Editorial
Una Fecha Para Recordar
Hoy se cumple el cuarenta y ocho aniversario de la Revolución de Abril del año 1965, en la que quedó sembrada para siempre la valentía y la dignidad del pueblo dominicano frente a fuerzas invasoras que causaron daños indelebles a la sociedad.
Cientos de dominicanos se inmolaron en defensa de la soberanía, la independencia y el derecho a la autodeterminación de la patria de Duarte, Luperón y Francisco Alberto Caamaño Deñó, quienes resistieron con decoro y gallardía las amenazas a las tierras que les vio nacer.
La intervención armada de los Estados Unidos era la segunda que se producía desde el imperio del norte en toda nuestra vida republicana, la primera de las cuales tuvo lugar en el año 1916, tras un proceso de endeudamiento que inició un malo dominicano llamada Buenaventura Báez y que le dio continuación Ulises Heroux (mejor conocido como Lilís).
Ambas intervenciones tuvieron de común que fueron provocadas por las mismas familias, aquellas que todavía están presentes en la vida pública nacional y cuya última estocada fue la quiebra de los bancos Intercontinental, Bancrédito y del Comercio.
Esos tres bancos cometieron una estafa en contra del Estado y de toda la sociedad dominicana que superó los doscientos mil millones de pesos, lo que creó el déficit cuasi-fiscal en el Banco Central y aumentó la deuda pública interna y externa y la deuda per capita del país.
Las familias Báez y Cabral, descendientes de Buenavenura Báez y del octavo-avo presidente dominicano, Marcos Cabral Figuereo, son, sin lugar a dudas, los responsables de la primera y la segunda intervención armada y de prácticamente todas las tragedias económicas y financieras que ha sufrido la patria.
De manera, que aquellos que se enfrentaron en el año 1965 esa intervención armada, encabezados por Francisco Alberto Caamaño Deñó y otros pro hombres, lo hicieron en contra de una oligarquía que es la responsable de la gran tragedia que hoy vive el país de pobreza y de miseria extrema.
Un día como hoy las presentes generaciones deben conocer quiénes son los responsables del gran deterioro de la sociedad dominicana, cuyo principal marco de referencia son los protagonistas de la vida política, económica y financiera nacional, que constituyen, sin lugar a dudas, verdaderos depredadores del patrimonio público.
Los jóvenes de hoy deben escudriñar lo suficiente para que hagan conciencia de los responsables de su gran tragedia que se caracteriza por la falta de empleos, corrupción generalizada, exclusión social, violencia, delincuencia, tráfico y consumo de drogas y otros males que hoy se tragan a la República Dominicana.
Hoy los dominicanos y dominicanas deben rendir tributo a hombres y mujeres que lo dieron todo a cambio de nada, porque amaban su patria y querían lo mejor para las futuras generaciones.
Loor a Francisco Alberto Caamaño Deñó, Manuel Aurelio Tavarez Justo, Gregorio Luperón y otros tantos héroes dominicanos que no deben olvidarse jamás de la conciencia nacional por su legado, por su amor a la patria y por darlo todo en la búsqueda de la felicidad del pueblo.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.