Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público llegó a un acuerdo con cuatro de los 27 acusados en la presunta red de
corrupción Antipulpo para que admitan su culpabilidad y las acusaciones que pesan en su contra.
Para estos 4, se trata de un acuerdo de colaboración que les abre una puerta de salida del proceso judicial.
Juan Esteban Suriel, Lewin Ariel Castillo, Francisco Pagán y Domingo Antonio Santiago, son los nombres de cuatro imputados que han logrado arreglos en los que buscan una pena menos severa a cambio de cumplir las condiciones manifestadas por el Ministerio Público.
Este martes, en la audiencia para determinar si enviaba a juicio de fondo a los implicados en el caso, el juez Deiby Tomoteo Peguero condenó a los cuatro imputados que colaboraron y a los demás los envió a juicio de fondo.
Uno de los primeros en declararse culpable para fines de acuerdo fue Juan Esteban Suriel Suazo, acusado de prestar su nombre como testaferro de Alexis Medina Sánchez, principal acusado en el entramado.
Suriel Suazo admitió ser socio de varias empresas de Alexis y portar armas de guerra en su vivienda. El juez lo condenó a cinco años de prisión, tres de estos suspendidos, como parte del juicio penal abreviado dentro de la etapa preliminar del sonado caso.
Otro imputado que acordó con el Ministerio Público fue Lewin Ariel Castillo, quien fue sentenciado a tres años de prisión suspendida.
Castillo era el analista de Compras de la Gerencia de Abastecimiento de EdeEste y fue acusado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) de formar «parte de la asociación para delinquir y quien era el responsable de enviar desde su correo institucional las invitaciones a las empresas a fin de que presentaran las ofertas económicas» en las licitaciones amañadas en las que supuestamente se beneficiaba a las de Medina Sánchez.
“Acepto la acusación”, admitió y agregó: «debo decir de manera fielmente que recibí los cheques a través del señor imputado Julián Suriel y mediante las empresas Globus Electrical y General Suply».
Asimismo, Domingo Antonio Santiago logró negociar con el Ministerio Público y se extinguió la acción penal en su contra.
Antonio Santiago era uno de los principales testaferros que permitieron camuflar múltiples propiedades, empresas y transacciones millonarias de Alexis Medina, según la acusación.
El juez libró acta de criterio de oportunidad a favor de este imputado.
Uno de los últimos acuerdos realizados fue el del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, quien se declaró culpable de los hechos que se le imputan.
Por dicha colaboración, el Ministerio Público solicitó condenarlo a cinco años de prisión, con dos suspendidos. El juez le condenó este día, justo como se esperaba.
El pasado 26 de diciembre le confesó a las autoridades haber adquirido un apartamento de la Torre Residencial Alco Paradisso, ubicada en la calle José Aybar Castellanos, en La Esperilla, con una superficie de 481.94 metros.
Es basándonos en esa declaración que Pagán tuvo que realizar un acta de entrega voluntaria el 10 de diciembre del presente 2021, donde hace la devolución de los diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000.00), a través de cinco cheques de administración: uno por RD$4,000,000.00; otro RD$1,827,000.00, de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos; otro por RD$2,000,000.00; otro por RD$800,000.00 y quinto por valor de RD$1,373,000.00 del Banco Popular Dominicano.
Este martes fue condenado a cinco años de prisión con tres suspendidos.
200 millones al estado por acuerdos
El procurador adjunto Wilson Camacho destacó el lunes que con los acuerdos entre el Ministerio Público y cuatro de los imputados por corrupción administrativa en el Caso Antipulpo el Estado recuperará más de 200 millones de pesos en bienes.
“Con estos acuerdos el Estado recupera más de 200 millones de pesos en bienes que se decomisan como consecuencia de los mismos, bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo”, resaltó.
Aseguró que se trata de una cuestión trascendente dentro de este proceso, que evidentemente confirma la contundencia y la fortaleza de la acusación del Ministerio Público.
“Ahora bien, y con relación al segundo punto, la acusación del Ministerio Público y con relación a Oisoe (Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado), las vías de sobornos eran varias, y esas están descritas en la acusación, y permiten probar cómo el acusado Francisco Pagán adquirió dinero de manera ilícita, con lo que adquirió bienes que entregó al Ministerio Público y están sujeto a decomiso”, dijo.