Editorial
La realidad no sólo está determinada por el deseo.
Aunque el deseo es un componente importante en cualquier esfuerzo para que las cosas sean mejores, pero la realidad no se cambia sólo con eso.
Sino que los grandes cambios tienen que conllevar un alto nivel de planificación y de trabajo consistente para poder alcanzar las metas trazadas.
En la República Dominicana todos los esfuerzos de algunos para alcanzar, por ejemplo, el manejo de la administración pública es muy marcado, pero desde que los actores de la vida política nacional se sienten con algún poder estatal, entonces desvían su atención y la solución de los problemas de la población pasan a un segundo plano.
Por esta razón los discursos de la oposición son muy atractivos y convincentes, pero cuando se llega al poder el mismo da un giro que lleva a la gente a perder la confianza en quien se apoyó en esa narrativa para dirigir el Estado.
Esa debilidad de los partidos políticos ha querido cubrirse con el fenómeno del clientelismo, pero la verdad que es prácticamente imposible darle de forma personal alguna dádiva del Estado a todos y cada uno de los ciudadanos, pese a que ello sí es posible mediante la satisfacción de necesidades sociales, es decir, de la solución colectiva de los problemas.
Si el Estado a través de la gestión de los partidos logra una buena educación o buen sistema de salud, la gente lo aprecia y respeta al que lo hace, pero además crea una buena imagen de la administración pública.
En el país el problema estriba en que los partidos no ven las cosas de esa manera, ya que a los principales actores de la actividad política sólo les interesa resolver los problemas individuales o personales, sobre todo a nivel monetario, pero no promover una inversión estatal que fortalezca el sistema.
Por esta razón, ha tomado tanto poder la corrupción administrativa, cuyos responsables gozan además de impunidad, la cual no tiene límites y que se puede decir que sale del Palacio Nacional, entra a un sector importante del empresariado, penetra en los principales medios de comunicación y luego se convierte en un cometa, que nadie sabe dónde termina.
Este problema, conjuntamente con otros tan o más graves, no es tan fácil de erradicar porque se trata de un mal que tiene un profundo componente cultural, que viene desde de los tiempos de la colonia, cuyas consecuencias han lacerado toda la vida nacional.
El asunto ha derivado en que todo se ve desde la perspectiva de los negocios y en realidad no debe ser así, porque hay renglones que su manejo tiene que ver principalmente con la preservación de una serie de valores sociales y morales que no respetarlos hace que la sociedad pase de los tiempos de la civilización a la época de las cavernas.
En este contexto está, por ejemplo, la educación, la cual es el alma de un verdadero desarrollo humano, pero que cuando la misma es contaminada con la corrupción y con otros hechos que le quitan sentido, la sociedad entra en un nivel de estancamiento y retroceso de la que nadie la puede salvar.
El problema es que ya esta crisis ha tocado fondo y que la solución de la misma no puede estar en manos de los que la provocaron, ya que ellos no abandonan la idea de que el Estado es para usarlo en beneficio individual y de los grupos que están anidados en el seno de los partidos políticos del país.
¡Es así de sencillo!
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.