Opinión
Venezuela: Doble victoria
Por Narciso Isa Conde
Ganar en grande la mayoría de las Alcaldías y sacar la mayoría de votos a nivel nacional con un buen margen por encima de las derechas, es una doble victoria del PSUV, el POLO PATRIOTICO y el pueblo chavista.
Hacerlo en medio de una guerra económica y un intenso plan de desestabilización, tiene todavía un valor mayor y de triple impacto.
-Valor para el proceso bolivariano en Venezuela, que precisa ser defendido y profundizado, obteniendo nuevos logros.
-Valor para la oleada continental por la nueva independencia y la emancipación de nuestros pueblos, que tiene en Venezuela un gran puntal y fuerte aliento.
-Valor para la necesaria redención de la humanidad sometida en la actualidad a los efectos destructivos y degradantes de la multi-crisis capitalista.
Doble victoria demostrativa de que la baja relativa en las pasadas elecciones presidenciales, afectadas por el entonces muy reciente fallecimiento del comandante Chávez y por cierta tendencia al declive electoral progresivo, podía y debía ser revertida.
- La clave del reciente triunfo.
La clave de este doble triunfo electoral –y más que electoral-, con triple impacto positivo, a mi entender estuvo en laradicalización de la respuesta a la guerra económica montada por la gran burguesía transnacional y local, instrumentada por las derechas políticas con el propósito de restarle base social al proceso hacia la revolución.
Erosionarle popularidad al proceso, descontrolarlo, caotizarlo y traspasar el desgaste al escenario propiamente electoral, con precisos planes desestabilizadores.
La radicalización en está ocasión consistió en enfocar los problemas y accionar desde el Estado y desde las fuerzas políticas y los movimientos sociales patrióticos y de izquierda, de tal manera que una parte el pueblo humilde y sectores medios de bajos ingresos pudieran identificar muy bien a las derechas políticas y a la gran burguesía como causantes de la especulación, los desabastecimientos, la devaluación del bolívar y la crisis de divisas.
Esto, a su vez, implicó cortar conexiones sensibles del gran capital con determinados enclaves de la burocracia contrarrevolucionaria, corrompida o tránsfuga; procediendo puntualmente a atacar o amenazar determinados focos y formas de corrupción relacionadas con esas malas prácticas.
Incluyó a la vez la aprobación de la ley habilitante y el uso de los poderes concentrados derivados de la misma, para establecer controles en materia de precios, asignación y uso de divisas, comercio exterior y comercialización interna; así como ágiles mecanismos de abastecimiento e intervenciones drásticas del Estado que garantizaran suministros fluidos de alimentos y artículos de alto consumo popular y aseguraran el control de la carestía desatada con fines políticos, al tiempo de desnudar con más precisión y contundencia a una parte de los agentes culpables.
- Efectos positivos en la subjetividad chavista y en el pueblo pobre.
Esto elevó la moral de la rebelde pobrecía venezolana, la acercó más al gobierno y a los/as candidatos/as del PSUV y el Polo Patriótico, potenció el chavismo y atrajo sectores confundidos o desalentados, convirtiendo el torneo electoral en una confrontación política y de clase mucho más clara y precisa.
Ese oportuno giro le permitió al Presidente Maduro, a su equipo de gobierno y a la dirección política del proceso, pasar claramente a la ofensiva y sacudir por el cuello a la derecha y ultraderecha social y política; contribuyendo así a elevar la subjetividad chavista y la confianza en la victoria, desatando más entusiasmo y mayor disposición al combate.
Tales pasos potenciaron en lo inmediato el perfil de la lucha de clase en la competencia política y recuperaron en mayor grado el legado combativo de Chávez.
Así las cosas -aunque todavía en escala limitada- el proceso hacia la revolución se defendió profundizándose; yendo más allá de la competencia electoralista, de las prácticas clientelistas, del despliegue de colores, la propaganda masiva, las diferencias históricas y la polarización tradicional. Comenzó a golpear parcialmente en ciertos puntos neurálgicos al viejo orden que todavía pervive y obstruye en grande, generando peligrosos desgastes, que es preciso revertir definitivamente.
- Significado de esta doble victoria.
Esto muestra todo el potencial que encierra profundizar, radicalizar y expandir las transformaciones anticapitalistas en Venezuela, que más allá de esos controles recientes –no totalmente invulnerables por la dinámica capitalista, algunos incluso montados sobre una lógica estrictamente consumista- implicaría expropiar y socializar progresivamente la gran propiedad capitalista y subvertir su lógica todavía preeminente..
Me refiero al cambio que implicaría socializar en forma ascendente lo privado y lo estatal, atacar la corrupción sistémica, subvertir la cultura rentista-consumista y desburocratizar los centros estatales de dirección en el marco de una compleja transición donde lo viejo se resiste a morir y lo nuevo no termina de crecer en grande y desarrollarse. Y en el que para avanzar sustancialmente, el Estado actual deberá ser desmontado para darle paso al poder de la sociedad, tal y como apuntó Chávez en su Aló Presidente Autocrítico (“Golpe de Timón”).
Estoy seguro, que asumidas con vigor la vía anticapitalista y la expansión del poder popular y la democracia directa, éstas erosionarían en mucho mayor grado la base político-electoral de las derechas, que todavía supera el 40% de los votantes y que incluso –aun en medio de esta declinación- logró mantener el control municipal en importantes ciudades venezolanas y conserva una fuerte influencia cultural.
Los resultados de esta significativa experiencia y de esta obligada radicalización del proceso en medio de las elecciones recientes, indican que en lo adelante es perfectamente posible reducir al mínimo la fuerza política de la contrarrevolución y erosionarle en mayor escala su actual peso electoral e institucional; impulsando la socialización de la economía y del poder, expandiendo las comunas en todos los niveles, traspasando más poder al pueblo, asumiendo a profundidad el GOLPE DE TIMÓN planteado por el comandante Chávez y ejecutando consecuentemente el Programa de la Patria, felizmente convertido en ley.
La fuerza electoral de la contrarrevolución, debilitada en cierta medida en estos comicios municipales, radica todavía en la fuerza económica del gran capital privado local y transnacional, en su poder mediático, en su hegemonía cultural nutrida por esos medios y en sus fábricas de ideología capitalista, en sus propiedades y operaciones financieras, industriales y comerciales, en el poder reversible que conserva en áreas de servicios, colegios y universidades, en la corrupción burocrática, en el capitalismo de Estado…
Y esa correlación cambiaría radicalmente en favor de la revolución con una reconfiguración de las fuerzas de vanguardia y un impulso categórico a la socialización (que no es igual a estatización), bien pensado, paulatino, sostenido, firme y ascendente; acompañado del estímulo sostenido a los cambios revolucionarios a nivel continental y mundial.
No de hay de otra. Revolución que se estanca y aísla, se debilita, retrocede y sucumbe. Revolución que avanza, profundizándose, radicalizándose a su interior y más allá, resulta muy difícil de derrotar.
El proceso hacia la revolución en Venezuela, con todo lo que significa para nuestra America y el mundo, tiene un nuevo periodo favorable para impulsar su calado en profundidad y su despliegue ascendente. Una nueva oportunidad.
Los momentos peores del pasado reciente han sido remontados, sin que esto implique el cese del accionar contrarrevolucionario de EU y sus fuerzas aliadas y el fin de los riesgos de reversibilidad.
Lindo fin de año abrazados/as a los ejemplos de Chávez y de Mandela.
¡Felicitémonos todos/as! Y aprovechemos al máximo esta nueva fase.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.