Editorial
Un Estratégico Veredicto.
Cada día se comprueba que los amarres hechos por Leonel Fernández en las llamadas altas cortes hace prácticamente imposible su enjuiciamiento y condena en la República Dominicana.
No importa cuán numerosas y contundentes puedan ser las pruebas en su contra, porque en pocas palabras la débil institucionalidad descansa en la voluntad de Leonel, quien, sin lugar a dudas, hoy se ha constituido en el hombre con mayor poder en el Estado.
Del ex-mandatario depende a quién se condena y a quién no en la República Dominicana, porque la sociedad le permitió que constituyera los tribunales nacionales a su antojo y de esa manera garantizar impunidad para él y para los suyos.
En estas circunstancias en el país no hay formas de condenar, ni siquiera de investigar, a personas tan seriamente comprometidas con la corrupción como Félix Bautista y otros funcionarios peledeístas, así como el propio ex-mandatario.
Es realmente una vergüenza en una nación supuestamente democrática que los jueces de todos los tribunales del país estén a merced de los intereses de aquellos que han secuestrado el Estado, que se han robado el patrimonio público.
Esto es comprobable en la Suprema Corte de Justicia, instancia que rige el llamado poder judicial, la cual hoy está conformada por jueces escogidos desde la perspectiva y los intereses de un hombre totalmente corrompido como Leonel Fernández.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, hermano de Alejandrina Germán, alta dirigente peledeísta e involucrada también en actos de corrupción, no constituye una garantía de una buena administracion de justicia, ya que éste por demás fue abogado del hombre más señalado como responsable de malversar o sustraer recursos públicos, como lo es Félix Bautista.
Traemos esto a colación para referirnos al rechazo del recurso sometido por la corriente de Hipólito Mejía, a fin de lograr la nulidad del juicio disciplinario a que fue sometido por el grupo de Miguel Vargas Maldonado en el Partido Revolucionario Dominicano y que determinó su expulsión de esa organización política.
Este Tribunal Superior Electoral ha dado una convincente demostración de que trabaja para profundizar la división del PRD, sobre todo por la incidencia que tienen en su seno Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, ya que el mismo fue conformado sobre la base de un acuerdo partidario entre ambos dirigentes.
De manera, que los tentáculos de estos rufianos de la política vernácula en el TSE propician la evacuación de una sentencia que prácticamente sella la división del PRD y sobre todo que ese veredicto parece estar dirigido a que en la República Dominicana haya un sólo partido y de esa manera garantizar la permanencia en el poder del Partido de la Liberación Dominicana.
El más ingenuo de los ciudadanos sabe muy bien que todos los procesos están viciados en el PRD, de uno y otro bando, porque la trampa, el engaño y el fraude son las normas que prevalecen en esa organización, así como en el PLD y el PRSC, porque al final de cuentas los tres tienen el mismo comportamiento.
Los tres constituyen la gran desgracia nacional.
Lamentablemente es así.
Y eso lo saben los jueces del Tribunal Superior Electoral y conocen además con detalles de los fraudes, los engaños y la manipulación de Miguel Vargas Maldonado de los organismos del denominado partido del jacho prendió.
Lo penoso de la contaminación de las llamadas altas cortes es que la única que realmente pierde es la sociedad dominicana, porque estos precedentes son, sin lugar a dudas, un dique de contención para una buena administración de justicia y en consecuencia para el crecimiento y fortalecimiento institucional.
El país, definitivamente, está en manos de una pandilla de delincuentes que lesionan gravemente su credibilidad y que podrían hacerlo colapsar .
Es un peligro que sólo se puede combatir con una ciudadanía consciente de sus derechos y deberes, así como de su integración al proceso de cambios que deberá operarse tarde o temprano en la patria de Juan Pablo Duarte y de otros tantos patriotas dominicanos.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.