Opinión
Victoria verde en Azua augura triunfo resonante en SPM
Por Narciso Isa Conde
El gobierno fracasó en su apuesta y empeños para hacer fracasar la MARCHA VERDE DEL SUR y le irá peor en el Este.
Más adelante todo apunta a la vuelta a la Capital, al despliegue a continuación de una enorme Marcha Nacional que implique una especie ocupación del Distrito Nacional por todas las regiones y provincias del país, en volumen de pueblo movilizado y extensión territorial muy superior a lo acontecido el 22 de enero. DEMOCRACIA DE CALLE en grande. Pobres magnates de la corrupción, lo que le espera es para temblar.
La Marcha Verde del Sur, escenificada en Azua, destapó la indignación acumulada a consecuencia del cruel despojo de enormes recursos que debieron ser destinados a programas sociales audaces, del saqueo sistemático del patrimonio natural de la región y la sobre-explotación capitalista que empobrece la población y el territorio.
El Gobierno de Danilo Medina apostó a que la degradación extrema de la zona -sumada a la intensificación de las prácticas clientelistas-asistencialista y a la deprimida escolaridad que afecta todas las provincias de esa región- le aseguraba el fracaso de esa movilización verde (luego de cuatro marchas exitosas).
En verdad ese billete le salió “pelao”, colocándolo en la pendiente de relanzar la represión criminal, tal y como lo evidencia la agresión alevosa al dirigente campesino y lector del manifiesto verde de Azua, Hero Pérez, camuflajeada de “accidente automovilístico”.
En verdad los gobernantes de turno y toda la clase política tradicional responsables de la agobiante corruptela hoy impugnada por gran parte de esta sociedad, no tienen idea del volcán transformador que han provocado ni pueden comprender la evidente decadencia de su gestión.
Cuando una realidad dramática y sus causas son identificadas por el pueblo indignado, no hay forma de frenar su creciente insubordinación si no desaparecen las mismas; que en este caso, equivale el fin de la impunidad de sus protagonistas y beneficiarios, inseparablemente vinculada al fin del sistema que la pro-hija, la recicla y la protege contra todo reclamo de justicia.
Tal percepción de la realidad y tal captación de la verdad concreta es lo que ha potenciado un nuevo periodo político en el que una enorme cantidad de personas se están convenciendo de que en el marco de las instituciones establecidas no hay solución a los males que estamos enfrentando.
De que los partidos tradicionales altamente corrompidos y degradados no tienen remedio…
De que el movimiento verde, ejerciendo la democracia de calle y descartando un sistema electoral podrido debe constituirse en fuerza alternativa transformadora…
De que es necesario cambiarlo todo, hacer colapsar estas instituciones y abrirle camino a algo totalmente diferente al sistema, al régimen político y al gobierno que se sustentan en la Constitución antidemocrática y neoliberal del 201O.
Esta situación, además, es la que hoy pone a mirar a mucha gente –por primera vez en las últimas cinco décadas- hacia la ruta de un contra-poder popular, paralelo al actual.
Ella a su vez determina la necesidad de la ruptura y el desmantelamiento del poder constituido, de la construcción de un nuevo poder constituyente y el establecimiento de un régimen transitorio que convoque una ASAMBLEA CONSTITUYENTE POPULAR Y SOBERANA.
Que posibilite refundar la democracia sobre nuevas bases sustantivas y facilite retomar, actualizar, enriquecer y relanzar el proceso socio-político inconcluso que el pueblo dominicano intentó realizar en abril de 1965 enarbolando la bandera de la Constitución de 1963.
El domingo 11 de junio le toca el turno a la región Este en San Pedro de Macorís y ustedes verán como la Marcha Verde provocará la implosión de la colosal deuda social provocada por los verdugos de la familia cañera, por las graves heridas de la piñata del emporio del CEA, por los sangrantes abusos del Central Romana, por el saqueo inmisericorde de costas, ríos, lagunas y tierras fértiles a cargo de magnates conocidos, por la degradaciones de un turismo al servicio de la corrupción y la expoliación transnacional.
Y junto a los barrios populares teñidos de verde… se hace cada vez más impostergable avanzar sin titubeos hacia una avalancha nacional que vuelque los pueblos de todas las regiones y provincias, incluidas las del Gran Santo Domingo periférico, hacia el corazón de la Capital, para no dejar dudas de que existen fuerzas para poner de rodillas y castigar ejemplarmente el despreciable e inmundo poder que ya declina.
La contundencia de la Marcha de AZUA tiene causas muy precisas que se relacionan con el crecimiento de la conciencia popular respecto a una realidad desgarradora y a verdades ya palpables. Veamos:
- CORRUPCIÓN Y SAQUEO AMENAZA VIDA EN EL SUR
La vida en la Región Sur del país -ya sensiblemente degradada por la desertificación, la muerte y contaminación de numerosos ríos, por la insensibilidad y deshonestidad de las autoridades responsables de las políticas públicas, y por el empobrecimiento de una gran parte de sus habitantes- se ve ahora amenazada de muerte por un conjunto de factores destructivo, todos cruzados por la corrupción impune:
- La carretera Norte-SUR, San Juan de la Maguana-Santiago, ya iniciada, atenta gravemente contra la estabilidad y preservación de dos grandes parques nacionales de la Cordillera Central, principal reserva de agua de la isla. Una ruta trazada fundamentalmente para beneficiar transnacionales del oro, incluidas la Gold Quest, la Barrick Gold y empresas subalternas.
- La región ya está concesionada en un 50% a corporaciones mineras, en areas ubicadas en plena cordillera, incluyendo sus partes más altas.
Ambas determinaciones responden a la corruptela que ha arropado en las últimas décadas las tratativas de la Dirección de Minería, el Ministerio de Medio Ambiente y los funcionarios palaciegos con corporaciones mineras duchas en sobornar.
- En Pedernales se combinan tratativas mineras y turísticas, a todas luces contradictorias, ambas bajo el signo de la corrupción y el interés transnacional de explotar, sin rigor ambiental, el tesoro de Bahía de las Águilas y de valiosos yacimientos de “TIERRAS RARAS”, cuidadosamente ocultado.Sus playas hermosas y el Parque Jaragua claman un SOS, después del gobierno desconocer las bien fundamentadas propuestas de la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD.
- Las grandes empresas granceras -siempre conectadas a altos empresarios inescrupulosos- han ocasionado grave daños a las cuencas de los ríos de la región, registrándose en las provincias de San Cristóbal y San José de Ocoa verdaderos ecocidios plagados de tráfico de influencia y abusos de poder.
- Peravia está amenazada de la contaminación de las Plantas de carbón de Punta Catalina, impuesta contra todo rigor científico y sentido humano solo por el negociazo particular que representa su enorme sobrevaluación para la mafiosa ODEBRECH y el PRESIDENTE MEDINA.
- La mafia peledeísta ha depredado cruelmente la Sierra de Bahoruco con los negocios de siembra y producción de aguacates y otros rublos en áreas vedadas; contando siempre con la protección de de autoridades civiles y militares sobornada.
- En Azua, afectada las prácticas depredadoras, no cabe ya más podredumbre y abandono, siendo el SENADOR RAFAEL CALDERÓN uno de los más conspicuos cabilderos de los negocios de las mafia política en el Sur y a nivel Nacional.
Corrupción, saqueo, contaminación y depredación van de la mano en todas las Provincias del Sur.
- GOLD QUEST Y GOBIERNO A PUNTO DE INICIAR DESTRUCCIÓN AGROPECUARIA
Entre los planes más desbastadores para la vida de los pueblos sureños sobresale el programa minero que pretenden iniciar a breve plazo por San Juan de la Maguana, luego de que fuera contenido en la región Norte del país por los/as defensores/as de LOMA MIRANDA.
Ese proyecto destructivo corresponde al frente minero de Romero situado al borde del río San Juan, afluente del Yaque del Sur, en el lado norte de la Presa de Sabaneta, fuentes de agua vitales para la irrigación del Valle y la región.
Gold Quest es la transnacional concesionaria, a la que la presidencia de la República está a punto de autorizarle la explotación de ese yacimiento, vía ministerios de ENERGÍA y MINA y MEDIO AMBIENTE.
Gold Quest, a su vez, ha pactado recientemente con el consorcio internacional AGNICO, entidad experta en abrir rutas a base de cabildeos y promoción pro-activa. Igual se agenciado el respaldo de las Embajadas de Canadá y EEUU para tratar de vencer obstáculos.
El Presidente Medina, aun con las grande debilidades que exhibe su erosionado régimen, está comprometido con ese proyecto, en procura de adelantos fiscales y ingresos soterrados para su claque; exponiéndose, claro está, a intensas rebeldías en toda esa región.
Esta sería una operación aurífera en las alturas de la Cordillera Central, inadmisible independientemente de la tecnología que se emplee (incluida la “extracción por túneles” en lugar de “minería a cielo abierto”).
Sería el inicio de la transformación de una región agrícola, altamente productora de alimento y generadora de empleos estables, en una región minera con escasos empleos, sometida a la destrucción del sistema de agua del Yaque del Sur y de la producción agrícola y pecuaria del Sur central y el Suroeste del país, desde Azua y San Juan hasta Barahona.
El frente minero de Romero demandará grandes cantidades de agua, ensuciará y contaminará sus fuentes y correntías, disminuirá su captación y fraccionará sus cursos superficiales en una región donde ya el déficit de agua es alarmante; y a eso se agregaría la cadena incontenible de concesiones de explotación minera que estimularía ese funesto precedente convertido en jurisprudencia; provocando niveles trágicos de inseguridad y dependencia alimentaria.
La explotación del “oro nativo” de Romero mediante túneles no anula consecuencias terribles contra el derecho a la vida, dados los impactos de la extracción en el subsuelo y en los depósitos minerales en el sobresuelo, la peligrosidad de las presas de cola envenenadas ya contempladas en el proyecto, y el hecho de que lo limitado del “oro nativo” para garantizar su rentabilidad, obligaría al consorcio a la explotación de óxidos y sulfuros, tramposamente ocultada. Esto ocasionaría graves daños adicionales a cielo abierto.
Esto no es cuestión de reglas de transparencias ni de tal o cual tecnología. Esa catástrofe ecológica solo se evita impidiendo la explotación minera en niveles altos y medios de la Cordillera Central, caracterizados por su riqueza en agua, biodiversidad y fertilidad. Y a falta de Gobierno y Estado sensibles, solo la lucha de agricultores y pobladores en general están en capacidad de lograrlo.
Hay que prepararse para esta gran batalla, organizando la resistencia desde Azua hasta la frontera. Jornaleros, agricultores, ganaderos, pobladores, hombres, mujeres, jóvenes, viejos y niños/a deben rebelarse frente a este crimen contra la vida colectiva de una gran parte del pueblo dominicano.
Hay que vincular esa lucha, inspirándonos en el ejemplo del CAMPAMENTO LOMA MIRANDA, a todas las expresiones de combates al saqueo empedernido, al empobrecimiento forzado y a daños ambientales y programas oficialese plagados de corrupción y protegidos por la impunidad.
Por José Cabral.
Es muy bonito escuchar por la televisión y todos los demás medios de comunicación el tema de los derechos fundamentales, cuya realidad envía un mensaje distinto.
En más de una ocasión he planteado el serio problema en que está atrapada la sociedad dominicana en el contexto del sistema de justicia nacional.
Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, respeta como debe ser la justicia constitucional, ni siquiera las cortes que tienen la misión de velar por ella mediante los recursos extraordinarios para la preservación y respeto de la constitución.
El primer ejemplo de lo que ocurre con la violación de la Constitución y con el no respeto de los derechos fundamentales, tanto a nivel del derecho interno como del externo, es la actitud del Ministerio Público, el cual destina al zafacón las denuncias y querellas presentadas por aquellas personas humanas víctimas de robos, asaltos a mano armada y de una gran variedad de actos delincuenciales.
El asunto es tan grave que cuando las victiman reclaman resultados de sus querellas o denuncias el fiscal procede con un archivo definitivo en virtud de lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero peor aun cuando el perjudicado decide someter un recurso de objeción ante el juez de Instrucción, el cual regularmente lo que hace es ratificar lo decidido por el Ministerio Público.
En este caso no importa la violación que cometa el fiscal que ha manejado el caso, lo cual se constituye en una violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
Pero la cuestión se complica cuando hay que acudir mediante un recurso contencioso administrativo por las constantes y graves violaciones de los derechos de los administrados, cuyo desempeño de los jueces de esta jurisdicción, hermanita de padre y madre del derecho constitucional, actúa como una caja de resonancia del Procuraduría General Administrativa y ahora abogado del Estado.
Es frustratorio e imperdonable lo que ocurre en esta jurisdicción de la justicia, pero todavía la cuestión es mucho más preocupante con la emisión de una serie de sentencias que violentan los más elementales principios del derecho constitucional.
Sin embargo, lo más deprimente es cuando se somete un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo se produce cuando ya los justiciables han muerto o de revisión de una acción de amparo o de una decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyos órganos se concreta la expresión de que justicia tardía es justicia denegada, dado que los casos son decididos hasta 2, 3 y hasta 4 años después de haberse sometido.
Voy seguir con el tema, pero lo que he dicho hasta este punto indica que la Constitución dominicana y el neo-constitucionalismo que tanto se pregona es una forma de que el país esté a la moda con esta corriente, pero que la realidad está más asociada con la herencia histórico cultural del pueblo dominicano, en la que prevalecen una serie de antivalores como el amiguismo, el machismo, el patriarcado y el caudillismo, entre otros.
Sólo el pueblo dominicano puede superar la sociedad de las cavernas en que nos tienen sumergidos los partidos políticos y otros actores de la democracia de papel que se ha impuesto en la República Dominicana.
Por Isaías Ramos
¿Puede el Congreso aprobar una ley que contradiga, en la práctica, una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta que hoy enfrenta la República Dominicana tras la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto que eliminaría las candidaturas independientes.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir sobre el modelo electoral, lo que está en discusión es algo mucho más profundo: el respeto a la Constitución de la República Dominicana, a los derechos políticos de los ciudadanos y a las decisiones vinculantes del máximo órgano de control constitucional del país.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la legislación electoral que imponían trabas desproporcionadas a las candidaturas independientes. La decisión procuró garantizar que el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos no quedara condicionado exclusivamente a la estructura de los partidos políticos.
Sin embargo, lo ocurrido en el Congreso parece avanzar en dirección contraria. La aprobación de un proyecto que, en la práctica, eliminaría las candidaturas independientes plantea un choque evidente entre la voluntad legislativa y una sentencia vinculante del máximo intérprete de la Constitución.
La gravedad del momento institucional se acentúa aún más cuando se observa que la decisión fue adoptada de manera prácticamente unánime por los senadores. Resulta legítimo preguntarse si todos los legisladores han reflexionado plenamente sobre el alcance constitucional de la decisión adoptada o si estamos ante una reacción política frente a una sentencia que algunos sectores preferirían ignorar.
Algunos constitucionalistas, como Eduardo Jorge Prats, han descrito esta reacción como una “rabieta institucional hiperpartidista disfrazada de defensa de los partidos”. Más allá de la dureza de esa expresión, la advertencia merece una reflexión seria. Cuando las decisiones de un tribunal constitucional comienzan a ser relativizadas o neutralizadas mediante decisiones políticas, el equilibrio institucional de una democracia empieza a resentirse.
La Constitución dominicana es clara en este punto. El artículo 6 establece que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. El artículo 68 dispone que corresponde al Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales; no basta con reconocerlos en el texto constitucional, es necesario hacerlos posibles en la realidad. El artículo 73 establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a la Constitución. El artículo 74 consagra el carácter progresivo de los derechos fundamentales. Y el artículo 184 reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Carta Magna.
A la luz de esos principios, la iniciativa aprobada en primera lectura adquiere una dimensión particularmente sensible para el orden constitucional. Lo que está en juego es una posible tensión institucional con el Tribunal Constitucional si una ley terminara reproduciendo, en la práctica, las mismas restricciones que el propio tribunal declaró inconstitucionales. Una situación así podría tener consecuencias graves para el orden constitucional.
El artículo 68 de la Constitución no es una disposición abstracta: es la garantía de que los derechos fundamentales tengan contenido real y efectivo. Cuando el Estado limita injustificadamente vías de participación política, no solo restringe un derecho; también debilita la confianza del ciudadano en las instituciones llamadas a protegerlo.
Este no es un debate sobre simpatías o antipatías hacia las candidaturas independientes, ni sobre la importancia de los partidos políticos. Los partidos son pilares fundamentales de la democracia. Pero reconocer su importancia no significa convertirlos en los únicos canales posibles de participación política. La democracia dominicana debe abrir puertas al ciudadano, no cerrarlas.
Si la Constitución reconoce derechos políticos a los ciudadanos, surge entonces una pregunta de fondo: ¿quién puede legítimamente restringirlos? Los derechos políticos pertenecen al pueblo dominicano. Los partidos son uno —pero no el único— de los canales para ejercerlos.
Las democracias se sostienen sobre un principio simple pero esencial: la Constitución es la norma suprema del Estado y todos los poderes públicos están sometidos a ella. Cuando ese principio comienza a relativizarse, la confianza institucional se erosiona y el sistema democrático se vuelve más frágil.
Nuestro deber como nación —y particularmente de quienes ejercen responsabilidades públicas— es proteger la Constitución incluso cuando hacerlo resulte incómodo o políticamente inconveniente. El respeto al orden constitucional no es una opción circunstancial: es la base misma sobre la cual descansa la estabilidad institucional de la República.
La estabilidad democrática que hoy disfruta la República Dominicana no es un accidente histórico. Tampoco ha sido un proceso perfecto: a lo largo del tiempo ha habido episodios de indiferencia frente a los deberes y mandatos constitucionales. Pero precisamente por esa experiencia acumulada sabemos que debilitar las reglas del juego institucional solo aumenta los riesgos para el orden democrático en un mundo marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos globales.
Desde el Foro Cívico y Social y el Frente Cívico y Social creemos firmemente que aún hay espacio para la reflexión institucional. Por ello hacemos un llamado respetuoso pero firme a los honorables senadores para que, antes de la segunda lectura de este proyecto, revisen con serenidad el alcance constitucional de la decisión que se está tomando.
También está en juego el mensaje institucional que el Congreso envía al país. Cuando un poder del Estado parece actuar en contradicción con la Constitución o con una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, el mensaje hacia la ciudadanía y hacia las instituciones públicas es institucionalmente delicado.
En una democracia constitucional, los derechos políticos del ciudadano no dependen de la voluntad de los partidos ni de las mayorías circunstanciales del Congreso. Dependen de la Constitución. Porque cuando una democracia olvida que la Constitución es su límite, no se debilitan los partidos: se debilita la República.
Despierta RD!
(Primera entrega)
Por Oscar López Reyes
Las costumbres, creencias y valores tradicionales pierden incidencia colectiva o se están esfumando, igual que la rigidez en la gobernanza de la democracia representativa/liberal; se dispersan en el descrédito y desarticulan organizaciones socio-comunitarias y sus líderes más experimentados. La vieja ciudadanía y la identidad cultural se desgastan en su funcionalidad y legitimidad, y no por casuística.
Las instancias del poder típico y clásico han menguado, y las voces que antaño repercutían con resonancia se apagan en el anclaje del paisaje de la individualización, el aislamiento y la fatiga, porque en la globalización y el necrocapitalismo se satisfacen pírricamente los deseos y aspiraciones comunales. Al unísono, esta nueva dinámica ha reducido la lucha de clases y puesto en jaque el viejo discurso político y los lances episódicos y coyunturalistas.
Visualicemos 10 componentes claves de las añejas estructuras del dominio y los procesos neodemocráticos:
1.- Crisis paternal y profesoral. Los jefes del hogar y la escuela han perdido autoridad, haciendo descansar las influencias de infantes y adolescentes en amistades de estos y en los dispositivos electrónicos, que desconcentran y aíslan. Esos tutores no les fijan límites razonables, en una permisividad aupada por el temor al autoritarismo y a la culpabilidad (“crianza culposa”). La fragilidad en el mando de los docentes radica en el escaso respaldo familiar, el decaimiento de algunos padres hacia sus hijos y su desarmonía con las nuevas tecnologías.
2.- Los partidos de masas. Las organizaciones políticas legendarias/rutinarias de alta afiliación han devenido en flácidas estructuras orgánicas, con una militancia con una pobre formación ideológica. Sus características principales son la personalización de su liderazgo en la obsolescencia e inadaptación en un contexto societario en constante cambio, la búsqueda energúmena de cargos públicos y beneficios particulares, la incursión en actos delictivos, como la corrupción, la descomposición, la escasa lealtad y las exigencias monetarias. Esos agravios se han traducido en inercia, estancamiento y en endeble suficiencia de esos partidos para movilizar a los conglomerados.
3.- Los partidos de izquierda. La atomización y decadencia del sistema de agrupaciones de izquierda tiene su raíz en el enclaustramiento a los principios invariables de la Revolución Bolchevique comandada por los reverenciados ideólogos comunistas Vladimir Lenin, León Trotsky y José Stalin (Rusia, 1917), que conduce a la negación de los cambios, o sea, a la resistencia inconsciente a la readecuación a los nuevos tiempos hegemonizados por el marketing y las alternativas populistas nacionalistas. El progresismo no aprovecha la crisis de la plutocracia librecambista, se estanca y retrocede porque tampoco satisface las aspiraciones de la mayoría. Con su dogmatismo divisionista, la izquierda no se amolda a las conversiones, ni responde a desafíos contemporáneos, como la equilibrada, emergente y ascendente República Popular China.
4.- Los grupos estudiantiles. Recrean en la penumbra de la reminiscencia los movimientos estudiantiles de liceos secundarios y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de las décadas 1960-1980, cuyos miembros y simpatizantes salían a las calles a movilizarse -con quemas de neumáticos y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional- por reivindicaciones académicas y el respetado a las libertades públicas y los derechos humanos. Han sido empequeñecidos y diezmados por la hegemonía del modelo mercantilista neoliberal, la vigencia democrática, la minimización de la izquierda y el predominio del egocentrismo.
5.- Los gremios de empresas. La afiliación sindical está en declive por la disminución de las grandes industrias manufactureras y la automatización tecnológica, que reduce empleos, mejora calidad y aumenta la productividad; el anarcosindicalismo, la percepción de corrupción y la politización de los gremios. Ahora una laptop tonifica con más utilidad que un sindicato.
6.- La gobernanza estatal. La jurisdicción del presidente de la República mengua, por los reclamos de la opinión pública en sociedades democráticas, la vigencia del estado de derecho, las imposiciones de organismos internacionales y los grupos de intereses. Asimismo, la influencia y el poder de funcionarios del Estado se ha limitado (no eliminado) por la implementación de normativas contra sobornos en licitaciones y adquisiciones, la prohibición de doble cargo remunerado, los contubernios y negocios asociados, la reducción de gastos operativos y otros relativos a los procesos de transparencia, y por temores a las denuncias públicas (los desfalcos y peculados son más conocidos) y a los enjuiciamientos judiciales.
7.- La prensa tradicional. Eleva su grado de credibilidad y se reinventa en novedosas esferas, pero desperdicia audiencias y protagonismo por el advenimiento de la internet. También les perforan las redes sociales y la gratuidad de otras plataformas digitales, que son preferidas por los nuevos usuarios, especialmente los jóvenes.
8.- Los militares y policías. Los ciudadanos respetan cada vez menos a los cuerpos policiales y castrenses, que han erosionado su confianza por sus arbitrariedades, la prevaricación y gangrena, la complicidad con crímenes y su incompetencia para afrontar la desbordada delincuencia sistémica. Están siendo frenados por las denuncias ciudadanas y los rollizos esfuerzos de las autoridades oficiales, como las reformas institucionales.
9.- Las masonerías y los clubes culturales. Se estropean y desvanecen las entidades extremadamente cerradas, restringidas, desactualizadas, monótonas y sin presupuestos, como las logias masónicas y los clubes culturales. Por el contrario, las religiones se transforman y crece la espiritualidad, con prácticas como el yoga/meditación, adaptadas a estilos de convivencia flexibles, abiertos, individualistas y globalizados.
10.- Las ligas campesinas. Décadas atrás, comunidades rurales bullían de efervescencia, en intensas jornadas de lucha –que cobró vidas humanas- por la Reforma Agraria, motorizadas por núcleos de agricultores sin tierra. Hoy las ligas agrarias son debiluchas, y perecen. Ese declive brota dispersión e ineficacia para organizarse y proteger su producción, así como la emigración a las ciudades del país y el exterior. También han apaciguado el descalabro de la izquierda y el tráfico y lavado de dinero con la venta de predios.
Como se constata en las descripciones y razonamientos predichos, en la Nueva Era de trabajos digitales, computación cuántica e inteligencia artificial, líderes políticos, socio-comunitarios y organizaciones de pelajes dispares no se han remozado en perspectivas de las otras expresiones ciudadanas y paradigmas emergentes en el hogar, la escuela y los cantones geográficos. Su morfema léxico se fue a pique.
Inequívocamente, no han comprendido que las ideas y potestades ya no se imponen únicamente con la coacción o coerción, sino con el diálogo tolerante, la cercanía con discursos moderados e inclinando el pandero en otros espacios de socialización. Si persisten obstinadamente sin girar gradualmente hacia metas prioritarias y alcanzables en el corazón de esas mutaciones societales, las viejas estructuras organizacionales seguirán carcomidas en el aislamiento, por el derrotero de la desarticulación sin retorno. ¡Qué adversidad!, ¡qué lamento!, y ¡qué calamidad!
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El autor: Periodista, escritor y catedrático.
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