Opinión
Verse en el espejo de Brasil
Published
3 años agoon
Por Narciso Isa Conde
En la medida que el sistema capitalista-imperialista occidental se torna más insostenible social y ambientalmente…en la medida se desacreditan sus agentes políticos durante su ejercicio como partidocracia estatal-gubernamental…
En la medida que las brutales desigualdades socioeconómicas evidencian la responsabilidad de las elites capitalistas en los procesos de empobrecimiento de la humanidad y el planeta…
En la medida la contrapartida popular cargada de indignación y expresada en rebeldías político-sociales se traducen en recurrentes crisis de gobernabilidad….en la medida todo eso expresa en una multi-crisis crónica y una fuerte tendencia a la decadencia de la civilización burguesa y la pérdida de hegemonía de EEU
Agresividad, degradación y endurecimiento
En esa misma medida el capitalismo y sus promotores más sistémicos y voraces imponen y endurecen la recolonización neoliberal, derechizan el abanico partidista, sobre-explotan, excluyen, y saquean con más intensidad.
Se gansterizan y pentagonizan, y recurren- dentro de su esquema de guerra global infinita- a las nuevas guerras de reconquista, a la violencia y al despotismo.
Colocan, además, en lugar relevante de su agenda los fundamentalismos religiosos y la cultura patriarcal-machista.
Reprueban la libertad de opción sexual y se recrudece la homofobia.
Refuerzan la dictadura del adulto varón contra niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos mayores; y optan apasionadamente por la supremacía blanca, coloniaje, racismo y xenofobia.
En ese contexto amalgaman todo esto con la política y la comunicación alienante…
Neofascismo del siglo XXI y alternativa
Y así rebrota el neofascismo actual como engendro de la dinámica perversa del capital y de su crisis múltiple e integral, estrechamente relacionada con su declive como sistema de dominación.
Un fenómeno global que sigue creciendo en tanto expresión de la decadencia agresiva de un prolongado reinado, el cual se está degradando y debilitando, con brotes de masas fanatizadas e irrupciones coyunturales muy violentas, entre otros países, en EEUU, Perú, Brasil y Europa Occidental.
Un fenómeno de actualidad que se expande dada las debilidades esenciales de sus contrapartidas políticas.
El reciente reventón violento de ese fenómeno en Brasil, en ocasión de la victoria de Lula y del PT, prendió las alarmas. Obligatoriamente hay que verse en ese espejo: hasta promotores de los diversos componentes de la ideología neofascista, en actitud de suprema hipocresía, han tenido que distanciarse de esos hechos y condenarlos
Ese engendro neo-fascista está presente en toda la región latino-caribeña, sin excluir nuestra República Dominicana, donde el racismo anti haitiano impregna gran parte sistema de partidos y gobierno, y donde el dogma religioso se funde con el Estado, con la gestión política cotidiana (incluida la del presidente Luis Abinader), con los procesos educativos públicos y privados, y gran parte de la producción mediática-propagandística, augurando densos nubarrones.
Los violentos acontecimientos de Brasil, al tornarse tan grotescos y afines a una conjura golpista, ha puesto en apuros a las fuerzas ultraconservadoras que están transitando por caminos facistoides; viéndose obligadas en consecuencia a distanciarse formalmente de los protagonistas de los mismos, dado el enorme repudio que han concitado el neofascismo brasileño a nivel continental.
Aquí no ha faltado el despliegue de simulaciones o de silencios en casi todo el espectro conservador y en casi todos los sembradores de odio neofascista, con sede en el Palacio Nacional, Congreso, cúpulas partidistas, eclesiales y empresariales.
Bolsonaristas y trumpistas vergonzantes aparecen condenando o evadiendo el apoyo a sus modelos y referentes. Señal de una pusilanimidad que los condena a la derrota.
La lección brasileña, como la masacre en Perú a cargo de fuerzas parecidas, no dejan dudas de que el tema no puede ser descuidado por más tiempo.
Dejar que avance y logre manipular una parte significativa de las sociedades, sin atacar sus raíces ideológicas y aislar sus cabezas, tiene un enorme costo político.
Por tanto, el curso actual de la crisis global y sus trágicas derivadas imponen la necesidad librar una batalla de ideas de alto calibre que posibilite desmontar las fuentes que nutren y permiten potenciar el pensamiento neofascista y sus bases culturales de larga tradición; incorporadas al quehacer político cotidiano de los diversos agentes de una dominación capitalista significativamente agrietada por la peor crisis de su historia.
Existen aportaciones teóricas y diseños de políticas públicas capaces de erosionar el conjunto alienaciones históricas derivadas incluso de formaciones económicas-sociales anteriores, a las que desesperadamente estás apelando el sistema capitalista-imperialista occidental y fuerzas asociadas, para prolongar a cualquier precio su maltrecho reinado. ¡No hay razones para vacilar!
En perspectiva la alternativa deberá ser definidamente antiimperialista, anticapitalista, feminista, ecológica, laica, anti-racista… o será frustrada por el avance del fascismo en expansión.
Y si a la suma de esos factores adversos y discriminaciones cooptadas se le suman a una opresión clasista cada vez más despótica, el producto no es otro que un nuevo fascismo propio de la postmodernidad y con aliento digital mercadológico; y necesariamente la alternativa que lo liquide equivale a un nuevo socialismo, fruto de una ruptura y una nueva creación a cargo de todas las rebeldías contra todas las opresiones.
jpm-am
Opinión
La Corte Penal Internacional y la Justicia Internacional (3 de 3)
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7 días agoon
enero 4, 2026Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!
