Opinión
Venezuela: el ladrón juzga por su condición
Por Narciso Isa Conde
Es difícil encontrar en la historia de la humanidad un sistema con mas capacidad de saqueo, apropiación y expoliación de las riquezas del Planeta Tierra que el modo de producción, distribución, acumulación y dominación capitalista, especialmente en su fase imperialista; ahora agravada por su “modo operanti” neo-conservador o neo-liberal y por el incremento se su voracidad, su financierización y su gansterización a la luz de su crisis de decadencia.
Como parte relevante de ese proceder del capitalismo imperialista, EEUU y sus elites empresariales, políticas y militares, han roto todos los records en prácticas de latrocinio de lo ajeno a escala mundial.
- EEUU: MÁS ALLA DEL ROBO Y LOS GENOCIDIOS.
De ahí que lo de que “el ladrón” no solo sea un recurso retórico, sino una condición demostrable.
Pero ahora no voy a caerle encima al poder imperialista y a sus conductores solo por su historia de robos impunes.
Tampoco solo por sus prácticas genocidas (terrorismo incluido), que a lo sumo requeriría desempolvar sus oscuros archivos de invasiones militares, golpes de Estado, guerras de agresión, escuelas de formación de militares asesinos y torturadores, cárceles tumbas, atentados, masacres, guerras químicas y bacteriológicas, bloqueos económicos…
O sencillamente mencionar lo que junto a sus aliados hizo recientemente o está haciendo en Palestina, Irán, Irak, Afganistán, Libia, Yemen, Kosovo, Ucrania, Honduras, Haití, Venezuela, Bolivia… Sin olvidar el Congo, Viet Nam, Cuba, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, Granada, Dominicana y más.
Quiero resaltar ahora, a propósito de la mendaz acusación contra el Presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y un conjunto de funcionarios civiles y militares venezolanos -incluyendo de paso y de nuevo al Comandante Jesús Santrich (FARC-EP/Nueva Marquetalia)- sus implicaciones en temas como la narco-corrupción y el develado plan de magnicidio contra el Presidente de la República Bolivariana; orquestado por la Administración Trump y la CÍA, con la colaboración del Gobierno Colombiano (presidido por Iván Duque, instrumento del narco-presidente Álvaro Uribe Vélez), Guaidó y la escoria venezolana.
El plan magnicida, luego de las confesiones y revelaciones del ex-general traidor Cliver Alcalá y de los datos ofrecidos por las autoridades chavista, no requiere más pruebas confirmatorias. Todo está dicho para asumir la veracidad de la denuncia.
Se trata de otra perversidad gringa, comparable con el atentado consumado por la tiranía trujillista contra Rómulo Bentancourt al inicio de los 60 y con los más de seiscientos intentos frustrados contra Fidel.
- EEUU: CAMPEON MUNDIAL DEL CONTUBERNIO CON EL NARCO.
Pero todo eso se queda corto respecto a las ominosas conexiones de las altas instancias del poder político, militar, policial de la superpotencia estadounidense con la narco-corrupción a escala continental y mundial.
-Comenzando por el manto de impunidad tendido a favor de los carteles estadounidenses involucrados en procesos delictivos relacionados con la enorme demanda de su mercado interno. La acción de la DEA y el FBI se concentran contra la oferta externa y el consumo menor.
-Seguido de los fenómenos relacionados con los dineros del lavado que nutren sus bancos de negocio y no pocas de sus operaciones secretas.
-Presentes en las asociaciones delictivas de la CIA, DEA, el PENTAGONO y sectores de su cuerpo diplomático con sus carteles preferidos: caso Irán-Contra, CÍA y Oliver Nort; caso control y uso de Ruta del Opio-Afganistán; caso capo boricua Figueroa Agosta- Embajador Hertell-EU en República Dominicana; informe de NACLA sobre el rol de BUSCH padre (siendo jefe de la CÍA) en la introducción de CRAC en comunidades de EEUU.
– Manifiestas en sus alianzas, contubernios y protecciones a Narco-Presidentes latino-caribeños como Macri ( instrumento en Argentina de la mafia calabresa italiana), Uribe (asociado a los carteles y al paramilitarismo de Medellín y muy especialmente a Pablo Escobar), Juan Orlando Hernández (protector de laboratorios de cocaína y enlace politico con importante carteles mexicanos); Leonel Fernández (con evidentes vínculos con el capo Quirino Ernesto Paulino, con Nelson Solano, el Zar de la Heroína en el Caribe y con el propio Figueroa Agosto; Martelli, ex-presidente de Haití; y todo lo relacionado con la protección abierta durante 20 años al cartel del Cesar Peralta, a cargo de sucesivos gobiernos dominicanos incluido el que preside Danilo Medina. Y paro de mencionar…
¡El ladrón juzga por su condición y los narco-estadistas también! El dicho conocido es válido para no pocas modalidades de delincuencia de Estado.
- RAZONES DE ESAS PERVERSIDADES.
Están claras las razones por las que ninguna Administración de EEUU ha incluido a estos personeros al servicio de la política de recolonización neoliberal en sus listas punitivas, en sus planes de desestabilización y sus programas magnicidas.
Tan claro como las razones para fabricar grotescas calumnias y fraguar proyectos criminales contra el Presidente Maduro, otros dirigentes chavistas y el propio camarada y amigo Jesús Santricht.
El pecado es una suma de atributos: la soberanía, la insumisión, la insurgencia política y/o militar, el compromiso con sus respectivos pueblos, con la justicia social, el proyecto socialista continental en gestación y la solidaridad bolivariana.
Así, con esa crueldad y esa dosis de indecencia, trataron a Fidel, al Che y a Chávez.
Así tratan a Raúl y a la digna Cuba.
Esta saña contra Venezuela bolivariana y chavista se parece mucho a la de las potencias coloniales contra Haití y a la del imperialismo yanqui contra Cuba: es saña medular contra el atrevimiento de iniciar etapas diferentes a favor de la independencia continental.
Es odio, es miedo, es perversidad de imperios decadentes.
Pero NO PASARAN!!
La derechas mafiosas venezolanas con su Guaidó va camino al basurero.
Como más temprano que tarde irá a un basurero más grande y más profundo, el imperio decadente que los protege junto a sus Bolsonaro, Janine, JOH, Juvenal Moises, Danilo y demás canallas políticas continentales.
Por José Cabral
Santiago siempre ha sido definida como la “Ciudad Corazón”, cuya expresión refleja una condición que no se encuentra en cualquier lugar.
Nadie puede negar el calor humano que caracteriza al santiaguero, pero la realidad es que en los últimos años las cosas han cambiado bastante y no se sabe hasta dónde la “Ciudad Corazón” conserva esa condición.
Pero independientemente de que quede muy poco de ese cariño y calor que adorna al que procede de un municipio que ahora camina indiscutiblemente a la conversión en una gran metrópolis, es vital que se trabaje también para conservar muchas de las tradiciones de la segunda capital del país como la llaman muchos.
El crecimiento urbanístico, comercial y empresarial dirige a Santiago a ocupar uno de los primeros lugares en cuanto a desarrollo se refiere, pero se impone que se dote de herramientas que contribuyan con el restablecimiento valores culturales y morales, porque es mucho lo que se ha perdido en esta materia.
El crecimiento comercial, empresarial y urbanístico no puede ser lo único que impacta a Santiago, sino que se necesita que conserve su riqueza cultural y medioambiental, sobre todo porque estos aspectos pueden ser un instrumento para lograr lo que mucha gente ha planteado que es convertirla en un verdadero polo de turismo de salud, ecológico, histórico y de montañas.
Las intervenciones del Estado en áreas que se caracterizan por una fuerte presencia de actividades culturales como la calle Benito Monción, Del Sol, entre otras, sin lugar a dudas, que cambiarán la cara de una ciudad encantadora como Santiago.
Pero se necesita profundizar para que la cultura sea una buena carta de presentación del santiaguero, amén de otras condiciones que adornan a la ciudad.
En la actualidad están dadas las condiciones para que Santiago entre al mundo de la televisión pública y que su proyección sea de primer orden, sobre todo con una alianza de la gente de la zona que vive en los Estados Unidos.
Hay que hacer un puente de doble vía entre ambas comunidades para sacar provecho de los grandes recursos que existen en uno y otro lado.
En un próximo artículo profundizaré sobre los beneficios que traería a Santiago una estación de televisión pública que la proyecte como una de las grandes ciudades del mundo que no sólo está dotada de un potencial turístico y cultural, sino también de una historia enriquecedora y que enaltece el espíritu.
Por Rommel Santos Díaz
El Estatuto de la Corte Penal Internacional se refiere con frecuencia a la protección de información confidencial. La Corte tiene el deber general de proteger la confidencialidad de los documentos e información en su posesión, salvo que su divulgación sea necesaria para una solicitud de cooperación para un Estado.
El artículo 87 del Estatuto prevé que ¨el Estado requerido preservará el carácter confidencial de toda solicitud de cooperación y de los documentos que la justifiquen , salvo cuando su divulgación sea necesaria para tramitarla¨. Por ende los Estados deberán mantener la confidencialidad de todas las solicitudes de cooperación de la Corte Penal Internacional, y sólo podrán revelar a las autoridades correspondientes ( por ejemplo, a la policía para que ejecuten una orden de arresto) la información que necesiten para llevar a cabo la solicitud.
Esas cláusulas pretenden que el Fiscal y la Corte mantengan la confidencialidad lo mejor posible en las investigaciones, órdenes y solicitudes de asistencia de la Corte para evitar que las personas acusadas huyan, los testigos sean amenazados o eliminados, y la prueba desaparezca o sea destruida. Por ende, el éxito del Estado en la conservación de la confidencialidad de tales solicitudes repercutirá directamente sobre la efectividad de la Corte.
Según el artículo 87, un Estado Parte podrá también ser requerido para proteger cierta información en su posesión o control, cuando se necesiten medidas para garantizar la seguridad o bienestar físico o psicológico de las víctimas, posibles testigos y sus familiares.Estas medidas se aplicarán de conformidad con la forma en que el Estado prevea y maneje la información y podría también involucrar la confidencialidad de cierta información.
Según el artículo 68 del Estatuto de Roma, un Estado podrá solicitar a la Corte la adopción de medidas necesarias para la protección de sus funcionarios o agentes, así como de la información de carácter confidencial o restringida.
El artículo 93 estipula que el Estado requerido para cooperación podrá transmitir al Fiscal documentos o información con carácter confidencial, y el Fiscal podrá únicamente utilizarlos para reunir nuevas pruebas.El párrafo C de ese mismo artículo prevé que el Estado podrá autorizar la divulgación ulterior de los documentos.
En el contexto de las obligaciones los Estados deberán mantener la confidencialidad de las solicitudes de cooperación, y de cualquier documento que fundamente estas solicitudes.
Si la Corte Penal Internacional realiza una solicitud de conformidad con el artículo 87 para proteger cierta información, el Estado deberá cumplirla para asi proteger a las víctimas, testigos y sus familiares
En cuanto a la implementación los Estados deberán contar con procedimientos para mantener la confidencialidad de las solicitudes de cooperación y los documentos que las fundamenten. Esta obligación de confidencialidad podrá regularse por vía legal, o podría ser definida por el Poder Ejecutivo. Ya sea que la obligación se implemente por la legislación o por una decisión ejecutiva , el Estado deberá asegurarse de que la vía elegida para recibir las solicitudes proteja la confidencialidad.
Adicionalmente los Estados podrán necesitar la implementación de procedimientos y posiblemente leyes que les permitan proveer y manejar información de una manera tal que se proteja la seguridad y el bienestar de las víctimas, testigos y sus familiares. Estos procedimientos normalmente se regularán por la vía ejecutiva y no legal.
Finalmente, podrían implementarse, tanto para la aplicación de las solicitudes de la Corte para proteger información, así como para las solicitudes a la Corte por parte de un Estado para proteger información y ciertos individuos. No obstante, el Estado deberá tomar en cuenta su legislación nacional sobre privacidad, al establecer estos procedimientos y deberá determinar si requiere reformarla.
Por Isaías Ramos
Es fundamental que la población dominicana se mantenga alerta y consciente de las graves implicaciones de las decisiones y acciones que este gobierno está llevando a cabo. Estas medidas amenazan nuestra Constitución y nuestros derechos fundamentales, económicos y sociales.
La introducción simultánea de diversas reformas puede interpretarse como una estrategia deliberada para provocar un shock en la ciudadanía, generando confusión y descontento que podrían resultar devastadores tanto para la nación como para quienes promueven estas medidas.
No podemos ignorar el inminente riesgo de que, bajo el pretexto de estas «reformas», se desencadene un caos social. Este escenario es tan alarmante que podría invocar el artículo 264 de nuestra Constitución, permitiendo declarar un “Estado de Conmoción Interior”. Como dice el refrán: “guerra avisada no mata soldado”.
Es momento de alertar a nuestra sociedad antes de permitir situaciones indeseables que puedan desembocar en calamidades similares a las vividas en abril de 1984. No podemos permitir que nuestro pueblo sufra nuevamente bajo el peso del dolor y la indignación.
La violación del orden constitucional por parte del gobierno no solo socava los principios fundamentales de un Estado Social y Democrático de Derecho, sino que también pone en grave riesgo el futuro económico y social de millones de dominicanos. Estamos en un punto crítico: empujar a la clase trabajadora y a la clase media hacia condiciones extremas de pobreza, mientras otros sectores disfrutan del privilegio, es una injusticia que no podemos tolerar.
Al igual que en la fábula del sapo en agua hirviendo, donde el peligro es subestimado hasta ser irreversible, es crucial que nuestros ciudadanos tomen conciencia urgente para fortalecer sus mecanismos defensivos ante estas contrarreformas.
La situación actual exige atención inmediata. Las decisiones de este gobierno están erosionando los derechos económicos y sociales consagrados en nuestra Constitución. La tendencia hacia privatizar servicios esenciales —como el sector eléctrico— plantea riesgos significativos de perpetuarnos en el subdesarrollo de una eterna miseria.
Debemos unirnos con determinación para defender nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, garantizando que los recursos públicos no sean despojados en beneficio exclusivo del sector privado; solo así podremos asegurar un futuro sostenible y justo para todos.
En el Frente Cívico y Social, reconocemos con preocupación el enorme endeudamiento al que ha sido sometido nuestro país durante dos décadas, y especialmente en los últimos cuatro años. Esta situación representa una bomba de tiempo lista para estallar.
Nos enfrentamos al riesgo real e inmediato de experimentar hiperinflación sin precedentes junto con niveles históricos de desempleo que pueden desestabilizar aún más nuestra economía e impactar severamente nuestra calidad de vida.
Este panorama exige una reflexión profunda sobre nuestras políticas económicas actuales, así como un compromiso colectivo orientado hacia soluciones sostenibles capaces de prevenir esta catástrofe inminente.
Esta administración ha inaugurado una forma evolutiva del corporativismo, donde el Gobierno y las élites económicas le declaran una guerra a la clase media y trabajadora con el fin de hundirla en la eterna pobreza. Mientras la fórmula de alianza gobierno-élite garantiza grandes beneficios a expensa de financiarlo con deuda y subsidios públicos.
Este modelo se asemeja más a un Estado policial que lanza una guerra total contra los derechos económicos y sociales fundamentales. La creciente concentración de la riqueza nacional entre unos pocos privilegiados es alarmante, mientras empuja a gran parte de la población hacia condiciones precarias.
Esta orquestada transferencia de riqueza, presentada como inevitable, es en realidad parte de un diseño social que prioriza intereses particulares sobre el bienestar colectivo y sumerge a millones en una miseria estructurada.
En el FCS, entendemos que es imperativo abordar las desigualdades con propuestas sólidas, promoviendo modelos justos e inclusivos enfocados en el bienestar colectivo y el mandato constitucional.
¡Despierta, RD!