Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, aseguró ayer que trabajan sin descanso para someter a los tribunales a «todo el que ha sustraído dinero del Estado» a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa). y garantizó que en «el menor tiempo posible» darán a conocer la versión 2.0 de ese caso de corrupción.
Camacho habló tras salir de la audiencia en la que se conocería el recurso de apelación que sometió el exdirector de Senasa, Santiago Hazim Albainy, y otros seis imputados, a la decisión que los envió a prisión preventiva por 18 meses.
La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó la vista del recurso para el 3 de febrero, debido a que la imputada Ada Ledesma Ubiera se presentó sin abogados.
«Estamos trabajando a toda marcha para, en el menor tiempo posible, tener en los tribunales la siguiente versión de Operación Cobra (como se ha denominado la investigación de fraude a la ARS)», dijo Camacho.
Fue enfático al afirmar que todo el que ha robado dinero de Senasa «estará sentado en el banquillo de los acusados».
También los suplidores del Senasa Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Los seis hombres guardan prisión en la cárcel Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo, mientras que Ledesma cumple la medida en Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Los tres imputados a los que se les dictó prisión domiciliaria no recurrieron el fallo del juez de Atención Permanente. Estos son: Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella, quienes colaboran en la investigación del órgano acusador.
Camacho negó que se dejen presionar sobre cómo llevar las investigaciones de corrupción.
«Yo creo que, en este país, nadie tiene duda de que nosotros actuamos conforme a nuestra conciencia, nadie«, indicó el director de Persecución.
Camacho respondió así a la denuncia de Miguel Surún Hernández, representante de Convergencia contra el Robo de la Seguridad Social (Converss), de que «hay presión, hay extorsión» para que haya impunidad en el caso Senasa, el cual involucra una estafa a esa ARS de casi 16 mil millones de pesos. «La amenaza es que aquel que no obedezca eliminando, archivando, extinguiendo, evitando, garantizando impunidad del desfalco de Senasa no será ratificado», aseguró Surún Hernández. Según el órgano persecutor, el fraude se venía desarrollando desde agosto del 2020 a agosto del 2025, durante toda la gestión de Hazim Albainy.
Miguel Valerio, abogado de Santiago Hazim (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)
Espera que sea liberado
Miguel Valerio, abogado de Santiago Hazim afirmó ayer que la decisión del juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena, de enviar al imputado a prisión «tiene muchísimos vicios» porque, según dijo, se basa en la Biblia y en textos de la literatura.
Espera que la crítica del Consejo de Ética del Poder Judicial a los juicios emitidos por el magistrado tenga consecuencias en la Segunda Sala de la Cámara Penal de Corte de Apelación del Distrito Nacional.
En diciembre, Valerio declaró que Hazim rompió en llanto durante el conocimiento de la medida de coerción al referirse a la esclerosis múltiples que padece.
Santo Domingo, R.D.-Edward Lopez, titular de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, llamó a la sociedad a confiar en la investigación que realiza sobre la muerte de Darlin Mercado Reyes por un agente de la Policía.
López aseguró que no permitirán que el crimen quede impune y que para ello se evalúa la conducta de los demás miembros de la patrulla policial que hacía la requisa de la motocicleta propiedad de la víctima.
Explicó que por esa razón se solicitó que el caso sea declarado complejo para profundizar las indagatorias y someter a cualquier otro miembro de la Policía responsable de la muerte de Mercado Reyes.
La información fue corroborada por el abogado de los padres de Darlin, quien dijo que los cinco miembros de la patrulla serían sometidos «en la medida que la investigación los pueda involucrar objetivamente».
El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste envió a la cárcel Las Parras al cabo de la Policía imputado de disparar al joven Darlin Mercado el pasado viernes.
El magistrado Reyes Rodríguez también declaró complejo el caso para extender el tiempo de investigación a los demás miembros de la patrulla y por si hay más integrantes de la Policía envueltos en el homicidio del joven, definido por la comunidad como honesto y trabajador.
La prisión preventiva que se dispuso para el cabo José Francisco Moreta Heredia de un año en la cárcel Las Parras, deberá ser en un área de máxima seguridad del penal, el cual está ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo.
Previo al conocimiento de la medida de coerción, vecinos y parientes del joven se manifestaron demandando justicia y que no fuera enviado a Operaciones Especiales, en donde regularmente se dispone que cumplan la medida los policías.
Santo Domingo.- Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó la conformación de una comisión bicameral para el estudio de las modificaciones a la Ley 74-25, del nuevo Código Penal, y remitió a esa comitiva las propuestas que buscan cambiar artículos de la legislación.
El equipo de senadores y diputados estará integrado por todos los miembros de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Baja; su presidente será Wandy Batista.
Por parte del Senado, los comisionados serian anunciados en la sesión convocada para hoy, a las 2:00 de la tarde. El vicepresidente de la bicameral será un senador.
Los diputados enviaron a la comisión tres proyectos de modificación al Código Penal, sin embargo, ayer, el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco anunció que se iba a someter un solo proyecto que recoja todas las propuestas que había en el órgano parlamentario.
Además de Batista, los diputados que conforman la comisión mixta son Sadoky Duarte, Rubén Darío Peñaló, Rosendy Polanco, Miguel Arredondo, Luis Gómez Benzo, Alcides Báez, José Alberto Jiménez, Jesús Manuel Sánchez, Eugenio Cedeño, Carolin Mercedes, Carmen William, Carlos de Pérez, Jorge Leonardo Tavárez y Ramón Mayobanex Martínez.
Se recuerda que este martes, frente a los cuestionamientos de sectores a artículos controversiales del nuevo Código Penal y la casi entrada en vigencia de la legislación, la Cámara de Diputados abrió un proceso de recepción y evaluación de propuestas “puntuales” sobre aquellos articulados, a fin de ver si puede modificar la norma antes de su aplicación, el próximo 3 de agosto.
El proceso de recepción de las observaciones comenzó ayer mismo, a las 2:00 de la tarde, y concluye el próximo miércoles 15 de julio. Estará abierto de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., en la Secretaría General Legislativa.
La Ley 74-25, del nuevo Código Penal, ha sido centro de debates en diversos escenarios desde que fue promulgada, aunque son más los sectores y actores que la aplauden. Los artículos 310 y 311, sobre el ultraje, son de los más atacados.
Los demás artículos son el 208 y 2010, que tratan la difamación y la injuria; el 315, que aborda la libertad de expresión; el 8, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas; el 9, que trata la responsabilidad compartida; el 12, sobre la comisión por omisión; y el 354, de la certificación falsa de estado de salud. También están los artículos del 46 al 49, sobre el cúmulo de pena; el 136, actividad sexual no consentida; el 173, discriminación; entre otros.
Varios legisladores han sometido iniciativas de modificación en algunos de esos artículos. El Poder Ejecutivo contiene, además, un proyecto de ley que someterá “en lo adelante”.
Santo Domingo Oeste. Doce meses de prision preventiva dictó este miércoles un tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, presidido por el juez Reyes Rodriguez, contra el cabo de la Policía Nacional José Francisco Moreta Heredia, acusado de causar la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes durante un incidente ocurrido en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera. La decisión fue adoptada por el juez Reyes Rodríguez.
El magistrado dispuso que el agente cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra. Asimismo, declaró el proceso complejo con el propósito de ampliar el tiempo de investigación y determinar si otros miembros de la patrulla o de la Policía Nacional tuvieron participación en el hecho.
La solicitud de prisión preventiva fue presentada por el Ministerio Público, representado por el fiscal Edward López.
Al concluir la audiencia, el padre de la víctima, Noel Mercado, expresó su conformidad con la decisión judicial, al considerar que representa un paso hacia la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo.
Por su parte, el abogado de la familia, Bunel Ramírez, informó que el tribunal también ordenó medidas de protección a favor de los familiares de la víctima y de los testigos del proceso, incluyendo una orden de alejamiento. Además, instruyó al Ministerio Público a garantizar seguimiento psicológico y asistencia profesional a las personas afectadas por el caso.
Sobre la muerte del joven
Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, falleció el pasado 3 de julio tras recibir un disparo en el tórax presuntamente realizado por el cabo José Francisco Moreta Heredia durante un operativo policial.
Según la imputación presentada por el Ministerio Público, el agente realizaba labores de patrullaje mientras requisaba a Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de la víctima. En ese momento, Darlin se acercó para informar que el vehículo le pertenecía, pero, de acuerdo con la acusación, el cabo le disparó sin mediar palabras, provocándole la muerte.
La muerte del joven generó indignación entre los residentes de La Cañada de Guajimía, quienes realizaron protestas, incendiaron neumáticos y bloquearon varias vías en reclamo de justicia.
Tras el hecho, el cabo fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que la Policía Nacional informó que su Dirección de Asuntos Internos abrió una investigación para establecer las responsabilidades correspondientes dentro de la institución.