Opinión
El día en que me salvé de un atentado de la Banda Colorá
Después de mi viaje de entrenamiento en Cuba en el año 1967, regresé al país. Encontré mucha tensión en el partido, sobre todo entre el ala teórica, de gente muy preparada, y el ala militar, de la que yo era uno de sus representantes. A veces pensaba que esos compañeros sentían hacia nosotros una especie de desprecio olímpico. Teníamos muchas contradicciones, ya no teóricas, sino que se sentía una relación tensa entre nosotros.
A nivel político parecía que las cosas estaban más tranquilas, por lo que me fui por unos días a mi casa, aunque guardando determinadas precauciones ya que después de mi entrenamiento había entrado clandestinamente al país, como lo había hecho otras veces a consecuencia de la persecución a la que éramos sometidos los luchadores democráticos.
Incluso, en uno de los contados viajes que pude hacer de manera normal fui detenido en Estados Unidos cuando el avión en el que viajaba de Londres a Jamaica se desvió al aeropuerto de Nueva York por problemas técnicos y me sacaron a la fuerza. Me mantuvieron en una cárcel de migración hasta que abordé otro avión que venía a Santo Domingo, al que me trasladaron en un camión con un grupo de chinos, algunos de los cuales tenían la cabeza cortada e iban a ser deportados.
En ningún momento tuve la intención ni el deseo de pisar suelo norteamericano, por lo que me sentí tentado a demandar a la línea aérea inglesa que me transportó. Mi regreso a casa ocurrió en un período en el que las aguas estaban más calmadas, o así lo creíamos. Grave error. Lo más peligroso para un revolucionario es confiarse.
Un día, después de mi regreso, en casa esperábamos la visita de mi abuela Florinda y mi tío Rafael cuando Marcia me pidió comprar unas papas en el colmado para preparar la comida. Entregué las papas y salí otra vez de casa a realizar otra diligencia. Al montarme en mi FIAT 600 escuché a una persona gritar “¡Tony!” y al volver la cara vi una mano empuñando un revólver dentro del carro. No sé qué instinto de conservación me guio, pues agarré la mano del intruso y el disparo salió hacia arriba.
El acompañante de mi agresor y quien había gritado mi nombre estaba en la otra acera armado, pero al parecer rehusó dispararme por temor a herir a su cómplice, que yo mantenía controlado. Aceleré el vehículo; mi atacante se enganchó de la puerta y la capota, pero lo despegué con un codazo. Cayó al pavimento bastante golpeado y después me contaron que se le desprendió hasta el cuero cabelludo. Continué la marcha, me dispararon y los tiros impactaron en un neumático, por lo que el carro giró y tuve que detenerlo frente a los agresores en la calle Juan Sánchez Ramírez, frente al Colegio Universitario de Señoritas. Me desmonté y corrí. Al doblar en la calle Wenceslao Álvarez me metí a una casa cuyo propietario me ofreció protección. Al entrar a la vivienda, ya los hombres estaban tan cerca de mí que en un momento sentí que me habían disparado. En efecto, me dispararon con una pistola de cañón corto y lo que sentí fue que la presión del tiro pasando muy cerca de mi costado.
Al minuto de cesar el tiroteo, mi hijo mayor, Antonio Emilio, que entonces tendría unos seis años, salió de la casa familiar y al ver a la persona tendida en la calle, gritó a su mamá: “No es papá, no es papá”.
Las muchachas del colegio de señoritas también salieron y gracias a ese señor que me protegió pude preservar mi vida. Le pedí que avisara a la policía sobre el atentado y en ese momento llegaron Marcia y una prima al lugar.
Cuando se presentaron los agentes policiales salí y me monté en su vehículo, en presencia de familiares, vecinos y estudiantes. Al llegar al cuartel general de la Policía me llevaron a una salita al lado de la oficina del jefe. Al poco rato se asomó alguien con la mano hinchada y me dijo: “Mira cómo me dejaste la mano”. La única respuesta que se me ocurrió fue mencionarle la madre de mala manera.
El hombre herido que me reclamaba era el sargento Tito, el famoso jefe de la Banda Colorá, y ese fue probablemente uno de los primeros atentados que perpetraron miembros de ese deleznable clan de asesinos.
Luego llegó un alto oficial a tratar de persuadirme de que la intención de los agentes envueltos en el hecho no era atentar contra mí, sino decirme que el jefe de la Policía me quería ver.
—¿Ah, sí? —le contesté— ¿Me querían ver con un revólver apuntándome y que se disparó desde que le agarré la mano?
Me despacharon y desde ese día entré de nuevo a la clandestinidad por mucho tiempo.
Una de las familias que más me protegieron, y a quienes quiero como a la mía propia, fueron los Cassá Bernaldo de Quirós: don José Cassá Logroño, su esposa doña Lily Bernaldo de Quirós y sus hijos Roberto, Beatriz y Constancio Cassá Bernaldo de Quirós. Estuve mucho tiempo viviendo con ellos. Doña Lily era hija de una gloria del derecho de la República Española, don Bernardo Constancio de Quirós, que pasó por la República Dominicana con su familia y Lily se enamoró de un dominicano y se quedó. Ellos se fueron a México. Una de las hermanas de doña Lily estaba casada con uno de los dirigentes importantes en esa época del Partido Comunista Español, apellido Balaguer.
Doña Lily, en su condición de refugiada de la Guerra Civil Española, estuvo en un campo de concentración francés y vivió con ese trauma toda su vida. La vi unos meses antes de morir, ya estaba prácticamente ciega, pero muy lúcida. Su hija me dijo, aunque yo no lo percibí, que ese trauma se le había exacerbado en la vejez.
Mucha gente me acogió en su casa en los períodos de clandestinidad. Entre los primeros, recuerdo con mucho afecto a Alberto Malagón y a su esposa Margarita Tavares, abogada muy conocida y que fue juez de la Suprema Corte de Justicia por muchos años.
Donde Manolo González y Clara Tejera, a quienes siempre vi como mis hermanos mayores por adopción, estuve un tiempo después de la Revolución, pues, aunque se habían hecho las paces y Manolo era considerado igual de peligroso que yo, vivía en Ciudad Nueva, una zona más segura para los excombatientes. Para nosotros estar en áreas fuera de la Zona Colonial era un gran riesgo. Estuve con ellos y sus hijos Carlos, María del Mar, Manuel y Natasha un tiempo, hasta que pudimos conseguir un apartamento en la calle Sánchez, donde había residido Caamaño durante la Revolución. Ahí viví con mi familia algunos años.
Extractos editados de mi libro “Relatos de la vida de un desmemoriado”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.