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Opinión

¿Y dónde quedó la eficiencia?

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Por Juan Bolívar Díaz

No cabe la mezquindad, todo sentido de nobleza obliga a reconocer que en el gobierno hay quienes están haciendo esfuerzos para combatir la pandemia que amenaza seriamente la salud de la población dominicana, como también la estabilidad económico-social del país. Pero más allá de eso y de la honorabilidad, las estadísticas y la realidad obligan a preguntar dónde ha quedado la eficiencia y la capacidad para poner límites al tráfico de influencia y la corrupción en medio de la desolación.

Ayer la República Dominicana competía con Ecuador en el liderazgo latinoamericano en la tasa de letalidad, o fallecidos por cantidad de contaminados por el coronavirus, 4.7 y 4.9 por ciento, respectivamente, y tenemos una de las más bajas tasas de recuperación, de apenas 1.8 por ciento, cuando en el mundo promedia 21 por ciento. Y sólo hemos realizado unas 7 mil pruebas para la detección del virus, cantidad que se practica cada día en muchas naciones.

Registramos un escándalo cuando trascendió el tráfico de influencia, que es una forma de corrupción, en las licitaciones para las compras de equipos y materiales de urgente necesidad en el sistema de salud, siquiera para proteger a médicos y enfermeras. Cuando parecieron irrebatibles las irregularidades o si se quiere imprevisiones e ineficiencias, el ministro de la Presidencia nos consuela informando que habían quedado anuladas adjudicaciones de comprar por 2,725 millones de pesos, de las que hizo el Servicio Nacional de Salud a 16 empresas, y que sólo han prevalecido adquisiciones por 143 millones de pesos.

Eso implica que los beneficiarios de las licitaciones apenas pudieron cumplir con el 5 por ciento de las adjudicaciones en el plazo de 5 días que tenían, y que después de una semana de la convocatoria, el Estado se ha quedado sin los desinfectantes, las mascarillas, batas, gorros, botas, espejuelos de protección, y termómetros digitales que hace más de un mes se reclama a gritos en los hospitales.

No se ha cuestionado la reconocida honorabilidad y la dedicación del director del Sistema Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, ni la del ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, pero éstos como el también honorable Gustavo Montalvo, en vez de atribuir malas intenciones a quienes velan por la transparencia, deberían dar explicaciones, o reconocer que alguien metió la mano, o al menos que sus licitaciones no fueron eficientes.

Lo primero que deben responder es por qué se otorgó el 65 por ciento del monto de la primera adjudicación de compras a dos empresas que ni estaban registradas ante la dirección de Compras y Contrataciones del Estado para esos renglones, que no tenían el menor aval, ni de representación de productores o importadores, ni de almacenamiento de esos productos.

La parte de la sociedad que reclama transparencia quisiera que le explicaran bajo qué criterios se adjudicó el 53 por ciento de esas compras a la empresa constructora Tools & Resources Enterprises Toreen SRL, que apenas el mismo día que se  declaró la emergencia que flexibiliza las normativas de contrataciones públicas, el 19 de marzo, registró ante la Cámara de Comercio y Producción un cambio estatutario para dedicarse a la comercialización de insumos y materiales hospitalarios. ¿Quién consideró que esa empresa, con un capital de apenas 100 mil pesos, registrada como propiedad de un empleado privado y un chofer, podía entregar en cinco días productos demandados por la emergencia nacional, sin el menor antecedente en esos renglones, en la primera licitación, por 1,515 millones de pesos, y luego hasta un total sobre 2 mil 100 millones con las de otras dos?

¿No se advirtió que entre las mismas ofertantes había diferencias de precios hasta superiores al 100 por ciento, y que procedía escoger las menores, y bajo qué eficiencia se dieron apenas horas para presentar  ofertas, por qué no fueron directamente a empresas de zonas francas que producen algunos de los productos que se quería adquirir, y por qué el Estado mismo no importó directamente?

Aún nuestro  sistema de salud no dispone de suficientes pruebas para la detección temprana del virus. Pero Perú compró a China 1 millón 400 mil pruebas, por 29 millones de dólares, hace tres semanas, cuando sólo contaba 263 contagiados y 4 fallecimientos. Brasil adquirió también de China 200 millones de equipos de protección. Pero aquí es el candidato presidencial oficialista quien importa desde China en sus pequeños aviones. Que Dios y la virgencita de La Altagracia nos cojan confesados!   

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Opinión

La verdad se comprueba con los hechos.

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Por Elba García Hernández

En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.

Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.

Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.

En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.

Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.

Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.

Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.

Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.

Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.

En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia  deja mucho que desear.

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Opinión

No es resentimiento ni frustración.

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Por José Cabral

El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.

Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.

El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.

En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.

En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.

El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.

Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.

En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.

Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.

Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.

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Opinión

El impresionante resbalón del Escogido

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Por Nelson Encarnación

Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.

Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.

Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.

Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.

No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.

Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.

¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.

¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.

Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.

¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.

Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.

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