Opinión
Venezuela y las confesiones premiables del comando sur y departamento de estado USA
Por Narciso Isa Conde
…“el que no esté con nosotros debe pasar por los más dolorosas privaciones, las más terribles inseguridades, las más penosas necesidades de todo aquello que durante tanto tiempo disfrutó teniéndonos por aliado…” ELLIOT ABRAHAM.
Hay confesiones premiables que el coro mundial dominante contra Venezuela bolivariana, auspiciado por el poderío mediático del imperialismo occidental, se encarga de ocultar y /o subvalorar en cuanto a evidencias de delitos de Estado, violaciones a derechos humanos y agresiones a la autodeterminación de pueblos.
Hablo de confesiones descaradas, que implican crímenes de lesa humanidad a cargo de instituciones y personeros estadounidenses con capacidad de provocar genocidios, en tantos voceros de su Gobierno y de sus Fuerzas Armadas.
-Revisen estas declaraciones de factura militar:
“Intensificar el derrocamiento definitivo del chavismo y la expulsión de su representante, socavar el apoyo popular….alentar la insatisfacción popular aumentando el proceso de desestabilización y desabastecimiento…
Incrementar la inestabilidad interna a niveles críticos, intensificando la descapitalización del país, la fuga de capital extranjero y el deterioro de la moneda nacional, mediante la aplicación de nuevas medidas inflacionarias que incrementen ese deterioro…obstruir todas las importaciones y al mismo tiempo desmotivar a los posibles inversores foráneos”.
(KURT TIDD, Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, tomado del documento “El Golpe Maestro de EEUU contra Venezuela”, 9-05-2018. Citado por Stella Caloni en artículo publicado en la Red Voltaire)
-Pero observen además con atención estos párrafos del informe político presentado por el halcón Elliot Abraham a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU:
¿Entonces vamos acaso a permitir que en Venezuela sea exitoso el socialismo, señores Representantes? ¿Pueden ustedes creer lo que eso provocaría en toda la región de América Latina?, ¿Ustedes pueden imaginarse lo que representa construir tres millones de viviendas sin la participación de la empresa privada? ¿Cuál sería el destino de nuestro modelo si no intervenimos allí en los proyecto de salud o educación, en la formación de sus militares y en la adquisición de los elementos para su defensa?, ¿Vamos entonces a permitir que en ese país triunfe el socialismo, un sistema al que le hemos venido declarando la guerra desde que nos constituimos en democracia líder del libre mercado? Por lo tanto, el que no esté con nosotros debe pasar por los más dolorosas privaciones, las más terribles inseguridades, las más penosas necesidades de todo aquello que durante tanto tiempo disfrutó teniéndonos por aliado y por el sostén de sus costumbres, de sus hábitos y entretenimientos más preciados…”.
- LA VERDAD AL DESNUDO.
Estas confesiones dejan claro que la crisis que afecta a Venezuela ha sido provocada por la cúpula del poder estadounidense, que el deterioro de la economía en los niveles actuales, los desabastecimientos, la híper-inflación y la devaluación gigantesca de la moneda nacional, las “privaciones” y “necesidades penosas”, los intentos de golpes de Estado y de desestabilización, la violencia, inseguridad, obstrucción de las importaciones y fuga de divisas y capitales…han sido consecuencias de un plan fríamente programado y ejecutado por el Departamento de Estado y el Pentágono de EEUU. Y ahora resucitan el TIAR, fuerza de intervención militar continental “a pedido de Guaidó”.
Esto es, que lo que se le atribuye al Gobierno de Nicolás Maduro y al chavismo, lo que se le endilga sistemáticamente y en volúmenes sin precedentes para desacreditarlos, satanizarlos y derrocarlos ha sido fundamentalmente obra del imperialismo estadounidense y sus socios continentales y mundiales.
Estas dos confesiones, fruto del descaro que emana de una prepotencia y una soberbia imperial sin límites, deberían ser premiadas como pruebas de la perversidad que acompañan sus propósitos de recolonización de Venezuela y de Nuestra América; es decir, los intentos de desconocer el derecho de autodeterminación, aplastando esa y todas las soberanías.
Ambas confesiones destilan un odio que va más allá de la rapacidad de un imperialismo decadente que procura apropiarse por la fuerza de nuestras riquezas (petróleo, oro, litio, “tierras raras”, biodiversidad, tierras fértiles, fuentes de agua…) y devela su ira contra todo lo que atente contra su coloniaje, su afán de aplastar nuestras identidades culturales, la supremacía blanca, su racismo proverbial y su indecente desprecio por estas sociedades mestizas, mulatas, negras y sus pueblos originarios.
Pero lo peor de todo es como la mentira -pasándole por encima a confesiones de este calibre y gravedad- se ha convertido en matriz de medios, cadenas informativas, noticieros, analistas, periodistas, políticos, empresarios, pastores, militares…que en todos nuestros países han conformado impresionantes redes de reproductores en gran escala de esta trágica inversión de la realidad.
Inconducta que se podría entender inocente, resultado de la alienación masiva, en personas confundidas, desinformadas o ignorantes de lo que realmente acontece en Venezuela y en el mundo; pero no en los casos de gobernantes, profesionales de la política y la economía, periodistas y comunicadores, representantes de las ciencias sociales, la cultura, iglesias y universidades, la diplomacia, la tecnocracia, la farándula, el deporte profesional y el quehacer militar y policial.
Eso se llama optar conscientemente por intereses espurios y versiones reñidas con verdades conocidas y comprobables, aunque poco difundidas.
Optar por la defensa de privilegios y acomodamientos personales, atropellando la verdad y hasta obviando confesiones como las anotadas.
Disposición a difundir mentiras y medias verdades por temor a las represalias, por falta de valor.
Evadir responsabilidades en desmedro de la ética profesional.
Y, en el mejor de los casos, erigir el liberalismo, el neoliberalismo y el conservadurismo de factura europea y estadounidense en dogmas convenientes, o negarse a reflexionar o investigar antes de hablar o escribir para montarse en la corriente de opinión dominante.
Entre esa camada no faltan bocinas bien pagadas y además pericos y cotarras repetidoras de infundios reaccionarios “made in usa”.
Gracias Almirante o Mariscal Tidd, gracias Mr Abraham por ponerlos en evidencia con estas confesiones y/o “delaciones” premiables. ¡Aplaudo a su pérfida sinceridad!
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.