso, si usted se estaciona encima de la acera por irrumpir el paso peatonal, se la colocan a la placa”, dijo.

Indicó que si un conductor viola la luz roja y un agente de la AMET lo ve y toma la placa, esa multa irá al dueño del vehículo.

Expresó que las personas que hacen la denuncia deben demostrar la situación que tienen.

Añadió que están trabajando en un proceso de modernización del sistema de aplicación de multas para eficientizar el servicio.

listindiario,com

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Operación Armum: tribunales imponen garantías económicas de hasta RD$4 millones a investigados

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Propietarios y representantes de varias armerías deberán cumplir además presentación periódica e impedimento de salida; el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el manejo y comercialización de armas y municiones

SANTO DOMINGO.– Distintos tribunales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron medidas de coerción contra propietarios y representantes de establecimientos vinculados a la Operación Armum, investigación mediante la cual el Ministerio Público procura establecer la existencia de presuntas operaciones irregulares relacionadas con armas de fuego, municiones y otros pertrechos.

Las decisiones judiciales contemplan garantías económicas que oscilan entre RD$500,000 y RD$4 millones, además de presentación periódica e impedimento de salida de la República Dominicana sin autorización judicial.

Tribunal fija garantías millonarias en el Distrito Nacional

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantía económica de RD$4 millones contra Braulio Veras Rodríguez, mientras que a Henry Leónidas Tejeda Peralta le fue impuesta una garantía de RD$3.5 millones.

En el caso de Alexis Díaz Rodríguez, la garantía fue fijada en RD$3 millones.

Asimismo, Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena deberán prestar garantías económicas de RD$2 millones cada uno.

A Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada les fueron impuestas garantías de RD$1 millón, mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras.

La investigación también alcanza a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.

Otros tres investigados en Santo Domingo Este

En la jurisdicción de Santo Domingo Este, el tribunal dispuso una garantía económica de RD$500,000, acompañada de presentación periódica e impedimento de salida, contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.

En esa demarcación también figura bajo investigación la armería Los Héctor y Joso Eirl.

Ministerio Público investiga presuntas violaciones a la Ley 631-16

El órgano persecutor atribuye a los investigados presuntas infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, particularmente por hechos vinculados con tenencia ilícita, almacenamiento irregular e intermediación ilegal de armas y municiones.

De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados podrían estar sujetos a penas de entre 10 y 20 años de prisión, dependiendo de las infracciones que finalmente puedan ser establecidas durante el proceso.

La decisión correspondiente a los investigados del Distrito Nacional fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción, tribunal que tendrá a su cargo el control de la investigación.

Unas 200 armas y 40,000 municiones ocupadas

La Operación Armum fue ejecutada el pasado 1 de septiembre mediante 18 allanamientos realizados simultáneamente en diferentes puntos del Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.

Durante esas intervenciones, las autoridades ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego y unas 40,000 municiones, además de cargadores, miras telescópicas, equipos modificados y armas que presuntamente carecían de la documentación correspondiente.

Según la investigación del Ministerio Público, algunos de los establecimientos intervenidos supuestamente funcionaban sin licencia, con permisos vencidos o realizando actividades para las cuales no estaban autorizados.

Las autoridades investigan igualmente la alegada retención de armas pertenecientes a terceros y la comercialización irregular de municiones.

Las medidas de coerción impuestas constituyen decisiones cautelares dentro de un proceso todavía en investigación y no equivalen a una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público continuar reuniendo los elementos probatorios y a los tribunales determinar posteriormente las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos imputados.

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Gobierno proyecta inversión pública de 2.7 % del PIB al cierre de 2026

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Abinader defiende el nivel de inversión y asegura que, en términos absolutos, los recursos destinados a obras prácticamente duplican los de 2019

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader proyectó que la inversión pública de la República Dominicana concluirá 2026 en aproximadamente 2.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras defendió el manejo de los recursos destinados a obras y cuestionó la manera en que sectores de la oposición comparan los indicadores económicos de su administración.

El mandatario sostuvo que las comparaciones deben tomar en consideración tanto el tamaño actual de la economía como la diferencia entre valores absolutos y relativos.

Durante LA Semanal, dedicada en esta ocasión a analizar la economía, la estabilidad macroeconómica, el empleo, los indicadores sociales y el sector externo, Abinader señaló que sectores opositores utilizan indistintamente cifras porcentuales o absolutas dependiendo del indicador que pretenden evaluar.

“A veces los amigos de la oposición te hablan en términos relativos y otras veces te hablan en términos absolutos”, manifestó el gobernante.

Inversión superaría proporción registrada en 2019

Abinader utilizó como referencia el año 2019, previo a las crisis internacionales que posteriormente impactaron la economía dominicana.

Explicó que en ese período la inversión pública representó alrededor de 2.3 % del PIB, mientras que para finales de 2026 las autoridades esperan colocarla cerca del 2.7 %.

El presidente agregó que la comparación debe considerar que la economía dominicana es actualmente de mayor tamaño.

“Nosotros este año vamos a terminar con 2.7 aproximadamente, pero estamos hablando de una economía mucho mayor”, expresó.

Según su planteamiento, cuando la comparación se realiza en valores absolutos, los recursos destinados actualmente a la inversión pública son casi el doble de los correspondientes a 2019.

El mandatario atribuyó parte de ese incremento a las obras ejecutadas en diferentes provincias y aseguró que el Gobierno también ha procurado mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.

Magín Díaz reporta crecimiento de 34 % en inversión

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, respaldó los argumentos del mandatario y aseguró que la inversión pública acumula un incremento de aproximadamente 34 % con relación al año pasado, mientras el gasto corriente habría aumentado alrededor de un 7 %.

Díaz explicó que el Gobierno busca aumentar la inversión de capital pese a las restricciones fiscales que enfrenta el país.

“El objetivo es no reducirlo”, indicó el funcionario, quien afirmó que desde su llegada al Ministerio de Hacienda procura ejecutar más recursos, mejorar la calidad del gasto y, cuando las condiciones lo permitan, incrementar la inversión.

El ministro advirtió que mantener durante varios años una inversión pública cercana al 2.5 % del PIB no sería conveniente para las necesidades de crecimiento de la economía.

Déficit fiscal y deuda pública

Durante su exposición, Díaz abordó también el comportamiento de las cuentas fiscales.

Indicó que desde 2021 el déficit fiscal promedio se ha mantenido alrededor del 3 % del PIB, proporción que consideró razonable tomando en cuenta las diferentes crisis enfrentadas durante los últimos años.

Asimismo, sostuvo que la deuda pública se ha reducido en cerca de 10 puntos porcentuales respecto del nivel máximo registrado en 2020.

No obstante, reconoció que República Dominicana continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con la capacidad de generación de ingresos fiscales y con el nivel de inversión pública requerido para responder a las necesidades nacionales.

Restricciones fiscales condicionan capacidad de inversión

Díaz explicó que incrementar considerablemente la inversión pública sin disponer de nuevas fuentes de ingresos podría traducirse en un aumento del déficit fiscal.

Señaló que las autoridades han tenido que administrar esas limitaciones mediante redistribuciones presupuestarias y reducciones de determinadas partidas durante algunos períodos.

El funcionario recordó que las distintas crisis ocurridas desde 2020 dificultaron la realización de una reforma tributaria, situación que obligó al Gobierno a manejar el gasto dentro de un espacio fiscal restringido.

Gobierno explica origen de recursos para combustibles

El ministro también se refirió a los RD$30,000 millones destinados a amortiguar el impacto del incremento internacional de los combustibles.

Precisó que solo una parte reducida de esos recursos procede del denominado plan anticrisis, debido a que su implementación comenzó recientemente.

Según explicó, la mayor cantidad fue obtenida mediante ahorros y redistribuciones de partidas del gasto corriente, sin modificar el déficit establecido en el presupuesto reformulado.

Díaz adelantó que los ingresos adicionales asociados a las medidas contempladas en el plan anticrisis comenzarán a incorporarse gradualmente a las finanzas públicas.

Inversión pública vuelve al centro del debate económico

Las declaraciones colocan nuevamente en discusión el nivel de inversión que necesita República Dominicana frente a las restricciones fiscales del Estado.

Mientras el Gobierno sostiene que los recursos destinados a inversión han aumentado y proyecta cerrar 2026 con un nivel equivalente al 2.7 % del PIB, las propias autoridades reconocen la necesidad de elevar de manera sostenible la inversión pública sin comprometer la estabilidad de las finanzas nacionales.

El debate, por tanto, no se limita al porcentaje del PIB destinado a obras, sino también a la capacidad del Estado para generar ingresos, controlar el déficit y convertir la inversión pública en infraestructura y servicios que tengan impacto directo en la población.

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Tierras raras colocan a R.D. en el radar de Estados Unidos y la Unión Europea

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El país avanza en la exploración de minerales estratégicos en Pedernales, aunque todavía no existe explotación comercial y se esperan estudios más precisos sobre el volumen real de los recursos

SANTO DOMINGO.– El potencial de República Dominicana en tierras raras comienza a adquirir una creciente dimensión económica y geopolítica, despertando el interés de Estados Unidos y la Unión Europea en momentos en que las grandes potencias buscan asegurar el suministro de minerales considerados esenciales para las nuevas tecnologías.

El país, sin embargo, todavía se encuentra en una etapa de exploración, investigación y evaluación, por lo que las estimaciones existentes no significan que actualmente haya una explotación comercial de estos recursos.

Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos utilizados en industrias de alto valor tecnológico. Son fundamentales para la fabricación de teléfonos móviles, vehículos eléctricos, imanes permanentes, turbinas eólicas y numerosos equipos vinculados a las telecomunicaciones y otras tecnologías avanzadas.

Gobierno estima potencial superior a 150 millones de toneladas

El presidente Luis Abinader afirmó durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026 que República Dominicana tendría recursos superiores a 150 millones de toneladas, aunque el Gobierno espera disponer hacia finales de este año de estimaciones más precisas.

El principal foco de atención se encuentra en Pedernales, particularmente en la Reserva Fiscal Minera Ávila, creada mediante el Decreto 430-18 en 2018.

La reserva comprende una superficie de 14,876.045 hectáreas y abarca diferentes zonas de la provincia fronteriza.

Las investigaciones científicas realizadas hasta ahora relacionan los depósitos dominicanos de tierras raras principalmente con las bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco.

Un estudio encabezado por el investigador Joaquín A. Proenza, de la Universidad de Barcelona, determinó que estos recursos se concentran principalmente en las unidades litoestratigráficas de Aceitillar y Pedernales.

Estados Unidos pone atención en los recursos dominicanos

El potencial minero dominicano ha trascendido el ámbito estrictamente económico.

Estados Unidos ha acompañado parte de los trabajos de exploración y evaluación realizados en Pedernales, incluyendo asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Reserva Fiscal Minera Ávila.

Durante una visita al presidente Abinader en febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó el interés de Washington en trabajar conjuntamente con República Dominicana en el desarrollo de estos recursos.

El funcionario destacó la relevancia de estos minerales para tecnologías estratégicas, entre ellas las telecomunicaciones y los avances médicos, además de señalar la importancia que tiene para Estados Unidos que su desarrollo se produzca en países aliados.

Unión Europea entra en la carrera

A este interés se ha sumado la Unión Europea, que alcanzó recientemente un acuerdo con el Gobierno dominicano para impulsar investigaciones sobre tierras raras, galio y escandio presentes en los depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila.

El convenio contempla un financiamiento de 538,000 euros y establece que las investigaciones deberán realizarse bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y transparencia.

El objetivo inmediato no es iniciar operaciones mineras, sino ampliar el conocimiento científico de los depósitos y fortalecer las capacidades técnicas nacionales antes de determinar la viabilidad de futuros proyectos de aprovechamiento.

Emidom tendría participación estatal

Como parte de la estrategia minera, en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 453-24 la Empresa Minera Dominicana (Emidom), una entidad de capital totalmente estatal.

El Gobierno ha planteado que esta empresa tendría participación en una eventual explotación y procesamiento de minerales estratégicos, en caso de que las investigaciones determinen su viabilidad económica.

De la expectativa a la comprobación

El creciente interés de Washington y Bruselas coloca a República Dominicana ante una oportunidad que podría adquirir relevancia estratégica en los próximos años.

Pero entre poseer indicios geológicos y disponer de una industria minera comercial existe una distancia considerable.

Por ahora, el proyecto dominicano permanece en fase de exploración y evaluación, sin avances concretos hacia una explotación comercial.

La confirmación de las reservas, su concentración, los costos de extracción y procesamiento, la rentabilidad económica y las consecuencias ambientales serán factores determinantes antes de que el país pueda hablar de una verdadera industria de tierras raras.

La República Dominicana tiene ante sí un recurso potencialmente estratégico; el desafío será determinar cuánto existe realmente, cuánto puede recuperarse de manera económicamente viable y bajo qué condiciones debe aprovecharse para que sus beneficios permanezcan en el país.

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