Editorial
Qué Gran Descubrimiento!
En los últimos días el Colegio Dominicano de Notarios ha hecho lo que piensa que es un gran descubrimiento, denunciar que muchos de sus miembros están involucrados en fraudes y falsificaciones en contra de aquellos que se ven envueltos en conflictos por embargos y por otros procedimientos legales convertidos en grandes estafas.
Los notarios en la República Dominicana se han pasado la vida notarizando actos de compraventas de bienes muebles e inmuebles, embargos y otras legalizaciones sin la presencia de las partes, lo cual siempre ha tenido el propósito de engañar a uno de los involucrados en cualquier negociación.
Porque precisamente los notarios se ponen al servicio del mejor postor, pese a que la ley se lo prohíbe, por tratarse de un auxiliar de la justicia que busca darle validez a las escrituras públicas y privadas.
No son muy pocos los que saben que la mayoría de las notarizaciones son hechas por los notarios sin la presencia de las partes y de testigos, para cuyo fin se inventan algunos nombres de personas que no conocen los detalles de la transacción realizada, lo cual al final termina como un gran fraude.
Los conocidos pagareses notariales son generalmente preparados por prestamistas que cuentan con las generales del notario, quien casi siempre trabaja como igualado o asalariado de éste, que se dedica a prestar dinero, pese a que ésto constituye una grave violación a ley sobre la materia.
Lo peor de este procedimiento irregular llega cuando el prestamista decide proceder con un embargo en contra del deudor, lo cual casi siempre está marcado por una serie de invenciones que parten incluso de la utilización de bandas de tigueres que no tienen nada que ver con la fuerza pública y que posteriormente, aunque se produzca una salida negociada, la víctima termina con la perdida de todo lo embargado.
Lo otro es que los embargos nunca terminan ahí, ya que luego del deudor ser despojado de sus propiedades siempre queda en deuda con el acreedor, en razón de que es parte del fraude continuar con un cobro que no termina nunca, a menos de que el objeto embargado sea un bien inmueble, porque en este caso, aunque el mismo tenga un valor veinte veces por encima de lo adeudado, el mismo queda en poder del acreedor.
Son innumerables los casos en que el notario participa en fraudes en contra de la ciudadanía, sin que los mecanismos que se supone ha creado el Estado para que ésto no ocurra no se dan ni por enterado y peor cuando se consulta un abogado sobre el particular.
Lo que pasa con el notario no está lejos de lo que ocurre en todo el sistema de justicia, donde los alguaciles, los fiscales y una buena parte de los jueces son cómplices de este mal que ha dejado miles y miles de víctimas en todo el territorio nacional.
Sin embargo, lo nuevo y bueno que tiene la presente denuncia es que la actual directiva y la nueva ley sobre la materia tienen la disposición y el espíritu de combatir el mal, a fin de que los procedimientos de ley no queden en manos de un tigueraje, de unos delincuentes, que desnaturalizan la misión y el deber del notario público, el cual hoy está tan dañado como toda la sociedad, porque éste es una expresión de la descomposición, la falta de ética y de moral que salpican todas las actividades sociales de la República Dominicana.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.