Opinión
Verse en el espejo de Brasil
Por Narciso Isa Conde
En la medida que el sistema capitalista-imperialista occidental se torna más insostenible social y ambientalmente…en la medida se desacreditan sus agentes políticos durante su ejercicio como partidocracia estatal-gubernamental…
En la medida que las brutales desigualdades socioeconómicas evidencian la responsabilidad de las elites capitalistas en los procesos de empobrecimiento de la humanidad y el planeta…
En la medida la contrapartida popular cargada de indignación y expresada en rebeldías político-sociales se traducen en recurrentes crisis de gobernabilidad….en la medida todo eso expresa en una multi-crisis crónica y una fuerte tendencia a la decadencia de la civilización burguesa y la pérdida de hegemonía de EEU
Agresividad, degradación y endurecimiento
En esa misma medida el capitalismo y sus promotores más sistémicos y voraces imponen y endurecen la recolonización neoliberal, derechizan el abanico partidista, sobre-explotan, excluyen, y saquean con más intensidad.
Se gansterizan y pentagonizan, y recurren- dentro de su esquema de guerra global infinita- a las nuevas guerras de reconquista, a la violencia y al despotismo.
Colocan, además, en lugar relevante de su agenda los fundamentalismos religiosos y la cultura patriarcal-machista.
Reprueban la libertad de opción sexual y se recrudece la homofobia.
Refuerzan la dictadura del adulto varón contra niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos mayores; y optan apasionadamente por la supremacía blanca, coloniaje, racismo y xenofobia.
En ese contexto amalgaman todo esto con la política y la comunicación alienante…
Neofascismo del siglo XXI y alternativa
Y así rebrota el neofascismo actual como engendro de la dinámica perversa del capital y de su crisis múltiple e integral, estrechamente relacionada con su declive como sistema de dominación.
Un fenómeno global que sigue creciendo en tanto expresión de la decadencia agresiva de un prolongado reinado, el cual se está degradando y debilitando, con brotes de masas fanatizadas e irrupciones coyunturales muy violentas, entre otros países, en EEUU, Perú, Brasil y Europa Occidental.
Un fenómeno de actualidad que se expande dada las debilidades esenciales de sus contrapartidas políticas.
El reciente reventón violento de ese fenómeno en Brasil, en ocasión de la victoria de Lula y del PT, prendió las alarmas. Obligatoriamente hay que verse en ese espejo: hasta promotores de los diversos componentes de la ideología neofascista, en actitud de suprema hipocresía, han tenido que distanciarse de esos hechos y condenarlos
Ese engendro neo-fascista está presente en toda la región latino-caribeña, sin excluir nuestra República Dominicana, donde el racismo anti haitiano impregna gran parte sistema de partidos y gobierno, y donde el dogma religioso se funde con el Estado, con la gestión política cotidiana (incluida la del presidente Luis Abinader), con los procesos educativos públicos y privados, y gran parte de la producción mediática-propagandística, augurando densos nubarrones.
Los violentos acontecimientos de Brasil, al tornarse tan grotescos y afines a una conjura golpista, ha puesto en apuros a las fuerzas ultraconservadoras que están transitando por caminos facistoides; viéndose obligadas en consecuencia a distanciarse formalmente de los protagonistas de los mismos, dado el enorme repudio que han concitado el neofascismo brasileño a nivel continental.
Aquí no ha faltado el despliegue de simulaciones o de silencios en casi todo el espectro conservador y en casi todos los sembradores de odio neofascista, con sede en el Palacio Nacional, Congreso, cúpulas partidistas, eclesiales y empresariales.
Bolsonaristas y trumpistas vergonzantes aparecen condenando o evadiendo el apoyo a sus modelos y referentes. Señal de una pusilanimidad que los condena a la derrota.
La lección brasileña, como la masacre en Perú a cargo de fuerzas parecidas, no dejan dudas de que el tema no puede ser descuidado por más tiempo.
Dejar que avance y logre manipular una parte significativa de las sociedades, sin atacar sus raíces ideológicas y aislar sus cabezas, tiene un enorme costo político.
Por tanto, el curso actual de la crisis global y sus trágicas derivadas imponen la necesidad librar una batalla de ideas de alto calibre que posibilite desmontar las fuentes que nutren y permiten potenciar el pensamiento neofascista y sus bases culturales de larga tradición; incorporadas al quehacer político cotidiano de los diversos agentes de una dominación capitalista significativamente agrietada por la peor crisis de su historia.
Existen aportaciones teóricas y diseños de políticas públicas capaces de erosionar el conjunto alienaciones históricas derivadas incluso de formaciones económicas-sociales anteriores, a las que desesperadamente estás apelando el sistema capitalista-imperialista occidental y fuerzas asociadas, para prolongar a cualquier precio su maltrecho reinado. ¡No hay razones para vacilar!
En perspectiva la alternativa deberá ser definidamente antiimperialista, anticapitalista, feminista, ecológica, laica, anti-racista… o será frustrada por el avance del fascismo en expansión.
Y si a la suma de esos factores adversos y discriminaciones cooptadas se le suman a una opresión clasista cada vez más despótica, el producto no es otro que un nuevo fascismo propio de la postmodernidad y con aliento digital mercadológico; y necesariamente la alternativa que lo liquide equivale a un nuevo socialismo, fruto de una ruptura y una nueva creación a cargo de todas las rebeldías contra todas las opresiones.
jpm-am
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.