Opinión
Venezuela-14 de abril: una reflexión necesaria
Por Narciso Isa Conde
Cómo reflexionar, qué pensar y qué decir en lo inmediato de los reñidos resultados electorales en Venezuela, a título de avance.
Aun limitada a una ventaja de pocos votos, con todo los problemas que encierran esos resultados y esa tendencia, esta victoria de Nicolás Maduro, del PSUV y el Polo Patriótico debe ser defendida con firmeza y determinación; sobre todo después que Capriles y las fuerzas contra-revolucionaria que él representa hayan desconocido los resultados oficiales, enseñando las garras del denunciado plan de desestabilización a ser desplegado de ahora en lo adelante.
A pesar de mis conocidas consideraciones sobre el desgaste que genera el estancamiento del proceso bolivariano, sus deformaciones burocráticas, la expansión de la corrupción estatal, la preeminencia de la lógica capitalista y la consiguiente lentitud de la dinámica hacia la socialización… pensé que los sentimientos expresados a raíz del doloroso fallecimiento de Chávez, el inmenso reconocimiento a su legado y el estado de ánimo presente en gran parte de la sociedad venezolana, daban para alcanzar una victoria electoral holgada de Nicolás Maduro, candidato pre-seleccionado por el propio líder del proceso bolivariano.
Y me equivoqué de medio a medio junto a mis mejores amigos/as venezolanos/as, que apreciaban las perspectivas electorales de igual manera.
- Causas de fondo del bajón.
Esta es una evidencia de que no era posible en las condiciones de ese país hermano, en medio de los problemas acumulados, de los cuestionamientos a una parte de la dirección del proceso y de una fuerte inflación, contener el desgaste de popularidad y traducir en grandes volúmenes de votos esos sentimientos desatados en los memoriales del líder fallecido; más aún sin contar con la presencia directa del liderazgo carismático, el talento, la historia, la capacidad de trabajo y el impacto discursivo del Comandante Chávez, y sin asumir con fuerza su recomendaciones a favor de las rectificaciones de los errores cometidos y la radicalización del proceso transformador.
Es, además, a mi modo de ver, una confirmación de que la erosión del respaldo popular tiene causas que determinen, aun con altas y bajas, su carácter progresivo; y que esa dinámica erosiva, sin el escudo de contención de Chávez, le ha permitido esta vez a las nefastas fuerzas opositoras alcanzar un 49 por ciento de la votación.
El voto emocional, la carga espiritual, no dio para alcanzar los niveles y ventajas logrados Chávez, menos para sobrepasarlos.
Por el contrario, la reducción fue drástica, próxima un millón de votos, con el agravante de que en gran medida se traspasó a Capriles, que ya venía creciendo. Ni siquiera se quedó en abstención.
Esto podría caracterizarse como un fuerte, aunque no definitivo, castigo electoral soterrado a la candidatura y a la continuidad del proceso bolivariano post- Chávez. Un castigo político que su liderazgo en vida lograba amortiguar, contener y lentificar.
Y, sobre todo, significa una clara advertencia y una fuerte señal de la imperiosa necesidad de potenciar la dirección colectiva y poner en marcha el viraje, el “golpe de timón”, hacia la socialización que en grande, que el propio Chávez anunció para este periodo; lo que implica reducir sensiblemente las bases económicas y las súper-estructuras capitalistas de las derechas venezolanas y las fuentes de las diversas distorsiones económicas y culturales: especulación, inflación, desabastecimiento, dispendio, consumismo dependencia alimentaria, alienación y freno al desarrollo.
No se trata de un castigo personal, ni tampoco de una responsabilidad individual.
El problema es más grave, más de fondo, más estructural, y se relaciona con un prolongado y relativo estancamiento y muchas deformaciones y reproducciones de lo viejo, de lo burocrático y clientelista de ambos signos (“IV República” y “socialismo real”).
La auto-censura en el campo revolucionario y popular facilitó la acumulación de factores desgastante y le quitó presión a Chávez para rectificar, algo que anunció varias veces y nunca cumplió. Que volvió a retomar un su última campaña victoriosa, en términos más crítico y auto-crítico que antes, y que lamentablemente no fue debidamente destacado, relanzado y enriquecido en esta ocasión.
- Continuidad y profundización.
La continuidad tiene mucho más sentido, y generaría mucho más apoyo, si se radicaliza el proceso y se le libera de trabas externas, bloqueos internos deformaciones. Porque proceso hacia la revolución que no se profundiza y renueva constantemente, mata parcialmente el entusiasmo masivo en pro y poco a poco languidece.
Además, si dejan intactas las fuertes bases económicas, el poder mediático y las súper-estructuras capitalistas que todavía perduran en Venezuela, ellas seguirán sirviendo a la reproducción de las derechas políticas y de la Contra imperialista.
Si no se opta con fuerza por la socialización de la economía y el poder (lo que no equivale ni a un capitalismo de estado, ni un híbrido socialdemócrata entre él y el capitalismo, ni un Estado burocrático), se le seguirá facilitando su rehabilitación y crecimiento electoral, que es lo que ha estado pasando en el contexto de las amplias libertades existentes en tierra venezolana.
En la campaña roja-rojita hubo mucha exaltación del pasado, de las lealtades a líder del proceso y a sus factores emblemáticos, y poco del proyecto inmediato y futuro, y los grandes capos de las derechas, con los gringos detrás, se colaron oportunistamente en el pasado vía simbologías patrióticas, léxico centro-progresista, crítica simuladoras de algunos de los males acumulados y ciertas expresiones peliagudas de la crisis económica.
- Alerta y respuestas necesarias.
Ahora vienen “con duro” con su plan desestabilizador oculto, no simplemente con la espera del próximo chance electoral.
Han comenzado con la impugnación…a ver hasta donde llegan en este primer round de ese pérfido plan. Y a ver como se le responde a su contra-ofensiva post-electoral y desde cuales instancias se le contrarresta con energía y pueblo.
Ojala sea recurriendo al pueblo chavista y a sus anhelos de radicalización del proceso; y no a los acuerdos entre las “dos partes polarizadas y enfrentadas de la sociedad”, ni tampoco a las concesiones en aras de una supuesta reconciliación con las derechas, lo que además de mortal para el proceso bolivariano, sería contrario a seguir hablando revolución y de tránsito al socialismo y Patria Grande.
La clave está en quitarle los sectores populares y parte de las capas medias que la derecha ha vuelto a enrolar a su favor, atrayéndolas hacía el socialismo.
La clave, más allá de sus propias fronteras, es darle más fuerza al internacionalismo revolucionario, ampliar los vínculos con los movimientos políticos y sociales transformadores de nuestra América y el mundo. Por todo aquello de que la revolución necesita ser continentalizada para ser fuerte.
En ese plano procede también no limitar el latino-americanismo a las relaciones de Estado, diferenciar por la naturaleza y posicionamientos cada Estado o grupo de Estados los niveles y calidades de la cooperación y solidaridad, favorecer sobre todo a los que ejercen soberanía y alternativas al neo-liberalismo, aislar a los que practican el entreguismo y responden a las derechas pro-neoliberales, y dejar atrás, por ejemplo, situaciones tan cuestionadas como la relaciones solidarias con Leonel Fernández y su gobierno, símbolo de corruptela y recolonización, recientemente distinguido como acompañante especial de gobierno del presidente Maduro y el PSUV, junto a otros malandrines del PLD y sus aliados.
A los/as dominicanos/as sensibles, revolucionarios/as, duartianos/as, caamañistas, honestos/as, patriotas, nos parte el alma que después de todo lo denunciado y de lo que ha pasado con el manejo doloso de PETROCARIBE en nuestro país, se le sigue dando ese tratamiento a esa mafia política.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
……………………………………
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.