La suspendida jueza Awilda Inés Reyes Beltré, advirtió al juez presidente del juicio disciplinario que se le sigue que «no me pueden imponer un abogado de defensa pública, yo tengo mi abogado».
Foto: © Diana Peguero
Fecha:20/03/2017
La suspendida jueza Awilda Reyes Beltré ha asumido su propia defensa en el juicio disciplinario que se le conoce en el Consejo del Poder Judicial.
Esta mujer es acusada de la comisión de un hecho muy bochornoso, el cual consiste en la venta de sentencias a narcotraficantes y a otros delincuentes de los que han desfilado por el sistema judicial.
Durante su defensa ha esgrimido un recurso que podría interpretarse como una retaliación en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, a quien atribuye una serie de irregularidades
La pregunta que se impone es por qué ella no denunció a Mariano Germán antes de la acusación formulada en su contra, lo cual envía el mensaje de que sólo reconoce el delito o crimen del otro hasta tanto a ella no se le toque.
No tenemos ningún elemento de juicio para colegir si el presidente de la Suprema Corte de Justicia es culpable de los hechos que le imputa la suspendida y procesada juez, pero por el momento lo dicho por ella no tiene mucha credibilidad por la circunstancia en que hace la denuncia.
Sin embargo, nosotros, ni nadie puede exonerar de culpa a ningún funcionario del Estado dominicano, porque en ese entorno se produce hasta lo que usted jamás se podría imaginar.
Awilda Reyes Beltré tuviera credibilidad en lo que respecta a su acusación en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia si aportara pruebas contundentes, pero de lo contrario se ve como una forma de lanzar dardos venenosos en contra de aquel que busca sancionarla por los ilícitos penales que se le imputan.
Todo es propio de un país como la República Dominicana, donde los mecanismos de investigación son muy obsoletos y hay muchas complicidades, lo cual dificulta que prevalezca la justicia.
Las pruebas aportadas en contra de la suspendida y procesada jueza son muy contundentes y en tal virtud su condena no parece evitarla nada ni nadie.
Es un caso muy importante para sentar precedente en contra de las mafias que se mueven en los diferentes tribunales que conforman el sistema de justicia de la República Dominicana.
El juicio público, oral y contradictorio debe mantenerse en contra de ella y los demás miembros de la red y si son encontrados culpables que se les aplique todo el peso de la ley.
Así debe ser.