La incapacidad para imponer el cumplimiento de las normas de circulación no constituye únicamente un problema de movilidad urbana, sino una manifestación de fragilidad institucional que compromete la seguridad ciudadana, la autoridad pública y el Estado de derecho.

El desorden que caracteriza el tránsito vehicular en la República Dominicana se ha convertido en una de las expresiones más visibles de las dificultades del Estado para garantizar el cumplimiento de sus propias leyes, proteger la integridad de los ciudadanos y ejercer efectivamente su autoridad sobre los espacios públicos.

Las motocicletas que circulan en vía contraria, los conductores que irrespetan los semáforos, los vehículos estacionados sobre las aceras y las unidades del transporte público que se detienen indiscriminadamente constituyen manifestaciones cotidianas de una realidad que la sociedad ha terminado aceptando como normal.

Pero detrás de este comportamiento colectivo existe un problema mucho más profundo que los congestionamientos y las dificultades de movilidad: la progresiva pérdida de eficacia de la autoridad estatal para hacer prevalecer el orden jurídico frente a las conductas individuales.

La República Dominicana dispone de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, además de instituciones como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Por consiguiente, el problema no puede atribuirse exclusivamente a la ausencia de legislación ni de organismos responsables de hacerla cumplir.

La cuestión fundamental reside en la distancia entre la existencia formal de las normas y su aplicación efectiva, una contradicción que pone en evidencia las limitaciones de la capacidad institucional del Estado dominicano.

Un Estado verdaderamente funcional no se define solamente por su capacidad para promulgar leyes o anunciar operativos de fiscalización, sino por conseguir que sus disposiciones sean respetadas de manera permanente, incluso cuando no exista una autoridad presente para imponerlas.

Cuando los ciudadanos llegan a considerar que pueden infringir las normas sin enfrentar consecuencias, la ley pierde su capacidad disuasoria y la ilegalidad comienza a convertirse en una práctica social tolerada.

Y cuando la ilegalidad se normaliza, lo que se debilita no es únicamente la seguridad vial, sino el principio mismo de autoridad sobre el que descansa el Estado de derecho.

Resulta particularmente preocupante que esta realidad tenga consecuencias directas sobre la vida humana.

Los elevados niveles de mortalidad derivados de los siniestros de tránsito, señalados por organismos internacionales como el Banco Mundial, demuestran que el problema no puede continuar siendo tratado exclusivamente como una cuestión de circulación vehicular.

Cada muerte representa una tragedia familiar, una pérdida humana irreparable y, en numerosos casos, el resultado de riesgos que pudieron haberse reducido mediante políticas públicas efectivas.

Es cierto que la imprudencia de numerosos conductores contribuye significativamente a esta situación, pero tampoco puede ignorarse la responsabilidad institucional derivada de las deficiencias en infraestructura, señalización, fiscalización, educación vial y planificación del transporte.

La seguridad vial no depende exclusivamente de sancionar al infractor después de cometer una violación. Requiere un sistema de prevención capaz de reducir los riesgos antes de que se produzcan las tragedias.

En consecuencia, la realización periódica de operativos y el anuncio de miles de fiscalizaciones no pueden confundirse automáticamente con resultados satisfactorios.

Existe una diferencia fundamental entre un Estado que ejecuta operativos y otro que consigue establecer y mantener el orden.

La presencia de agentes policiales en determinadas intersecciones demuestra que la autoridad puede modificar temporalmente el comportamiento de los conductores. Sin embargo, cuando su ausencia provoca el retorno inmediato de las infracciones, queda en evidencia que todavía no existe una cultura sólida de cumplimiento.

La verdadera fortaleza institucional se manifiesta cuando los ciudadanos respetan las normas porque reconocen su legitimidad, comprenden su finalidad y saben que su incumplimiento tendrá consecuencias.

Hablar de un Estado fallido exige una evaluación mucho más amplia que la situación del tránsito. No obstante, resulta legítimo identificar en el desorden vial persistente síntomas de fragilidad institucional, especialmente cuando se observa una incapacidad reiterada para garantizar condiciones elementales de seguridad.

El Estado dominicano no puede continuar permitiendo que las vías públicas funcionen bajo la regla informal de que prevalece quien conduce más rápido, posee el vehículo de mayor tamaño o está dispuesto a imponerse sobre los demás.

Las calles, las avenidas y las aceras son espacios colectivos cuya utilización debe estar regulada por la ley y protegida por la autoridad legítima.

Por esta razón, resulta indispensable superar las respuestas circunstanciales y desarrollar una política integral que combine educación ciudadana, fiscalización constante, tecnología, mantenimiento de las infraestructuras, planificación urbana y aplicación efectiva de sanciones.

La República Dominicana necesita pasar de una cultura de operativos extraordinarios a un sistema permanente de prevención y cumplimiento de la ley.

Porque la fortaleza de un Estado no se demuestra únicamente cuando persigue grandes estructuras criminales, sino también cuando consigue que sus ciudadanos puedan desplazarse por una calle sin que sus vidas dependan de la imprudencia ajena o de la ausencia de autoridad.

El tránsito dominicano se ha convertido en un termómetro de la capacidad estatal para garantizar seguridad, imponer reglas comunes y proteger derechos fundamentales.

Y mientras el desorden continúe imponiéndose sobre la ley, persistirá una interrogante que las autoridades no deberían evadir:

¿De qué sirve disponer de instituciones, leyes y organismos reguladores si el Estado no consigue garantizar que sus propias normas gobiernen efectivamente la convivencia ciudadana?

La respuesta no puede seguir limitándose a nuevos anuncios y operativos. Tiene que expresarse en resultados, en vidas protegidas y en la recuperación de la autoridad legítima del Estado.

Porque cuando la ley pierde autoridad en las calles, también comienza a debilitarse la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de protegerlos.

Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen uno de los pilares más importantes de la economía dominicana, pero paradójicamente también representan uno de sus sectores más vulnerables.

Detrás de cada colmado, taller, salón de belleza, cafetería, pequeña fábrica, tienda o empresa familiar existe mucho más que una actividad comercial. Hay empleos, inversión, obligaciones, familias que dependen de esos ingresos y personas que, en muchos casos, han colocado todos sus ahorros y expectativas de progreso en un negocio.

Por eso, cuando una MIPYME desaparece, no estamos hablando únicamente del cierre de una empresa.

Estamos hablando de empleos que se pierden, de ingresos familiares que desaparecen, de deudas que permanecen, de inversiones que se esfuman y, muchas veces, de proyectos personales construidos durante años.

Las cifras demuestran la magnitud del sector.

Las MIPYMES representan la inmensa mayoría del tejido empresarial dominicano, generan millones de empleos y tienen una participación relevante en la producción nacional. Sin embargo, son precisamente las empresas más pequeñas las que presentan mayores dificultades para mantenerse operando.

Ese dato debería obligar al Estado a mirar el problema con mayor profundidad.

No basta con celebrar cada año la creación de nuevos negocios.

El verdadero éxito de una política de emprendimiento debe medirse también por la capacidad de esas empresas para sobrevivir, crecer, generar empleos y consolidarse.

El crédito no puede ser la única respuesta

Durante años se ha presentado el acceso al financiamiento como una de las principales soluciones para las MIPYMES.

Y ciertamente lo es.

Pero prestar dinero no puede convertirse en la única respuesta.

Un empresario que recibe un préstamo con una tasa elevada y que posteriormente debe utilizar ese dinero para pagar nómina, alquiler, electricidad, combustible, suplidores o compromisos anteriores difícilmente estará utilizando ese financiamiento para crecer.

En esos casos, el crédito puede convertirse simplemente en una forma de prolongar una crisis de liquidez.

Lo que necesitan las pequeñas empresas es financiamiento en condiciones razonables, acompañado de asistencia técnica, capacitación, acceso a mercados, digitalización, innovación y políticas que permitan aumentar su productividad.

También necesitan un sistema de garantías que comprenda la realidad de quien tiene capacidad de producir y trabajar, pero no siempre dispone de grandes propiedades o activos que pueda ofrecer como respaldo.

Transparencia en el financiamiento público

El Estado dominicano dispone de programas dirigidos al financiamiento de las MIPYMES, y sería incorrecto desconocer esa realidad.

Sin embargo, tan importante como disponer de esos recursos es garantizar que su otorgamiento responda a criterios objetivos, técnicos y transparentes.

Los programas públicos de crédito no pueden convertirse en instrumentos sujetos a favoritismos, relaciones políticas o privilegios.

El acceso debe producirse sobre la base de la viabilidad del proyecto, la capacidad de generación de empleos, las posibilidades de crecimiento y las necesidades reales de los emprendedores.

Cada peso colocado por una institución pública en una MIPYME debe ser visto como una inversión destinada a producir empleo, riqueza y desarrollo.

Por eso, la transparencia en la asignación de esos recursos debe ser una obligación permanente.

Formalizarse no debe convertirse en una desventaja

Existe, además, otro problema que merece atención.

El país reclama correctamente que las empresas se formalicen, paguen impuestos, registren a sus trabajadores y cumplan con las obligaciones establecidas por las leyes.

Pero esa formalización tiene costos.

Mientras una empresa formal paga seguridad social, impuestos, permisos, servicios y obligaciones laborales, muchas otras unidades económicas compiten desde la informalidad sin asumir una parte importante de esos gastos.

Esa desigualdad termina castigando precisamente a quien intenta cumplir.

Formalizar una empresa no debe significar condenarla a competir en desventaja.

El Estado debe crear incentivos reales para permanecer dentro de la formalidad, especialmente durante los primeros años de operación.

El verdadero desafío es crecer

La economía dominicana no puede conformarse con tener cientos de miles de microempresas que permanecen durante décadas en condiciones de subsistencia.

Una política empresarial exitosa debería permitir que una microempresa pueda convertirse en pequeña; que una pequeña pueda convertirse en mediana y que algunas de ellas puedan transformarse posteriormente en grandes compañías.

Ese proceso requiere políticas públicas sostenidas.

Requiere acceso a capital.

Requiere capacitación.

Requiere mercados.

Requiere acompañamiento técnico.

Requiere innovación.

Y requiere también instituciones capaces de comprender que detrás de cada empresa existe una historia humana.

El fracaso de un negocio no se limita a un número dentro de una estadística empresarial.

Muchas veces significa la pérdida del ahorro de una familia, el desempleo de varios trabajadores y la desaparición de años de sacrificios.

Por eso, el debate sobre las MIPYMES debe superar los discursos y las estadísticas.

La República Dominicana necesita preguntarse cuántas empresas está ayudando realmente a crecer y cuántas simplemente están tratando de sobrevivir.

Porque crear empresas es importante.

Pero lograr que permanezcan abiertas, crezcan, generen empleos y produzcan riqueza es mucho más importante.

El verdadero desafío de las MIPYMES dominicanas no puede seguir siendo solamente sobrevivir.

Debe ser tener la oportunidad real de prosperar.

La República Dominicana es una nación eminentemente agrícola. Miles de familias dependen directa o indirectamente de la producción de plátanos, arroz, vegetales, frutas, café, cacao, habichuelas y otros rubros que diariamente llegan a nuestros mercados, supermercados y hogares.

Defender la agricultura nacional es, por tanto, defender empleos, comunidades rurales, producción y seguridad alimentaria.

Pero defender la agricultura también significa garantizar que lo que sale del campo y llega a la mesa de los dominicanos sea seguro para la salud.

Ahí comienza una responsabilidad que no admite indiferencia.

El uso de pesticidas y otros productos fitosanitarios es una realidad de la agricultura moderna. Su utilización puede resultar necesaria para controlar plagas, enfermedades, hongos y malezas capaces de destruir cultivos enteros.

El problema aparece cuando esos productos son utilizados sin suficiente orientación técnica, cuando se aplican cantidades superiores a las permitidas, cuando se emplean sustancias no autorizadas, cuando se realizan mezclas inadecuadas o cuando no se respetan los períodos establecidos entre la última aplicación y la cosecha.

Por eso, el debate no debe reducirse simplitamente a estar a favor o en contra de los pesticidas.

La discusión verdaderamente importante es otra:

¿Qué productos se están utilizando en nuestros campos?

¿Quién controla las cantidades aplicadas?

¿Quién verifica que se respeten los períodos de espera antes de cosechar?

¿Con qué frecuencia se analizan los alimentos que se venden a la población?

¿Qué sucede cuando un producto supera los límites permitidos de residuos?

Y una pregunta todavía más importante:

¿se entera el consumidor dominicano cuando ocurre?

No basta con aprobar reglamentos, emitir resoluciones o anunciar programas de vigilancia.

La efectividad de cualquier política pública se demuestra en el terreno.

Se demuestra mediante inspectores suficientes.

Laboratorios equipados.

Toma frecuente de muestras.

Personal capacitado.

Seguimiento a importadores y vendedores de agroquímicos.

Educación permanente a los productores.

Control de los productos utilizados.

Y consecuencias reales para quienes incumplan las normas poniendo en riesgo la salud de la población.

Nuestro reportaje sobre los pesticidas plantea una realidad que merece atención nacional: la protección debe abarcar toda la cadena, desde la importación y comercialización del agroquímico hasta su aplicación en la finca y la llegada del producto al consumidor.

Existe, además, un asunto que el país debe discutir con absoluta seriedad.

Los productos agrícolas dominicanos destinados a los mercados internacionales tienen que cumplir requisitos y límites de residuos establecidos por países compradores, particularmente Estados Unidos y los mercados europeos.

Entonces resulta inevitable formular una pregunta:

¿Por qué el dominicano habría de recibir un nivel de protección inferior al exigido para los productos que exportamos?

La salud del consumidor nacional no puede valer menos.

Un tomate destinado a la mesa de una familia dominicana debe ofrecer garantías sanitarias equivalentes a las que exigimos cuando pretendemos colocarlo en un mercado extranjero.

La inocuidad alimentaria no puede convertirse en un privilegio asociado al destino comercial de una cosecha.

Debe ser un derecho.

Tampoco corresponde crear alarma y transmitir la idea equivocada de que consumir frutas y vegetales representa necesariamente un peligro.

No es así.

Los alimentos agrícolas siguen siendo indispensables dentro de una dieta equilibrada y saludable.

La preocupación surge cuando existen malas prácticas, utilización incorrecta de sustancias o controles incapaces de detectar oportunamente un producto que no cumple los parámetros establecidos.

Y aquí existe otro aspecto que debe quedar perfectamente claro.

No podemos trasladarle al ciudadano una responsabilidad que corresponde fundamentalmente a productores, comercializadores y autoridades.

Sí, el consumidor debe lavar correctamente frutas y vegetales y adoptar prácticas adecuadas de higiene.

Pero ninguna familia posee un laboratorio en su cocina.

Una persona puede observar una lechuga perfectamente verde y no tiene manera de determinar visualmente qué sustancia fue aplicada sobre ella.

Puede mirar un tomate, tocarlo, lavarlo y todavía no saber qué producto químico fue utilizado durante su producción ni en qué cantidad.

Precisamente por eso existe el Estado.

Para regular.

Para inspeccionar.

Para analizar.

Para prevenir.

Y, cuando corresponda, para sancionar.

La República Dominicana necesita una agricultura productiva, competitiva y rentable.

Pero necesita, al mismo tiempo, una agricultura responsable.

No se trata de enfrentar al productor con el consumidor.

Ambos necesitan protección.

El trabajador agrícola merece manipular productos químicos con conocimiento, equipos adecuados y condiciones que no comprometan su salud.

El productor responsable merece reglas claras y asistencia técnica.

Y el consumidor merece comprar un alimento confiando razonablemente en que previamente alguien hizo el trabajo de verificar su inocuidad.

Esa confianza constituye parte esencial de cualquier sistema serio de seguridad alimentaria.

Por eso, el control de los pesticidas no puede verse únicamente como un problema agrícola.

Es un asunto de salud pública.

Es una cuestión ambiental.

Es un problema de seguridad alimentaria.

Y es, además, una obligación de transparencia.

Las autoridades deben informar no solamente cuando los resultados son favorables, sino también cuando los controles detectan irregularidades.

Una política de inocuidad realmente efectiva no debe temerle a la información.

Debe utilizarla para corregir, prevenir y generar confianza.

Garantizar que exista comida suficiente en las mesas dominicanas es fundamental.

Pero no basta.

También tenemos que garantizar que esa comida sea segura.

Porque la responsabilidad comienza mucho antes de que un producto llegue al mercado.

Comienza con lo que se importa.

Continúa con lo que se vende.

Pasa por lo que se aplica en nuestros campos.

Debe ser vigilada durante la cosecha y comercialización.

Y finalmente llega al lugar donde todas las políticas públicas relacionadas con los alimentos adquieren su verdadero sentido:

la mesa de cada familia dominicana.