Esta más que demostrado que así como el Estado dominicano luce débil para combatir la mayoría de los problemas que aquejan al país, carece de la fortaleza para controlar, regular y fiscalizar más eficientemente la inmigración haitiana en el país.
Hoy sufrimos el traslado hacia la República Dominicana de enfermedades epidémicas como el cólera, una mendicidad creciente, desplazamiento de puestos de trabajo, riesgos de contraer otras enfermedades y un aumento sin control de la criminalidad.
En las cárceles dominicanas ya hay más de mil haitianos presos por la comisión de delitos de una amplia variedad, que van desde robos y asesinatos de dominicanos y extranjeros.
Son, sin lugar a dudas, algunos de los riesgos graves que trae a la República Dominicana el tráfico al parecer indetenible de haitianos por la frontera.
Parecen no haber soluciones políticas ni diplomáticas ni sanciones tampoco para ese tráfico que no merece otro calificativo que de terrible.
Evidentemente que los militares actúan por su cuenta en la frontera.
Si quienes están para preservar la soberanía y la integridad del territorio dominicano aceptan sobornos para traficar con seres humanos desesperados no se sabe a dónde vamos a llegar con un patriotismo definitivamente invertido.
Nadie duda que hay gente enriqueciéndose del sufrimiento que el tráfico de haitianos provoca de personas que vienen engañadas en busca de un futuro mejor.
Tanto es así, que las tradicionales marchantas de Santiago ya son haitianas y de igual se pasa con los lustradores de zapatos que desarrollan su labor en los alrededores del parque Duarte en Santiago.
Pero es un fenómeno que abarca todo el territorio nacional, ciudades y campos, donde los haitianos llegan y prácticamente arrastran consigo sus enfermedades y también su gran deseo de superación, de alejarse del hambre que los agobia en su
tierra.
Es un drama que sólo podrá ser contrarrestado en la medida en que el Estado cree mecanismos eficientes para no eliminar la inmigración haitiana, porque no sería lo correcto, sino regularla y evitar una mayor contaminación de enfermedades, así como una mayor proliferación de la violencia y de la delincuencia, flagelos que hoy ponen en peligro la seguridad ciudadana y nacional.