Opinión
Voto en el exterior: un invento problemático
Por Rosario Espinal
Los grandes flujos migratorios en los últimos 60 años llevaron a cambios importantes en el funcionamiento de las economías y plantearon desafíos de integración política de los inmigrantes tanto en su país de origen como en el país de destino migratorio.
En el caso de la República Dominicana, la gran migración se inició en la década de 1960 a Estados Unidos, específicamente a la zona de Nueva York y New Jersey, y aún no se detiene. Solo en la ciudad de Nueva York se estima una población dominicana de alrededor de 800 mil personas.
Según el padrón de la Junta Central Electoral (JCE), de un total de 7,529,932 dominicanos aptos para votar en el 2020, hay 595,879 dominicanos registrados en el exterior, lo que equivale al 7.9% del padrón.
De los inscritos como votantes en el exterior, 406,538 residen en los Estados Unidos, equivalente a un 68%, y el segundo grupo mayor se concentra en España con 81,506 dominicanos registrados, equivalente al 13.6%. Esto significa que el 81.6% de los dominicanos registrados para votar en el exterior están en Estados Unidos y España, dos de los países más afectados por el COVID-19.
Estados Unidos informó ya a la República Dominicana que en su territorio no se podrán celebrar elecciones presenciales mientras el virus siga afectando. Esto plantea un serio problema para la realización de las elecciones dominicanas de 2020.
Miremos una situación hipotética: la JCE ya estableció que las elecciones presidenciales y legislativas se realizarán el domingo 5 de julio (primera vuelta) y la segunda, de ser necesaria, el domingo 26 de julio.
¿Qué sucedería si para el 5 de julio Estados Unidos o España dicen que no permitirán realizar elecciones presenciales en sus territorios? ¿Suspendería la República Dominicana sus elecciones nacionales porque los votantes en el exterior no podrían votar de manera presencial en esos países? ¿Cambiaría la República Dominicana su Constitución para permitir el voto en el exterior por correo? ¿Se realizarían las elecciones en territorio dominicano sin la participación de los dominicanos en el exterior? ¿O necesitarían los dominicanos en el exterior viajar a la República Dominicana para ejercer su derecho al voto? Y de ser esto último, ¿en qué colegios electorales votarían?
Las respuestas a estas preguntas quedan, por el momento, en suspenso porque la JCE indicó en su Resolución 42-2020 que determinará al respecto más adelante.
Muchos dominicanos viven en el exterior, es cierto. Muchos hacen una valiosa contribución a la economía dominicana, también es cierto. Pero tener un sistema de votación masivo en el exterior implica un inmenso riesgo porque la República Dominicana no tiene jurisdicción sobre esos países donde se han radicado muchos dominicanos.
En este momento el inconveniente es el coronavirus, pero en otra ocasión podría ser otro factor, o una prohibición en el futuro de algunos países impidiendo que en sus territorios se realicen votaciones masivas presenciales de ciudadanos de otros países.
Esta situación del coronavirus debe llevar a entender que el voto exterior es un invento problemático porque ese derecho al voto está supuesto a ejercerse en una jurisdicción donde no aplican ni la Constitución ni las leyes dominicanas.
Tarde o temprano el voto en el exterior tendrá que ser evaluado en la República Dominicana, y quizás sea en estas elecciones 2020, porque, aunque la JCE ha fijado ahora las elecciones presidenciales y legislativas para el domingo 5 de julio, nadie sabe si Estados Unidos y España permitirán en esa fecha elecciones presenciales en sus territorios.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.