Análisis Noticiosos
La ruptura Odebrecht impone sanciones y reformas políticas
Por Juan Bolívar Díaz
Las implicaciones en el país del escándalo continental de sobornos y financiamiento de campañas electorales por la empresa brasileña Odebrecht no podrán quedarse en el rosario de la impunidad nacional y tendrán que saldarse no sólo con sanciones, sino también con una profunda reforma política-electoral, hace tiempo demandada.
El presidente Danilo Medina no debería ampararse en que le demuestren culpabilidad, sino rendir cuentas como se le adelantó el expresidente Hipólito Mejía, y reconociendo la creciente indignación general, convocar al liderazgo nacional político para pactar una profunda reforma política, electoral e institucional.
Un clamor que no cesa, Fue significativo que millares de personas desfilaran el domingo en Puerto Plata contra la corrupción y la impunidad y que la marcha verde hiciera presencia en el Mundial de Beisbol en Miami. Se generaliza la percepción de que las dimensiones del escándalo Odebrecht han provocado una ruptura en la sociedad dominicana, hastiada de la corrupción y de la impunidad que la alimenta.
El 27 de febrero ya el presidente Medina reconoció la legitimidad de la protesta generalizada y luego varios defensores del Gobierno se han quejado del amplio respaldo que tiene la marcha verde contra la impunidad en los medios de comunicación, algunos denunciando conspiraciones y esbozando amenazas, como si de repente se hubiese apagado el enorme aparato propagandístico del partido gobernante pagado por el Estado.
Se cuenta que los firmantes del libro verde contra la impunidad han sobrepasado el medio millón, mientras una llama sale de los puntos cardinales para confluir el domingo en la capital, mientras los cibaeños juran que estremecerán a Santiago el día 26, plantando a los estrategas gubernamentales que han apostado a la dilución.
Las imputaciones judiciales en otros países y las expectativas de que los fiscales brasileños destaparán por completo los implicados latinoamericanos en el corrupto entramado de la Odebrecht en un período de tres a cinco meses, se han constituido en una llama de largo aliento. Y que aquí no haya un solo imputado mantiene muy pendientes la impunidad que ha predominado en múltiples escándalos de los últimos años, incluyendo los sobornos y sobrevaluación de los aviones Tucano, los grandes expedientes contra Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, y los casos de la OISOE, CORDE y CEA. Mientras, se ignora si devolvieron los US$30 millones que, según el Procurador Jean Rodríguez, había adelantado Odebrecht como parte del “acuerdo confidencial” que el juez Vargas rechazó.
Presión de Hipólito Mejía. El discurso del expresidente Hipólito Mejía el lunes 6 se constituyó en un nuevo elemento de presión sobre el procurador general, el Gobierno y su partido, al rendir cuenta pormenorizada de los dos contratos con la Odebrecht durante su gestión del 2000-04, el acueducto de la Línea Noroeste y la presa de Pinalito, ambos concluidos por su sucesor Leonel Fernández.
El primer contrato había sido negociado en 1999 durante el primer gobierno de Fernández, por la suma de US$129 millones, Mejía ofreció detalles de adiciones que lo elevaron en 10%, a US$141 millones. Lo concluyó Fernández a partir del 2004. No dijo el costo final, estimado en US$251, un 78 por ciento más. Precisó que su sucesor ejecutó la presa de Pinalito, contratada en el 2004, por US$131.7 millones. Se ha publicado que concluyó en más del doble, unos US$300 millones.
Mejía se desligó de los sobornos de Odebrecht, manifestando que si se demuestra que él, esposa o hijos incurrieron en algún acto de corrupción, se retiraría de la vida política y entregaría su patrimonio al Estado. Proclamó que “en los gobiernos del PLD una parte importante del patrimonio público fue dilapidada”, que quienes hayan ocupado cargos como la presidencia, están obligados a rendir cuentas, y justificó la indignación por los “altos niveles de impunidad” prevalecientes, por lo que “doy todo mi apoyo a la movilización constante y pacífica de la ciudadanía, como ocurre en todo el país”.
Un testimonio terremoto. Si Hipólito Mejía lanzó un misil provocativo, lo que llegó desde Brasil al día siguiente fue un terremoto. El diario O Estado de Sao Paulo y el portal digital de la reconocida revista Veija informaron que el prisionero Hilberto Mascarenhas Silva, quien fuera director del departamento de “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht, (o “Departamento de Coimas”), había testimoniado ante el Tribunal Supremo Electoral de Brasil que entre 2006 y 2014 gastaron US$3 mil 390 millones en financiamiento de campañas en ese país, República Dominicana, Venezuela, El Salvador, Panamá y Angola.
El impacto local fue mayor porque señaló a Joao Santana y su esposa Mónica Moura como los ejecutivos y beneficiarios del financiamiento que Macarenhas detalló por año, desde US$60 millones en el 2006 hasta alcanzar US$750 millones en el 2013, cayendo en el 2014 a US$450 millones.
Santana no sólo dirigió las exitosas campañas electorales de Lula da Silva y Dilma Rouseff, sino también las dos de Medina y el despliegue del testimonio y el escándalo en los periódicos dominicanos provocó que el mandatario nacional respondiera, por primera vez, una pregunta sobre el escándalo. Afirmó que él pagó los servicios de Santana, que la verdad va a salir de las investigaciones en Brasil y aquí, que hay mucha gente que “quisiera verme nadar en el lodo” y emplazó a quien le pueda probar que recibió dinero.
No aceptan la gravedad. El prolongado silencio del Presidente y de su partido sobre el escándalo choca con lo ocurrido en los otros países afectados. El presidente peruano Pedro P. Kuczynski, quien en un mes pronunció dos enérgicos discursos y anunció medidas concretas contra la corrupción, se sometió esta semana a un interrogatorio de periodistas internacionales y proclamó que “en Perú no hemos escondido esto debajo de la alfombra”, aunque allí los sobornos confesados sólo sumaron US$29 millones.
Tal como dijo el presidente Medina, habría que demostrarle si recibió dinero. Pero mientras, la esposa de Santana, Mónica Moura, ya aceptó en interrogatorio el año pasado, que tramitaron financiamiento a su campaña, aunque adujo no recordar el monto. Una decena de factores lo salpican y avergüenzan el país y son suficientes para que él haya detallado cómo y por cuánto se contrató a Santana y mostrara contratos y constancias de pagos. Aún se espera un pronunciamiento formal del PLD que tan activo fue contra la corrupción cuando perseguía el poder. Su secretario general Reinaldo Pared aceptó implícitamente la posibilidad del financiamiento de Odebrecht, se mostró sorprendido “de tanto escándalo”, y erró al plantear que “la ley no prohíbe recibir donativos de empresas privadas”. Desconoció los artículos 47 y 55 de la Ley Electoral 275-97, que las prohíben a las extranjeras.
Ineludible reforma política. Es amplio el consenso de que el escándalo Odebrecht, por sus dimensiones internacionales, no podrá quedar en el extenso archivo de la impunidad nacional, que tendrá que haber sanciones y que no basta tratar de generalizar las culpas de la corrupción. Pero mayor es la convicción de que para sofocarlo será ineludible una profunda reforma del sistema político electoral, y ni siquiera eso ha estado en las escasas respuestas peledeístas.
Si no contara con que se diluirá la indignación, el presidente Medina ya hubiese anunciado que convocará al liderazgo nacional para consensuar un paquete de reformas políticas, electorales e institucionales que prevengan, reduzcan y sancionen la corrupción y para evitar la prevalencia de la impunidad. Tendría que implicar sacar los agentes partidistas del sistema judicial, el ministerio público y los organismos electorales.
En las actuales circunstancias la nación tiene derecho a esperar acciones específicas de quien encarna su liderazgo, más allá de emplazar a que le demuestren que recibió dinero. Pero ni siquiera se escuchan enérgicas condenas del escándalo. Todavía hay tiempo.
Por José Cabral
Un fenómeno muy preocupante que se produce en la República Dominicana tiene que ver con la pérdida de la cultura del trabajo.
Aparentemente hay un relativo cumplimiento con las obligaciones laborales cuando se trata de una empresa con altos niveles de organización y supervisión.
La pérdida de la cultura del trabajo puede ser demoledora para la micro, pequeña y mediana empresa, en las que no hay forma de que se respete el contrato laboral entre empleados y empleadores.
La desaparición de la cultura del trabajo en el país representa una crisis muy profunda debido a la precariedad laboral, la informalidad y la pérdida de incentivos para el esfuerzo formal.
La pérdida de la cultura del trabajo está asociada a una serie de factores como los bajos salarios y que un empleo no garantiza la salida de la pobreza, según los estudios económicos al respecto.
Sin embargo, la razón principal, siempre de acuerdo a lo que puedo observar, obedece a la crisis de valores que impacta a la sociedad dominicana.
Hay una tendencia muy acentuada a no cumplir con la responsabilidad asumida, es decir, que se observa una negación de la gente a asumir sus obligaciones.
Inclinarse por la vida fácil es una percepción ciudadana que tiene que ver con la crisis de valores que procura la búsqueda de ingresos sin hacer ningún esfuerzo, cuyo ejemplo más contundente es la famosa “botella” a nivel estatal, la cual es estimulada por el clientelismo que promueven los partidos políticos.
Lo otro que explica el fenómeno es que la gente ha aprendido a reclamar sus derechos sin cumplir con sus deberes.
Es una percepción generalizada, la cual va de lo pequeño a lo grande y lo contrario, pero no parece que haya una respuesta a la vista por tratarse de una realidad en la que el Estado no hace ningún esfuerzo planificado para combatirla.
Asistimos, con el alma acongojada pero erguida en el patriotismo más puro, al espectáculo de unos ministros que celebran como proeza histórica el servilismo diplomático.Por José Cabral
Hace ya muchos años fuí testigo de varios anécdotas que deben servir para algo a cualquier persona, no importa de que país sea.
En un lugar en Nueva York llamado Merchant, donde se vende vinos y cigarros y se toca Jaz, compartía con unos amigos, entre ellos había varias muchachas colombianas y una de ellas me pregunta que si soy dominicano y le responde que sí.
Y de inmediato me narra que su hermana más joven, quien se encontraba también en el lugar, tenía un noviazgo con un joven dominicano, pero que esa relación le había traído muchos problemas a la familia, porque su papá entendía que la misma no debía existir.
Me decía la joven que su papá siempre decía que lo menos que él debía hacer era estrangular a su hija por mantener una relación que podía terminar en procreación con una persona de una baja procedencia.
Pero la historia se repite unos años después en la calle 50 y la quinta avenida de la ciudad de Nueva York cuando me decía otro señor que conoció una muchacha tan hermosa y educada de apellido Trujillo que nadie podía pensar que fuera dominicana.
Evidentemente que ambas narraciones tenían su explicación en que la mayor parte de la inmigración dominicana hacia los Estados Unidos, que es el escenario analizado, procedia en ese momento del campo y cuya formación académica y cultural es muy pobre.
Además, por un asunto cultural, la mayoría de los dominicanos radicados en Nueva York proceden de barrios muy pobres o del campo de la región del Cibao, cuyas características y acento es, podría decirse, la representación de un regionalismo que se expresa a través del uso de la i para hablar.
Naturalmente, las razones que tienen que ver con que mucha de nuestra gente no haya tenido la oportunidad de cursar estudios universitarios y de tener una buena formacion cultural son parte de las deficiencias que se observa en el Estado dominicano.
De cualquier manera, la imagen de cualquier gentilicio se complica o deteriora cuando una buena parte del grupo étnico de que se trate se ve involucrado en actividades que nadie quiere para su familia, aunque, naturalmente, ese no sea el caso de lo planteado en este comentario.
Hay que decir que los propios colombianos se vieron en una situación indeseable cuando la época de Pablo Escobar que un pasaporte de ese país era prácticamente una ofensa a nivel internacional.
La enseñanza que quiero dejar con estas narraciones es que el orgullo de ser dominicano es algo que no se negocia, pero el mismo está determinado por la imagen que se venda en la comunidad internacional.
Y para sentirse orgulloso de la dominicanidad hay que partir, principalmente, de que sea un país en el que la dignidad humana sobresalga sobre la mayoría de los derechos, pero además que quien la representa sea gente con la decencia y un comportamiento acorde con los tiempos de las sociedades civilizadas.
Ciertamente que las democracias han fallado, sobre todo por el comportamiento de los partidos políticos y si bien hay que combatir ese mal y buscar la sustitución ahora y para siempre de esos actores de la vida nacional, pero cualquier solución al respecto no puede ser peor que lo que existe y sobre la base de lesionar el orgullo de ser dominicano.
Con esto quiero decir que en aras de preservar el orgullo nacional, se debe procurar llevar a la direccion del Estado a personas que, no sólo sean éticas y defensoras del interés nacional, sino también que coloquen en la cima, si es posible, la imagen del gentilicio por tener una conducta en el contexto de una sociedad civilizada.
Hay una expresión popular que dice que es muy importante guardar bien las apariencias, lo cual es aplicable en estos momentos en la República Dominicana, pero que ello no sea una causa para dejar de gestionar la salida del poder de los que han dañado gravemente la democracia, aunque, naturalmente, sin apoyarnos en ciudadanos que, aunque tienen el derecho constitucional de elegir y ser elegido, pero que su comportamiento lo descalifica para representar a todos los que tenemos un criterio muy claro del orgullo de ser dominicano y lo que ello implica para la economia y toda la vida nacional.