Editorial
La Marcha Verde
El nacimiento de la Marcha Verde ha llenado de esperanza a los dominicanos, sobre todo a los que lucen muy preocupados por la epidemia de corrupción que parte desde el Palacio Nacional, entra a un amplio sector del empresariado, se extiende hacia una buena parte de los medios de comunicación y luego se convierte en un cometa, porque nadie sabe dónde termina.
La Marcha Verde, sin lugar a dudas, controlada por una clase media, que se expresa a través de un nuevo rostro nacional, debe cuidarse de no contaminarse con la politiquería que promueven muchos de los partidos de la oposición, tanto de izquierda como derecha, lo cual podría aprovechar el gobierno de turno para desautorizar tan importante mecanismo de expresión popular.
Los dirigentes o cabeza de la Marcha Verde no pueden impedirle a nadie que se integre a la misma porque haya sospecha de una conducta inmoral o cuestionable, porque ésta no puede convertirse en fiscal ni juez.
La Marcha Verde debe y tiene que ser lo suficientemente abierta a todas las corrientes del pensamiento y la única condición es que el que se integra a la misma participe libremente en cada una de sus actividades, pero reiteramos que debe cuidarse de que los dirigentes o líderes de los partidos la aprovechen en favor de su causa, dado que ahí podría comenzar la pérdida de su parte más atractiva que tiene que ver con su sabor a pueblo al margen de intereses partidaristas.
En más de una ocasión se ha hablado del proceso de transición que debe darse en la Marcha Verde con su conversión en partido político, la cual no debe trascender la frontera de lo que debe ser un movimiento social que se crea sobre la base de combatir el peor flagelo que hoy golpea a la República Dominicana como lo es la corrupción y la impunidad.
Quién puede negar que la Marcha Verde no tiene un filtro para excluir aquellos rostros que dañan el movimiento y que tienen algún compromiso con la corrupción y la delincuencia, pero de lo que sí puede estar seguro el pueblo dominicano que esos cuestionables no constituyen el elemento principal de la Marcha Verde.
Nadie puede negar que hay muchos infiltrados en la Marcha Verde, pero éstos, reiteramos, no juegan un papel principal, sino de simple participantes, lo cual también habría que decir de los políticos profesionales, que viven de esa actividad, que se han integrado porque buscan beneficiarse con el carácter masivo de la misma, a fin de que en términos de popularidad se les pegue algo.
Que nadie tenga la menor duda de que los corruptos y los funcionarios del Gobierno buscarán una y mil razones para atacar, desacreditar y desautorizar la Marcha Verde, porque la misma hoy día constituye el principal dolor de cabeza de los promotores de la corrupción y la impunidad.
Los dirigentes de la Marcha Verde deben mantener a raya a los principales dirigentes de los partidos de la oposición y a personas comprometidas con la delincuencia organizada y con conductas que dañan mucho una expresión popular tan auténtica y de una amplia cobertura social.
Cuidado con los malos que están por doquier, tanto en el Gobierno como en la oposición, porque nadie que tenga la más mínima duda de que los males del país son integrales y que la lucha política y social, muchas veces, no trasciende el interés de “quítate tu pa ponerme yo”, expresión popular que es aplicable a todos, absolutamente a todos, hasta prueba en contrario.
Ojalá se mantenga el color de la esperanza, el verde, en este movimiento social que es definitivamente esperanzador y que augura un futuro por lo menos de una fuerte presión en contra del flagelo que ha impedido que el pueblo dominicano tenga derecho al trabajo, a la comida, a la salud y a una buena educación.
Ojalá el cambio moral y ético en la sociedad dominicano no sea un asunto de un largo plazo, sino de un proceso relativamente corto para que de esa manera se reconstruya la República Dominicana sobre una base que implique la erradicación de la corrupción y la impunidad.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.