Opinión
Desde los tiempos de Jesucristo
Por Rosario Espinal
La historia del nacimiento de Jesús que se desprende del evangelio es que nació en Belén, porque su padre José acudió a empadronarse a su ciudad de origen, según ordenó César Augusto para saber cuántos súbitos tenía su imperio, que en esa época se extendía hasta las tierras de Judea y Siria.
Desde esos tiempos lejanos, el acto de empadronar ha tenido distintos propósitos y ha evolucionado. El primero es numérico-económico: saber cuántas personas viven en un determinado territorio, documentar sus bienes y establecer impuestos. El segundo es político: en una democracia se asignan posiciones electivas para conformar el gobierno de acuerdo a segmentos poblacionales y distritos electorales. El tercero es social: conocer las características de la población para asignar recursos a los servicios sociales en un Estado moderno.
En tiempos recientes, varios países de América Latina, entre ellos Venezuela, Bolivia y Ecuador han realizado campañas de empadronamiento para dotar de registro de identidad a la población pobre y excluida y motivarla a votar. Con estos empadronamientos, los gobiernos de esos países han ampliado la masa votante que apoya sus políticas redistributivas, lo que ayudó a los triunfos reelectorales de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa.
En República Dominicana sucede lo contrario. Primero, los censos nacionales nunca han contado bien a los inmigrantes haitianos ni a sus descendientes. Para hacer una estimación se realizó la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) en 2012. Segundo, el gobierno no ha documentado la extensa población inmigrante haitiana ni sus descendientes, que constituyen un segmento numeroso entre los pobres. De ahí el desorden legal-migratorio. Tercero, medidas como la Sentencia TC 168/13 buscan excluir descendientes de inmigrantes del registro civil-electoral, o prevenir su inclusión, al declararlos extranjeros en base a un artificio de transitoriedad, ya que nacieron y crecieron en territorio dominicano.
¿Qué razones motivan esta Sentencia y similares disposiciones anteriores?
Las constituciones dominicanas antes de 2010 no especifican nada respecto al estatus de los hijos de inmigrantes indocumentados, por lo cual, se asumía que se aplicaba el derecho de suelo (jus solis) para la nacionalidad. Es decir, toda persona nacida en territorio dominicano era dominicana si sus padres no estaban en tránsito o eran diplomáticos. Esto lo reinterpretó la Suprema Corte de Justicia en diciembre 2005, cuando argumentó que los hijos de inmigrantes indocumentados no calificaban para la nacionalidad porque la ilegalidad no podía superar la transitoriedad. A partir de ahí, la Junta Central Electoral comenzó a negar documentación a personas de origen haitiano, aunque tuvieran documentación previamente emitida por las autoridades del registro civil. En septiembre de 2013 la Sentencia TC 168/13 reiteró lo dicho por la Suprema Corte de Justicia en 2005.
Las leyes hay que entenderlas en su contexto político porque los jueces no crean jurisprudencia inocentemente.
¿Qué busca el gobierno con la Sentencia TC 168/13? ¿Busca reducir la masa votante para lograr futuros triunfos electorales con menores costos clientelares? ¿Busca arengar la población dominicana para distraerla de otros problemas y aglutinarla políticamente? ¿Qué beneficios obtiene la sociedad dominicana al establecer dos categorías de personas, todas nacidas y criadas en territorio dominicano? ¿Por qué hacer pagar a los descendientes por la ilegalidad migratoria de sus padres, ilegalidad que ha patrocinado y sostenido el propio gobierno dominicano?
Son preguntas para reflexionar en esta época navideña; y recuerden, la Sentencia TC 168/13 no controla la migración haitiana, sólo declara extranjeros a los descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano a partir de 1929, muchos de los cuales han vivido por generaciones en República Dominicana.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.