Opinión
Veinte veces más deuda, y ni un solo problema resuelto.
Por Isaías Ramo
A abril de 2025, cada dominicano —desde el recién nacido hasta el anciano— carga con una deuda de más de 7,200 dólares, fruto de decisiones tomadas por una élite política y económica que ha gobernado de espaldas al pueblo. En apenas veintinueve años, la deuda pública consolidada del país ha pasado de 3,994 millones a más de 77,600 millones de dólares, un aumento de 1,843 % que compromete no solo el presente, sino que hipoteca el futuro de generaciones que aún no han nacido.
No es producto de una guerra, ni de una catástrofe natural, ni siquiera de una caída de los ingresos. No. Es consecuencia directa de una conducta criminalmente irresponsable, donde el gasto público ha crecido de forma desbordada por encima de lo recaudado durante más de tres décadas. Y, como ocurre en cualquier hogar o empresa que gasta más de lo que gana, el Estado termina endeudado. Solo que, en este caso, los que disfrutan el banquete no son quienes pagan la cuenta.
En 1996, el Estado dominicano recaudó 1,856 millones de dólares, de los cuales un 45 % se destinó a inversión de capital. En cambio, en 2024 recauda 20,346 millones, pero gasta 24,283 millones, destinando apenas un 10.8 % a inversión productiva. Es decir, aunque los ingresos se han multiplicado, el déficit no desaparece: por cada 100 pesos recaudados, 22.8 fueron al bolsillo de las élites financieras en concepto de intereses de deuda. Una ecuación perversa cuyo único destino es el colapso.
A menudo se nos habla de “crecimiento económico sostenido”, de “fortaleza fiscal”, y de “república modelo en la región”. Pero los datos dicen otra cosa. Desde 1996 a la fecha, los ingresos del Estado dominicano se han multiplicado por diez, pero la deuda pública se ha multiplicado por veinte. ¿Cómo puede explicarse esta contradicción? Muy simple: no estamos creciendo de verdad, estamos inflando la economía a base de deuda. Lo que han llamado desarrollo no es más que una burbuja dopada con préstamos, que beneficia a los de arriba mientras hunde a los de abajo en más impuestos, más inflación y menos servicios.
Este modelo de “crecimiento con esteroides” —sostenido artificialmente por financiamiento externo— ha convertido al Estado en un adicto al endeudamiento y al pueblo en la garantía colateral de una élite financiera y política que se sirve del país como si fuera su finca privada. La realidad desnuda es que, si los ingresos aumentaron 10 veces, no era necesario endeudarse 20 veces… a menos que el objetivo fuera otro: enriquecer a pocos a costa de todos.
Pero lo más grave es que esta espiral de endeudamiento fue precedida por un crimen estructural contra el pueblo dominicano: en 1996, la deuda externa del país era de 3,994 millones de dólares, y el Estado dominicano contaba con un patrimonio público incalculable. Empresas eléctricas (CDEE), mineras (Pueblo Viejo), industriales (CORDE), agroindustriales (CEA), hoteleras, aseguradoras, molinos y más.
En lugar de modernizar y convertir ese patrimonio en motor del desarrollo nacional, la partidocracia lo desguazó, lo malvendió y lo entregó a intereses privados, nacionales y extranjeros. Liquidaron el esfuerzo de generaciones enteras con la excusa de la “eficiencia”, y hoy nos han multiplicado la deuda por veinte sin resolver un solo problema esencial del pueblo.
Todo lo contrario: han profundizado la crisis social y económica. Han reducido al Estado a un simple cobrador de impuestos, sin alma, sin presencia, sin autoridad. Hoy el pueblo sufre la orfandad de un Estado ausente, incapaz de garantizar ni el agua potable, ni la energía digna, ni la salud, ni la educación, ni la seguridad ciudadana.
Para 2025, casi el 29 % de los ingresos tributarios se destinan al pago de intereses. Es decir, de cada 100 pesos que el pueblo entrega con esfuerzo, 29 se van a manos de acreedores que prestan a un país sin transparencia ni controles. Ni siquiera el Banco Central escapa: sus pasivos aumentan porque el Gobierno Central, ahogado en déficit, ya ni siquiera puede transferirle recursos.
Esto no es una crisis económica. Es una estafa institucionalizada.
Un modelo diseñado no para servir al pueblo, sino para proteger a una élite voraz que saquea el Estado con la complicidad de partidos, tecnócratas y funcionarios que se esconden tras cifras frías y discursos huecos.
Desde el Frente Cívico y Social (FCS) alzamos la voz con la fuerza de un pueblo digno. No podemos seguir aceptando que nos endeuden sin consultarnos. No debemos pagar una deuda que no disfrutamos. No es solo injusto: es inhumano.
Esta deuda no es solo financiera. Es una deuda política, social y moral.
Y exige justicia.
No puede hablarse de soberanía nacional cuando un niño dominicano nace con una deuda impagable sobre los hombros. No puede hablarse de desarrollo mientras se financia el privilegio de unos pocos con el sufrimiento de millones.
Hacemos un llamado urgente al pueblo dominicano:
A despertar. A organizarse. A exigir cuentas. A romper este círculo vicioso que nos conduce al abismo.
Desde el FCS proponemos una transformación fiscal radical, con pilares claros:
Un pacto tributario justo, simple y transparente.
Reglas fiscales firmes para contener el gasto clientelar y generar superávits.
Auditorías independientes y públicas de toda la deuda y los contratos asumidos en nombre del pueblo.
Y, sobre todo, un nuevo liderazgo político y social que no viva de la deuda, sino que luche por la dignidad.
El tiempo de la resignación ha terminado.
Es hora de decir basta.
La deuda que ellos contrajeron… no la pagaremos nosotros con hambre, desesperanza y silencio.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!