Opinión
Bailando con Trujillo
Por Andrés L. Mateo
Yo firmé ése documento y me parece que los reparos equivalen a seguir bailando con Trujillo, porque Danilo Medina lo ha violado todo, y ha usado el poder para desarticular el frágil aparato institucional del país.
El trujillismo en nuestra historia es como una inmensa catedral gótica sostenida sobre la oralidad. La oralidad trujillista no es verdadera ni falsa, pero sirve siempre para escenificar toda la teatralidad del régimen, y es superior al documento. Además, ilustra sobre la desmesura y abre una furiosa inclinación por la infamia.
Una de las más famosas historias orales refiere que cuando Trujillo iba a un baile y la orquesta empezaba a tocar, nadie podía bailar hasta que el “jefe” no se tiraba al ruedo e iniciaba el bailongo. La orquesta hubiera podido amanecer tocando, pero era el talle duro del ritmo de Trujillo ripiando un merengue lo que de verdad iniciaba el convite. Todo ocurría como si él hubiera nacido ante los otros para colmar la necesidad que tenía de sí mismo. Cuando trabajé en el desaparecido diario “El Siglo”, escribí la historia de un sargento de la aviación llamado Persio Martínez, quien llegó en el séquito del perínclito a un baile que se celebraba en Bonao. Persio Martínez era mi pariente y me lo contó riéndose, pero el hecho no tenía nada que motivara el ánimo. Trujillo entró al recinto y el sargento se quedó en la puerta cortejando a una hermosa muchacha de “La villa de las Hortensias”. Media hora después, habiendo escuchado las interpretaciones musicales, invitó a la muchacha a bailar, y entró al recinto con su pareja ajeno por completo a lo que le iba a ocurrir. No advirtió que Trujillo no había abierto el baile y el salón estaba vacío. Cuando tomó a la muchacha por la cintura para atacar el paseo del merengue y dio un golpe de biela encaramándose en el ritmo, sintió una mirada fulminante que lo paralizaba medio a medio en el salón. Trujillo lo derritió con la vista, destiñéndolo sobre las notas del acordeón.
Lo expulsaron de la guardia, y purgó seis meses de cárcel por haber cometido el loco error de bailar primero que Trujillo.
La oralidad trujillista es pródiga en historias de arbitrariedades semejantes, porque las dictaduras deforman la convivencia hasta lo trágico, o hasta lo ridículo; y lo malo es que seguimos bailando con Trujillo. A raíz de un documento público de personas preocupadas por la crisis política en el país, se ha desatado una cruzada “en defensa de la constitución y la institucionalidad”, y se ha hablado de “sedición, de conspiración, de violación a la constitucionalidad”. Todo porque los firmantes consideramos que “la renuncia de Danilo Medina contribuiría a la solución de la crisis política que estamos viviendo después del caso ODEBRECHT”. Yo firmé ése documento y me parece que los reparos equivalen a seguir bailando con Trujillo, porque Danilo Medina lo ha violado todo, y ha usado el poder para desarticular el frágil aparato institucional del país. ¿Quién violentó la Constitución e impuso la reelección? ¿Quién prostituyó todas las instituciones públicas para continuar en el poder? ¿Quién alteró el juego democrático en su propio partido, imponiendo el trueque de candidaturas y acorralando como una rata a Leonel Fernández? ¿Quién compró senadores y diputados como si fuera un mercado Persa? ¿Quién hizo uso de los fondos públicos de manera abusiva generando un déficit de más 205 mil millones de pesos? ¿Quién controla la justicia, la Cámara de Cuentas, el DNI, el espionaje telefónico, y el presupuesto nacional? ¿Quién ha llevado la deuda del país en bono del 13 al 40%? ¿Quién práctica la impunidad, y paga más de 13 mil millones a ODEBRECHT solo en este año, a pesar de ser una compañía mafiosa que ha admitido sus crímenes en el mundo? ¿Quién dijo “mis senadores”, “mis diputados”, “mis síndicos”, “mis jueces”? ¿Quién protege a los “pejes gordos” del caso de hipercorrupción de la OISOE? ¿No fue uno de sus ministros, Temístocles Montás, quien admitió que ”tomó dinero de Ángel Rondón (que es como decir ODEBRECHT) para la campaña de Danilo Medina? Hay un largo etcétera que no puedo enumerar en éste artículo.
La sedición, la violación, la hipercorrupción, y hasta la ruptura de la Constitución de la república, se localizan en los actos de la élite política que gobierna el país, no en el planteamiento teórico de un escenario hipotético que tiene, sin ninguna dudas, mucha relación con la realidad. Demasiados años de autoritarismo asustan, pero es claro que para airear la democracia formal que vivimos hay que dejar de bailar con Trujillo.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.