Opinión
Venezuela-14 de abril: una reflexión necesaria
Por Narciso Isa Conde
Cómo reflexionar, qué pensar y qué decir en lo inmediato de los reñidos resultados electorales en Venezuela, a título de avance.
Aun limitada a una ventaja de pocos votos, con todo los problemas que encierran esos resultados y esa tendencia, esta victoria de Nicolás Maduro, del PSUV y el Polo Patriótico debe ser defendida con firmeza y determinación; sobre todo después que Capriles y las fuerzas contra-revolucionaria que él representa hayan desconocido los resultados oficiales, enseñando las garras del denunciado plan de desestabilización a ser desplegado de ahora en lo adelante.
A pesar de mis conocidas consideraciones sobre el desgaste que genera el estancamiento del proceso bolivariano, sus deformaciones burocráticas, la expansión de la corrupción estatal, la preeminencia de la lógica capitalista y la consiguiente lentitud de la dinámica hacia la socialización… pensé que los sentimientos expresados a raíz del doloroso fallecimiento de Chávez, el inmenso reconocimiento a su legado y el estado de ánimo presente en gran parte de la sociedad venezolana, daban para alcanzar una victoria electoral holgada de Nicolás Maduro, candidato pre-seleccionado por el propio líder del proceso bolivariano.
Y me equivoqué de medio a medio junto a mis mejores amigos/as venezolanos/as, que apreciaban las perspectivas electorales de igual manera.
- Causas de fondo del bajón.
Esta es una evidencia de que no era posible en las condiciones de ese país hermano, en medio de los problemas acumulados, de los cuestionamientos a una parte de la dirección del proceso y de una fuerte inflación, contener el desgaste de popularidad y traducir en grandes volúmenes de votos esos sentimientos desatados en los memoriales del líder fallecido; más aún sin contar con la presencia directa del liderazgo carismático, el talento, la historia, la capacidad de trabajo y el impacto discursivo del Comandante Chávez, y sin asumir con fuerza su recomendaciones a favor de las rectificaciones de los errores cometidos y la radicalización del proceso transformador.
Es, además, a mi modo de ver, una confirmación de que la erosión del respaldo popular tiene causas que determinen, aun con altas y bajas, su carácter progresivo; y que esa dinámica erosiva, sin el escudo de contención de Chávez, le ha permitido esta vez a las nefastas fuerzas opositoras alcanzar un 49 por ciento de la votación.
El voto emocional, la carga espiritual, no dio para alcanzar los niveles y ventajas logrados Chávez, menos para sobrepasarlos.
Por el contrario, la reducción fue drástica, próxima un millón de votos, con el agravante de que en gran medida se traspasó a Capriles, que ya venía creciendo. Ni siquiera se quedó en abstención.
Esto podría caracterizarse como un fuerte, aunque no definitivo, castigo electoral soterrado a la candidatura y a la continuidad del proceso bolivariano post- Chávez. Un castigo político que su liderazgo en vida lograba amortiguar, contener y lentificar.
Y, sobre todo, significa una clara advertencia y una fuerte señal de la imperiosa necesidad de potenciar la dirección colectiva y poner en marcha el viraje, el “golpe de timón”, hacia la socialización que en grande, que el propio Chávez anunció para este periodo; lo que implica reducir sensiblemente las bases económicas y las súper-estructuras capitalistas de las derechas venezolanas y las fuentes de las diversas distorsiones económicas y culturales: especulación, inflación, desabastecimiento, dispendio, consumismo dependencia alimentaria, alienación y freno al desarrollo.
No se trata de un castigo personal, ni tampoco de una responsabilidad individual.
El problema es más grave, más de fondo, más estructural, y se relaciona con un prolongado y relativo estancamiento y muchas deformaciones y reproducciones de lo viejo, de lo burocrático y clientelista de ambos signos (“IV República” y “socialismo real”).
La auto-censura en el campo revolucionario y popular facilitó la acumulación de factores desgastante y le quitó presión a Chávez para rectificar, algo que anunció varias veces y nunca cumplió. Que volvió a retomar un su última campaña victoriosa, en términos más crítico y auto-crítico que antes, y que lamentablemente no fue debidamente destacado, relanzado y enriquecido en esta ocasión.
- Continuidad y profundización.
La continuidad tiene mucho más sentido, y generaría mucho más apoyo, si se radicaliza el proceso y se le libera de trabas externas, bloqueos internos deformaciones. Porque proceso hacia la revolución que no se profundiza y renueva constantemente, mata parcialmente el entusiasmo masivo en pro y poco a poco languidece.
Además, si dejan intactas las fuertes bases económicas, el poder mediático y las súper-estructuras capitalistas que todavía perduran en Venezuela, ellas seguirán sirviendo a la reproducción de las derechas políticas y de la Contra imperialista.
Si no se opta con fuerza por la socialización de la economía y el poder (lo que no equivale ni a un capitalismo de estado, ni un híbrido socialdemócrata entre él y el capitalismo, ni un Estado burocrático), se le seguirá facilitando su rehabilitación y crecimiento electoral, que es lo que ha estado pasando en el contexto de las amplias libertades existentes en tierra venezolana.
En la campaña roja-rojita hubo mucha exaltación del pasado, de las lealtades a líder del proceso y a sus factores emblemáticos, y poco del proyecto inmediato y futuro, y los grandes capos de las derechas, con los gringos detrás, se colaron oportunistamente en el pasado vía simbologías patrióticas, léxico centro-progresista, crítica simuladoras de algunos de los males acumulados y ciertas expresiones peliagudas de la crisis económica.
- Alerta y respuestas necesarias.
Ahora vienen “con duro” con su plan desestabilizador oculto, no simplemente con la espera del próximo chance electoral.
Han comenzado con la impugnación…a ver hasta donde llegan en este primer round de ese pérfido plan. Y a ver como se le responde a su contra-ofensiva post-electoral y desde cuales instancias se le contrarresta con energía y pueblo.
Ojala sea recurriendo al pueblo chavista y a sus anhelos de radicalización del proceso; y no a los acuerdos entre las “dos partes polarizadas y enfrentadas de la sociedad”, ni tampoco a las concesiones en aras de una supuesta reconciliación con las derechas, lo que además de mortal para el proceso bolivariano, sería contrario a seguir hablando revolución y de tránsito al socialismo y Patria Grande.
La clave está en quitarle los sectores populares y parte de las capas medias que la derecha ha vuelto a enrolar a su favor, atrayéndolas hacía el socialismo.
La clave, más allá de sus propias fronteras, es darle más fuerza al internacionalismo revolucionario, ampliar los vínculos con los movimientos políticos y sociales transformadores de nuestra América y el mundo. Por todo aquello de que la revolución necesita ser continentalizada para ser fuerte.
En ese plano procede también no limitar el latino-americanismo a las relaciones de Estado, diferenciar por la naturaleza y posicionamientos cada Estado o grupo de Estados los niveles y calidades de la cooperación y solidaridad, favorecer sobre todo a los que ejercen soberanía y alternativas al neo-liberalismo, aislar a los que practican el entreguismo y responden a las derechas pro-neoliberales, y dejar atrás, por ejemplo, situaciones tan cuestionadas como la relaciones solidarias con Leonel Fernández y su gobierno, símbolo de corruptela y recolonización, recientemente distinguido como acompañante especial de gobierno del presidente Maduro y el PSUV, junto a otros malandrines del PLD y sus aliados.
A los/as dominicanos/as sensibles, revolucionarios/as, duartianos/as, caamañistas, honestos/as, patriotas, nos parte el alma que después de todo lo denunciado y de lo que ha pasado con el manejo doloso de PETROCARIBE en nuestro país, se le sigue dando ese tratamiento a esa mafia política.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
(1 de 3)
El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.