Opinión
¿Y dónde quedó la eficiencia?
Por Juan Bolívar Díaz
No cabe la mezquindad, todo sentido de nobleza obliga a reconocer que en el gobierno hay quienes están haciendo esfuerzos para combatir la pandemia que amenaza seriamente la salud de la población dominicana, como también la estabilidad económico-social del país. Pero más allá de eso y de la honorabilidad, las estadísticas y la realidad obligan a preguntar dónde ha quedado la eficiencia y la capacidad para poner límites al tráfico de influencia y la corrupción en medio de la desolación.
Ayer la República Dominicana competía con Ecuador en el liderazgo latinoamericano en la tasa de letalidad, o fallecidos por cantidad de contaminados por el coronavirus, 4.7 y 4.9 por ciento, respectivamente, y tenemos una de las más bajas tasas de recuperación, de apenas 1.8 por ciento, cuando en el mundo promedia 21 por ciento. Y sólo hemos realizado unas 7 mil pruebas para la detección del virus, cantidad que se practica cada día en muchas naciones.
Registramos un escándalo cuando trascendió el tráfico de influencia, que es una forma de corrupción, en las licitaciones para las compras de equipos y materiales de urgente necesidad en el sistema de salud, siquiera para proteger a médicos y enfermeras. Cuando parecieron irrebatibles las irregularidades o si se quiere imprevisiones e ineficiencias, el ministro de la Presidencia nos consuela informando que habían quedado anuladas adjudicaciones de comprar por 2,725 millones de pesos, de las que hizo el Servicio Nacional de Salud a 16 empresas, y que sólo han prevalecido adquisiciones por 143 millones de pesos.
Eso implica que los beneficiarios de las licitaciones apenas pudieron cumplir con el 5 por ciento de las adjudicaciones en el plazo de 5 días que tenían, y que después de una semana de la convocatoria, el Estado se ha quedado sin los desinfectantes, las mascarillas, batas, gorros, botas, espejuelos de protección, y termómetros digitales que hace más de un mes se reclama a gritos en los hospitales.
No se ha cuestionado la reconocida honorabilidad y la dedicación del director del Sistema Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, ni la del ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, pero éstos como el también honorable Gustavo Montalvo, en vez de atribuir malas intenciones a quienes velan por la transparencia, deberían dar explicaciones, o reconocer que alguien metió la mano, o al menos que sus licitaciones no fueron eficientes.
Lo primero que deben responder es por qué se otorgó el 65 por ciento del monto de la primera adjudicación de compras a dos empresas que ni estaban registradas ante la dirección de Compras y Contrataciones del Estado para esos renglones, que no tenían el menor aval, ni de representación de productores o importadores, ni de almacenamiento de esos productos.
La parte de la sociedad que reclama transparencia quisiera que le explicaran bajo qué criterios se adjudicó el 53 por ciento de esas compras a la empresa constructora Tools & Resources Enterprises Toreen SRL, que apenas el mismo día que se declaró la emergencia que flexibiliza las normativas de contrataciones públicas, el 19 de marzo, registró ante la Cámara de Comercio y Producción un cambio estatutario para dedicarse a la comercialización de insumos y materiales hospitalarios. ¿Quién consideró que esa empresa, con un capital de apenas 100 mil pesos, registrada como propiedad de un empleado privado y un chofer, podía entregar en cinco días productos demandados por la emergencia nacional, sin el menor antecedente en esos renglones, en la primera licitación, por 1,515 millones de pesos, y luego hasta un total sobre 2 mil 100 millones con las de otras dos?
¿No se advirtió que entre las mismas ofertantes había diferencias de precios hasta superiores al 100 por ciento, y que procedía escoger las menores, y bajo qué eficiencia se dieron apenas horas para presentar ofertas, por qué no fueron directamente a empresas de zonas francas que producen algunos de los productos que se quería adquirir, y por qué el Estado mismo no importó directamente?
Aún nuestro sistema de salud no dispone de suficientes pruebas para la detección temprana del virus. Pero Perú compró a China 1 millón 400 mil pruebas, por 29 millones de dólares, hace tres semanas, cuando sólo contaba 263 contagiados y 4 fallecimientos. Brasil adquirió también de China 200 millones de equipos de protección. Pero aquí es el candidato presidencial oficialista quien importa desde China en sus pequeños aviones. Que Dios y la virgencita de La Altagracia nos cojan confesados!
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.