Análisis Noticiosos
Los asalariados estatales son el blanco del PLD para aumentar en un 25 por ciento su caudal de votos en elecciones.
Por Juan Bolívar Díaz
Como una expresión de inseguridad el presidente Danilo Medina en su discurso en un acto en Santiago, donde proclamó que “no hay forma de que el PLD pueda perder estas elecciones”, y su orden de comprar alimentos, electrodomésticos y materiales de construcción para repartos, parecen indicios de debilidad, pero implicaría mayor irrupción del Gobierno en la campaña electoral.
Como en procesos electorales anteriores, el PLD trataría de manipular la conciencia de los empleados estatales, los retirados y los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno, que representan la cuarta parte de los 7 millones 377 mil 374 ciudadanos empadronados para votar en los comicios de este año.
Danilo dirige la campaña
El discurso del presidente Danilo Medina en una asamblea de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santiago el pasado domingo 2 indica que el mandatario dirige la campaña electoral oficialista, y estaría mostrando inseguridad en los resultados de los próximos comicios municipales, lo que despierta temores de una mayor irrupción del Gobierno al final del proceso y de cara a las presidenciales de mayo.
Causó preocupación la afirmación presidencial de que “no hay forma de que el PLD pueda perder estas elecciones”, considerada inapropiada para un jefe de Estado en cualquier democracia, aún de mediana intensidad. Pero el mandatario fue más lejos al dar públicas instrucciones a los dirigentes de su partido para que se preparen a montar una plataforma para acarrear electores el día de la votación.
El presidente sostuvo que esa plataforma es fundamental “porque es la única forma de saber quiénes quieren votar por el PLD, dónde están y cuál compañero lo va a llevar a votar“. Precisó que el día 16 “se harán cortes parciales cada dos o tres horas del día, y vamos a saber de antemano quiénes no han ido a votar en cada mesa electoral. Entonces la maquinaria que ustedes tienen organizada se tiene que encargar de llevar a la gente a votar”.
Los términos tan tajantes del domingo recordaron los empleados por el mismo Medina el 21 de octubre cuando, al responder el discurso de renuncia de Leonel Fernández al PLD, del día anterior, proclamó que con los que se quedaran en el partido “yo voy a ganar las elecciones”.
Por encima de las leyes
Al asumir públicamente la dirección de la campaña de su partido, el presidente se coloca por encima de las leyes electorales y de la Función Pública que prohíben a los funcionarios del Estado aprovecharse de su jerarquía para favorecer intereses partidistas, pero también incentiva a violar la prohibición de realizar labores proselitistas prohibidas desde dos días antes de las elecciones y durante la jornada de votación. Es cierto que es una práctica política el acarreo de electores hacia los centros de votación, como también el llevar allá fotos de candidatos, logos e identificaciones partidarias, que son formas de propaganda.
Pero otra cosa es que el jefe del Estado adelante instrucciones en discurso público para desatar plataformas y maquinarias proselitistas a partir de información extraída de las mesas electorales, que deberían formar parte del secreto del voto, como lo es sin duda la identidad de quienes hayan acudido a votar mucho antes de la hora límite, que esa vez no será tan vulnerable como ocurrió en las elecciones primarias de octubre, origen de impugnaciones.
La plataforma a la que se refirió el mandatario es un programa informático de los empleados estatales y los beneficiarios de subsidios sociales. Ya en la observación electoral del 2010 del movimiento Participación Ciudadana pudo establecer la operación de “oficinas de asistencia técnica del PLD” en los alrededores de los centros de votación. A partir del mediodía empezaban a recibir reportes de los delegados del partido en las mesas de votación de los que no habían acudido a votar. Si eran empleados o tarjetahabientes estatales eran mandados a buscar por activistas que se encargaban de decirles que así como sabían que no habían votado, también determinarían por quién lo hicieran.
El peso de los asalariados
Ya para las elecciones del 2016 los que recibían algún ingreso mensual del Estado, como empleados, pensionados o beneficiarios de los programas asistencialistas fueron estimados en 23 por ciento. Actualizados ahora, pasarían de la cuarta parte de un padrón que para mayo está determinado por 7 millones 377 mil 374 electores.
No hay unanimidad en cuanto a la totalidad de los empleados del Estado, que según la Contraloría General eran 631,369 en el primer trimestre del 2019. El economista senior del Centro de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), Miguel Collado Di Franco los cuantificó el año pasado en 634, 407, partiendo de los cotizantes a la seguridad social. Si le suman los de una parte de los ayuntamientos, el poder judicial, Congreso Nacional y JCE que no están en el sistema, más los becarios, se aproximan a los 700 mil que estimó el movimiento Participación Ciudadana.
Pero la falta de transparencia no permite alcanzar la cifra definitiva. Por ejemplo en la Oisoe la nómina oficial a abril del año pasado era 25.6 millones de pesos mensuales, mientras otra nómina no transparentada de personal nominal sumaba 21.9 millones de pesos, según lo documentó la periodista Nuria Piera.
Tampoco hay certeza de cuántos son los beneficiarios de los subsidios sociales. A la mitad del 2019 las tarjetas emitidas sumaban 2 millones 608 mil, en los programas comer es primero, bono gas, bono luz, asistencia escolar, ayuda a envejecientes e incentivos a educación superior. Pero gran parte tenían dos, otros tres, y algunos hasta cuatro tarjetas. Se estima que las personas podrían ser unas 1,200. Sumadas a los 700 mil empleados darían un total de 1 millón 900 mil receptores de pagos estatales mensuales. Para un 25.75 por ciento del padrón electoral.
Por supuesto que esa totalidad no son votantes del PLD, y ahora menos por cuanto ese partido acaba de sufrir una profunda división, pero ellos parten del principio de que todos le deben lealtad. Por eso un senador y un diputado dijeron públicamente que los empleados públicos que no apoyen sus candidaturas deben ser despedidos, como en efecto ha hecho el mismo presidente Medina con numerosos funcionarios, diplomáticos y del servicio consular.
Reparto genera alarma
Uno de esos programas, acentuados en la campaña electoral generó alarma esta semana, cuando se denunció que el Plan Social de la Presidencia dispuso compras de materiales de construcción, alimentos y electrodomésticos y enseres del hogar por 846 millones de pesos. El principal partido de oposición, el PRM, levantó una instancia, amparada en la prohibición de programas sociales extraordinarios en la campaña, consignada en la Ley del Régimen Electoral.
El presidente de la JCE, Julio César Castaños, primero recomendó al Gobierno que por propia iniciativa suspendiera esas compras y cuando funcionarios dijeron que él se había excedido, fue más directo indicando que esas actividades y las inauguraciones estaban efectivamente vedadas en la campaña electoral.
Al escándalo debe atribuirse que tres de los principales diarios, HOY, Listín Diario y El Caribe, coincidieran ayer viernes en editorializar desaprobando las muestras de inequidad en la campaña electoral en beneficio del partido de Gobierno, mientras la Fundación Institucionalidad y Justicia recomendaba al Gobierno actuar con “prudencia y racionabilidad”.
En los ámbitos opositores se cree que el Gobierno incrementará más aún su irrupción en la campaña, por las desventajas que le han atribuido las encuestas a las candidaturas oficialistas y el auge del PRM. Esperan que nada de eso cambie “la avalancha en favor de un cambio de gobierno que se advierte en todos los sectores sociales”.
Mientras sociólogos, como Wilfredo Lozano y César Pérez, creen que los abusos del poder incluso podrían ser contraproducentes y generar votos a favor de la oposición en sectores poco entusiasmados.
Hay mucha formas más de sacar beneficio electoral a los numerosos programas adicionales de ayuda, que existen en la mayoría de las entidades estatales, incluyendo los ayuntamientos, cuyas nóminas tampoco son transparentes. Una forma de verlos es midiendo el gasto general del Gobierno en capítulos como pasajes, gastos de transporte, combustibles o publicidad. Un cuadro anexo, con información del sistema de información financiera del Gobierno, marca el enorme crecimiento registrado en enero, en relación al mismo mes del año pasado, explicable por la campaña electoral, como se documentó en el 2016.
Además de los subsidios sociales (en cuadro anexo) que el año pasado tuvieron una asignación de 15,400 millones de pesos, la presidencia de la República se asigna otras sumas millonarias para asistencias sociales y donaciones de múltiples categorías. Este año la asignación para el Gabinete de Políticas Sociales, en el Presupuesto Nacional, alcanza a 29 mil 184.4 millones de pesos. El Plan Presidencial contra la Pobreza tiene asignados 3 mil 789 millones, y los comedores económicos 1,664.4 millones de pesos.
Gran parte de esas ayudas se entregan a nombre del presidente de la nación, y a través de dirigentes políticos, gobernadores y legisladores, lo que se acentúa en los períodos electorales. Otra ventajas oficialistas se derivan de los barrilitos y cofrecitos que se distribuyen generosamente entre los legisladores, privilegiando a los oficialistas.
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
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Análisis Noticiosos
Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro
El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas
Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.
Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.
Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.
El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.
El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.
Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.
Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.
El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.
El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.
El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.
Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.
En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.
Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.
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México.-La historia de Zhi Dong Zhang se parece más a la de un agente doble durante la Guerra Fría que a la de un capo chino del fentanilo. Acusado de mover miles de kilos de droga y de blanquear millones de dólares a través de una organización criminal con tentáculos en medio mundo, Zhi Dong fue detenido en otoño del año pasado en Ciudad de México. Es un objetivo prioritario para Estados Unidos y todo parecía listo para su inminente extradición. Pero este verano escapó y dio comienzo una peripecia por varios países en un desesperado intento por esquivar la justicia estadounidense.
La decisión del juez fue criticada incluso por la presidenta, Claudia Sheinbaum. En plena negociación de un acuerdo de seguridad con EE UU, que tiene al fentanilo como enemigo público número uno, la mandataria salió a defender los avances de su Gobierno en el combate contra el crimen y cargó contra la decisión judicial. “El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”. “¿Cómo es posible?”, insistió la mandataria, quien argumentó que su Gobierno ha estado insistiendo “en la corrupción del Poder Judicial”. El mismo juez de la capital que dio la polémica orden de mandar a Zhi Dong a arresto domiciliario hizo lo mismo con el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.
La fuga del narco chino sucedió además en un momento especialmente delicado. Seis días antes, un tribunal federal de Georgia había emitido nuevos cargos contra Zhi Dong. En concreto, le acusan de lavar, solo entre los años 2020 y 2021, al menos 20 millones de dólares en Estados Unidos, a través de una compleja trama de más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias.
Célula mexicana, célula china
El cerco sobre Zhi Dong se estrechó tras la detención reciente de uno de sus operadores, Ruipeng Li, al que le confiscaron cientos de documentos bancarios vinculados con Zhi Dong. Según la denuncia del tribunal de Georgia, a la que ha tenido acceso este diario, Li explicó a las autoridades estadounidenses cómo estaba organizado el negocio criminal. Por un lado, una célula mexicana se encargaba de recolectar el dinero de la venta de droga a los traficantes finales. Por otro, una célula china se dedicaba a recibir ese dinero negro y lavarlo a través de la red de empresas y cuentas bancarias.
La denuncia recoge un listado exhaustivo de los pagos por goteo que se realizan en distintas cuentas y en diferentes Estados: Georgia, California, Illinois, Nueva York, Michigan. Siempre por sumas que no superaban los 100.000 dólares y siempre en entidades solventes como Bank of América, JP Morgan o Wells Fargo. Según la denuncia, porque “esos bancos están acostumbrados a recibir altas sumas de dinero sin hacer demasiadas preguntas”. La mayoría de las transacciones eran a favor de la empresa Mnemosyne International Trading Inc, una de las compañías fachada vinculadas a Zhi Dong.
La investigación de la DEA incluye la intervención de llamadas y mensajes, así como seguimientos a las casas de seguridad donde resguardaban la droga. Zhi Dong utilizaba palabras clave para comunicarse con sus cómplices. “Coffee” significaba fentanilo. “Food”, cocaína. Los cálculos sobre la cantidad total de droga que la organización transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.
La denuncia judicial incluye también una descripción de Zhi Dong. Nacido en Pekín en 1987. Algo más de un metro setenta de estatura y unos 80 kilos. Pelo negro y ojos marrones. Alías: Brother Wang, El Chino, Tocayo, Pancho y Nelson Mandela. El enigmático capo chino usaba diferentes identidades y pasaportes falsos para moverse sin levantar sospechas entre América, Asía y Europa. Hasta su fuga de Ciudad de México y su intento de entrada en Rusia y posterior destino en Cuba. Las andanzas de Zhi Dong parece que esta vez están más cerca de acabar en una prisión estadounidense.
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