Editorial
La Doble Moral de Un Descarado
A propósito del discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina en la Asamblea Nacional, en el que habló de la necesidad de renegociar el contrato vigente con la empresa multinacional Barrick Gold, Leonel Fernández definió como digno lo planteado por el jefe de Estado al abordar la necesidad de mejorar los términos de lo pactado con la minera canadiense.
Las declaraciones de Leonel en este sentido nunca debieron producirse, porque es el responsable de que semejante engaño en contra de los dominicanos se produjera, cuyos ejecutivos de la Barrick Gold organizaron en el Canadá un reconocimiento al ex-mandatario por haberle regalado la República Dominicana.
Porque de eso se trata, de regalarle el país en razón de que esa mina de oro es uno de los patrimonios importantes, por no decir el más importante, que la naturaleza les ha regulado a los dominicanos, pero que Leonel se la ha entregado incondicionalmente a los propietarios de la Barrick Gold.
Ese Leonel Fernández que les ha dejado un legado tan oscuro e incierto a los dominicanos debía callarse la boca para siempre o sencillamente la propia gente inhabilitándolo a través de los tribunales competentes del país, porque mucha tela por donde cortar si tiene el descarado ex-mandatario.
Este hombre ha hecho una cultura de la inmoralidad y el descaro, enviando un mensaje equivocado a la sociedad, a las presentes y las futuras generaciones.
En lo que tiene que ver con el discurso de Medina, el mismo fue lo suficientemente digno para que los dominicanos lo acogieron con júbilo y algarabía, dado que no es común que un presidente de un país servicial y entreguista como la República Dominicana le hable en estos términos a una poderosa empresa multinacional.
El discurso estuvo a la altura de un jefe de Estado que promueve la dignidad del dominicano a pesar a que en el mismo debió establecerse responsabilidad sobre los que provocaron el déficit fiscal, cuyo principal artífice fue precisamente el descarado y sinvergüenza Leonel Fernández.
Definitivamente hay dos acciones del presidente Medina que lo ubican en un sitial especial y se trata de los casos de Bahía de las Águilas y el de la Barrick Gold, pero aún hay mucha incertidumbre sobre la cantidad de funcionarios cuestionables de la escuadra de Leonel Fernández que juegan un papel importante en el Gobierno.
Hasta que no haya una acción del presidente en contra de esos rufianes, depredadores del patrimonio público, habrá dudas e incertidumbre en los sectores más decentes de la sociedad dominicana.
Porque de no procederse en contra de esos ladrones de cuello blanco, entonces podría colegirse que lo decidido por el presidente en torno a Bahía de las Águilas y la Barrick Gold no es más que una consecuencia de la fuerte presión social en contra de semejante entreguismo de las autoridades nacionales y sobre todo de la legalización y la institucionalización del fraude.
Ojalá que el próximo paso de Danilo Medina sea excluir, sacar de su gobierno a todos y cada uno de los corruptos leonelistas que se han servido con la cuchara grande los recursos del Estado, avalado por un hombre que cree en la doble moral, la promoción y el saqueo de las arcas nacionales.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.