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Preguntas sin respuestas de jueza frente a acusación contra red del Abusador.
Tras ser recusada y apartada del caso de César Emilio Peralta (El Abusador), la jueza que conocía la audiencia preliminar a los alegados integrantes de una red de narcotráfico, encabezada por la figura anteriormente mencionada, fue sacada del proceso luego de cuestionar la calidad de la acusación presentada por los fiscales en contra de los imputados.
La magistrada Patricia Padilla fue apartada del caso tras el Ministerio Público recusarla y un tribunal de alzada acoger esta petición, luego de que opinará sobre el expediente elaborado por el Ministerio Público del que dijo está “desnudo y sin pruebas”.
“Se destapan con una acusación desnuda, sin pruebas… es evidentemente observable las faltas en las que ha incurrido el Ministerio Público y que inclusive dieron lugar a la suspensión del extitular de la (Procuraduría) Especializada Antilavado”, dijo en una audiencia la jueza, que conocía el caso desde el año pasado.
La Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la recusación del órgano acusador por entender que la imparcialidad de Padilla estaba comprometida ya que en la audiencia se originó una discusión técnico procesal en el que mostró su disgusto con el accionar de los fiscales y emitió juicios de valor respecto a la acusación. Además de que, indicó la Corte, la jueza violentó debido proceso al interrumpir el discurso del Ministerio Público cuando este le estaba recusando.
En su análisis, el tribunal de alzada precisa que los juicios de valor que emitió magistrada Padilla dejan en evidencia su prejuzgamiento del proceso, lo que, explica, compromete la imparcialidad de la juzgadora.
Previo a que fuera recusada y sacada del caso, la jueza Padilla se había inhibido del proceso, cuestión que le fue rechazada por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional como la Corte de Apelación al no encontrar, en ese momento, fundamento para ser apartada.
En la siguiente audiencia fue cuando la fiscal Ramona Nova, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, presentó la recusación y la jueza emitió sus comentarios.
En la audiencia preliminar a la magistrada Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, solo le restaba escuchar los alegatos finales de varias defensas para retirarse a deliberar y decidir si los acusados irían o no a juicio.
Audiencia será reiniciada
Este proceso judicial llegó a los tribunales en agosto del 2019, luego de que la red sindicada a “César el Abusador” fue desmantelada tras una larga investigación.
Aunque el caso tiene ya casi tres años en la justicia, no fue hasta el año pasado cuando se pudo comenzar a conocer la audiencia preliminar.
Ahora la situación se complica ya que la audiencia tendrá que reiniciarse. Esto así debido a que la magistrada Franchesca Potentini, que fue apoderada de este caso, debe ponerse en conocimiento del mismo y para esto hay que arrancar desde cerco.
De acuerdo a lo explicado por juristas, la audiencia preliminar tendrá que recomenzar ya que la jueza Potentini no tiene conocimiento de lo que allí se debatió y tampoco puede “ponerse al corriente” solo leyendo las actas de audiencia o la acusación presentada por los fiscales.
La situación se debe a que al ver un cambio de juzgador, que es quien tiene que tomar una decisión respecto a este caso, se perdió el principio de inmediación que establece el Código Procesal Penal.
La magistrada Potentini es quien, ahora, decidirá si el caso pasa o no a un juicio de fondo y que los imputados sean juzgados en una siguiente etapa. La jueza fijó la audiencia para el viernes 15 de julio.
El Ministerio Público ha dicho que tienen una acusación “con mucha fortaleza” y que cuentan con un auto de apertura a juicio “seguro”.
Los imputados en este caso de narco y lavado
El Ministerio Público ha establecido que la alegada red de César Emilio Peralta, quien actualmente se encuentra en una prisión de Puerto Rico, logró colocar, estratificar e integrar al sistema financiero nacional más de RD$3,418,786,413 procedentes del narcotráfico. Los implicados en este caso son Marisol Franco, esposa de César el Abusador; el expelotero Octavio Dotel, José Bernabé Quiterio, Manuel Sánchez , Johanny Paniagua, Yadher Vásquez (Jake Mate) y Edward Patricio Montero Cabral (el Zapatazo). Además, Alan Bueno Alcéquiez (Alan Dólar), Rafael Reyes, Rodolfo Cedeñ, Heriberto de la Cruz (Erick Aqua), Lidio Peña, Jeifry del Rosario, Melchor Alcántara, Genri Dantana Badía, entre otros.
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó este viernes que ya son 46 las personas físicas y jurídicas acusadas en el expediente de corrupción Operación Calamar.
El expediente de 3,162 páginas fue depositado de manera formal el jueves e involucra a varios exministros de la pasada gestión de gobierno del expresidente Danilo Medina.
«Hay más de dos mil medios de prueba, que servirán para que se produzca una apertura a juicio y cuando se de ese juicio, nosotros vayamos a procurar las sanciones correspondientes.
Tras recibir el documento, la Coordinación de los Juzgados de Instrucción deberá determinar qué juzgado será apoderado en el caso.
En el expediente Calamar el Ministerio Público imputa a los exministros José Ramón Peralta (Administrativo 2012-2020), Donald Guerrero (Hacienda 2016-2020) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas 2012-2020).
Además de los exministros Peralta y Guerrero se involucra en la supuesta estafa al Estado al excandidato presidencial del PLD, Castillo, a través de pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública y por alegadamente sobornar a empresarios de la construcción para que financiaran la campaña del 2020.
El alegado fraude contra el Estado también involucra al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, y el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa.
Asimismo, se cita en el expediente al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías.
Santo Domingo, R.D.-Siete expedientes conoció este viernes el Tribunal Constitucional (TC) que atacan la Ley 1-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Los documentos fueron conocidos durante una audiencia que se realizó en la sala de audiencias de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La misma estuvo encabezada por el presidente de la alta corte, Napoleón Estévez Lavandier. Además, de los jueces que integran el organismo constitucional.
A través de una nota de prensa, el TC indicó que los mismo quedaron pendiente de ser fallados.
En el desarrollo de la audiencia, se conoció el expediente TC-01-2024-0005 que tuvo como accionante a Cirilo de Jesús Guzmán López, quien atacó los artículos 9, 10, 11 y 26 de esta norma. Y en el TC-01-2024-0006, el Partido Generación de Servidores (GENS) y Carlos Peña también se opusieron a esta ley.
Asimismo, ocurrió con el expediente TC-01-2024-0007, en el que el Instituto de Capacitación y Formación Política Jurídica y Social (ICAP) atacó el artículo 9, numerales 2, 4, 6 y 15; y los artículos 11, 26 y 29 de la referida ley.
TC deja en estado de fallo quince expedientes
Acuerdo con la nota, la institución dejó en estado de fallo quince expedientes de acción directa de inconstitucionalidad.
Entre estos, el expediente TC-01-2023-0047, en el que Edward Ureña Ureña atacó el artículo 73.5 de la Ley 821-27 de Organización Judicial y sus modificaciones, de fecha 21 de noviembre de 1927.
Igualmente, el expediente TC-01-2023-0048, interpuesto por Manuel Samil Segura de la Cruz, quien refutó la Ley Nacional de Vacunas de la República Dominicana.
De igual manera, el expediente TC-01-2023-0049, con el que Darío Antonio Cueto Leonardo impugnó los artículos 145, párrafo II de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, del 17 de febrero de 2023; y el décimo sexto de la Resolución núm. 38-2023, del 15 de agosto de 2023, que regula la participación de funcionarios públicos en el período de la precampaña y en la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año 2024.
También los magistrados dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2023-0050, con el cual Johannatan Loanders Medina Reyes atacó el artículo 291 del Código Procesal Penal.
También quedó pendiente de fallo el expediente TC-01-2024-0001, en el que Identidad Dominicana (IDEDOM), impugnó la Ley número 391, del 20 de septiembre de 1943, que establece penas correccionales para las personas que practiquen los espectáculos de «Voudou» o «Luá».
Asimismo, el expediente TC-01-2024-0002, igualmente interpuesto por Identidad Dominicana (IDEDOM), Inc, que atacó el artículo 130, párrafo II del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, del 7 de marzo de 2023.
En la audiencia, además, se conoció y quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2024-0003, cuyo accionante Jean Carlos Machuca de la Mota atacó las actuaciones e informes provenientes de la Policía Nacional y de los señores Ramón O. Hernández Peralta, Roberto A. Albino Filpo, Miguel Cuevas Cuevas y Flavia D. Montero Romero.
Los magistrados también dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2024-0008, con el que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y el licenciado Miguel Alberto Surún Hernández refutaron los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24, 26 y 27 de esta misma ley.
Igualmente, el expediente TC-01-2024-0009, interpuesto por Ruddys Antonio Mejía Tineo, quien impugnó la ley, y el expediente TC-01-2024-0010, donde Identidad Dominicana (IDEDOM), Inc., y los señores María Ysabel Jerez Guzmán y Rudys Odalis Polanco Lara atacaron específicamente sus artículos 9, 11 13, 15, 26 y 30.
Finalmente, los jueces de esta alta corte vieron el expediente TC-01-2024-0013, que tuvo como accionantes al Colegio de Abogados de la República Dominicana, seccional de San Pedro de Macorís y la señora Josefina Guerrero, quienes atacaron los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24, 26 y 27 de la mencionada ley promulgada el 15 de enero de 2024.
SANTO DOMINGO.-El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, informo que el Ministerio Público presentó acusación formal en contra de los implicados en el caso Calamar.
La instancia con los encartados y nuevas pruebas, fueron depositadas ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por los fiscales de la dirección de Persecución y del Pepca.
La magistrada hará un inventario de las piezas y mediante un sorteo aleatorio computarizado, apoderará a uno de los juzgados de instrucción que conocerá el juicio preliminar.
El apoderamiento de la acusación se producirá luego de que el Ministerio Público interrogue al ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo; y al exministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín del Rosario.
El 8 de abril, la jueza Franchesca Potentini, intimó a la procuradora Miriam Germán a presentar acusación en contra de los implicados, en un plazo de 15 días.
IMPUTADOS
En el caso figuran como imputados el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, y el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo.
También Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos, de Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola.
Igualmente, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
mpv