Opinión
¿Y dónde quedó la eficiencia?
Published
5 años agoon
Por Juan Bolívar Díaz
No cabe la mezquindad, todo sentido de nobleza obliga a reconocer que en el gobierno hay quienes están haciendo esfuerzos para combatir la pandemia que amenaza seriamente la salud de la población dominicana, como también la estabilidad económico-social del país. Pero más allá de eso y de la honorabilidad, las estadísticas y la realidad obligan a preguntar dónde ha quedado la eficiencia y la capacidad para poner límites al tráfico de influencia y la corrupción en medio de la desolación.
Ayer la República Dominicana competía con Ecuador en el liderazgo latinoamericano en la tasa de letalidad, o fallecidos por cantidad de contaminados por el coronavirus, 4.7 y 4.9 por ciento, respectivamente, y tenemos una de las más bajas tasas de recuperación, de apenas 1.8 por ciento, cuando en el mundo promedia 21 por ciento. Y sólo hemos realizado unas 7 mil pruebas para la detección del virus, cantidad que se practica cada día en muchas naciones.
Registramos un escándalo cuando trascendió el tráfico de influencia, que es una forma de corrupción, en las licitaciones para las compras de equipos y materiales de urgente necesidad en el sistema de salud, siquiera para proteger a médicos y enfermeras. Cuando parecieron irrebatibles las irregularidades o si se quiere imprevisiones e ineficiencias, el ministro de la Presidencia nos consuela informando que habían quedado anuladas adjudicaciones de comprar por 2,725 millones de pesos, de las que hizo el Servicio Nacional de Salud a 16 empresas, y que sólo han prevalecido adquisiciones por 143 millones de pesos.
Eso implica que los beneficiarios de las licitaciones apenas pudieron cumplir con el 5 por ciento de las adjudicaciones en el plazo de 5 días que tenían, y que después de una semana de la convocatoria, el Estado se ha quedado sin los desinfectantes, las mascarillas, batas, gorros, botas, espejuelos de protección, y termómetros digitales que hace más de un mes se reclama a gritos en los hospitales.
No se ha cuestionado la reconocida honorabilidad y la dedicación del director del Sistema Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, ni la del ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, pero éstos como el también honorable Gustavo Montalvo, en vez de atribuir malas intenciones a quienes velan por la transparencia, deberían dar explicaciones, o reconocer que alguien metió la mano, o al menos que sus licitaciones no fueron eficientes.
Lo primero que deben responder es por qué se otorgó el 65 por ciento del monto de la primera adjudicación de compras a dos empresas que ni estaban registradas ante la dirección de Compras y Contrataciones del Estado para esos renglones, que no tenían el menor aval, ni de representación de productores o importadores, ni de almacenamiento de esos productos.
La parte de la sociedad que reclama transparencia quisiera que le explicaran bajo qué criterios se adjudicó el 53 por ciento de esas compras a la empresa constructora Tools & Resources Enterprises Toreen SRL, que apenas el mismo día que se declaró la emergencia que flexibiliza las normativas de contrataciones públicas, el 19 de marzo, registró ante la Cámara de Comercio y Producción un cambio estatutario para dedicarse a la comercialización de insumos y materiales hospitalarios. ¿Quién consideró que esa empresa, con un capital de apenas 100 mil pesos, registrada como propiedad de un empleado privado y un chofer, podía entregar en cinco días productos demandados por la emergencia nacional, sin el menor antecedente en esos renglones, en la primera licitación, por 1,515 millones de pesos, y luego hasta un total sobre 2 mil 100 millones con las de otras dos?
¿No se advirtió que entre las mismas ofertantes había diferencias de precios hasta superiores al 100 por ciento, y que procedía escoger las menores, y bajo qué eficiencia se dieron apenas horas para presentar ofertas, por qué no fueron directamente a empresas de zonas francas que producen algunos de los productos que se quería adquirir, y por qué el Estado mismo no importó directamente?
Aún nuestro sistema de salud no dispone de suficientes pruebas para la detección temprana del virus. Pero Perú compró a China 1 millón 400 mil pruebas, por 29 millones de dólares, hace tres semanas, cuando sólo contaba 263 contagiados y 4 fallecimientos. Brasil adquirió también de China 200 millones de equipos de protección. Pero aquí es el candidato presidencial oficialista quien importa desde China en sus pequeños aviones. Que Dios y la virgencita de La Altagracia nos cojan confesados!
Por José Cabral.
Desde hace años que he tenido el convencimiento de que el Ministerio Público es tanto o más desacreditado que su auxiliar la Policía Nacional.
Sin embargo, mi perspectiva del problema era hasta cierto punto equivocada, porque el asunto es de mucho más dimensión que lo que se ve a simple vista.
La cuestión es que la falta de eficiencia y de transparencia del Ministerio Público está adornado de unos corrompimientos que preocupan a cualquier dominicano sano.
El flagelo no sólo está presente en los pueblos del interior del país, sino que el mismo tiene su origen en su propia sede de la capital dominicana.
Hay informes de que en la cima del Ministerio Público están enquistados los que les sirven de soporte a los fiscales corruptos del interior del país, principalmente en Santiago.
Por lo que se sabe una procuradora general adjunta es la persona que promueve y apoya la sinvergüencería y falta de escrúpulos de miembros del Ministerio Público que no tienen miramientos para involucrarse en inmoralidades.
Hay quienes entienden que la Procuradora General de la República, Miriam Germán, parece ser una presa de los grupos que apoyan a esos fiscales corruptos.
De acuerdo a lo que ha trascendido en el escenario hay una procuradora adjunta que tiene mucho futuro en la carrera judicial que sirve de madrina de esos miembros del Ministerio Público para cometer todo tipo de tropelías.
No parece que esta descomposición del Ministerio Público pueda mejorar porque los corruptos pueden más que los que están sanos.
Los únicos perdedores con la situación planteada son los ciudadanos y ciudadanas dominicanas en sentido general, porque están expuestos a cualquier situación que puede afectarles a ellos y a sus familiares.
La verdad que las cosas no son como se ven.
Por Miguel Guerrero
Cuesta entender las razones por las cuales los dirigentes de los países en desarrollo, como el nuestro, se resisten a aprender de las experiencias de las naciones ricas en materia de economía. La mayoría de esos países han tenido la fortuna de darse gobiernos con un sentido amplio de las realidades, que en situaciones difíciles, han asumido la responsabilidad de tomar a los toros por los cuernos.
Ronald Reagan, por ejemplo, comprimió el gasto público, achicó así el papel del gobierno, mientras reducía los impuestos. El resultado no se hizo esperar. La economía norteamericana comenzó a crecer y el nivel de vida de los estadounidenses mejoró. En más de una ocasión, la Junta de Reserva Federal de los Estados Unidos ha bajado las tasas de interés para impulsar la dinámica económica. El dinero deja de ser una mercancía de lujo, los préstamos se abaratan y la gente dispone así de mayor accesibilidad a préstamos para adquirir vivienda y resolver otras necesidades familiares o de sus empresas. Idénticas fórmulas han sido ensayadas con éxito en muchos otros países en distintas oportunidades.
En el nuestro, en cambio, la tendencia ha sido siempre la de resolver los problemas nacionales con más impuestos y préstamos onerosos que comprometen seriamente las finanzas públicas. Una y otra vez depositamos la suerte del manejo de los conflictos y las precariedades económicas del sector público en más y más leyes impositivas que sólo consiguen engordar la burocracia e inflar el gasto público, y empobrecen aun más a la población sin lograr el objetivo de mejorar las condiciones del país.
Se cree que al enriquecer al Estado, las cosas serán más fáciles. Con ello apenas se consigue el empobrecimiento de los ciudadanos, que ven así cómo la gula fiscal de los gobiernos acaba por mermar sus recursos, agrava sus penurias y hace mucho más difícil la solución de sus problemas particulares.
Opinión
La Constitución y el Desafío del Verdadero Bienestar Social
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4 días agoon
octubre 31, 2024Por Isaías Ramos
En un acto de promulgación de las nuevas reformas a la Constitución, que debió haber sido solemne, el presidente proclamó que “una Constitución no está hecha solo con frías palabras técnicas sobre un papel, sino que es, sobre todo, el alma de un pueblo.” También afirmó que “la Constitución es la brújula de nuestra democracia, el espíritu que nos une y nos eleva.” Sin embargo, estas palabras resultan un eco vacío frente a la cruda realidad de sus acciones.
Una Constitución debe ser más que un simple documento; debe encarnar las aspiraciones y los derechos fundamentales de su pueblo. Hoy vivimos una profunda disonancia entre los principios constitucionales y las políticas de este gobierno y de aquellos que le precedieron.
En lugar de orientar hacia el bienestar social y económico, somos testigos de un modelo neoliberal extractivista que prioriza el crecimiento económico sobre el bienestar colectivo, privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, ignorando flagrantemente el espíritu de la Constitución y las necesidades de quienes debería servir.
Bajo esta administración, los derechos económicos y sociales consagrados en nuestra Constitución han sido brutalmente vulnerados. Las reformas fiscal y laboral impulsadas e introducidas en el Congreso por el poder ejecutivo están y estaban claramente diseñadas para beneficiar a unos pocos —los grandes intereses corporativos— mientras millones de ciudadanos lidian con la miseria y el sufrimiento diario. Esto no solo es inaceptable; es una traición a la promesa constitucional de garantizar condiciones dignas para todos.
El discurso oficial puede referirse a una «brújula» democrática, pero debemos cuestionar quiénes son realmente los beneficiarios de este rumbo. Al hablar del “espíritu” que une a la nación, es imperativo preguntarnos si ese espíritu incluye a los marginados por el modelo impuesto o si solo refleja los intereses de una élite privilegiada.
La verdadera esencia de una democracia reside en su capacidad para escuchar y atender las demandas del pueblo. Sin embargo, lo que hemos observado hasta ahora es una desconexión alarmante entre el gobierno, la Constitución y la ciudadanía. La promesa constitucional se convierte en retórica vacía cuando, día tras día, se ignoran los principios del Estado Social y Democrático de Derecho y las voces que claman por justicia económica y social.
En este contexto crítico, es urgente reafirmar nuestro compromiso con los principios fundamentales de nuestra Constitución. Exigimos acciones concretas, no solo palabras grandilocuentes. Es momento de recordar a las élites que nos gobiernan que su mandato conlleva una responsabilidad ineludible hacia todos los ciudadanos, sin excepción.
Al final del día, “el alma” mencionada por el presidente reside en cada uno de nosotros: trabajadores luchadores, familias que se esfuerzan por salir adelante e individuos comprometidos con construir un futuro mejor para las próximas generaciones.
Por ello, en el Frente Cívico y Social hacemos un llamado urgente a reorientar nuestro camino hacia uno en el que prevalezcan la justicia social, la igualdad y el respeto por nuestros derechos económicos como pilares inquebrantables dentro del marco constitucional.
En el FCS creemos firmemente que solo así podremos forjar una democracia auténtica, donde nuestras vidas sean valoradas más allá del simple crecimiento económico impuesto desde arriba. La verdadera brújula debe guiarnos hacia una sociedad inclusiva, donde cada voz cuente y sea escuchada, porque esa es la esencia del pacto social: gobernar para todos.
Despierta, RD.