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El deterioro institucional se ha llevado¨de paro la mística de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Hablar en la República Dominicana de un militar de carrera es algo que parece más un juego que algo real, porque desde hace mucho tiempo el policía y el militar se dedican principalmente a resultar atractivo para los politiqueros que se mueven en el escenario nacional para ascender jerárquica, social y económicamente.
Regularmente los generales de los tantos que hay en el país son designados al frente de los diferentes cuerpos castrenses de la Nación por amistad o sencillamente porque se ponen al servicio de los dirigentes de los partidos políticos que tienen reales posibilidades de llegar al poder.
En la República Dominicana nadie puede negar que en todas y cada una de las instituciones armadas se alimenta cada día una conducta que dista mucho de la razón de ser de la Policía Nacional y de los demás cuerpos armados como el Ejército Nacional, las Fuerza Aérea y la Armada Dominicana.
Guzmán Fermín
La cuestión es, que amén de las posibilidades que ofrece la designación en una posición de supremacía en estos órganos para cualquier policía o militar enriquecerse, son además muchas las opciones de conseguir ascensos para sus allegados y cómplices en las acciones al margen de la ley que se cometen.
No hay espacio para negar que la Fuerza Aérea Dominicana está involucrada hasta más no poder con una serie de irregularidades que van desde permitir la entrada de avionetas y otras aeronaves que transportan cargamentos de drogas por el espacio aéreo y que incluso sus altos oficiales participan de un esquema de corrupción que llega hasta el envío de miembros de esa institución como guardaespaldas de empresarios extranjeros en diferentes lugares de los Estados Unidos.
Tanto es así, que esos altos oficiales de la Fuerza Aérea Dominicana cobran los sueldos de los que están nombrados por el servicio que prestan en institucionales oficiales, como el Banco de Reservas y el Banco Central, pero que realmente rinden un servicio en el sector privado.
La FAD también cuenta con mafias que se dedican a préstamos de dinero a intereses muy altos en contra de rasos y alistados, lo cual permite observar que cuando llega el fin de mes altos oficiales se apropian de la mayoría de los cheques que llegan en nombre de una gran cantidad de sus miembros.
Lo propio ocurre en las demás instituciones castrenses, ya que la Armada Dominicana está seriamente involucrada en el trafico de drogas que entra al país a través de lanchas rápidas por las costas nacionales, por lo que muy bien podría recordarse lo ocurrido en Paya, Baní, donde varios extranjeros fueron fusilados por miembros de esta institución, apropiándose de drogas y dinero.
Pero el fenómeno de la corrupción no es de menor dimensión en el Ejercito Nacional, cuyo mejor ejemplo podría ser la frontera por donde entra de todo, desde drogas hasta prostitutas, así como ilegales haitianos que pagan por ello.
Todo hace que se vea que un cabo tenga mas don de mando que un alto oficial, porque no son pocos los policías y militares involucrados en el narcotráfico y en otros negocios del bajo mundo.
En virtud de este fenómeno los policías y militares no buscan algún ascenso en la jerarquía militar y policial sobre la base de una carrera y de los méritos alcanzados, sino mediante el tráfico de influencia y la defensa de aquellos politiqueros tienen poder en el entorno del Palacio Nacional.
Por esta razón no se puede poner fuera del contexto de este bajo mundo el pronunciamiento de Rafael Guillermo Guzmán Fermín, un exjefe policial que ha sido señalado como parte de un grupo mafioso que operó en el país cuando el gobierno del presidente Leonel Fernández, encabezado por un español llamado Arturo del Tiempo.
La situación fue tal que Guzmán Fermín y su padre, también ex jefe de la Policía Nacional, aparecieron con dos apartamentos de lujo en un edificio de viviendas que fue financiado por el Banco de Reservas y que para intentar recuperar el dinero prestado al español preso por narcotráfico prácticamente sin ninguna otra garantía que el propio inmueble, el banco oficial intentó ejecutar un embargo.
Dentro del grupo de militares que han anunciado que defenderán los votos de Leonel Fernández en las urnas, también está Pedro de Jesús Candelier, exjefe policial que adquirió fama por su supuesta mano dura, pero que durante su gestión distribuyó más vehículos robados entre sus allegados que ningún otro.
Otro detalle importante de Candelier, quien incluso fue candidato presidencial por un partido formado por él y que sacó sólo 4 mil votos a nivel nacional y que desapareció por la repartición del dinero entregado por la Junta Central Electoral que generó un conflicto, es que pasó a tener bajo perfil luego de salir de la Policía Nacional a propósito de haber trascendido que encubrió la muerte del dramaturgo Jean Luis Jorge, cuya relación con el presidente de un banco de servicios múltiples todo el mundo conoce.
Después de ese horrendo crimen, Candelier nunca pudo explicar de dónde salieron los fondos que le permitieron comprar y mudarse a una villa en Casa de Campo o algún lugar de la Romana, aunque es voz popolli que la misma fue un regalo del mismo banquero que se le atribuye responsabilidad en la autoría intelectual del crimen, cuya razón tiene que ver con asuntos de homosexualidad.
Debe reconocerse que las andanzas de estos oficiales policiales y militares es una especie de gratitud con el expresidente Leonel Fernández, pero el fenómeno también se produce en la actual administración de Danilo Medina, en el que las cosas sino son peores por lo menos son iguales.
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.