Nadie se atreve a negar el poder de los Tribunales Constitucionales en las democracias del siglo 21. Un buen ejemplo, entre muchos otros, es la sentencia TC/0767/24 que anula por inconstitucional la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)

En el campo internacional otro buen ejemplo de ese poder inmedible del constitucionalismo es lo que acaba de ocurrir en Rumania, donde el alto tribunal  anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en esa nación europea.

De manera, que ese poder extraordinario se repite regularmente en diferentes naciones del mundo, incluida la República Dominicana, donde el Tribunal Constitucional, como legislador negativo, acaba de dar un plazo al Congreso Nacional para que cree otra ley que instituya el Código de Procedimiento Civil por éste ser violatorio de la norma procesal que establece la carta magna.

En realidad, se trata de un fenómeno mundial, dado que el constitucionalismo es prácticamente la guía de las nuevas democracias del mundo.

Todo ello demanda que el Tribunal Constitucional dominicano ponga en primer plano la revisión de las acciones de amparo que son sometidas a la alta corte.

Esperar años para fallar los recursos de revisión de acciones de amparo, incluidas las de cumplimiento y electoral, socaba la credibilidad del Tribunal Constitucional que está llamado a corregir las debilidades de que adolece el sistema de justicia, entre ellas la llamada mora judicial.

No hay una explicación lógica de que el Tribunal Constitucional se tarde hasta dos años para fallar una revisión de una acción de amparo cuando el articulo 102 de su propia Ley orgánica habla de 30 días, cuyas decisiones tardías cuando se producen ya no surten ningún efecto.

Cualquiera se podría preguntar si es que se trata de una manipulación o de un condicionamiento, máxime cuando la revisión de las acciones de amparo persigue corregir cualquier distorsión de los derechos fundamentales, no importa que provenga de los partidos políticos cuando se trata de asuntos electorales.

Sólo mediante esa interpretación se podría entender la tardanza del TC para solucionar un problema que está asociado a violaciones graves de un derecho fundamental como es, por ejemplo, el de elegir y ser elegible.

Es imperdonable que el Tribunal Constitucional someta al justiciable al mismo dolor de cabeza que proviene de la Suprema Corte de Justicia, cuyas sentencias son evacuadas cuando las partes ya han muerto.

Necesariamente hay que preguntarse por qué el TC no quiere poner en cintura a los partidos políticos, pese a que son los que más daños hacen con su conducta a la democracia.

Hay recursos de revisión de acciones de amparo que alcanzan hasta los dos años y todavía no hay una forma de que se produzca un fallo. Se impone resolver esa mora porque al final de cuentas esa falla socava la seguridad jurídica.  el principio de legalidad, la credibilidad del Tribunal Constitucional y de todo el sistema de justicia nacional.

No hay lugar a dudas que la tardanza del Tribunal Constitucional para fallar los recursos de revisión de las acciones de amparo representa un desequilibrio en la alta corte que debe ser corregido a la mayor brevedad posible.

Se impone que el TC se ajuste al mandato de su ley orgánica, la 137-11, para que preserve su credibilidad, porque no se puede ser estricto para hacer cumplir la Constitución en algunos casos, pero no así para otros. Esa debilidad del TC es comprobable con la celeridad que muchas veces conoce la acción directa de inconstitucionalidad, pero relega a años las revisiones que tienen que ver con el amparo, sobre todo cuando se trata de asuntos electorales que involucran violaciones cometidas por los partidos políticos.

La principal labor de los ayuntamientos del país es procurar resolver la recogida de basura, la cual es la que requiere mayor inversión económica de los gobiernos locales.

Pero de igual modo es la principal fuente de promoción de corrupción, porque los contratos casi siempre se manejan a discreción del ejecutivo municipal, no importa cómo se llame.

Sin embargo, la llegada de Ulises Rodríguez hace muy poco tiempo parece representar la mayor amenaza en contra de la estabilidad económica de la alcaldía de Santiago.

Se ve a leguas la falta de planificación y de la implementación de políticas publicas que pueda llevar a un buen comino a la ciudad corazón como también se conoce.

Es motivo de alarma la cantidad de dinero invertido en la recogida de la basura y para llevarla a su destino final, cuyas sumas involucradas son realmente desproporcionadas y abusivas.

Es urgente que haya una explicación convincente sobre los gastos excesivos en la recogida de desperdicios sólidos que tiene el ayuntamiento de Santiago en la actual administración.

Las sumas involucradas crean mucha preocupación de que la ciudad termine en la quiebra total como resultado de una mala gestión y por un abuso del actual ejecutivo municipal.

Ulises Rodríguez está en la obligación de darles una explicación a los munícipes de Santiago, porque las sumas involucradas no parecen tener ninguna justificación.

Se impone una rigurosa fiscalización y seguimiento a las andanzas del actual alcalde Ulises Rodríguez, quien ha sido señalado como inepto e irresponsable frente a las finanzas del gobierno local.

Antes de que sea tarde, el munícipe de Santiago debe lanzar una mayor voz de alarma para que las cosas no sigan de mal en peor.

La República Dominicana es impactada por una profunda crisis ética y de vocación por el trabajo, lo cual pone en peligro los cimientos de la sociedad.

Es una combinación de una cosa y otra, porque si bien la gente no quiere trabajar, sino irse por lo más fácil, razón de ser de las famosas «botellas», muy comunes en el sector público, también en el país se ha desarrollado una gran devoción por el fraude.

Es ya prácticamente normal que el que logra establecer una relación de negocio con el Estado piensa antes que nada engañarlo, estafarlo como si nada fuera, porque esa conducta es parte del criterio que el dinero público no es de nadie.

Lo gracioso de este fenómeno es que el dominicano piensa que es legítimo y legal engañar al Estado, lo cual explica la gran cantidad de maestros que cobran salarios de lujos cuando viven en el extranjero.

Esta situación es encontrada en todas y cada una de las instituciones públicas, porque el dinero del presupuesto nacional no le duele a nadie.

Millones de pesos que se van por el camino equivocado de la corrupción, ya que tener a cientos o sino miles de personas que cobran sin hacer nada, lo que indica es que somos una sociedad descarrilada y parasitada.

Este es un problema que no es tan fácil de resolver porque tiene una serie de componentes profundamente culturales y el mismo constituye un grave problema para el crecimiento y el desarrollo nacional.

Ello así, porque no hay forma de poner a caminar a un país atrapado en medio de la vagancia, la falta de ética y con una gran vocación por el fraude y el engaño generado por los partidos políticos, que son los que controlan el Estado.

Lo ocurrido en el Ministerio de Educación también se produce en todos los ministerios y los órganos descentralizados del Estado.

Es una verdadera plaga que sólo puede ser erradicada mediante un duradero programa de restablecimiento de valores que debe partir de las propias entrañas del Estado.

Sin embargo, el gran obstáculo en esta materia consiste que son los mismos que se suponen que deben librar al país de esos males los que lo promueven, lo que lo estimulan y que cada día le dan vida.