Editorial
Un sistema de justicia totalmente colapsado.
Desde los tiempos de Hans Kelsen y Carl Schmitt el debate se concentra en la necesidad de que el control de constitucionalidad esté en manos del Tribunal Constitucional, no del presidente de la República, para dar mayor garantía de imparcialidad en las decisiones que se toman en el sistema de justicia nacional.
Sin embargo, el presidencialismo se ha desbordado en los últimos años y en esa virtud muchos de los candidatos de derecha que han triunfado en las elecciones que se han producido en el planeta tienen la tendencia de irrespetar todos los controles impuestos por el derecho interno y externo.
Este problema tiene como cabeza de la violación del derecho internacional a los Estados Unidos de América, donde se han producido hermosos ejemplos del respeto a los derechos de las personas a través de la Constitución de la República, como el “checks and balances” y en lo que tiene que ver con el derecho constitucional difuso.
Sin embargo, siglos después de haberse tenido estos logros y que han impactado todo el derecho comparado internacional, llega al control del Estado en la potencia del norte una persona que ha echado por la borda todos los avances que ha habido en el marco del estado social democrático de derecho.
Y no es para menos, ya que ello ha conllevado que muchos de los gobernantes de países latinoamericanos, con altos niveles de atrasos, imiten lo que hace su amo que en este caso se trata del presidente Donald Trump, quien se ha puesto por encima de la Constitución de los Estados Unidos, ya que todas sus órdenes ejecutivas violan la carta magna, sin que nadie se dé por agraviado, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de allí.
El fenómeno ya ha hecho su impacto en la República Dominicana, donde el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, no tiene la menor idea de lo que es un Estado y mucho menos del fenómeno de la constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del año 2010.
De manera, que Abinader, quien no ha parado de meter “las patas” desde su llegado al poder, ha incurrido en un tipo de violación que no sólo impactó el derecho interno, sino también el externo, ya que sus decisiones se llevan de paro la Constitución de la República y los convenios y tratados internacionales.
Los errores en esta materia son muchos y muy variados, pero el peor de todos es el que tiene que ver con la promulgación de la Ley 13-26 en violación de la sentencia que sienta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, la cual es el resultado de una acción del Congreso Nacional y del presidente Abinader, que sin tener la facultad para interpretar la carta magna, se atribuyen tal competencia y deciden aprobar primero y promulgar después una norma que choca de frente con la ley suprema de la nación.
Lo más grave de todo es que los tribunales también incurren en la misma ilegalidad para dejar en cuestionamiento la seguridad jurídica y todo el orden institucional de la nación, lo que, sin dudas, representa una amenaza para el sistema democrático.
El problema descansa en el país en que todo el sistema público, desde los órganos del Estado responsables de combatir la violación de la ley y la Constitución y los propios jueces y juezas, no tienen la independencia para tomar decisiones que enrumben el país por el camino del fortalecimiento institucional, porque responden, principalmente, a los intereses de los partidos políticos, que son los que al final de la jornada valoran y deciden a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) si los juzgadores en la justicia deben permanecer en sus puestos, lo cual está determinado por cómo se hayan manejado frente a ellos.
Esta distorsión, que ya compromete al presidente Abinader, es fruto de la nueva cultura en esta materia que pretende instaurar Donald Trump en el mundo con el socavamiento de todo el derecho internacional sobre la base de que predomine su interés personal y grupal.
Sólo las naciones que se respetan, donde está consolidado el derecho, valor y principio de la dignidad humana, tolerarán semejante comportamiento que coloca a las naciones en los tiempos de las cavernas en vez de la civilización y el progreso social, lo cual indica que en lo que respecta a la República Dominicana Luis Abinader ha marcado su conducta para toda su existencia como un irresponsable más que buscó el poder sin tener claro para qué, cuyo comportamiento daña más que lo que beneficia a la sociedad.
En el sistema de justicia nacional con las acciones de la partidocracia, que tira por la borda la carrera de cualquier juez, no importan que tan de carrera sea, predomina más el miedo a ser desplazado de su puesto que la vergüenza que se supone que debe ser lo que caracterice a los que tienen la sagrada misión de juzgar la conducta de los demás.
Con lo ocurrido ha salido a la superficie la convicción de los propios actores del sistema de que en la República Dominicana se cuenta con una Constitución de fachada, en la que predomina una percepción que no tiene nada que ver con la realidad y que la constitucionalización del derecho no es más que un mito, pero que del ciudadano depende que esta realidad pueda sufrir un cambio sustancial.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.