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Mayoría miembros Comisión de Reforma y Profesionalización de Policía conoce muy poco del asunto.
Por Elba García
Desde hace décadas que la Policía Nacional es uno de los órganos que más preocupa a los diferentes sectores que confirman la vida nacional por los niveles de corrupción que se producen en su seno, ya que sin lugar a dudas es la mas corrupta de todos los órganos que forman parte del Estado dominicano.
El asunto es tan grave que hubo algún momento y parece que todavía ocurre que en cada atraco a mano armada que se ejecutaba en el país había agentes como protagonistas de los hechos, lo cual coloca a la Policía Nacional como la institución que más genera preocupación por estar conformada por hombres armados que en su mayoría no están al servicio de la ley y los intereses de la sociedad.
Sin embargo, no se puede ver al margen de un problema integral que impacta a todas las instituciones del Estado, cuya realidad ha llevado a diferentes sectores, entre los que está este periódico, a plantear que la Policía Nacional debe ser abolida por lo menos por dos años y que se traiga a desarrollar su labor a la parte más sana del Ejército Nacional que ha estado al margen de labores de gran contaminación, como ejemplo la vigilancia de la frontera.
Esto así, porque nadie puede poner en duda los niveles en que han sido permeados los demás cuerpos castrenses del país por fenómenos como el narcotráfico, cuyos mejores ejemplos son la Armada y la Fuerza Aérea Dominicana (FA), las cuales tienen la misión de vigilar y preservar el espacio marítimo y aéreo del país, las cuales no constituyen una garantía de seguridad nacional.
En tal virtud, este medio ha sido partidario de la abolición periódica de la Policía Nacional y que esa medida vaya acompañada de la creación de una nueva academia para que este órgano se maneje sobre la base de criterios éticos que no dañen y distorsionen su misión.
La propuesta en este sentido debe incluir el derribamiento del Palacio de la Policía Nacional para no dejar rastros de sus compromisos con lo mal hecho, porque el asunto es tan grave que no importa en que proporción se aumenten los sueldos de los agentes, es decir, que los mismos pueden llegar a un millón de pesos y el problema va a seguir presente, porque la corrupción ya es una cultura en el seno de esa institución y sus miembros de cualquier modo van a continuar por el camino de la delincuencia y de los hechos al margen de la ley.
Es una corrupción que se expande al Ministerio Público y a otras instituciones del Estado, ya que se impactan recíprocamente y el problema se constituye en uno de los más preocupantes y peligrosos para la sociedad.
Visto lo complejo de la seguridad nacional y las razones que explican el comportamiento de la Policía Nacional, entonces hay que concluir que se trata de un asunto que atañe a expertos y técnicos y no a cualquier ciudadano no importa que buen intencionado esté y el presidente ha incurrido en el error como regularmente ocurre en el Gobierno de crear una comisión de personas que no tienen la menor idea del problema.
La Comisión está llena de personas que no han pasado de emitir algunas opiniones por los medios de comunicación, pero que no entienden ni tienen la menor idea de lo que se debe hacer para transformar un órgano corrompido desde los pies hasta la cabeza.
No existe la menor idea de quién le pudo haber sugerido al presidente una serie de personas que no tienen la formación ni la experiencia para plantear las medidas que podrían cambiar la Policía Nacional, porque en vez de algunos comunicadores ahí debieron estar técnicos que son ampliamente conocidos por sus conocimientos sobre el tema de la seguridad.
Ha sido una norma en el presente Gobierno escoger a personas que no conocen ni son especialistas en la materia para la que son seleccionados, como por ejemplo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que se desempeña como jefa del gabinete de salud sin ser médico y sin conocer el sector.
Lo propio ocurre con muchos otros funcionarios del Gobierno de Luis Abinader, lo que en consecuencia le da muy poca credibilidad a la medida tomada ahora para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional.
En esa comisión hay personas que nunca podrán hablar con propiedad de los problemas que aquejan a la Policía Nacional, ya que no tienen la experiencia, la formación y los conocimientos para proponer cuestiones que en realidad puedan transformarla y profesionalizarla.
Sólo algunos de los escogidos podrán tener una función útil en el mecanismo creado con muchas personas que no tienen la menor idea de lo que es este órgano, porque además no tienen ninguna experiencia de Estado para tener soluciones a un problema tan complejo y técnico.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.