Editorial
Un Estratégico Veredicto.
Cada día se comprueba que los amarres hechos por Leonel Fernández en las llamadas altas cortes hace prácticamente imposible su enjuiciamiento y condena en la República Dominicana.
No importa cuán numerosas y contundentes puedan ser las pruebas en su contra, porque en pocas palabras la débil institucionalidad descansa en la voluntad de Leonel, quien, sin lugar a dudas, hoy se ha constituido en el hombre con mayor poder en el Estado.
Del ex-mandatario depende a quién se condena y a quién no en la República Dominicana, porque la sociedad le permitió que constituyera los tribunales nacionales a su antojo y de esa manera garantizar impunidad para él y para los suyos.
En estas circunstancias en el país no hay formas de condenar, ni siquiera de investigar, a personas tan seriamente comprometidas con la corrupción como Félix Bautista y otros funcionarios peledeístas, así como el propio ex-mandatario.
Es realmente una vergüenza en una nación supuestamente democrática que los jueces de todos los tribunales del país estén a merced de los intereses de aquellos que han secuestrado el Estado, que se han robado el patrimonio público.
Esto es comprobable en la Suprema Corte de Justicia, instancia que rige el llamado poder judicial, la cual hoy está conformada por jueces escogidos desde la perspectiva y los intereses de un hombre totalmente corrompido como Leonel Fernández.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, hermano de Alejandrina Germán, alta dirigente peledeísta e involucrada también en actos de corrupción, no constituye una garantía de una buena administracion de justicia, ya que éste por demás fue abogado del hombre más señalado como responsable de malversar o sustraer recursos públicos, como lo es Félix Bautista.
Traemos esto a colación para referirnos al rechazo del recurso sometido por la corriente de Hipólito Mejía, a fin de lograr la nulidad del juicio disciplinario a que fue sometido por el grupo de Miguel Vargas Maldonado en el Partido Revolucionario Dominicano y que determinó su expulsión de esa organización política.
Este Tribunal Superior Electoral ha dado una convincente demostración de que trabaja para profundizar la división del PRD, sobre todo por la incidencia que tienen en su seno Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, ya que el mismo fue conformado sobre la base de un acuerdo partidario entre ambos dirigentes.
De manera, que los tentáculos de estos rufianos de la política vernácula en el TSE propician la evacuación de una sentencia que prácticamente sella la división del PRD y sobre todo que ese veredicto parece estar dirigido a que en la República Dominicana haya un sólo partido y de esa manera garantizar la permanencia en el poder del Partido de la Liberación Dominicana.
El más ingenuo de los ciudadanos sabe muy bien que todos los procesos están viciados en el PRD, de uno y otro bando, porque la trampa, el engaño y el fraude son las normas que prevalecen en esa organización, así como en el PLD y el PRSC, porque al final de cuentas los tres tienen el mismo comportamiento.
Los tres constituyen la gran desgracia nacional.
Lamentablemente es así.
Y eso lo saben los jueces del Tribunal Superior Electoral y conocen además con detalles de los fraudes, los engaños y la manipulación de Miguel Vargas Maldonado de los organismos del denominado partido del jacho prendió.
Lo penoso de la contaminación de las llamadas altas cortes es que la única que realmente pierde es la sociedad dominicana, porque estos precedentes son, sin lugar a dudas, un dique de contención para una buena administración de justicia y en consecuencia para el crecimiento y fortalecimiento institucional.
El país, definitivamente, está en manos de una pandilla de delincuentes que lesionan gravemente su credibilidad y que podrían hacerlo colapsar .
Es un peligro que sólo se puede combatir con una ciudadanía consciente de sus derechos y deberes, así como de su integración al proceso de cambios que deberá operarse tarde o temprano en la patria de Juan Pablo Duarte y de otros tantos patriotas dominicanos.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.