Opinión
Venezuela-14 de abril: una reflexión necesaria
Por Narciso Isa Conde
Cómo reflexionar, qué pensar y qué decir en lo inmediato de los reñidos resultados electorales en Venezuela, a título de avance.
Aun limitada a una ventaja de pocos votos, con todo los problemas que encierran esos resultados y esa tendencia, esta victoria de Nicolás Maduro, del PSUV y el Polo Patriótico debe ser defendida con firmeza y determinación; sobre todo después que Capriles y las fuerzas contra-revolucionaria que él representa hayan desconocido los resultados oficiales, enseñando las garras del denunciado plan de desestabilización a ser desplegado de ahora en lo adelante.
A pesar de mis conocidas consideraciones sobre el desgaste que genera el estancamiento del proceso bolivariano, sus deformaciones burocráticas, la expansión de la corrupción estatal, la preeminencia de la lógica capitalista y la consiguiente lentitud de la dinámica hacia la socialización… pensé que los sentimientos expresados a raíz del doloroso fallecimiento de Chávez, el inmenso reconocimiento a su legado y el estado de ánimo presente en gran parte de la sociedad venezolana, daban para alcanzar una victoria electoral holgada de Nicolás Maduro, candidato pre-seleccionado por el propio líder del proceso bolivariano.
Y me equivoqué de medio a medio junto a mis mejores amigos/as venezolanos/as, que apreciaban las perspectivas electorales de igual manera.
- Causas de fondo del bajón.
Esta es una evidencia de que no era posible en las condiciones de ese país hermano, en medio de los problemas acumulados, de los cuestionamientos a una parte de la dirección del proceso y de una fuerte inflación, contener el desgaste de popularidad y traducir en grandes volúmenes de votos esos sentimientos desatados en los memoriales del líder fallecido; más aún sin contar con la presencia directa del liderazgo carismático, el talento, la historia, la capacidad de trabajo y el impacto discursivo del Comandante Chávez, y sin asumir con fuerza su recomendaciones a favor de las rectificaciones de los errores cometidos y la radicalización del proceso transformador.
Es, además, a mi modo de ver, una confirmación de que la erosión del respaldo popular tiene causas que determinen, aun con altas y bajas, su carácter progresivo; y que esa dinámica erosiva, sin el escudo de contención de Chávez, le ha permitido esta vez a las nefastas fuerzas opositoras alcanzar un 49 por ciento de la votación.
El voto emocional, la carga espiritual, no dio para alcanzar los niveles y ventajas logrados Chávez, menos para sobrepasarlos.
Por el contrario, la reducción fue drástica, próxima un millón de votos, con el agravante de que en gran medida se traspasó a Capriles, que ya venía creciendo. Ni siquiera se quedó en abstención.
Esto podría caracterizarse como un fuerte, aunque no definitivo, castigo electoral soterrado a la candidatura y a la continuidad del proceso bolivariano post- Chávez. Un castigo político que su liderazgo en vida lograba amortiguar, contener y lentificar.
Y, sobre todo, significa una clara advertencia y una fuerte señal de la imperiosa necesidad de potenciar la dirección colectiva y poner en marcha el viraje, el “golpe de timón”, hacia la socialización que en grande, que el propio Chávez anunció para este periodo; lo que implica reducir sensiblemente las bases económicas y las súper-estructuras capitalistas de las derechas venezolanas y las fuentes de las diversas distorsiones económicas y culturales: especulación, inflación, desabastecimiento, dispendio, consumismo dependencia alimentaria, alienación y freno al desarrollo.
No se trata de un castigo personal, ni tampoco de una responsabilidad individual.
El problema es más grave, más de fondo, más estructural, y se relaciona con un prolongado y relativo estancamiento y muchas deformaciones y reproducciones de lo viejo, de lo burocrático y clientelista de ambos signos (“IV República” y “socialismo real”).
La auto-censura en el campo revolucionario y popular facilitó la acumulación de factores desgastante y le quitó presión a Chávez para rectificar, algo que anunció varias veces y nunca cumplió. Que volvió a retomar un su última campaña victoriosa, en términos más crítico y auto-crítico que antes, y que lamentablemente no fue debidamente destacado, relanzado y enriquecido en esta ocasión.
- Continuidad y profundización.
La continuidad tiene mucho más sentido, y generaría mucho más apoyo, si se radicaliza el proceso y se le libera de trabas externas, bloqueos internos deformaciones. Porque proceso hacia la revolución que no se profundiza y renueva constantemente, mata parcialmente el entusiasmo masivo en pro y poco a poco languidece.
Además, si dejan intactas las fuertes bases económicas, el poder mediático y las súper-estructuras capitalistas que todavía perduran en Venezuela, ellas seguirán sirviendo a la reproducción de las derechas políticas y de la Contra imperialista.
Si no se opta con fuerza por la socialización de la economía y el poder (lo que no equivale ni a un capitalismo de estado, ni un híbrido socialdemócrata entre él y el capitalismo, ni un Estado burocrático), se le seguirá facilitando su rehabilitación y crecimiento electoral, que es lo que ha estado pasando en el contexto de las amplias libertades existentes en tierra venezolana.
En la campaña roja-rojita hubo mucha exaltación del pasado, de las lealtades a líder del proceso y a sus factores emblemáticos, y poco del proyecto inmediato y futuro, y los grandes capos de las derechas, con los gringos detrás, se colaron oportunistamente en el pasado vía simbologías patrióticas, léxico centro-progresista, crítica simuladoras de algunos de los males acumulados y ciertas expresiones peliagudas de la crisis económica.
- Alerta y respuestas necesarias.
Ahora vienen “con duro” con su plan desestabilizador oculto, no simplemente con la espera del próximo chance electoral.
Han comenzado con la impugnación…a ver hasta donde llegan en este primer round de ese pérfido plan. Y a ver como se le responde a su contra-ofensiva post-electoral y desde cuales instancias se le contrarresta con energía y pueblo.
Ojala sea recurriendo al pueblo chavista y a sus anhelos de radicalización del proceso; y no a los acuerdos entre las “dos partes polarizadas y enfrentadas de la sociedad”, ni tampoco a las concesiones en aras de una supuesta reconciliación con las derechas, lo que además de mortal para el proceso bolivariano, sería contrario a seguir hablando revolución y de tránsito al socialismo y Patria Grande.
La clave está en quitarle los sectores populares y parte de las capas medias que la derecha ha vuelto a enrolar a su favor, atrayéndolas hacía el socialismo.
La clave, más allá de sus propias fronteras, es darle más fuerza al internacionalismo revolucionario, ampliar los vínculos con los movimientos políticos y sociales transformadores de nuestra América y el mundo. Por todo aquello de que la revolución necesita ser continentalizada para ser fuerte.
En ese plano procede también no limitar el latino-americanismo a las relaciones de Estado, diferenciar por la naturaleza y posicionamientos cada Estado o grupo de Estados los niveles y calidades de la cooperación y solidaridad, favorecer sobre todo a los que ejercen soberanía y alternativas al neo-liberalismo, aislar a los que practican el entreguismo y responden a las derechas pro-neoliberales, y dejar atrás, por ejemplo, situaciones tan cuestionadas como la relaciones solidarias con Leonel Fernández y su gobierno, símbolo de corruptela y recolonización, recientemente distinguido como acompañante especial de gobierno del presidente Maduro y el PSUV, junto a otros malandrines del PLD y sus aliados.
A los/as dominicanos/as sensibles, revolucionarios/as, duartianos/as, caamañistas, honestos/as, patriotas, nos parte el alma que después de todo lo denunciado y de lo que ha pasado con el manejo doloso de PETROCARIBE en nuestro país, se le sigue dando ese tratamiento a esa mafia política.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?