Opinión
Desde los tiempos de Jesucristo
Por Rosario Espinal
La historia del nacimiento de Jesús que se desprende del evangelio es que nació en Belén, porque su padre José acudió a empadronarse a su ciudad de origen, según ordenó César Augusto para saber cuántos súbitos tenía su imperio, que en esa época se extendía hasta las tierras de Judea y Siria.
Desde esos tiempos lejanos, el acto de empadronar ha tenido distintos propósitos y ha evolucionado. El primero es numérico-económico: saber cuántas personas viven en un determinado territorio, documentar sus bienes y establecer impuestos. El segundo es político: en una democracia se asignan posiciones electivas para conformar el gobierno de acuerdo a segmentos poblacionales y distritos electorales. El tercero es social: conocer las características de la población para asignar recursos a los servicios sociales en un Estado moderno.
En tiempos recientes, varios países de América Latina, entre ellos Venezuela, Bolivia y Ecuador han realizado campañas de empadronamiento para dotar de registro de identidad a la población pobre y excluida y motivarla a votar. Con estos empadronamientos, los gobiernos de esos países han ampliado la masa votante que apoya sus políticas redistributivas, lo que ayudó a los triunfos reelectorales de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa.
En República Dominicana sucede lo contrario. Primero, los censos nacionales nunca han contado bien a los inmigrantes haitianos ni a sus descendientes. Para hacer una estimación se realizó la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) en 2012. Segundo, el gobierno no ha documentado la extensa población inmigrante haitiana ni sus descendientes, que constituyen un segmento numeroso entre los pobres. De ahí el desorden legal-migratorio. Tercero, medidas como la Sentencia TC 168/13 buscan excluir descendientes de inmigrantes del registro civil-electoral, o prevenir su inclusión, al declararlos extranjeros en base a un artificio de transitoriedad, ya que nacieron y crecieron en territorio dominicano.
¿Qué razones motivan esta Sentencia y similares disposiciones anteriores?
Las constituciones dominicanas antes de 2010 no especifican nada respecto al estatus de los hijos de inmigrantes indocumentados, por lo cual, se asumía que se aplicaba el derecho de suelo (jus solis) para la nacionalidad. Es decir, toda persona nacida en territorio dominicano era dominicana si sus padres no estaban en tránsito o eran diplomáticos. Esto lo reinterpretó la Suprema Corte de Justicia en diciembre 2005, cuando argumentó que los hijos de inmigrantes indocumentados no calificaban para la nacionalidad porque la ilegalidad no podía superar la transitoriedad. A partir de ahí, la Junta Central Electoral comenzó a negar documentación a personas de origen haitiano, aunque tuvieran documentación previamente emitida por las autoridades del registro civil. En septiembre de 2013 la Sentencia TC 168/13 reiteró lo dicho por la Suprema Corte de Justicia en 2005.
Las leyes hay que entenderlas en su contexto político porque los jueces no crean jurisprudencia inocentemente.
¿Qué busca el gobierno con la Sentencia TC 168/13? ¿Busca reducir la masa votante para lograr futuros triunfos electorales con menores costos clientelares? ¿Busca arengar la población dominicana para distraerla de otros problemas y aglutinarla políticamente? ¿Qué beneficios obtiene la sociedad dominicana al establecer dos categorías de personas, todas nacidas y criadas en territorio dominicano? ¿Por qué hacer pagar a los descendientes por la ilegalidad migratoria de sus padres, ilegalidad que ha patrocinado y sostenido el propio gobierno dominicano?
Son preguntas para reflexionar en esta época navideña; y recuerden, la Sentencia TC 168/13 no controla la migración haitiana, sólo declara extranjeros a los descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano a partir de 1929, muchos de los cuales han vivido por generaciones en República Dominicana.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?
Por Miguel Guerrero
Cuando hablamos del precio de la democracia, nada me parece más horripilante que ese lugar común al que apelan diariamente los dirigentes del país para justificar los vicios de la política vernácula. Eso de “pagar el precio de la dominicana” no es más que una vulgar falacia, un intento de legitimar cuantas barbaridades ha padecido la nación para mantener los privilegios de una clase que controla los resortes de la vida política, como si se tratara de derechos nobiliarios, adquiridos por herencia, olvidándose de que al igual que la realeza europea, que se casa entre familia, los genes de la dirigencia política nacional han dejado ver desde hace tiempo sus estragos.
Mientras se aduce falta de recursos para atender los principales requerimientos de la salud y la educación, dos de nuestras grandes e inaplazables prioridades, y el país vive a oscuras a causa de la falta de pago por el Gobierno a los generadores, se destinan en publicidad miles de millones de pesos para exaltar la figura presidencial en desmedro de reales necesidades de la sociedad.
Asignación que no discrimina si hay elecciones o no cada año, cuando se trata de un año preelectoral, significa que al siguiente la erogación será mucho mayor. La suma en sí misma no significaría mucho si se les exigiera transparencia en el uso y rendición de cuentas. Pero no podemos esperar que eso suceda, porque el sistema es tan pobre en garantías ciudadanas que los políticos del país no se sienten obligados a cumplir siquiera algo tan simple como una declaración de bienes, que pueden en todo caso manipular a su antojo sin mayores consecuencias.
La democracia no necesita que se entregue el precio que por ella pagamos, ni requiere tampoco del tutelaje que pretenden unos clanes que han hecho de la noble actividad partidaria un coto de corrupción y malas mañas.