Análisis Noticiosos
La ruptura Odebrecht impone sanciones y reformas políticas
Por Juan Bolívar Díaz
Las implicaciones en el país del escándalo continental de sobornos y financiamiento de campañas electorales por la empresa brasileña Odebrecht no podrán quedarse en el rosario de la impunidad nacional y tendrán que saldarse no sólo con sanciones, sino también con una profunda reforma política-electoral, hace tiempo demandada.
El presidente Danilo Medina no debería ampararse en que le demuestren culpabilidad, sino rendir cuentas como se le adelantó el expresidente Hipólito Mejía, y reconociendo la creciente indignación general, convocar al liderazgo nacional político para pactar una profunda reforma política, electoral e institucional.
Un clamor que no cesa, Fue significativo que millares de personas desfilaran el domingo en Puerto Plata contra la corrupción y la impunidad y que la marcha verde hiciera presencia en el Mundial de Beisbol en Miami. Se generaliza la percepción de que las dimensiones del escándalo Odebrecht han provocado una ruptura en la sociedad dominicana, hastiada de la corrupción y de la impunidad que la alimenta.
El 27 de febrero ya el presidente Medina reconoció la legitimidad de la protesta generalizada y luego varios defensores del Gobierno se han quejado del amplio respaldo que tiene la marcha verde contra la impunidad en los medios de comunicación, algunos denunciando conspiraciones y esbozando amenazas, como si de repente se hubiese apagado el enorme aparato propagandístico del partido gobernante pagado por el Estado.
Se cuenta que los firmantes del libro verde contra la impunidad han sobrepasado el medio millón, mientras una llama sale de los puntos cardinales para confluir el domingo en la capital, mientras los cibaeños juran que estremecerán a Santiago el día 26, plantando a los estrategas gubernamentales que han apostado a la dilución.
Las imputaciones judiciales en otros países y las expectativas de que los fiscales brasileños destaparán por completo los implicados latinoamericanos en el corrupto entramado de la Odebrecht en un período de tres a cinco meses, se han constituido en una llama de largo aliento. Y que aquí no haya un solo imputado mantiene muy pendientes la impunidad que ha predominado en múltiples escándalos de los últimos años, incluyendo los sobornos y sobrevaluación de los aviones Tucano, los grandes expedientes contra Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, y los casos de la OISOE, CORDE y CEA. Mientras, se ignora si devolvieron los US$30 millones que, según el Procurador Jean Rodríguez, había adelantado Odebrecht como parte del “acuerdo confidencial” que el juez Vargas rechazó.
Presión de Hipólito Mejía. El discurso del expresidente Hipólito Mejía el lunes 6 se constituyó en un nuevo elemento de presión sobre el procurador general, el Gobierno y su partido, al rendir cuenta pormenorizada de los dos contratos con la Odebrecht durante su gestión del 2000-04, el acueducto de la Línea Noroeste y la presa de Pinalito, ambos concluidos por su sucesor Leonel Fernández.
El primer contrato había sido negociado en 1999 durante el primer gobierno de Fernández, por la suma de US$129 millones, Mejía ofreció detalles de adiciones que lo elevaron en 10%, a US$141 millones. Lo concluyó Fernández a partir del 2004. No dijo el costo final, estimado en US$251, un 78 por ciento más. Precisó que su sucesor ejecutó la presa de Pinalito, contratada en el 2004, por US$131.7 millones. Se ha publicado que concluyó en más del doble, unos US$300 millones.
Mejía se desligó de los sobornos de Odebrecht, manifestando que si se demuestra que él, esposa o hijos incurrieron en algún acto de corrupción, se retiraría de la vida política y entregaría su patrimonio al Estado. Proclamó que “en los gobiernos del PLD una parte importante del patrimonio público fue dilapidada”, que quienes hayan ocupado cargos como la presidencia, están obligados a rendir cuentas, y justificó la indignación por los “altos niveles de impunidad” prevalecientes, por lo que “doy todo mi apoyo a la movilización constante y pacífica de la ciudadanía, como ocurre en todo el país”.
Un testimonio terremoto. Si Hipólito Mejía lanzó un misil provocativo, lo que llegó desde Brasil al día siguiente fue un terremoto. El diario O Estado de Sao Paulo y el portal digital de la reconocida revista Veija informaron que el prisionero Hilberto Mascarenhas Silva, quien fuera director del departamento de “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht, (o “Departamento de Coimas”), había testimoniado ante el Tribunal Supremo Electoral de Brasil que entre 2006 y 2014 gastaron US$3 mil 390 millones en financiamiento de campañas en ese país, República Dominicana, Venezuela, El Salvador, Panamá y Angola.
El impacto local fue mayor porque señaló a Joao Santana y su esposa Mónica Moura como los ejecutivos y beneficiarios del financiamiento que Macarenhas detalló por año, desde US$60 millones en el 2006 hasta alcanzar US$750 millones en el 2013, cayendo en el 2014 a US$450 millones.
Santana no sólo dirigió las exitosas campañas electorales de Lula da Silva y Dilma Rouseff, sino también las dos de Medina y el despliegue del testimonio y el escándalo en los periódicos dominicanos provocó que el mandatario nacional respondiera, por primera vez, una pregunta sobre el escándalo. Afirmó que él pagó los servicios de Santana, que la verdad va a salir de las investigaciones en Brasil y aquí, que hay mucha gente que “quisiera verme nadar en el lodo” y emplazó a quien le pueda probar que recibió dinero.
No aceptan la gravedad. El prolongado silencio del Presidente y de su partido sobre el escándalo choca con lo ocurrido en los otros países afectados. El presidente peruano Pedro P. Kuczynski, quien en un mes pronunció dos enérgicos discursos y anunció medidas concretas contra la corrupción, se sometió esta semana a un interrogatorio de periodistas internacionales y proclamó que “en Perú no hemos escondido esto debajo de la alfombra”, aunque allí los sobornos confesados sólo sumaron US$29 millones.
Tal como dijo el presidente Medina, habría que demostrarle si recibió dinero. Pero mientras, la esposa de Santana, Mónica Moura, ya aceptó en interrogatorio el año pasado, que tramitaron financiamiento a su campaña, aunque adujo no recordar el monto. Una decena de factores lo salpican y avergüenzan el país y son suficientes para que él haya detallado cómo y por cuánto se contrató a Santana y mostrara contratos y constancias de pagos. Aún se espera un pronunciamiento formal del PLD que tan activo fue contra la corrupción cuando perseguía el poder. Su secretario general Reinaldo Pared aceptó implícitamente la posibilidad del financiamiento de Odebrecht, se mostró sorprendido “de tanto escándalo”, y erró al plantear que “la ley no prohíbe recibir donativos de empresas privadas”. Desconoció los artículos 47 y 55 de la Ley Electoral 275-97, que las prohíben a las extranjeras.
Ineludible reforma política. Es amplio el consenso de que el escándalo Odebrecht, por sus dimensiones internacionales, no podrá quedar en el extenso archivo de la impunidad nacional, que tendrá que haber sanciones y que no basta tratar de generalizar las culpas de la corrupción. Pero mayor es la convicción de que para sofocarlo será ineludible una profunda reforma del sistema político electoral, y ni siquiera eso ha estado en las escasas respuestas peledeístas.
Si no contara con que se diluirá la indignación, el presidente Medina ya hubiese anunciado que convocará al liderazgo nacional para consensuar un paquete de reformas políticas, electorales e institucionales que prevengan, reduzcan y sancionen la corrupción y para evitar la prevalencia de la impunidad. Tendría que implicar sacar los agentes partidistas del sistema judicial, el ministerio público y los organismos electorales.
En las actuales circunstancias la nación tiene derecho a esperar acciones específicas de quien encarna su liderazgo, más allá de emplazar a que le demuestren que recibió dinero. Pero ni siquiera se escuchan enérgicas condenas del escándalo. Todavía hay tiempo.
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
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Análisis Noticiosos
Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro
El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas
Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.
Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.
Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.
El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.
El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.
Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.
Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.
El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.
El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.
El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.
Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.
En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.
Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.
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México.-La historia de Zhi Dong Zhang se parece más a la de un agente doble durante la Guerra Fría que a la de un capo chino del fentanilo. Acusado de mover miles de kilos de droga y de blanquear millones de dólares a través de una organización criminal con tentáculos en medio mundo, Zhi Dong fue detenido en otoño del año pasado en Ciudad de México. Es un objetivo prioritario para Estados Unidos y todo parecía listo para su inminente extradición. Pero este verano escapó y dio comienzo una peripecia por varios países en un desesperado intento por esquivar la justicia estadounidense.
La decisión del juez fue criticada incluso por la presidenta, Claudia Sheinbaum. En plena negociación de un acuerdo de seguridad con EE UU, que tiene al fentanilo como enemigo público número uno, la mandataria salió a defender los avances de su Gobierno en el combate contra el crimen y cargó contra la decisión judicial. “El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”. “¿Cómo es posible?”, insistió la mandataria, quien argumentó que su Gobierno ha estado insistiendo “en la corrupción del Poder Judicial”. El mismo juez de la capital que dio la polémica orden de mandar a Zhi Dong a arresto domiciliario hizo lo mismo con el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.
La fuga del narco chino sucedió además en un momento especialmente delicado. Seis días antes, un tribunal federal de Georgia había emitido nuevos cargos contra Zhi Dong. En concreto, le acusan de lavar, solo entre los años 2020 y 2021, al menos 20 millones de dólares en Estados Unidos, a través de una compleja trama de más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias.
Célula mexicana, célula china
El cerco sobre Zhi Dong se estrechó tras la detención reciente de uno de sus operadores, Ruipeng Li, al que le confiscaron cientos de documentos bancarios vinculados con Zhi Dong. Según la denuncia del tribunal de Georgia, a la que ha tenido acceso este diario, Li explicó a las autoridades estadounidenses cómo estaba organizado el negocio criminal. Por un lado, una célula mexicana se encargaba de recolectar el dinero de la venta de droga a los traficantes finales. Por otro, una célula china se dedicaba a recibir ese dinero negro y lavarlo a través de la red de empresas y cuentas bancarias.
La denuncia recoge un listado exhaustivo de los pagos por goteo que se realizan en distintas cuentas y en diferentes Estados: Georgia, California, Illinois, Nueva York, Michigan. Siempre por sumas que no superaban los 100.000 dólares y siempre en entidades solventes como Bank of América, JP Morgan o Wells Fargo. Según la denuncia, porque “esos bancos están acostumbrados a recibir altas sumas de dinero sin hacer demasiadas preguntas”. La mayoría de las transacciones eran a favor de la empresa Mnemosyne International Trading Inc, una de las compañías fachada vinculadas a Zhi Dong.
La investigación de la DEA incluye la intervención de llamadas y mensajes, así como seguimientos a las casas de seguridad donde resguardaban la droga. Zhi Dong utilizaba palabras clave para comunicarse con sus cómplices. “Coffee” significaba fentanilo. “Food”, cocaína. Los cálculos sobre la cantidad total de droga que la organización transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.
La denuncia judicial incluye también una descripción de Zhi Dong. Nacido en Pekín en 1987. Algo más de un metro setenta de estatura y unos 80 kilos. Pelo negro y ojos marrones. Alías: Brother Wang, El Chino, Tocayo, Pancho y Nelson Mandela. El enigmático capo chino usaba diferentes identidades y pasaportes falsos para moverse sin levantar sospechas entre América, Asía y Europa. Hasta su fuga de Ciudad de México y su intento de entrada en Rusia y posterior destino en Cuba. Las andanzas de Zhi Dong parece que esta vez están más cerca de acabar en una prisión estadounidense.
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