Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público llegó a un acuerdo con cuatro de los 27 acusados en la presunta red de corrupción Antipulpo para que admitan su culpabilidad y las acusaciones que pesan en su contra.Más Noticias
Ministerio Público acuerda con cuatro imputados caso Antipulpo admitir su culpa.
Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público llegó a un acuerdo con cuatro de los 27 acusados en la presunta red de corrupción Antipulpo para que admitan su culpabilidad y las acusaciones que pesan en su contra.Para estos 4, se trata de un acuerdo de colaboración que les abre una puerta de salida del proceso judicial.
Juan Esteban Suriel, Lewin Ariel Castillo, Francisco Pagán y Domingo Antonio Santiago, son los nombres de cuatro imputados que han logrado arreglos en los que buscan una pena menos severa a cambio de cumplir las condiciones manifestadas por el Ministerio Público.
Este martes, en la audiencia para determinar si enviaba a juicio de fondo a los implicados en el caso, el juez Deiby Tomoteo Peguero condenó a los cuatro imputados que colaboraron y a los demás los envió a juicio de fondo.
Uno de los primeros en declararse culpable para fines de acuerdo fue Juan Esteban Suriel Suazo, acusado de prestar su nombre como testaferro de Alexis Medina Sánchez, principal acusado en el entramado.
Suriel Suazo admitió ser socio de varias empresas de Alexis y portar armas de guerra en su vivienda. El juez lo condenó a cinco años de prisión, tres de estos suspendidos, como parte del juicio penal abreviado dentro de la etapa preliminar del sonado caso.
Otro imputado que acordó con el Ministerio Público fue Lewin Ariel Castillo, quien fue sentenciado a tres años de prisión suspendida.
Castillo era el analista de Compras de la Gerencia de Abastecimiento de EdeEste y fue acusado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) de formar «parte de la asociación para delinquir y quien era el responsable de enviar desde su correo institucional las invitaciones a las empresas a fin de que presentaran las ofertas económicas» en las licitaciones amañadas en las que supuestamente se beneficiaba a las de Medina Sánchez.
“Acepto la acusación”, admitió y agregó: «debo decir de manera fielmente que recibí los cheques a través del señor imputado Julián Suriel y mediante las empresas Globus Electrical y General Suply».
Asimismo, Domingo Antonio Santiago logró negociar con el Ministerio Público y se extinguió la acción penal en su contra.
Antonio Santiago era uno de los principales testaferros que permitieron camuflar múltiples propiedades, empresas y transacciones millonarias de Alexis Medina, según la acusación.
El juez libró acta de criterio de oportunidad a favor de este imputado.
Uno de los últimos acuerdos realizados fue el del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, quien se declaró culpable de los hechos que se le imputan.
Por dicha colaboración, el Ministerio Público solicitó condenarlo a cinco años de prisión, con dos suspendidos. El juez le condenó este día, justo como se esperaba.
El pasado 26 de diciembre le confesó a las autoridades haber adquirido un apartamento de la Torre Residencial Alco Paradisso, ubicada en la calle José Aybar Castellanos, en La Esperilla, con una superficie de 481.94 metros.
Es basándonos en esa declaración que Pagán tuvo que realizar un acta de entrega voluntaria el 10 de diciembre del presente 2021, donde hace la devolución de los diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000.00), a través de cinco cheques de administración: uno por RD$4,000,000.00; otro RD$1,827,000.00, de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos; otro por RD$2,000,000.00; otro por RD$800,000.00 y quinto por valor de RD$1,373,000.00 del Banco Popular Dominicano.
Este martes fue condenado a cinco años de prisión con tres suspendidos.
200 millones al estado por acuerdos
El procurador adjunto Wilson Camacho destacó el lunes que con los acuerdos entre el Ministerio Público y cuatro de los imputados por corrupción administrativa en el Caso Antipulpo el Estado recuperará más de 200 millones de pesos en bienes.
“Con estos acuerdos el Estado recupera más de 200 millones de pesos en bienes que se decomisan como consecuencia de los mismos, bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo”, resaltó.
Aseguró que se trata de una cuestión trascendente dentro de este proceso, que evidentemente confirma la contundencia y la fortaleza de la acusación del Ministerio Público.
“Ahora bien, y con relación al segundo punto, la acusación del Ministerio Público y con relación a Oisoe (Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado), las vías de sobornos eran varias, y esas están descritas en la acusación, y permiten probar cómo el acusado Francisco Pagán adquirió dinero de manera ilícita, con lo que adquirió bienes que entregó al Ministerio Público y están sujeto a decomiso”, dijo.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
Además, la iniciativa establece que el uso del apellido del cónyuge no implicaría un cambio en el nombre legal de la persona ni modificaría los datos consignados en el acta de nacimiento, sino que tendría un carácter complementario en el documento de identidad.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
Posibilidad de eliminar el apellido
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
La propuesta establece que correspondería a la Junta Central Electoral implementar, regular y ejecutar la ley, conforme a lo dispuesto en la Ley 4-23 Orgánica del Registro Civil.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
De acuerdo con la instancia depositada en el Departamento de Investigación de Violencia Física (Homicidios), los representantes legales sostienen que la actuación del oficial constituye un abuso de autoridad y un uso desproporcionado de la fuerza, en circunstancias que no representaban peligro.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
La actividad tuvo lugar en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, donde jóvenes policías, tanto masculinos como femeninos, se concentraron desde tempranas horas, listos para ser enviados a distintos puntos estratégicos del país.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Durante el acto se destacó el compromiso la disciplina y la vocación de servicio de estos jóvenes, quienes asumirán la responsabilidad de reforzar la presencia policial en carreteras, balnearios, centros turísticos y zonas urbanas de alta movilidad.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.