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Editorial

Un Ensayo Preocupante

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Todo el mundo sabe que a nivel de la justicia hay una famosa expresión que dice que los jueces hablan mediante sentencias.

Esta expresión, la cual no ha sido menos de ahí tradicionalmente en prácticamente todo el mundo, pero la misma fue desviada con lo ocurrido en la audiencia de la imposición de medidas de coerción a los inculpados en la operación Anti Pulpo por asociación de malhechores, lavado de activos, entre otros ilícitos penales.

El juez de Atención Permanente, Alejandro Vargas, antes del anuncio de las medidas de coerción en contra de los imputados, pronunció un discurso, que aunque no está prohibido en el sistema de justicia, ubicó a la gente en un escenario diferente al que se estila en las salas de audiencias.

Lo más grave de la idea proyectada por el juez Vargas es que pareció un juicio doble en el que se juzgaba la conducta de los imputados y al propio tiempo la culpabilidad o no del expresidente Danilo Medina.

En esa especie de defensa de Medina el juez apeló a una serie de detalles que sufren las personas que ocupan la más alta posición pública y la forma como los dejan solos y muchas veces mueren de una forma muy triste e ilustró estos casos con lo acontecido con Salvador Jorge Blanco.

El discurso del juez Vargas dio la impresión de estar dirigido a limpiar a Danilo Medina de una serie de conjeturas que se tejen sobre su responsabilidad con los hechos.

Lo cierto es que la culpabilidad o inocencia del expresidente debe ser parte de una profunda investigación sobre el particular, porque hay cosas que nadie puede entender y además en el Gobierno que él presidió la corrupción fue como una especie de norma.

Así como se ha iniciado la investigación que continuó este martes con las medidas de coerción, tendrá que proseguir con otras indagatorias sobre los escándalos en los que se vieron involucrados una serie de personajes del entorno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre cuyos principales actores está su propio candidato presidencial, Gonzalo Castillo.

El asunto es que este proceso no debe parar y llegar hasta donde tenga que llegar porque la corrupción es el lastre más pesado que tiene el Estado, lo cual se traduce en una serie de carencias y deficiencias en los servicios públicos y cuyos principales afectados son la gran mayoría de los dominicanos.

No se puede permitir que politiqueros vayan al Estado a alzarse con los recursos del patrimonio nacional sin que haya un régimen de consecuencias, lo cual ha sido consustancial a la República Dominicana desde los tiempos de la colonia.

La justicia sólo debe cumplir con su misión de juzgar a los inculpados a partir de la presunción de inocencia para en función de las pruebas liberar a los inocentes y condenar a los culpables.

No se puede pedir más ni menos de ahí.

 

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Editorial

La solemnidad de una justicia con pies de barro.

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La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.

Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.

El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.

Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.

El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,

Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.

Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,

En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.

Ahora mismo puede decirse  con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.

Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana

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Editorial

Un problema que no se ve a simple vista.

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La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.

Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.

La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.

El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.

De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.

Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.

De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.

Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.

La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.

Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.

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Editorial

El Oncológico es un espejo de un problema de un gran alcance.

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No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.

Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.

Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.

Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en  realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.

Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.

El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.

El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.

Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.

Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural,  es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que  ponen en tela de juicio las  bases de la dominicanidad.

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