Editorial
Los Feminicidios: Una Herida Lacerante en el Alma Nacional
Los feminicidios son una expresión de una serie de factores que tipifican a la sociedad dominicana como una de las peores en lo que tiene que ver con crímenes en contra de la mujer.
Sin embargo, este flagelo no se puede analizar si no es desde una perspectiva integral de las fallas y los déficits que afectan al Estado dominicano, donde a pesar de una serie de esfuerzos para combatir lo que muy bien podría calificarse como una herida que no deja de sangrar, lacerante en el alma nacional.
Hay muchos analistas que entienden que la aprobación y posterior aplicación de la Ley 24-97 establecía controles al fenómeno de los feminicidios, lo cual constituye una visión equivocada para enfrentar esta conducta violenta de muchos hombres en contra de sus parejas.
Si bien la ley y la persecución de este tipo de crimen es un componente importante, lo cierto es que los correctivos deben ir acompañados de otros de índoles culturales y socioeconómicos, así como educativos.
Porque es importante que se entienda que los feminicidios comienzan con una herencia histórico-cultural que se fundamenta en el machismo, el jefismo, el patriarcado y el caudillismo, éste último responsable de la generación de los mencionados más arriba.
En segundo lugar el hecho de que la mujer dominicana depende en un nivel muy alto en el aspecto económico del hombre, ya sea porque se mantiene en el hogar en la atención de los hijos o sencillamente porque no tiene una profesión o habilidad para insertarse en el mercado laboral.
En tercer lugar la existencia de una condición psico-social que lleva a la mujer a resignarse e incluso a ver la violencia y el machismo como algo normal y propio de la sociedad dominicana, lo cual la lleva a aguantar hasta que llega la desgracia.
Todos esos factores, entre otros, nos dicen que el problema debe contar con políticas públicas para combatir los feminicidios, ya que debe dársele mayor importancia a incorporar un plan al sistema educativo nacional para formar hombres nuevos, que debe comenzar por los pequeñitos que apenas dan su primer paso en su formación académica y cultural.
Ese plan a través del sistema educativo debe ir acompañado de una campaña ininterrumpida por los medios de comunicación para cambiar el comportamiento en lo que se refiere a la relación de parejas y así probablemente podría cambiar la realidad nacional en el tema de los feminicidios.
Son impresionantes los resultados y las heridas incurables que deja este flagelo en la sociedad dominicana, donde muchos de los que asesinan sus parejas se suicidan y condenan a los hijos a una vida desgraciada y llena de traumas.
Pero como hemos dicho en otros artículos, el problema de los feminicidios es una plaga que es el resultado, si lo analizamos desde una perspectiva más integral, que su principal responsable es el Estado, porque carece de la visión y la institucionalidad para enfrentar idóneamente lo que muy bien podría llamarse una gran tragedia nacional.
Si la sociedad no se planifica y elabora un plan de desarrollo nacional para combatir los feminicidios y otros fenómenos fruto de una serie de factores, se nos irá la vida con el sueño de cambiar una realidad cuyas causas no deben buscarse en la sabana, sino en el enfermo.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.